Gamaliel Silva Nolasco

Expediente 980/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
980/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Gamaliel Silva Nolasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la secretaría, de la que se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno espectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec********************Oaxaca********************cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario********************se advierte que la parte promovente********************no dio cumplimiento a la prevención contenida en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia********************se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y********************con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo********************se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec********************Oaxaca********************cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario********************se advierte que la parte promovente********************no dio cumplimiento a la prevención contenida en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia********************se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y********************con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo********************se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

  4. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la tercera interesada Isabel Alavés García, en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal que se llegaren a realizar por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. INSERCIÓN: "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 581/2021; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis las constancias que integran el juicio de amparo, así como del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama:  La resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el toca penal JOTP/58/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido el cinco de marzo de dos mil diecinueve contra Ana Laura Aquino Cortés, en la causa penal 684/2017 por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Magistrado Presidente de la de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntaron a sus informes, en las que se aprecia la resolución impugnada y a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Conceptos de violación. La quejosa expuso como conceptos de violación, los siguientes:  En el identificado como "1", refirió que la autoridad responsable vulneró su derecho a la certeza jurídica previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues en el contrainterrogatorio la víctima se contradijo, pues en un primer momento afirmó que fue a una persona llamada Mari Chuy a quien le dio el dinero, pues señaló que ella daba las pláticas y que fue su sobrina quien la invitó; después rindió otra declaración ante el Ministerio Público y dijo que a quien le entregó su dinero fue a la quejosa y afirmó que ésta daba las pláticas para convencer a las personas de que dieran su dinero; además de haber sido ella quien la invitó. Contradicciones por las que la Juez de Control debió desestimar su dicho, pues la lógica y las máximas de la experiencia indican que no se le puede creer a una persona que cambia su dicho cada vez que está frente a una autoridad diferente.  En el motivo de disenso "2", adujo que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, pues la Juez de Control determinó que se acreditaron los elementos que integran el tipo penal previsto en el artículo 382 del Código Penal de Oaxaca; esto con lo narrado por la víctima y corroborado con el dicho de los testigos de cargo; aun cuando la defensa demostró la contradicción en que incurrió la víctima cuando dijo en una declaración que entregó el dinero a Ana Laura Aquino Cortés; y en otra refirió haberlo entregado a Mari Chuy.  Que por lo anterior, no se acreditó el primer elemento, consistente en: ". al que, para hacerse de una cantidad de dinero en numerario, en papel moneda o billetes de banco, de un documento que importa obligación, liberación o transmisión de derechos o de cualquiera otra cosa ajena mueble."  Respecto a que existieron maquinaciones, engaños o artificios por parte de la quejosa -imputada en la causa penal-, para hacer que la víctima le entregara los $27,000.00 (veintisiete mil pesos, cero centavos moneda nacional), no quedó acreditado, pues se probó con las declaraciones de la imputada, la víctima y las testigos de descargo, que quien invitó al proyecto "atrapa sueños" a la pasivo fue Leticia y no la quejosa; que la presunta víctima acudió de manera voluntaria a la reunión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, donde entregó su bolsa de regalo la cual contenía la aludida cantidad de dinero; y que Mari Chuy daba las pláticas y explicaba el referido proyecto; que la víctima aceptó el riesgo de invertir su dinero en un proyecto de alto riesgo, esto es, generar ganancias muy altas en poco tiempo; que la pasivo sabía que ningún banco daba las ganancias del proyecto, y aun así entregó su dinero a Mari Chuy.  Que la Juez se basó en un estereotipo para establecer que no eran creíbles las declaraciones de las testigos de descargo, es decir, que no presentaron denuncia al aducir haber sido víctimas del mismo delito; esto, pues no todas las personas se desenvuelven de la misma forma ante un hecho delictivo; y entonces la Juez debió vigilar la congruencia de las declaraciones de las atestes en la forma y contenido de su narrativa, respetando las reglas de la lógica, lo que no aconteció respecto de la víctima y sus testigos, quienes se contradijeron en lo sustancial, y a pesar de ello la Juez les otorgó valor probatorio. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que existen en autos del presente juicio de amparo, que alcanzan el valor probatorio antes precisado, se advierte que: I. El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, comenzó la audiencia inicial en la causa penal 684/2019 del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, que se sigue en contra de Ana Laura Aquino Cortés. En esa audiencia, entre otras cosas, la Juez de Control indicó a la imputada que las dos personas que se encontraban con ella eran defensores públicos, por lo que le preguntó si los designaba como sus defensores, a lo que contestó que sí (0:04:44 a 0:04:59 minutos del archivo denominado 0684-2017 A10P1). Al individualizarse los defensores públicos dentro de la aludida audiencia, expresaron lo siguiente (0:05:00 a 0:05:12 minutos del archivo denominado 0684-2017 A10P1): "Buenos días señoría, buenos días a todos los presentes, con el carácter de defensor público comparece la licenciada Nassheilly Mayté Robles Durán con datos ya registrados en la administración de este Juzgado y me acompaña mi compañero." "Buenos días ciudadana Juez comparece Iván de Jesús Mendoza Vásquez, en mi carácter de defensor público, con datos ya proporcionados a este Juzgado." Enseguida la Agente del Ministerio Público, comunicó la imputación a Ana Laura Aquino Cortés, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude maquinado, cometido en perjuicio de Isabel Alavés García (0:05:48 a 0:32:11 minutos del archivo denominado 0684-2017 A10P1). Posteriormente la imputada solicitó la ampliación del término constitucional (0:33:01 minutos del archivo denominado 0684-2017 A10P1). Así, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, al resolver la situación jurídica de la imputada, la Juez de Control responsable dictó auto de vinculación a proceso contra la quejosa Ana Laura Aquino Cortés, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude maquinado, cometido en perjuicio de Isabel Alavés García (0:00:00 a 0:29:51 minutos del archivo denominado 0684-2017-A11P2). Contra dicha determinación, Iván de Jesús Mendoza Vásquez, quien se ostentó y fungió como defensor de la imputada, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mismo que mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno registró con el número JOTP/58/2019 y admitió; y entre otras cosas, tuvo a la imputada designando como defensor a Iván de Jesús Mendoza Vásquez, en los términos siguientes (foja 1 vuelta del tomo de pruebas): "Segundo. Designación de defensor. Con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción XI y 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de seguir garantizando el derecho a una defensa adecuada, se le tiene a la imputada Ana Laura Aquino Cortés por designado como su defensor público, al licenciado Iván de Jesús Mendoza Vásquez, quien interpuso el presente recurso de apelación y fungió con ese carácter ante la Jueza de Control." Y mediante resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno (fojas 17 a 21 del tomo de pruebas), declaró improcedente en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la imputada; y confirmó la resolución impugnada. SEXTO. Análisis de la resolución reclamada. Son fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso se advierte una violación procesal que amerita concederle el amparo. Ello, toda vez que de los antecedentes relatados con antelación, se aprecia que el juez de control responsable, en la audiencia inicial celebrada el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, no se cercioró de que los defensores públicos contaran con la calidad de licenciados en derecho, lo que implica que la imputada no contó con una defensa técnica adecuada. Cierto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 405/2017 por ejecutoria de siete de agosto de dos mil diecinueve, abordó el deber que tiene el juez del proceso penal, de cerciorarse que el imputado sea asistido por un defensor profesional durante la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, y al efecto expuso lo siguiente: "[.] 58 [.] para esta Primera Sala no pasa inadvertido la incorporación de los Centros de Justicia Penal, los cuales de conformidad con el acuerdo general 36/2014 del Pleno de la Judicatura Federal que regula su integración, se advierte que estará conformada por dos vertientes, una jurisdiccional integrada por los Jueces de Control, tribunales de enjuiciamiento, tribunales de alzada y Jueces de ejecución; y otra administrativa, representada por el administrador del centro y el demás personal administrativo. 59. Respecto de la vertiente administrativa del centro, se advierte que tiene el objetivo de auxiliar en las funciones no jurisdiccionales, entre las que se destacan: la atención al público; acreditación de periodistas y medios de comunicación; recepción, registro y turno de asuntos y correspondencia; gestión óptima de audiencias; traslado y presentación de personas cuando se requieran medidas de seguridad especiales; apoyo en el mantenimiento y supervisión de los sistemas informáticos, entre otras. 60. A partir de lo anterior, se advierte que el área administrativa puede llevar el control y registro de los diversos intervinientes en los procedimientos penales que se están realizando dentro del Centro de Justicia Penal, esos registros no eximen al defensor de la obligación de proporcionar los datos respectivos al momento de la individualización de las partes directamente ante el órgano jurisdiccional correspondiente al inicio de su intervención en el procedimiento respectivo. 61. En ese contexto, del marco legal y logístico reseñado, se puede concluir que el Juez de Control al llevar a cabo la individualización de las partes intervinientes en la audiencia inicial, deberá recabar los datos generales que las partes declaren, y después de obtenerlos cuestionará al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente ley orgánica aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde al o los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, tema que se aborda en la presente ejecutoria. 62. En este punto, el asistente de constancias y registros del Juez de Control ya habrá recabado copia del documento que acredite tal calidad. La anterior metodología solventa lo ordenado por el artículo 116 del Código Nacional, respecto de la acreditación ante el órgano jurisdiccional de la calidad de licenciado en derecho de la defensa. Con ello, por regla general resultará innecesario que, durante el desarrollo de la audiencia, el Juez constaté de manera personal y fehaciente tal situación, pues ello quedó acreditado ante el órgano jurisdiccional. 63. Asimismo, se destaca que aquella copia que obre en la carpeta de la cédula profesional con la cual se identifica el defensor, es un dato más que constará en los registros de la causa penal y que constituye copia autentica, ello en virtud de que la misma estará certificada por el órgano jurisdiccional.(26) 64. Este cercioramiento previo por parte del asistente judicial mencionado, adquiere mayor relevancia, porque esta Primera Sala no soslaya que según lo dispone el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, el nuevo formato de las cédulas profesionales, carece de fotografía y como distintivo de autenticidad únicamente cuenta con un sello digital,(27) circunstancia que por sí misma conlleva a que si el Juez de Control desea cerciorarse de la identidad de quien presenta dicha cédula, deba realizar investigaciones previas que dificultarían la continuidad de la audiencia de manera innecesaria, provocando el quebranto de la agilidad en su celebración. 65. En ese sentido, esta Primera Sala considera que lo único que deberá hacerse constar en la videograbación de la audiencia inicial será la manifestación del defensor de ser licenciado en derecho y la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional, con la que se identifica. Lo anterior, a efecto de que quede constancia que permita verificar el respeto al derecho fundamental del imputado de contar con una defensa técnica adecuada, y los datos necesarios para que, si alguna de las partes considere necesario objetar la calidad del defensor, se encuentre en condiciones de debatirlo. 66. En el mismo sentido, si durante el desarrollo de la audiencia inicial, que es la que aquí nos ocupa, o en la celebración de posteriores, el imputado decide libremente cambiar de defensor; quien en su lugar sea designado deberá exhibir la cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho, lo cual igualmente deberá constar en el registro del expediente penal, en los términos aludidos en los párrafos anteriores. 67. Por todo lo anterior, esta Primera Sala concluye que constituye una obligación del defensor del imputado acreditar su calidad de licenciado en derecho, lo que se logra con la exhibición de su cédula profesional tal como lo exige el artículo 116 del Código Nacional, expedida por la autoridad legalmente competente, lo cual puede realizar de dos formas: a) acudiendo al centro de registro de cédulas profesionales correspondiente o, b) ante el asistente de constancias y registros del juzgado de control, quien -previo al inicio de la audiencia- recabará la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo cual se logra cuando este último, al momento de individualizarse, refiere su número de cédula, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado. 68. Asimismo, se estima que el documento idóneo para acreditarse como licenciado en derecho es la cédula profesional, en virtud de como ya se dijo, la calidad de abogado no debe aceptar ningún tipo de presunción, ni siquiera el pre-registro que el abogado haya efectuado en el área administrativa del Centro de Justicia Penal, pues éste no lo exime de presentar dicho documento en la audiencia respectiva..." "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado." De ahí que este órgano jurisdiccional debe vigilar de oficio que el proceso penal se lleve a cabo respetando los derechos humanos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, que en la porción de interés indica: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y [.]." Disposición constitucional que se encuentra reflejada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en sus numerales 17 y 113, fracción XI, que respectivamente establecen: "Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. [.]" "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; [.]." Por otra parte, los artículos 115 y 116 del citado ordenamiento procesal disponen respectivamente los momentos en los cuales el imputado puede hacer la designación de defensor, así como la acreditación de éste respecto a su calidad de profesional ante el órgano jurisdiccional, pues señalan lo que a continuación se transcribe: "Artículo 115. Designación de Defensor. El Defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de éste o ante la omisión de su designación, será nombrado el Defensor público que corresponda. La intervención del Defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes." "Artículo 116. Acreditación. Los Defensores designados deberán acreditar su profesión ante el Órgano jurisdiccional desde el inicio de su intervención en el procedimiento, mediante cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente." Ahora bien, del análisis sistemático de los preceptos constitucionales y legales invocados, se obtiene: a) Que la defensa es un derecho fundamental irrenunciable que asiste a todo imputado desde el momento de su detención, con la asistencia de un defensor, el cual elegirá libremente, y b) Que el defensor debe ser licenciado en derecho o abogado titulado; carácter que éste -invariablemente- debe acreditar ante el órgano jurisdiccional mediante la exhibición de la cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente. Al respecto, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado en diversas tesis, la importancia constitucional del derecho fundamental a la defensa adecuada y ha sostenido que el concepto de defensa junto con las nociones de acción y jurisdicción, son los pilares básicos sobre los que descansa el proceso penal como estructura normativa destinada a armonizar la pretensión punitiva del Estado, la libertad individual y las exigencias de la correcta y válida administración de justicia dentro del Estado de Derecho. Asimismo, en cuanto al tópico en estudio, el Máximo Tribunal del País ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que conforme a lo dispuesto en el citado artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental a una defensa adecuada, implica que la persona sujeta a proceso penal cuente con la asesoría de un profesional del derecho, esto es, por quien está habilitada para defender sus intereses, con conocimiento jurídico y suficiente. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó el criterio relativo a que toda persona sujeta a un proceso penal debe contar con la asesoría de un perito del derecho, por lo que tal defensa debe ser técnica, lo que implica que sea ejercida por abogado titulado, así como oportuna y material. (.) (..) Es así que en cumplimiento al derecho fundamental de defensa adecuada, se debe verificar que efectivamente es licenciado en derecho quien asiste a una persona sujeta a un proceso, por lo que, tanto las autoridades jurisdiccionales (como ministeriales), deben exigir que los defensores, públicos o privados, demuestren que son abogados titulados, y hacer constar esa circunstancia en el expediente, es decir, se debe verificar que los defensores efectivamente son licenciados en derecho, por lo que deben exigir que demuestren que cuentan con la citada licenciatura y hacer constar esa circunstancia en el expediente; y si ello no se hizo, implica una violación al derecho de defensa adecuada. Ahora bien, en el caso a estudio, no se observa que la autoridad judicial haya cumplido con su obligación de verificar que la defensora pública que asistió al imputado, aquí quejoso, desde el principio de la audiencia inicial de comunicación de la imputación hasta la conclusión del plazo constitucional ampliado, fuese licenciado en derecho, lo que vulneró sus derechos fundamentales. Lo anterior, pues como se hizo notar en el considerando quinto, en el que se relataron los antecedentes del acto reclamado, al inicio de la audiencia inicial en la que se comunicó imputación a la quejosa, al individualizarse los defensores públicos dentro de la aludida audiencia, expresaron lo siguiente (0:05:00 a 0:05:12 minutos del archivo denominado 0684-2017 A10P1): "Buenos días señoría, buenos días a todos los presentes, con el carácter de defensor público comparece la licenciada Nassheilly Mayté Robles Durán con datos ya registrados en la administración de este Juzgado y me acompaña mi compañero." "Buenos días ciudadana Juez comparece Iván de Jesús Mendoza Vásquez, en mi carácter de defensor público, con datos ya proporcionados a este Juzgado." Defensores que además, fueron señalados por la quejosa como aquéllos que le prestarían asesoría jurídica durante el proceso instruido en su contra (0:04:44 a 0:04:59 minutos del archivo denominado 0684-2017 A10P1). Con lo anterior, queda evidenciado que quienes se ostentaron como defensores públicos durante la audiencia inicial en la causa penal de origen, no acreditaron ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciados en derecho, con la declaración del número que se le hubiere otorgado en el centro de registro o en su caso el correspondiente a su cédula profesional para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Irregularidad que aconteció al principio de la audiencia inicial y se ha prolongado a lo largo del proceso, trascendiendo a la segunda instancia, pues como se hizo notar al relatar los antecedentes del acto reclamado, Iván de Jesús Mendoza Vásquez, quien se ostentó como defensor público de la imputada durante el plazo constitucional, fue quien interpuso el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado contra la quejosa en la causa penal 684/2017; el cual fue admitido por la Sala Penal responsable, la cual tampoco se cercioró de la calidad de licenciado en Derecho del recurrente que debió acreditarse desde el inicio de la audiencia de comunicación de la imputación. Por tanto, es evidente que el Juez de Control al llevar a cabo la individualización de las partes intervinientes en la audiencia inicial, no cumplió con su deber de cerciorarse sobre la calidad de licenciados en Derecho con que deben contar los defensores de la quejosa, pues únicamente tuvo a éstos indicando que sus datos fueron proporcionados en la administración del Juzgado, sin cuestionar al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, sobre si esos datos fueron cotejados con la respectiva identificación momentos previos a la realización de la audiencia, destacando entre esos datos el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparecieron con la calidad de defensores públicos de la imputada, en el entendido de que el asistente de constancias y registros hubiera recabado copia del documento que acreditó tal calidad, lo que tampoco se aprecia hubiese acontecido; pues es deber de las autoridades jurisdiccionales hacer constar en la videograbación de la audiencia inicial la manifestación del defensor de ser licenciado en derecho y la declaración del número correspondiente a su cedula profesional. Lo que desde luego impactó al resolver la situación jurídica de la imputada dictándole auto de vinculación a proceso. Además, resulta de total relevancia pues, al no verificarse la calidad con que se ostentaron las personas que asistieron a la quejosa, la autoridad judicial dejó de atender su deber de cerciorarse que la imputada fuera representada por personas facultadas para proporcionarle una defensa adecuada. En ese sentido, se violó la obligación de la autoridad jurisdiccional de cerciorarse que las citadas personas fueran licenciados en derecho, lo que vulnera el derecho de la imputada a una defensa técnica adecuada, toda vez que no quedó acreditado que quienes la asistieron inicialmente, como sus defensores, contaran con el título o cédula profesional, aun cuando se ostentaron con la calidad de defensores públicos, pues tal carácter no debe presumirse por el hecho de que cuenten con el nombramiento otorgado por alguna autoridad, sino que el cumplimiento a este derecho humano debe quedar fehacientemente acreditado y no sujetarse a presunciones de ninguna índole. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción número 41/2020 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN.- Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que SECCIÓN II MESA AMP. VI A PRAL. 581/2021. conocieron de los amparos directos respectivos, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo encaminado a determinar si los juzgadores de primera instancia, en la audiencia de juicio oral, tienen la obligación de verificar la calidad de licenciado en derecho de los defensores y dejar constancia de ello. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que constituye una obligación del Juez de Enjuiciamiento corroborar la calidad de licenciado en derecho que debe ostentar el defensor del imputado en la audiencia de juicio oral. Justificación: La audiencia de juicio oral, así como la audiencia inicial, se rigen prácticamente por la misma dinámica y principios; de ahí que la actuación del defensor es fundamental para asegurar el derecho de defensa adecuada, toda vez que en su desarrollo se generan actos bajo el principio de contradicción que pueden repercutir en la esfera jurídica del imputado. Debe decirse también que la obligación de los defensores de exhibir su cédula profesional y de los juzgadores de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, representa una carga mínima para ambos, carga que a su vez tiene un resultado de gran envergadura: el respeto al derecho fundamental de ser defendido por licenciado en derecho. Así, de un análisis comparativo de la normativa aplicable, género de actuaciones y naturaleza jurídica de la audiencia inicial y la audiencia de juicio oral, así como de la importancia que puede tener la simple tarea de verificar las credenciales de los defensores, se concluye que las consideraciones sustentadas en la contradicción de tesis 405/2017, del índice de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser trasladadas a la primera audiencia de juicio oral, o posteriores si durante su desarrollo se cambia de defensor. En suma, el Juez de Enjuiciamiento debe corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor en la audiencia de juicio oral, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula profesional y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia." Asimismo, la tesis aislada 1a. CCCXXVIII/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, que dispone: "DEFENSA TÉCNICA. NO DEBE PRESUMIRSE POR EL HECHO DE QUE SE ASIENTE EN LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN INCULPADO QUE QUIEN LO ASISTE ES DEFENSOR DE OFICIO, SI NO EXISTE SUSTENTO ALGUNO DE ESA CALIDAD.- Esta Primera Sala determina que es violatoria del derecho fundamental de defensa adecuada, la afirmación de que la capacidad técnica para fungir como defensor de oficio debe presumirse por el hecho de que se asiente en la declaración ministerial del inculpado que la persona que lo asiste es defensor de oficio, si no existe sustento alguno de esa calidad, aun cuando la normatividad correspondiente exija como requisito para ejercer esa función que dichos defensores deben contar con la cédula profesional de licenciado en derecho, incluso bajo el argumento de que correspondió a dicha dependencia verificar esa situación, puesto que el cumplimiento de este derecho humano debe quedar total y plenamente acreditado y no sujetarse a presunciones de ninguna especie, aunado a que constituiría una afirmación carente de contenido constitucional el señalar que debe presumirse que una persona es licenciada en derecho, por el hecho de que se afirme que recibió un nombramiento por alguna autoridad." (.) En esa medida, debió cumplirse con la obligación de que la imputada estuviera asistida por un licenciado en derecho, ello cuando como en el caso no se tiene certeza de que se respetó ese derecho; además, que se desahogaron esas diligencias sin la plena certeza de que las personas que asistieron a la quejosa estuvieran en condiciones de ejercer la defensa técnica, con lo que no se garantizó el debido proceso. (.) JUSTIFICACIÓN: Se arriba a esta conclusión, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405/2017, en concatenación con la Contradicción 1/2020, ambas del índice de esta Primera Sala, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendió por licenciado en derecho fue respetado. En ese contexto, ante su inobservancia, no es posible asegurar que en realidad el defensor carecía de la calidad de licenciado en derecho. Sin embargo, tampoco es seguro que el derecho de defensa adecuada se respetó; en esa tesitura, en pleno respeto al principio de continuidad que rige el proceso penal, el órgano de amparo que conozca del caso, en ejercicio de sus facultades, deberá realizar dicho ejercicio de verificación con plenitud de jurisdicción. Si se concluye que el defensor no era licenciado en derecho al momento de su intervención en la audiencia inicial, deberá reponerse la totalidad del procedimiento ante un juez de control distinto, toda vez que esto constituye una violación al derecho de defensa adecuada, que debe respetarse desde el inicio de la referida audiencia. Si resulta que sí era licenciado en derecho, deberá continuarse con el procedimiento y reafirmarse lo dicho, en virtud de que el derecho de defensa adecuada fue siempre respetado. El ejercicio de verificación por el propio tribunal de amparo en el recurso de revisión, o en caso de estar imposibilitado materialmente, el envío al Juez de Distrito o Tribunal Unitario para su realización, responde al principio de continuidad que rige el procedimiento penal en una interacción con el juicio de amparo, toda vez que retrotraer el procedimiento hasta la audiencia inicial, o segunda instancia cuando se haya optado por esta vía, puede traducirse en una interrupción con un costo muy alto al sistema, en perjuicio incluso del propio imputado." Así, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, procede conceder el amparo a la parte quejosa. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para que la autoridad responsable: I. Deje insubsistente la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el toca penal JOTP/58/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido el cinco de marzo de dos mil diecinueve contra Ana Laura Aquino Cortés, en la causa penal 684/2017 por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, se de San Francisco Tanivet, Oaxaca. II. Dicte una diversa en la que ordene al Juez de Control la reposición el procedimiento en la causa penal 684/2017, a efecto de que señale fecha y hora a partir del instante previo a la emisión del auto de vinculación a proceso, para que, con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que las personas que asistieron a la quejosa al principio de la audiencia inicial y hasta la conclusión del plazo constitucional, como defensores públicos, sean licenciados en derecho. Lo anterior acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que la acredite como profesional en derecho y con el cuestionamiento que el Juez de Control haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por la defensora pública corresponden con la cédula profesional que detentan. III. Hecho lo anterior y si se acredita que la quejosa contó con una defensa técnica adecuada en la audiencia de vinculación a proceso, dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. IV. En el supuesto de que las personas que asistieron a la quejosa como defensora pública no acrediten ser licenciada en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente el procedimiento hasta antes de la formulación de la imputación, para que conozca un Juez de Control diverso, quien deberá cerciorarse en audiencia videograbada que las personas que asistan al quejoso cuenten con cédula profesional y continuar con el desarrollo de las subsecuentes etapas procesales, donde deberá resolver con libertad de jurisdicción la situación jurídica del impetrante. Lo que deberá quedar registrado en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, deberá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde resolverá con libertad de jurisdicción cada debate planteado por las partes. Así, ante la actualización de las violaciones a las leyes del procedimiento destacadas, es innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto, aspecto que no es factible jurídicamente analizar ante la deficiencia adjetiva apuntada. OCTAVO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el toca penal JOTP/58/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido el cinco de marzo de dos mil diecinueve en su contra, en la causa penal 684/2017 por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, se de San Francisco Tanivet, Oaxaca; en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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