Gaspar Diaz Rojas

Expediente 1268/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1268/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2016

Partes del expediente

  • Gaspar Diaz Rojas
  • Gaspar Diaz Rojas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 1777, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimotercer Circuito, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el amparo en revisión 514/2015, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución dictada el quince de septiembre de dos mil quince, en este juicio de amparo; acúsese el recibo correspondiente. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, se integró con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren a partir de la tramitación del recurso. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal de Alzada confirmó la citada resolución dictada el quince de septiembre de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio (fojas 24 y 25). Por lo anterior, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA IOI B Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio 7232 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 25801 del índice de este juzgado, con el que se le remitió el juicio de amparo 1268/2015 para la substanciación del recurso de revisión que interpuso el quejoso Gaspar Díaz Rojas contra la resolución dictada el quince de septiembre del año en curso, e informa la admisión del mismo bajo el número 514/2015.

  3. Principal

    MESA II B Agréguese una copia del escrito del quejoso Gaspar Díaz Rojas; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 81, facción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión que hace valer contra la resolución dictada el quince de septiembre de dos mil quince, en el presente juicio de amparo, por la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio (fojas 24 y 25); entréguese copia del escrito de expresión de agravios a las demás partes, haciéndolo mediante oficio a las autoridades responsables, y la que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por conducto del actuario de este Juzgado. Dada la materia del presente asunto, remítase el original del escrito de expresión de agravios y los autos del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del referido recurso; ello, una vez que obren las constancias de notificación a las partes de este proveído. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.

  4. Principal

    MESA II B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, para que surta sus efectos legales consiguientes, con el que se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias remitidas por la autoridad responsable, como justificación de su informe, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En efecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Precisado lo anterior, en el caso concreto del análisis integral de la demanda se advierte que la impetrante del amparo Gaspar Díaz Rojas, reclama en esta vía constitucional la omisión de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de proveer respecto de su escrito de demanda laboral presentada el diez de agosto de dos mil quince. Del informe que rindió la Junta responsable, por conducto de su Presidente, así como de las constancias que como justificación del mismo remitió, se advierte la existencia del acto reclamado (foja 12), además que mediante auto de uno de septiembre de dos mil quince, admitió a trámite la demanda promovida por el aquí quejoso (foja 16). El antecedente citado, evidencia de modo manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] De lo anterior, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que por auto de uno de septiembre de dos mil quince, la Junta admitió a trámite la demanda laboral promovida por Gaspar Díaz Rojas, misma que radicó bajo el número 1090/2015(2) Bis, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenando correr traslado y emplazar al citado juicio a la parte demanda (foja 16 vuelta), lo cual le fue notificado a la parte actora, aquí quejosa el nueve de los corrientes (foja 17), con lo cual se repuso al agraviado en el goce de la garantía violada, esto es, volviendo a constituirse legalmente una situación idéntica a aquella que existía antes del acto reclamado; motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio de amparo y conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 59/99, que aparece en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso señale como acto reclamado la dilación procesal al no dar trámite, celebrar audiencia ley, desahogar el procedimiento en el tiempo establecido y por consiguiente no dictar el laudo correspondiente; toda vez que los alcances por los que, en su caso, se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 2a.CV/2013(10ª), visible en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por lo que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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