Gaudalupe Cruz Pérez

Expediente 234/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
234/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
27/04/2015

Partes del expediente

  • Gaudalupe Cruz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA II B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el treinta y uno de marzo de dos mil quince (fojas 23 a 26), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA IIB Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la quejosa Guadalupe Cruz Pérez, promovió el presente juicio de amparo contra un acto del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en la omisión de acordar su escrito de uno de diciembre de dos mil catorce, por el que en su carácter de trabajadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cargo de Agente Estatal de Investigación habilitada, solicita que se le realice el pago de su cuarto quinquenio en los términos que establece el artículo 34 Bis de la Ley del Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado en vigor y se le remuneren los meses que no se le han pagado conforme a tal artículo; o bien, en su caso, se le explique con que fundamento se le excluye de tal percepción. Asimismo, se aprecia que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado (foja 10), y agregó que ello es así, toda vez que mediante oficio SA/DRH/DLAC/178/2015 de dos de marzo del año en curso, dio contestación al escrito de la quejosa; en tal virtud, como se aprecia que la respuesta señalada fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda el dieciocho de febrero de dos mil quince, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Ahora en atención a lo anterior, mediante proveído de doce de marzo de dos mil quince (fojas 13 a 14), se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por dicha autoridad y documental que lo complementaba, a efecto de que manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto del citado oficio SA/DRH/DLAC/178/2015 de dos de marzo del año en curso; además, se le apercibió que de no hacerlo se seguiría el presente asunto únicamente respecto del acto reclamado expresamente en su demanda de amparo. Así, toda vez que la impetrante no realizó ninguna manifestación respecto de la vista descrita, en auto de veintisiete de marzo actual (foja 21), se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le previno y se estableció que el presente asunto se seguiría únicamente respecto del acto reclamado expresamente en su demanda de amparo. En ese tenor, de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, mismas que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se advierte que por oficio SA/DRH/DLAC/178/2015 de dos de marzo del año en curso, el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, proveyó lo relativo a la petición formulada por la quejosa por escrito de uno de diciembre de dos mil catorce, y en atención al mismo, le explicó lo siguiente: "1. El pago de los quinquenios conforme a la tabla anexa en el artículo 34 BIS de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, ya no resulta aplicable, conforme la decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación de fecha veintidós de junio de 1992 de nominado "Decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos"; el cual entró en vigor el 01 de enero de 1993, mediante el cual se determinó una nueva unidad monetaria, para México, verbigracia la "Ley de los 3 Ceros", de aplicarse ese artículo y tomado en cuenta sus años de servicio, se le tendría que pagar $1.80 M.N por concepto de sus 4 quinquenios. 2. También resulta aplicable a dicho artículo, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante su tesis jurisprudencial LEY MONETARIA. LA EXPRESIÓN EN MONEDA NACIONAL CONTENIDA EN LEYES, REGLAMENTOS, CIRCULARES Y OTRAS DISPOSICIONES EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL 1° DE ENERO DE 1993, DEBEN CONVERTIRSE A LA NUEVA UNIDAD MONETARIA VIGENTE A PARTIR DE ESA FECHA PARA PAGARLAS, COMPUTARLAS O EXPRESARLAS" Clave: P./J. Núm. 2/2005; (.). Esto considerando que la Ley del Servicio civil para los Empleados del Gobierno del Estado data del año 1963, no habiéndose reformado en el sentido que indica la Jurisprudencia descrita. 3. Los quinquenios se pagan en base al Convenio de Prestaciones Laborales del año 1993 celebrado entre el Gobierno del Estado y el sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal; como titular de su relación laboral en su Clausula Décima Séptima se pactó lo relativo al pago, monto y modalidad de dicha prestación, al tenor siguiente: "DÉCIMA SÉPTIMA.- EL GOBIERNO DEL ESTADO, PAGARÁ A SUS TRABAJADORES LOS QUINQUENIOS A QUE TENGA DERECHO EN FORMA MENSUAL EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: QUINQUENIOS DÍAS DE SUELDO BASE MENSUAL PRIMERO TRES DÍAS SEGUNDO TRES DÍAS Y MEDIO TERCERO CUATRO DÍAS CUARTO CUATRO DÍAS Y MEDIO CINCO CINCO DÍAS Y MEDIO SEIS SEIS DÍAS Y MEDIO Tomado en cuenta lo señalado en esta cláusula, se le está pagando conforme a lo establecido en el convenio de cita. Por otro lado a partir de la 1ª quincena del mes de enero 2015 sus quinquenios fueron regularizados pagándosele los cuatro que le corresponden. Además, que notificó el referido oficio personalmente a la quejosa Guadalupe Cruz Pérez, el cuatro de marzo siguiente (foja 11), como se aprecia de la fecha, nombre, y firma estampados en dicho documento. De lo anterior se advierte que contra el acto que se reclama en esta instancia constitucional sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable acordó lo relativo a la petición formulada por la impetrante mediante escrito de uno de diciembre de dos mil catorce (de cuya falta de emisión se duele en esta instancia la parte quejosa); y además, lo notificó personalmente a la quejosa Guadalupe Cruz Pérez (foja 11). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 18 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA IIB Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la quejosa Guadalupe Cruz Pérez, promovió el presente juicio de amparo contra un acto del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en la omisión de acordar su escrito de uno de diciembre de dos mil catorce, por el que en su carácter de trabajadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cargo de Agente Estatal de Investigación habilitada, solicita que se le realice el pago de su cuarto quinquenio en los términos que establece el artículo 34 Bis de la Ley del Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado en vigor y se le remuneren los meses que no se le han pagado conforme a tal artículo; o bien, en su caso, se le explique con que fundamento se le excluye de tal percepción. Asimismo, se aprecia que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado (foja 10), y agregó que ello es así, toda vez que mediante oficio SA/DRH/DLAC/178/2015 de dos de marzo del año en curso, dio contestación al escrito de la quejosa; en tal virtud, como se aprecia que la respuesta señalada fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda el dieciocho de febrero de dos mil quince, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Ahora en atención a lo anterior, mediante proveído de doce de marzo de dos mil quince (fojas 13 a 14), se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por dicha autoridad y documental que lo complementaba, a efecto de que manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto del citado oficio SA/DRH/DLAC/178/2015 de dos de marzo del año en curso; además, se le apercibió que de no hacerlo se seguiría el presente asunto únicamente respecto del acto reclamado expresamente en su demanda de amparo. Así, toda vez que la impetrante no realizó ninguna manifestación respecto de la vista descrita, en auto de veintisiete de marzo actual (foja 21), se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le previno y se estableció que el presente asunto se seguiría únicamente respecto del acto reclamado expresamente en su demanda de amparo. En ese tenor, de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, mismas que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se advierte que por oficio SA/DRH/DLAC/178/2015 de dos de marzo del año en curso, el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, proveyó lo relativo a la petición formulada por la quejosa por escrito de uno de diciembre de dos mil catorce, y en atención al mismo, le explicó lo siguiente: "1. El pago de los quinquenios conforme a la tabla anexa en el artículo 34 BIS de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, ya no resulta aplicable, conforme la decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación de fecha veintidós de junio de 1992 de nominado "Decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos"; el cual entró en vigor el 01 de enero de 1993, mediante el cual se determinó una nueva unidad monetaria, para México, verbigracia la "Ley de los 3 Ceros", de aplicarse ese artículo y tomado en cuenta sus años de servicio, se le tendría que pagar $1.80 M.N por concepto de sus 4 quinquenios. 2. También resulta aplicable a dicho artículo, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante su tesis jurisprudencial LEY MONETARIA. LA EXPRESIÓN EN MONEDA NACIONAL CONTENIDA EN LEYES, REGLAMENTOS, CIRCULARES Y OTRAS DISPOSICIONES EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL 1° DE ENERO DE 1993, DEBEN CONVERTIRSE A LA NUEVA UNIDAD MONETARIA VIGENTE A PARTIR DE ESA FECHA PARA PAGARLAS, COMPUTARLAS O EXPRESARLAS" Clave: P./J. Núm. 2/2005; (.). Esto considerando que la Ley del Servicio civil para los Empleados del Gobierno del Estado data del año 1963, no habiéndose reformado en el sentido que indica la Jurisprudencia descrita. 3. Los quinquenios se pagan en base al Convenio de Prestaciones Laborales del año 1993 celebrado entre el Gobierno del Estado y el sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal; como titular de su relación laboral en su Clausula Décima Séptima se pactó lo relativo al pago, monto y modalidad de dicha prestación, al tenor siguiente: "DÉCIMA SÉPTIMA.- EL GOBIERNO DEL ESTADO, PAGARÁ A SUS TRABAJADORES LOS QUINQUENIOS A QUE TENGA DERECHO EN FORMA MENSUAL EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: QUINQUENIOS DÍAS DE SUELDO BASE MENSUAL PRIMERO TRES DÍAS SEGUNDO TRES DÍAS Y MEDIO TERCERO CUATRO DÍAS CUARTO CUATRO DÍAS Y MEDIO CINCO CINCO DÍAS Y MEDIO SEIS SEIS DÍAS Y MEDIO Tomado en cuenta lo señalado en esta cláusula, se le está pagando conforme a lo establecido en el convenio de cita. Por otro lado a partir de la 1ª quincena del mes de enero 2015 sus quinquenios fueron regularizados pagándosele los cuatro que le corresponden. Además, que notificó el referido oficio personalmente a la quejosa Guadalupe Cruz Pérez, el cuatro de marzo siguiente (foja 11), como se aprecia de la fecha, nombre, y firma estampados en dicho documento. De lo anterior se advierte que contra el acto que se reclama en esta instancia constitucional sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable acordó lo relativo a la petición formulada por la impetrante mediante escrito de uno de diciembre de dos mil catorce (de cuya falta de emisión se duele en esta instancia la parte quejosa); y además, lo notificó personalmente a la quejosa Guadalupe Cruz Pérez (foja 11). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 18 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA II B Vista la certificación que antecede se advierte que el plazo de tres días que se concedió a la quejosa GUADALUPE CRUZ PÉREZ, en auto de doce de marzo del año en curso (fojas 13 y 14), para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto del oficio SA/DRH/DLAC/178/2015 de dos de marzo del año en curso, transcurrió del veinticuatro al veintiséis de marzo actual, sin que realizara manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en el acuerdo citado, por lo que el presente asunto se seguirá únicamente respecto del acto reclamado expresamente en su demanda de amparo.

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