Gastón Segura de la Cruz
Expediente 616/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gastón Segura de la Cruz
- Juez Cuarto de Primera Instancia, Martínez de la Torre, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Gastón Segura de la Cruz, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda que dio origen a los presentes autos; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, devuélvansele al promovente, previo desglose y certificación que se deje en autos, autorizando a las personas que mencionan en su ocurso de mérito para recibirlas, quienes deberán firmar por su recibo en autos, para debida constancia.
- Principal
Téngase por recibido el oficio C-451, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el toca número 162/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Gastón Segura de la Cruz, por propio derecho y en su carácter de albacea a bienes de Pedro Segura Cardoso, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "Por lo antes expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado R E S U E L VE Q U E: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Gastón Segura de la Cruz, por propio derecho y en su carácter de albacea a bienes de Pedro Segura Cardoso, en contra del auto emitido el veintiocho de junio del año en curso, por el Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo número 616/2018." En consecuencia, y toda vez que se declaró infundado el recurso de queja en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, por tanto, archívese como asunto totalmente concluido, acúsese recibo de estilo a la superioridad; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Por lo que, como apoyo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, conjuntamente con el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Gastón Segura de la Cruz, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de bienes del finado Pedro Segura Cardoso, personalidad que acredita con la copia certificada de la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, emitida dentro de los autos del juicio sucesorio testamentario 36/2018/III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, contra actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 616/2018. Al respecto se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, se advierte que el solicitante de amparo, en su escrito inicial de demanda así como en el expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." ACTOS RECLAMADOS. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que el acto reclamado en el presente asunto por el promovente es el siguiente: La diligencia de emplazamiento de veintitrés de abril de dos mil doce, y todo lo actuado con posterioridad dentro del juicio ejecutivo mercantil 340/2012-I, del índice del juzgado responsable, entre los que destacan la sentencia, la adjudicación y la diligencia de lanzamiento en relación con el inmueble ubicado en el lotes Diez, de la manzana Diez, del poblado Huipiltepec, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz y sus consecuencias legales. CAUSALES DEL IMPROCEDENCIA De la lectura de la demanda de amparo que se provee, se aprecia que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se debe de examinar la demanda de amparo a proveer y que en caso de que se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deberá desechar de plano el precitado escrito de demanda. Es trascendente precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda no sea posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En el caso, el suscrito juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento que a la letra establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del análisis de la causal de improcedencia se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace al primero de ellos, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acto que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia P.J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Acotado lo anterior, es necesario reiterar que el acto del que se duele el quejoso se hace consistir en la diligencia de emplazamiento de veintitrés de abril de dos mil doce, y todo lo actuado con posterioridad dentro del juicio ejecutivo mercantil 340/2012-I, del índice del juzgado responsable, entre los que destacan la sentencia, la adjudicación y la diligencia de lanzamiento en relación con el inmueble ubicado en el lotes Diez, de la manzana Diez, del poblado Huipiltepec, del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz y sus consecuencias legales. Ahora, como se dijo de inicio, el suscrito estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo toda vez que su promoción resulta extemporánea, debido a que ésta no se promovió dentro de los quince días siguientes al en que la quejosa por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de bienes del finado Pedro Segura Cardoso, se ostentó sabedor del acto reclamado. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que días posteriores al fallecimiento de su padre Pedro Segura Cardoso, el ahora quejoso fue informado por su hermana Carmina Segura de la Cruz, que días previos a la muerte de su padre había acudido a su domicilio personal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, con intenciones de notificar al ahora extinto Pedro Segura Cardoso, quien no los atendió dado el grave estado de salud en el que se encontraba, motivo por el cual su hermana recibió los documentos relativos al emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 340/2012-I, motivo por el cual el ahora quejoso el tres de mayo posterior, se constituyó en las instalaciones que resguardan al Juzgado responsable, sin que le permitieran el acceso al expediente, al no tener ningún tipo de personalidad reconocida en los autos del juicio de origen. Lo anterior pone de manifiesto que para el impetrante de garantías quien promueve por propio derecho el presente juicio de amparo (además de hacerlo en su carácter de albacea de la sucesión de bienes del finado Pedro Segura Cardoso) no es novedoso el acto que impugna (diligencia de emplazamiento de veintitrés de abril de dos mil doce, al juicio de amparo 340/2012-I, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz), puesto que bajo protesta de decir verdad manifestó que días previos al tres de mayo de dos mil doce, le fueron entregados por su hermana los documentos relativos al emplazamiento que hoy tilda de inconstitucional, de lo que se colige con meridiana claridad que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición del juicio de amparo, ha transcurrido en exceso. De la misma forma, resulta extemporánea la demanda de amparo promovida por la sucesión a bienes del finado Pedro Segura Cardoso, aquí representada por su albacea Gastón Segura de la Cruz, carácter que le asiste desde el ocho de mayo de dos mil dieciocho, fecha en que aceptó y protestó el cargo con el que se ostenta, ello si se toma en consideración que el ahora albacea ya conocía la existencia de los actos que pretende reclamar (en los términos precisados en el párrafo que antecede) y fue a partir del ocho de mayo de la anualidad que transcurre, que obtuvo la legitimación para actuar en representación de la sucesión a bienes del finado Pedro Segura Cardoso, y por ello desde esa data estuvo en oportunidad de promover el juicio de amparo en representación de la sucesión, pues el acto reclamado para entonces ya era de su conocimiento. En este orden de ideas, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso haya tenido conocimiento aún de manera fortuita o se ostente sabedor del acto que ahora pretende tildar de inconstitucional, sí se satisface en el caso, pues existe la manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda en el sentido antes invocado, por lo que, como ya se dijo el presente juicio de amparo también resulta improcedente en su carácter de albacea de la sucesión a bienes del finado Pedro Segura Cardoso, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de garantías, empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en el que el quejoso aceptó y protesto el cargo en él conferido, esto es, a partir del nueve de mayo de dos mil dieciocho, por lo que el último día para la presentación de la demanda lo fue el treinta de mayo de dos mil dieciocho, sin contar los días diez, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo, todos de la presente anualidad, ya que resultaron inhábiles. Luego, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, tal y como se advierte del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; por tanto, resulta indudable que el plazo de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había transcurrido al momento en que la parte promovente presentó su demanda de amparo. En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió consentimiento de su parte en lo que hace al acto reclamado y sus consecuencias, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." DESECHAMIENTO Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, y por tanto, se desecha de plano la demanda de garantías. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el señalado en el escrito de demanda y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eliel Cortés Arcos, Julio Melgarejo Pérez, José Carlos Cabrera Rendón, Juan Antonio Mendoza Montes, Ricardo Díaz Hernández y Arcadio Medina Zúñiga, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 137, 102572, 114958, 43666, 67691 y 655. Y en términos restringidos a que se refiere el precitado artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosendo Ríos Rodríguez, José Ángel Vargas Bautista, José Yahir Ochoa Lara y Eduardo Salas Maruri, por así haberlo solicitado expresamente el promovente en el escrito de demanda que se provee. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
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