Gastón Rodríguez Dal Pozzo

Expediente 273/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
273/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Gastón Rodríguez Dal Pozzo
  • Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y del estado de los autos se observa que transcurrió el plazo previsto en el numeral 97, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de queja en contra de la resolución emitida con motivo del incidente de daños y perjuicios de seis de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Endoso, registro 11262. En ese orden de ideas, téngase por recibido el escrito firmado por la parte quejosa, mediante el cual solicita se endose a favor de Martín García Neyoy -tercero interesado- el billete de depósito N 917997, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar la medida suspensional definitiva en la presente incidencia. En atención a lo anterior y a lo resuelto en el incidente de daños y perjuicios de seis de julio de dos mil veintidós -punto cuarenta y dos-, endósese a favor del tercero interesado Martín García Neyoy, el billete de depósito de referencia, quien deberá de acudir a las once horas del cinco de agosto de dos mil veintidós a efecto de recibirlo, para lo cual deberá generar la cita respectiva y código QR. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada y al secretario encargado del control de certificados de depósito. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil veintidós, ante la presencia de Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa con Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe, procedieron a la celebración de la audiencia prevista en el numeral 156 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito de interposición de incidente de daños y perjuicios y la notificación de éste a las partes. El juez acuerda. Se tiene por hecha la anterior certificación secretarial para que surta sus efectos legales procedentes. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar las documentales ofrecidas por la parte actora incidentista. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para formular alegatos. Acto continuo, se cierra la audiencia y el juez procede a dictar la interlocutoria correspondiente. Visto, para resolver, el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Martín García Neyoy, dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 273/2021; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes Presentación. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el tercero interesado Martín García Neyoy promovió incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía que exhibió el solicitante de amparo con motivo de la suspensión concedida. Radicación. El veinticinco siguiente, con fundamento en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se admitió el incidente que nos ocupa y se ordenó tramitar en términos de ley. Cita para audiencia. Seguido el procedimiento legal correspondiente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de alegatos, en la que se admitirían los medios de convicción que resultaron procedentes y se escucharían alegatos. Audiencia de alegatos. Por último, se verificó la audiencia de alegatos al tenor del acta que antecede sin la comparecencia de las partes; así, quedaron los autos de la presente incidencia en estado para dictar la resolución correspondiente. C o n s i d e r a n d o s : II. Competencia Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. III. Fijación de la litis El artículo 156 de la Ley de Amparo, determina la procedencia de indemnizar de manera económica al tercero interesado que haya sufrido daños o perjuicios causados con motivo de la suspensión de los actos que reclamaron los quejosos en su demanda de amparo. La litis incidental, consiste en determinar si el tercero interesado sufrió los daños y perjuicios que aduce. IV. Estudio Previo a emitir pronunciamiento respecto al fondo de la cuestión incidental, resulta necesario destacar las siguientes consideraciones. La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que se tramita a través de un incidente en el procedimiento del juicio de amparo que se lleva por cuerda separada y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y la ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de amparo, según lo disponen los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 125, 128, 136, 138, 139, 146 y 147 de la Ley de Amparo. Su objeto consiste en conservar la materia del mismo, esto es, evitar la consumación irreparable de la violación reclamada por lo que sus efectos son cesar temporalmente las medidas relativas a ejecutarlo; y, para su procedencia, se deben presentar los requisitos establecidos en la Ley de Amparo: que lo solicite el quejoso; que los actos respecto de los que se solicite sean ciertos y susceptibles de ser suspendidos; y que no se siga perjuicio al interés social, ni contravengan disposiciones de orden público. En tales condiciones, los numerales 132 y 156 de la ley de la materia, a la letra disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. [.] Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De tales dispositivos, se obtiene que en los casos en los que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño o perjuicio a los terceros interesados, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios, que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encuentra en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental, dentro de los seis meses siguientes al día que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. En el entendido de que, la tramitación de dicha incidencia no releva a las partes, en específico, al tercero interesado de acreditar los elementos de la acción que pretende, es decir, las partes cuentan con el derecho a la prueba, así como con la carga de la misma, lo que pone de manifiesto que el incidentista debe indicar en los hechos que fundamenten su pretensión la afectación que recibió con motivo de la concesión de la suspensión, además de la relación directa que guarda con la inejecución del acto reclamado, en conjunción con la obligación legal de acreditar su dicho a través de los medios de prueba que estime convenientes y, cuya valoración y eficacia dependerá del motivo de reclamo. Así, deviene necesario establecer qué debe entenderse por el concepto de daños y su distinción con los perjuicios, para lo cual se tomarán en cuenta los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal, los cuales disponen: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación". "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación". Con base en las conceptualizaciones legales que anteceden, se obtiene que el daño se constituye como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de determinada persona, a causa del actuar de un tercero, con el que exista relación legal, que le depare dicha afectación, para lo que debe considerarse al patrimonio como una entidad concreta, que se compone por la suma tanto de los derechos y bienes de una persona, como de las obligaciones y adeudos con los que cuente, por lo que el mismo no implica necesariamente el menoscabo al patrimonio cierto con el que se cuente previo a recibir la conducta dañina, sino también, en el aumento que pueda recaer sobre las obligaciones contraídas, a causa de su materialización. Por su parte, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, de esta forma, se tiene que el concepto de daño constituye un dato cierto y objetivo, mientras que, el perjuicio pertenece al campo de las probabilidades, por lo que la comprobación a la que se encuentran sujetos varía en atención a cuál de ellos se reclame, pues su naturaleza implica un análisis diferenciado respecto de los medios de convicción necesarios para su acreditación. De manera que, si la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su patrimonio, como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y resulta necesaria la demostración plena de tales hipótesis, pues sólo así se está en aptitud de constatar, en primer orden, si efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe una relación entre ellos y la medida cautelar concedida. En cambio, a los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que obliga al reclamante a exponer los hechos relevantes de su pretensión a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca y de las que, a su vez, allegue el quejoso, que conlleven a definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de no haber resentido tal afectación se habrían generado las ganancias indicadas, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. En tal virtud, será en relación con el concepto reclamado que deberán ponderase las afirmaciones y pruebas que con la tramitación de la incidencia en análisis se expongan, pues en el caso de los daños la argumentación y probanzas debe ser de alta calidad, dado el principio indemnizatorio que les reviste, situación que no puede exigirse al tratarse de perjuicios, pues en dicho supuesto solo es necesario demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá de los propios elementos de convicción, de manera que al momento de resolver la incidencia de mérito, se debe analizar el rubro que se reclama, ya sea daños o perjuicios, para estar en aptitud de justipreciar, con base en los elementos aportados en autos la acreditación de la conducta reclamada y la afectación cuya materialización recayó en el promovente. De lo anterior, se desprenden como requisitos para la procedencia del incidente de reclamación de daños y perjuicios, a fin de hacer efectiva la garantía impuesta como requisito de validez de la suspensión, los que a continuación se enlistan: 1) La presencia de un tercero interesado en el juicio de amparo. 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía y que ésta se hubiere enterado. 3) La emisión de una sentencia constitucional que no resulte favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Sobre esa base, resulta necesario establecer que, en la especie, el tercero interesado Martín García Neyoy, promueve incidente de daños y perjuicios, con motivo de la suspensión definitiva que se otorgó mediante interlocutoria de quince de abril de dos mil veintiuno. Al efecto, señala en el apartado de hechos que originan su pretensión, que al concederse la medida cautelar: Daños ? La suspensión concedida, causó menoscabo en el patrimonio del tercero interesado al no poder disponer del bien inmueble ubicado en Cerrada Naos número 16, del fraccionamiento Banus de esta ciudad, a fin de arrendarlo. Perjuicios. ? El incidentista se vio imposibilitado para disponer del bien raíz materia del presente juicio de amparo, ubicado en Cerrada Naos número 16, del fraccionamiento Banus de esta ciudad, a fin de proceder a la venta respectiva, en la medida que tal inmueble es de su propiedad por virtud de la adjudicación en el juicio natural. Situación que, refiere el accionante incidental, tornó imposible la venta oportuna de dicha finca. Afirmaciones que aduce acredita con los siguientes medios de convicción: a) Documental privada, consistente en avalúo inmobiliario emitido por el ingeniero José Luis Otañez Hurtado. b) Documentales pública, consistente en copia del billete de depósito 917997 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, expedido por Banco del Bienestar. c) Documentales privada, consistente en escritura pública 23,252 volumen 242 pasada ante la fe del Notario Público 11, Francisco Javier Cabrera Fernández, con ejercicio en esta ciudad. En tales condiciones, se estima que el incidentista reclama los daños y perjuicios recaídos con motivo de la concesión de la suspensión definitiva, según se patentiza de la narrativa de los hechos que originan la reclamación en el escrito mediante el cual promovió tal incidencia. Bajo ese contexto, se procede al estudio de los requisitos para la procedencia del incidente intentado. En principio, se debe establecer que el primero de los presupuestos referidos se actualiza, dado que existe la acción constitucional, en la que le resulta el carácter de tercero interesado a Martín García Neyoy. La segunda hipótesis también se surte, pues mediante resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva, para que no se desposeyera al quejoso del inmueble materia de la controversia, y como medida de efectividad Gastón Rodriguez Dal Pozzo exhibió la garantía fijada que ascendió a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), a través del billete de depósito N917997, por la cantidad indicada. Luego, el tercer requisito contemplado a su vez se configura, a virtud de que por resolución constitucional de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio; fallo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver en sesión virtual de once de marzo de dos mil veintidós, el recurso de revisión civil 138/2021 interpuesto por la parte quejosa. Por último, se cumple el cuarto de los requisitos apuntados, consistente en la demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión y su acreditación, como enseguida se verá. En principio, el incidentista refiere que con la interposición de la demanda que dio origen al presente juicio, causó menoscabo en su patrimonio pues no pudo disponer del bien inmueble aludido en párrafos precedentes, y por ende, dejó de recibir los importes correspondientes a su arrendamiento. Ahora, en lo atinente a la demostración de los perjuicios es suficiente con que el incidentista realice una exposición razonada en la que explique con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición de dicha propiedad se habría generado un beneficio económico. En ese tenor, el incidentista menciona los hechos que justifican la tramitación de la cuestión accesoria, pues refiriere que al tener el carácter de cedente respecto del bien adjudicado en autos del juicio especial hipotecario 1210/2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad, se vio limitado en su derecho a disponer de él, durante el tiempo que estuvo vigente la medida cautelar. Al respecto, se considera acreditado el extremo pretendido del perjuicio, pues durante el lapso que se prolongó la suspensión del acto reclamado ?once meses?, ante la prohibición de proceder a la venta del inmueble de mérito, el incidentista se encontró imposibilitado para solicitar a la autoridad responsable la ejecución del acto reclamado, pues la medida cautelar le impidió realizar la compra venta respecto del bien raíz referido, y como consecuencia, disponer del dinero producto de esa operación. Esa circunstancia, justamente, es la consecuencia directa e inmediata de la falta de posibilidad de la venta del bien raíz en un lapso de seis meses, lo que con base en el sentido común, se realiza dicha constatación. En ese contexto, el incidentista también reclama como daños la imposibilidad de arrendar el bien inmueble, durante el tiempo en el que se concretaba la venta del mismo. Lo cual también se encuentra acreditado. En efecto, para justificar la relación directa con la inejecución del acto reclamado, causada con la concesión de la medida cautelar, el demandante señaló en qué consisten los hechos, esto es, narró circunstancias de facto con los que justificó que se le privó de una ganancia lícita; en otras palabras, reveló claramente y de modo verosímil que, de haber tenido el uso o disposición del inmueble, se pudo haber contado con el recurso económico de la venta del bien inmueble y de los importes correspondientes a su arrendamiento; asimismo, resulta factible concluir que pudo invertirlo, sin que el quejoso desvirtuara tales hechos mediante la aportación de algún medio de prueba encaminado a reducir el grado de probabilidad de las situaciones expuestas por el tercero interesado, al no haber obtenido la disposición del bien. Ahora, en cuanto a las bases para la cuantificación de los perjuicios, el promovente proporcionó como prueba documental avalúo inmobiliario del cual se advierte como importe aproximado mensual por concepto de arrendamiento la cantidad de $10,598.50 (diez mil quinientos noventa y ocho pesos 50/100 moneda nacional) así como que el valor actual del inmueble asciende a $2'050,000.00 (dos millones cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) lo que permite concluir el monto aproximado que dejó de percibir por no haber vendido y/o arrendado el inmueble de referencia, por lo menos durante once meses que estuvo vigente la medida cautelar decretada, sin embargo, en el caso concreto, su cuantificación deviene innecesaria, en atención a que el monto de los daños y perjuicios ocasionados, superan el monto de la garantía otorgada por el quejoso. Con base en lo expuesto, al quedar plenamente acreditados los supuestos del artículo 156 de la Ley de Amparo, resulta fundado el incidente que promueve el tercero interesado Martín García Neyoy; y, se condena al quejoso a pagar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión al no poder disponer del aludido bien raíz en los términos precisados. En la inteligencia de que, se estableció como requisito de efectividad para que surtiera efectos la suspensión definitiva, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional); en consecuencia, la condena que deriva de esta interlocutoria debe limitarse al importe exhibido. Así se afirma, pues el artículo 156 de la Ley de Amparo, limita a los daños y perjuicios como consecuencia directa de la eficacia o ineficacia de la medida cautelar, es decir, el menoscabo patrimonial o la imposibilidad de obtener una ganancia lícita con motivo de la paralización del acto reclamado en el juicio de amparo. En consecuencia, una vez que cause firmeza esta resolución, el aludido certificado deberá endosarse a favor del tercero interesado Martín García Neyoy, para lo que deberá constar, en su oportunidad, razón de entrega en autos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 66, 67, 156, y demás relativos de la Ley de Amparo, se, V. Resuelve Primero. Es fundado el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Martín García Neyoy. Segundo. Una vez que quede firme esta resolución, dese cumplimiento a lo ordenado en relación con el billete de depósito N917997, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por el quejoso para garantizar la suspensión definitiva, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado; y mediante lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    udiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil veintidós, ante la presencia de Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa con Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe, procedieron a la celebración de la audiencia prevista en el numeral 156 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito de interposición de incidente de daños y perjuicios y la notificación de éste a las partes. El juez acuerda. Se tiene por hecha la anterior certificación secretarial para que surta sus efectos legales procedentes. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar las documentales ofrecidas por la parte actora incidentista. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para formular alegatos. Acto continuo, se cierra la audiencia y el juez procede a dictar la interlocutoria correspondiente. Visto, para resolver, el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Martín García Neyoy, dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 273/2021; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes Presentación. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el tercero interesado Martín García Neyoy promovió incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía que exhibió el solicitante de amparo con motivo de la suspensión concedida. Radicación. El veinticinco siguiente, con fundamento en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se admitió el incidente que nos ocupa y se ordenó tramitar en términos de ley. Cita para audiencia. Seguido el procedimiento legal correspondiente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de alegatos, en la que se admitirían los medios de convicción que resultaron procedentes y se escucharían alegatos. Audiencia de alegatos. Por último, se verificó la audiencia de alegatos al tenor del acta que antecede sin la comparecencia de las partes; así, quedaron los autos de la presente incidencia en estado para dictar la resolución correspondiente. C o n s i d e r a n d o s : II. Competencia Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. III. Fijación de la litis El artículo 156 de la Ley de Amparo, determina la procedencia de indemnizar de manera económica al tercero interesado que haya sufrido daños o perjuicios causados con motivo de la suspensión de los actos que reclamaron los quejosos en su demanda de amparo. La litis incidental, consiste en determinar si el tercero interesado sufrió los daños y perjuicios que aduce. IV. Estudio Previo a emitir pronunciamiento respecto al fondo de la cuestión incidental, resulta necesario destacar las siguientes consideraciones. La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que se tramita a través de un incidente en el procedimiento del juicio de amparo que se lleva por cuerda separada y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y la ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de amparo, según lo disponen los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 125, 128, 136, 138, 139, 146 y 147 de la Ley de Amparo. Su objeto consiste en conservar la materia del mismo, esto es, evitar la consumación irreparable de la violación reclamada por lo que sus efectos son cesar temporalmente las medidas relativas a ejecutarlo; y, para su procedencia, se deben presentar los requisitos establecidos en la Ley de Amparo: que lo solicite el quejoso; que los actos respecto de los que se solicite sean ciertos y susceptibles de ser suspendidos; y que no se siga perjuicio al interés social, ni contravengan disposiciones de orden público. En tales condiciones, los numerales 132 y 156 de la ley de la materia, a la letra disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. [.] Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De tales dispositivos, se obtiene que en los casos en los que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño o perjuicio a los terceros interesados, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios, que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encuentra en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental, dentro de los seis meses siguientes al día que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. En el entendido de que, la tramitación de dicha incidencia no releva a las partes, en específico, al tercero interesado de acreditar los elementos de la acción que pretende, es decir, las partes cuentan con el derecho a la prueba, así como con la carga de la misma, lo que pone de manifiesto que el incidentista debe indicar en los hechos que fundamenten su pretensión la afectación que recibió con motivo de la concesión de la suspensión, además de la relación directa que guarda con la inejecución del acto reclamado, en conjunción con la obligación legal de acreditar su dicho a través de los medios de prueba que estime convenientes y, cuya valoración y eficacia dependerá del motivo de reclamo. Así, deviene necesario establecer qué debe entenderse por el concepto de daños y su distinción con los perjuicios, para lo cual se tomarán en cuenta los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal, los cuales disponen: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación". "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación". Con base en las conceptualizaciones legales que anteceden, se obtiene que el daño se constituye como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de determinada persona, a causa del actuar de un tercero, con el que exista relación legal, que le depare dicha afectación, para lo que debe considerarse al patrimonio como una entidad concreta, que se compone por la suma tanto de los derechos y bienes de una persona, como de las obligaciones y adeudos con los que cuente, por lo que el mismo no implica necesariamente el menoscabo al patrimonio cierto con el que se cuente previo a recibir la conducta dañina, sino también, en el aumento que pueda recaer sobre las obligaciones contraídas, a causa de su materialización. Por su parte, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, de esta forma, se tiene que el concepto de daño constituye un dato cierto y objetivo, mientras que, el perjuicio pertenece al campo de las probabilidades, por lo que la comprobación a la que se encuentran sujetos varía en atención a cuál de ellos se reclame, pues su naturaleza implica un análisis diferenciado respecto de los medios de convicción necesarios para su acreditación. De manera que, si la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su patrimonio, como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y resulta necesaria la demostración plena de tales hipótesis, pues sólo así se está en aptitud de constatar, en primer orden, si efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe una relación entre ellos y la medida cautelar concedida. En cambio, a los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que obliga al reclamante a exponer los hechos relevantes de su pretensión a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca y de las que, a su vez, allegue el quejoso, que conlleven a definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de no haber resentido tal afectación se habrían generado las ganancias indicadas, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. En tal virtud, será en relación con el concepto reclamado que deberán ponderase las afirmaciones y pruebas que con la tramitación de la incidencia en análisis se expongan, pues en el caso de los daños la argumentación y probanzas debe ser de alta calidad, dado el principio indemnizatorio que les reviste, situación que no puede exigirse al tratarse de perjuicios, pues en dicho supuesto solo es necesario demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá de los propios elementos de convicción, de manera que al momento de resolver la incidencia de mérito, se debe analizar el rubro que se reclama, ya sea daños o perjuicios, para estar en aptitud de justipreciar, con base en los elementos aportados en autos la acreditación de la conducta reclamada y la afectación cuya materialización recayó en el promovente. De lo anterior, se desprenden como requisitos para la procedencia del incidente de reclamación de daños y perjuicios, a fin de hacer efectiva la garantía impuesta como requisito de validez de la suspensión, los que a continuación se enlistan: 1) La presencia de un tercero interesado en el juicio de amparo. 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía y que ésta se hubiere enterado. 3) La emisión de una sentencia constitucional que no resulte favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Sobre esa base, resulta necesario establecer que, en la especie, el tercero interesado Martín García Neyoy, promueve incidente de daños y perjuicios, con motivo de la suspensión definitiva que se otorgó mediante interlocutoria de quince de abril de dos mil veintiuno. Al efecto, señala en el apartado de hechos que originan su pretensión, que al concederse la medida cautelar: Daños ? La suspensión concedida, causó menoscabo en el patrimonio del tercero interesado al no poder disponer del bien inmueble ubicado en Cerrada Naos número 16, del fraccionamiento Banus de esta ciudad, a fin de arrendarlo. Perjuicios. ? El incidentista se vio imposibilitado para disponer del bien raíz materia del presente juicio de amparo, ubicado en Cerrada Naos número 16, del fraccionamiento Banus de esta ciudad, a fin de proceder a la venta respectiva, en la medida que tal inmueble es de su propiedad por virtud de la adjudicación en el juicio natural. Situación que, refiere el accionante incidental, tornó imposible la venta oportuna de dicha finca. Afirmaciones que aduce acredita con los siguientes medios de convicción: a) Documental privada, consistente en avalúo inmobiliario emitido por el ingeniero José Luis Otañez Hurtado. b) Documentales pública, consistente en copia del billete de depósito 917997 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, expedido por Banco del Bienestar. c) Documentales privada, consistente en escritura pública 23,252 volumen 242 pasada ante la fe del Notario Público 11, Francisco Javier Cabrera Fernández, con ejercicio en esta ciudad. En tales condiciones, se estima que el incidentista reclama los daños y perjuicios recaídos con motivo de la concesión de la suspensión definitiva, según se patentiza de la narrativa de los hechos que originan la reclamación en el escrito mediante el cual promovió tal incidencia. Bajo ese contexto, se procede al estudio de los requisitos para la procedencia del incidente intentado. En principio, se debe establecer que el primero de los presupuestos referidos se actualiza, dado que existe la acción constitucional, en la que le resulta el carácter de tercero interesado a Martín García Neyoy. La segunda hipótesis también se surte, pues mediante resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva, para que no se desposeyera al quejoso del inmueble materia de la controversia, y como medida de efectividad Gastón Rodriguez Dal Pozzo exhibió la garantía fijada que ascendió a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), a través del billete de depósito N917997, por la cantidad indicada. Luego, el tercer requisito contemplado a su vez se configura, a virtud de que por resolución constitucional de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio; fallo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver en sesión virtual de once de marzo de dos mil veintidós, el recurso de revisión civil 138/2021 interpuesto por la parte quejosa. Por último, se cumple el cuarto de los requisitos apuntados, consistente en la demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión y su acreditación, como enseguida se verá. En principio, el incidentista refiere que con la interposición de la demanda que dio origen al presente juicio, causó menoscabo en su patrimonio pues no pudo disponer del bien inmueble aludido en párrafos precedentes, y por ende, dejó de recibir los importes correspondientes a su arrendamiento. Ahora, en lo atinente a la demostración de los perjuicios es suficiente con que el incidentista realice una exposición razonada en la que explique con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición de dicha propiedad se habría generado un beneficio económico. En ese tenor, el incidentista menciona los hechos que justifican la tramitación de la cuestión accesoria, pues refiriere que al tener el carácter de cedente respecto del bien adjudicado en autos del juicio especial hipotecario 1210/2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad, se vio limitado en su derecho a disponer de él, durante el tiempo que estuvo vigente la medida cautelar. Al respecto, se considera acreditado el extremo pretendido del perjuicio, pues durante el lapso que se prolongó la suspensión del acto reclamado ?once meses?, ante la prohibición de proceder a la venta del inmueble de mérito, el incidentista se encontró imposibilitado para solicitar a la autoridad responsable la ejecución del acto reclamado, pues la medida cautelar le impidió realizar la compra venta respecto del bien raíz referido, y como consecuencia, disponer del dinero producto de esa operación. Esa circunstancia, justamente, es la consecuencia directa e inmediata de la falta de posibilidad de la venta del bien raíz en un lapso de seis meses, lo que con base en el sentido común, se realiza dicha constatación. En ese contexto, el incidentista también reclama como daños la imposibilidad de arrendar el bien inmueble, durante el tiempo en el que se concretaba la venta del mismo. Lo cual también se encuentra acreditado. En efecto, para justificar la relación directa con la inejecución del acto reclamado, causada con la concesión de la medida cautelar, el demandante señaló en qué consisten los hechos, esto es, narró circunstancias de facto con los que justificó que se le privó de una ganancia lícita; en otras palabras, reveló claramente y de modo verosímil que, de haber tenido el uso o disposición del inmueble, se pudo haber contado con el recurso económico de la venta del bien inmueble y de los importes correspondientes a su arrendamiento; asimismo, resulta factible concluir que pudo invertirlo, sin que el quejoso desvirtuara tales hechos mediante la aportación de algún medio de prueba encaminado a reducir el grado de probabilidad de las situaciones expuestas por el tercero interesado, al no haber obtenido la disposición del bien. Ahora, en cuanto a las bases para la cuantificación de los perjuicios, el promovente proporcionó como prueba documental avalúo inmobiliario del cual se advierte como importe aproximado mensual por concepto de arrendamiento la cantidad de $10,598.50 (diez mil quinientos noventa y ocho pesos 50/100 moneda nacional) así como que el valor actual del inmueble asciende a $2'050,000.00 (dos millones cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) lo que permite concluir el monto aproximado que dejó de percibir por no haber vendido y/o arrendado el inmueble de referencia, por lo menos durante once meses que estuvo vigente la medida cautelar decretada, sin embargo, en el caso concreto, su cuantificación deviene innecesaria, en atención a que el monto de los daños y perjuicios ocasionados, superan el monto de la garantía otorgada por el quejoso. Con base en lo expuesto, al quedar plenamente acreditados los supuestos del artículo 156 de la Ley de Amparo, resulta fundado el incidente que promueve el tercero interesado Martín García Neyoy; y, se condena al quejoso a pagar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión al no poder disponer del aludido bien raíz en los términos precisados. En la inteligencia de que, se estableció como requisito de efectividad para que surtiera efectos la suspensión definitiva, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional); en consecuencia, la condena que deriva de esta interlocutoria debe limitarse al importe exhibido. Así se afirma, pues el artículo 156 de la Ley de Amparo, limita a los daños y perjuicios como consecuencia directa de la eficacia o ineficacia de la medida cautelar, es decir, el menoscabo patrimonial o la imposibilidad de obtener una ganancia lícita con motivo de la paralización del acto reclamado en el juicio de amparo. En consecuencia, una vez que cause firmeza esta resolución, el aludido certificado deberá endosarse a favor del tercero interesado Martín García Neyoy, para lo que deberá constar, en su oportunidad, razón de entrega en autos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 66, 67, 156, y demás relativos de la Ley de Amparo, se, V. Resuelve Primero. Es fundado el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Martín García Neyoy. Segundo. Una vez que quede firme esta resolución, dese cumplimiento a lo ordenado en relación con el billete de depósito N917997, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por el quejoso para garantizar la suspensión definitiva, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado; y mediante lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de julio de dos mil veintidós. Citación de incidente de reclamación de daños y perjuicios. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que las partes quedaron debidamente notificadas de la admisión del incidente de reclamación de daños y perjuicios, sin que hayan realizado manifestación alguna en el plazo que les fue concedido mediante proveído de veinticinco de mayo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo, en relación con el 358 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cítese el presente incidente para la audiencia de pruebas y alegatos, y se señalan para su celebración las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano