Gamaliel Rojas Balderas

Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
360/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Gamaliel Rojas Balderas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de treinta y uno de marzo de marzo de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA GAMALIEL ROJAS BALDERAS, imputado en el juicio natural de donde emana el acto reclamado. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Juez de Control en materia penal de Huajuapan de León, Oaxaca. 2.- Agente del Ministerio Público en adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucional. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 360/2022, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado lo hace consistir en la integración de la carpeta de investigación 42331/FMIX/HUAJUAPAN/2021, que dio origen a la causa penal 53/2022, donde se dictó una citación judicial en su contra. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, el acto reclamado no afecta los derechos subjetivos públicos del justiciable, lo que ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido una afectación real y actual a su esfera jurídica, y sólo quien lo resiente puede acudir al juicio de amparo en protección de sus derechos o propiedades. Ahora, si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación actúa como autoridad, en atención a que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, así como la emisión de la resolución que dé lugar a la judicialización de dicha carpeta, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado, a menos que se emitiera una determinación por la autoridad ministerial que ordenara se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en la especie no acontece. (...) Lo anterior patentiza que el acto destacado como reclamado no afecta los derechos humanos del promovente, ya que la judicialización de la carpeta de investigación 42331/FMIX/HUAJUAPAN/2021, así como la citación judicial, no constituyen acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación; de manera que, como se ha establecido, tales actos no le causan un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, así como propiamente los actos tendentes a la averiguación de los delitos, entre otras, cuestiones de orden público, que en su caso, quedan sometidas a la calificación de procedencia del Juez de Control. En ese orden, es indudable que los actos relativos al trámite de la investigación inicial y, aun a la resolución sobre judicialización o ejercicio de la acción penal a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse ante el Juez de Control. Al respecto, en lo conducente y por las razones que la conforman, resulta aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, en materia Penal, de la Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 180028, que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". (...) ... Respecto de la citación judicial que aduce el quejoso, cabe destacar que se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del Juez, en la que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 78/2018 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, en materias Común y Penal, de la Décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018828, de rubro y contenido siguiente: ".SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica, y atento a la certificación de cuenta, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, y únicamente para oír y recibir notificaciones y acuerdos a la persona que cita. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo pleno, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA GAMALIEL ROJAS BALDERAS, imputado en el juicio natural de donde emana el acto reclamado. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Juez de Control en materia penal de Huajuapan de León, Oaxaca. 2.- Agente del Ministerio Público en adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucional. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 360/2022, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado lo hace consistir en la integración de la carpeta de investigación 42331/FMIX/HUAJUAPAN/2021, que dio origen a la causa penal 53/2022, donde se dictó una citación judicial en su contra. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, el acto reclamado no afecta los derechos subjetivos públicos del justiciable, lo que ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido una afectación real y actual a su esfera jurídica, y sólo quien lo resiente puede acudir al juicio de amparo en protección de sus derechos o propiedades. Ahora, si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación actúa como autoridad, en atención a que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, así como la emisión de la resolución que dé lugar a la judicialización de dicha carpeta, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado, a menos que se emitiera una determinación por la autoridad ministerial que ordenara se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en la especie no acontece. (...) Lo anterior patentiza que el acto destacado como reclamado no afecta los derechos humanos del promovente, ya que la judicialización de la carpeta de investigación 42331/FMIX/HUAJUAPAN/2021, así como la citación judicial, no constituyen acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación; de manera que, como se ha establecido, tales actos no le causan un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, así como propiamente los actos tendentes a la averiguación de los delitos, entre otras, cuestiones de orden público, que en su caso, quedan sometidas a la calificación de procedencia del Juez de Control. En ese orden, es indudable que los actos relativos al trámite de la investigación inicial y, aun a la resolución sobre judicialización o ejercicio de la acción penal a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse ante el Juez de Control. Al respecto, en lo conducente y por las razones que la conforman, resulta aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, en materia Penal, de la Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 180028, que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". (...) ... Respecto de la citación judicial que aduce el quejoso, cabe destacar que se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del Juez, en la que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 78/2018 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, en materias Común y Penal, de la Décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018828, de rubro y contenido siguiente: ".SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica, y atento a la certificación de cuenta, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, y únicamente para oír y recibir notificaciones y acuerdos a la persona que cita. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo pleno, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

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