Gabriela Villa Contreras
Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Gabriela Villa Contreras
- María Cristina Othón Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de octubre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha, en el cuaderno principal se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino de los cuadernos incidentales; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de octubre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que parte legitimada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajo de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar el legajo de pruebas señalado como Anexo I, el cual fue formado con las constancias remitidas por la responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veintiocho minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da cuenta con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional, y documentales remitidas por la autoridad responsable que anexó a su informe justificado identificadas en un tomo de pruebas. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 548/2022 CIVIL; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, ese día a este juzgado de Distrito, Gabriela Villa Contreras, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisarán con posterioridad. Por proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, se admitió la citada demanda, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En determinación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de tercera interesada a María Cristina Othón Villa. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Fijación de la litis Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La resolución de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictada por la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 2652/2019, promovido por María Cristina Othón Villa -tercera interesada- contra Gabriela Villa Contreras -quejosa-. III. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó en su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Circunstancia que se corrobora con las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, las cuales derivan del juicio ejecutivo mercantil 2652/2019 de su índice. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad; además, provienen de una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial número 226 sustentada por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". IV. Causas de improcedencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. Sin embargo, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio, este órgano de control constitucional no advierte la existencia de alguna causa que involucre improcedencia; además, las partes interesadas no invocaron algún motivo por el que estimaran improcedente el juicio. V. Antecedentes Para una mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia debe precisarse que de las constancias aportadas por la responsable y lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se aprecia en forma sintetizada lo siguiente: Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecinueve, María Cristina Othón Villa, por conducto de sus endosatarias en procuración, demandando en la vía ejecutiva mercantil a Gabriela Villa Contreras. Por auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, admitió dicha demanda en la vía y forma propuesta. Previo emplazamiento, Gabriela Villa Contreras, dio contestación a la demanda, en la cual entre otras cosas planteó la excepción de incompetencia por materia; por acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la referida contestación. En determinación de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, entre otras cosas, se tuvo por admitido el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo señalado en el párrafo que antecede. En resolución de cuatro de abril del año que transcurre, se resolvió el citado medio de impugnación declarándolo improcedente. Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de derechos. Resulta innecesaria la transcripción de la resolución de cuatro de abril del año en curso, pues obra en el tomo I de pruebas remitido por la autoridad responsable en complemento a su informe justificado, del cual se dio vista a la parte quejosa en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, dictado en el presente sumario. Es orientadora la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro dice: "RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD." VI. Estudio de fondo Para combatir la resolución señalada, la parte quejosa señaló como concepto de violación el que se transcribe a continuación: "ÚNICO.- Ante todo, es necesario precisar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al realizar una interpretación del artículo 17 constitucional sostuvo en la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), que más adelante se transcribe, que el derecho fundamental de acceso a la justicia consagra lo siguiente: 1.-El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil; 2.-Existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3.-El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4.-El desarrollo de las posibilidades de un recurso judicial; Y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. La jurisprudencia 2001213, a que se hizo referencia en el párrafo que antecede fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la décima época, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, página 1096, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Como es de verse, el derecho fundamental de acceso a la justicia, prevé la impartición de justicia pronta y completa, entendiéndose por la primera, la resolución de las controversias planteadas ante ellas dentro de los términos que para tal efecto establecen las leyes; y por lo segundo, que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Lo que pone de relieve, que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental, pero para que éste realmente se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, se debe manifestar en dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. El aspecto formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuitas a las solicitudes de los particulares (partes en un procedimiento) respetando las formalidades del procedimiento; desde luego que ello no significa que necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda. Por su parte, el aspecto material del derecho de acceso a la justicia, complementa al primero, pues se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. Es aplicable la tesis XXXI.4K, del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1105, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SE RESPETA EN LA MEDIDA EN QUE SE ATIENDEN LOS ASPECTOS FORMAL Y MATERIAL EN QUE SE MANIFIESTA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", definió la garantía a la tutela como "... el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión ...". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica 1969), relativo a la protección judicial, señala que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ... que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención.", asimismo, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. De lo anterior se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental; sin embargo, para que éste realmente se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, es necesario precisar que se manifiesta en dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. El aspecto formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares (partes en un procedimiento) respetando las formalidades del procedimiento; desde luego que ello no significa que necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda. Por su parte, el aspecto material del derecho de acceso a la justicia, complementa al primero, pues se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. Por tanto, no es posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, ya que, de otra manera, la prerrogativa constitucional y convencional primeramente indicada, tendría sólo carácter adjetivo o procesal." Como se señaló, la resolución que combato, contra del auto de fecha 12 de enero del año en curso, mediante recurso de revocación que a su vez resolvió, promovido por LIC NOÉ OLIVAS TRUJILLO; bajo el argumento de que la quejosa mi abogado no era parte dentro del juicio mercantil, promovido por la hoy tercero interesada cuyo fundamento principal es que no es parte toda vez que mi abogado no se autorizó en los términos del artículo 1069 del penúltimo párrafo no cuenta con profesional, pero en la vista otorgada la tercero interesada no manifestó nada al respecto que por tal cuestión no podía recurrir el auto que se combate existencia la responsable viola en mi perjuicio un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. El derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, en virtud de que la aquí quejosa, señalo tener reconocida la calidad de parte demandada a Por su parte, el artículo 1077 del Código de Comercio, establece el principio de congruencia que debe de regir en todo acto de autoridad, el cual consiste en que concuerde con lo pretendido por los gobernados, analizando el total de sus planteamientos, sin contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. Este elemento de las resoluciones, en su vertiente de congruencia externa, se conceptualiza como la identidad entre lo resuelto y lo solicitado; mientras que la congruencia interna implica la ausencia de contradicciones en sí misma, para así dirimirse las cuestiones realmente planteadas, sin analizar más de lo pedido (plus petitio), ni menos de lo pretendido (minus petitio). si de constancias se advierte que la aquí quejosa tiene reconocida la calidad de parte demandada, debe decirse que si quienes figuran como partes en el juicio mercantil, son los, gozan de legitimación para inconformarse con los autos y resoluciones que se emitan durante el proceso, y más aún porque tienen interés en que cualquier menoscabo o afectación al debido proceso se realice conforme a la ley, a fin de garantizar la garantía de legalidad, En consecuencia, a fin de salvaguardar el derecho humano al debido proceso consagrado en el artículo 14 constitucional, así como al principio de legalidad establecido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna y al derecho humano a la seguridad jurídica, consignado en el artículo 17 del mismo cuerpo de leyes, en relación al numeral 1,077 del Código de Comercio, principio de congruencia que debe cumplir el juez de distrito al dictar resolución reclamada, debe analizar la calidad de acreedora reconocida de la aquí quejosa, cuya legitimación le permite imponer el medio de impugnación consistente en el recurso de revocación en contra de la resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno. Por ello, debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. Ese criterio se encuentra en la tesis 1ª. CCXCI/2014 (10 a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 536 (registro digital: 2007064) y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." El derecho de acceso a la justicia es el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder de manera expedita -sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecuta esa decisión. Para que ese derecho de acceso a la justicia sea visto como un principio jurídico verdaderamente efectivo, debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación mas favorable al ejercicio de ese derecho humano. O es admisible jurídicamente, desde una óptica de progresividad de derechos humanos y del propio principio dispositivo que exige una participación del juzgador como director del proceso, que la Juez haya asumido esa conducta procesal, pues con ello vulneró el derecho humano de defensa de la suscrita quejosa." En este sentido, el concepto de violación es inoperante sin que en el presente asunto exista motivo de suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de amparo, fracción VI, de la Ley de Amparo, e ilustrativamente conforme la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO." Por lo anterior, procede negar el amparo solicitado, atento a las consideraciones siguientes: En primer término, resulta oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rindan las autoridades responsables; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el juez de distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio de amparo indirecto, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia en el juicio, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. Asimismo, el Máximo Tribunal del País sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio. Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. Precisado lo anterior, en el caso concreto, la parte quejosa es omisa en combatir directamente las consideraciones producidas por la juez responsable en la resolución de cuatro de abril de dos mil veintidós, a través de la cual -en lo que interesa- declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso en el juicio de origen. Es decir, omite exponer razonamiento en torno a la consideración que hizo la juez responsable para concluir por qué el abogado -de la quejosa en el juicio de origen- carecía de autorización para promover el citado medio de impugnación. Así, es evidente que la juez responsable no incurrió en inconsistencias, sino que en su determinación expuso las razones justificadas parta arribar a su conclusión; consideraciones que, cabe repetir, no son atacadas por la parte quejosa. Es así, pues resultaba indispensable que la parte quejosa combatiera esas consideraciones, es decir, la circunstancia de que el juez responsable declarara que la persona que interpuso el citado recurso de revocación, no reunía los requisitos del artículo 1069 del Código de Comercio. Es decir, la parte quejosa se encontraba obligada a destruir los razonamientos de la juez responsable, esto es, expresar argumentos eficaces para demostrar la ilegalidad de las consideraciones aludidas y, al omitir hacerlo, devienen inoperantes sus planteamientos. Resultan aplicables las jurisprudencias 36 y 1a./J. 19/2012 (9a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." VII. Decisión Es así, que ante lo inoperante del concepto de violación y, toda vez que el acto reclamado, no se fundó en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Plenos de Circuito; no se controvierten cuestiones que afecten a menores e incapaces, o se afecte el orden y desarrollo familiar; ni se advierte en contra de la inconforme una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa; ni que éste se encuentre en una condición de pobreza o marginación tal que esté en clara desventaja social para defenderse en el juicio, circunstancias que obligarían a este órgano a suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la justicia federal solicitada, respecto del acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto y fundamento en los artículos 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: VIII. Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriela Villa Contreras, contra el acto reclamado a la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Diferimiento de la audiencia constitucional. Del estado de los autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia señalada para esta fecha, en virtud de que no han mediado por lo menos ocho días entre la fecha en que se emplazó a juicio a la parte tercera interesada, y la celebración de la audiencia en comento. Al respecto es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Tomo XXI, marzo de 2005, página 1119, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, misma que es del texto y rubro siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." En consecuencia, a fin de dar margen a que se cumpla lo anterior se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con veintiocho minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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