Gamaliel Aguilar Lagunes
Expediente 1412/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1412/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gamaliel Aguilar Lagunes
- Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta enviado por el ********************, por medio del cual acusa recibo del oficio ******************** derivado del auto de dos de octubre del dos mil dieciocho, para los efectos conducentes.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad en contra del auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se tuvo por cabalmente cumplida la sentencia concesoria dictada en este asunto, transcurrió para las partes quejosa y tercero interesada del diez de septiembre al uno de octubre de la presente anualidad, sin que lo hubiera hecho valer; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse otorgado por una parte el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, resulta procedente decretar que el cuaderno original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración y destrucción de los mismos, en el entendido de que se exceptuaran aquellas constancias relativas a la demanda y la sentencia respectiva del juicio principal, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a su depuración, con posterioridad al DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que obra un tomo de pruebas formado con diversas documentales remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en consecuencia, devuélvanse a la misma para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo número 1412/2017 y atento a la certificación que antecede, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, conforme a lo siguiente. I. Marco legal. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así mismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del numeral 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden, se tiene que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. Cumplimiento al fallo protector. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que mediante sentencia dictada el veintiuno de mayo del año en curso, por este juzgado de distrito, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, realizara lo siguiente: ".1. La autoridad responsable deje sin efectos la resolución impugnada. 2. En su lugar, dicte otra en la que reitere lo que no fue materia de concesión de amparo. 3. En su lugar, dicte otra en la que, de manera fundada y motivada, valore las circunstancias del caso, como lo son la necesidad de alimentos de los menores de edad y de la progenitora de recibirlos, para lo cual, con libertad de jurisdicción y conforme a su prudente arbitrio judicial, deberá regraduar el porcentaje de pensión alimenticia provisional. (Foja 71). Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que de la contraposición de la sentencia amparadora, con las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la misma, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo SÍ fue cumplida en su totalidad, como se explica a continuación. El amparo se concedió para que la responsable realizara lo siguiente: La responsable actuó de la siguiente manera: 1. La autoridad responsable deje sin efectos la resolución impugnada. 1. Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ordinario civil ********************, de su índice (Foja 79). 2. En su lugar, dicte otra en la que reitere lo que no fue materia de concesión de amparo. 3. En su lugar, dicte otra en la que, de manera fundada y motivada, valore las circunstancias del caso, como lo son la necesidad de alimentos de los menores de edad y de la progenitora de recibirlos, para lo cual, con libertad de jurisdicción y conforme a su prudente arbitrio judicial, deberá regraduar el porcentaje de pensión alimenticia provisional. 2. y 3. Mediante resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la cual una vez que reiteró lo que no fue materia de la concesión de amparo, determinó regraduar el porcentaje de pensión alimenticia provisional que debía aportar el aquí quejoso, en atención a que de la confronta de las necesidades alimentarias de los acreedores alimentarios y las posibilidades económicas del aquí quejoso, atendiendo a que los acreedores alimentarios tienen cubierto el rubro de habitación que integra el concepto de alimentos, que de forma indirecta les proporciona su progenitora, porque los tiene bajo su custodia, que la actora por propio derecho, al dedicarse al cuidado de sus menores hijos tiene la presunción legal de necesitar alimentos, presunción que no fue desvirtuada por el demandado, lo que le impide contribuir en forma económica con la manutención de sus menores hijos, no obstante haber cursado una profesión; los menores por su condición de infantes se encuentran en pleno desarrollo, por lo que sus necesidades alimentarias van en constante aumento, pues mientras uno de los menores debe cursar la educación preescolar, por lo que debe preverse los gastos escolares que en su momento tenga, otro de los menores viene saliendo de la etapa de lactancia, por lo que gozan de la presunción de necesitar alimentos, que hasta el momento no se encuentra demostrado que el demandado perciba el ingreso afirmado por la actora, el cual se presume que no acorde a la realidad, que el demandado de sus ingresos debe satisfacer sus propias necesidades y cubrir sus gastos personales y de mantenimiento de la unidad automotriz que constituye su herramienta de trabajo; que los acreedores alimentarios menores de edad dependen completamente de sus progenitores, y que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades económicas de quien debe darlos ya las necesidades de quien debe recibirlos; por lo que decretó la reducción de la pensión alimenticia decretada provisionalmente de ciento ochenta pesos diarios, fijada en partes iguales para los tres acreedores alimentarios, a razón de sesenta pesos diarios, a la cantidad líquida de medio salario mínimo para cada acreedor alimentario, que equivale a ochenta y ocho pesos treinta y seis centavos, un salario a la fecha, haciendo un total de un salario y medio diario para los tres acreedores, dando como resultado la cantidad de ciento treinta y dos pesos cincuenta y cuatro centavospara los tres acreedores en partes iguales, pagaderos por semana adelantada, toda vez que con los ingresos que le resta al demandado, se encuentra en condiciones de satisfacer sus propias necesidades y las de mantenimiento de su taxi, pues como ya se precisó que no se encuentra justificado que gane los mil quinientos pesos diarios que dice la actora, como tampoco los ciento cincuenta pesos que asegura el demandado percibe como concesionario de su taxi. (Fojas 84 a 86). Bajo ese tenor, a juicio de quien esto resuelve, se estima que la sentencia ha sido cumplida totalmente en su núcleo esencial, sin defectos o excesos por la autoridad responsable, pues dejó sin efectos la resolución reclamada y en su lugar dictó una nueva atendiendo los efectos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la legalidad de lo decidido por la autoridad responsable al observar la ejecutoria de amparo, ya que la materia que nos ocupa únicamente estriba en analizar el exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, o bien, si incurrió en exceso o defecto, entendiéndose por exceso que en el nuevo fallo se rebase lo mandado, y por defecto, que se omita lo ordenado, sin que en el caso se pueda analizar la constitucionalidad del nuevo acto derivado del cumplimiento del fallo protector, pues el mismo se emitió con plenitud de jurisdicción. III. Vista a la partes. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de julio de dos mil dieciocho. Agréguense para que obren como correspondan las razones actuariales de cuenta, de las que se advierte la imposibilidad para llevar a cabo las notificaciones personales a las partes quejosa y tercero interesada Gamaliel Aguilar Lagunes y Teresita de Jesús Ramírez Reyes, respectivamente del proveído de tres de julio del dos mil dieciséis, por las razones expuestas; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágaseles dicha notificación por medio de lista de acuerdos. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
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