Gamaliel Reynoso Gutierrez
Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gamaliel Reynoso Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de diciembre de dos mil veintidós. DEVUELVE SOBRE. Agréguese el sobre devuelto de ESTAFETA que contiene lo oficio 24136/2022, dirigido al Sub Administrador de Registro y Control de Michoacán "1", con sede en Morelia, de treinta de noviembre de dos mil veintidós. En virtud de lo anterior, dado que no se advierte que sean inexistente la autoridad o que el domicilio haya sido impreciso y tampoco se desprende el motivo por el cual fue devuelta; por tanto, en obvio de dilaciones procesales, reenvíese nuevamente por la misma vía; lo anterior, a fin de que se entere de su contenido. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Uruapan, asistida del licenciado Iván Pérez Rivera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de noviembre de dos mil veintidós. CONTESTA REQUERIMIENTO PARTE QUEJOSA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado en forma electrónica por la licenciada Elizabeth Sánchez Peñaloza, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fuera formulado mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, manifiesta bajo protesta de decir verdad que no cuenta con documento alguno con el que pueda acreditar la defunción del quejoso Gamaliel Reynoso Gutiérrez; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. ANÁLISIS DE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. En ese orden de ideas y visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante escrito recibido en oficialía de partes de este Juzgado Federal el diez de octubre de dos mil veintidós, se tuvo la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, haciendo del conocimiento de este Juzgado Federal que fue informada por familiares del quejo Gamaliel Reynoso Gutiérrez, que este había fallecido; manifestando que no contaba con documento alguno para acreditar su dicho. Posteriormente, con lo informado por la citada autorizada, este órgano jurisdiccional requirió al Oficial del Registro Civil, con residencia en esta ciudad, para que remitiera copia certificada del acta de defunción de la parte quejosa; sin embargo, dicha autoridad, mediante oficio número 589/2022, informó que la imposibilidad con la que contaba para dar contestación al requerimiento que le fuera formulado en autos. Motivo por el cual, este órgano jurisdiccional mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, requirió al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, para que remitiera la documental señalada en el párrafo que antecede; sin embargo, dicha autoridad, mediante oficio número DRC/CAP/3762/2022, informó que dentro de sus registros no se localizó registro de la defunción del aquí quejoso. Con lo informado por la autoridad registral señalada en el párrafo que antecede, mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la autorizada de la parte quejosa para que informara se ya había sido registrada la defunción del multicitado quejoso o bien informara el impedimento legal que tuviera para ello. Por lo que, como quedó asentado en párrafos precedentes, se tuvo a la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, haciendo del conocimiento de este Juzgado Federal que fue informada por familiares del quejo Gamaliel Reynoso Gutiérrez, que este había fallecido; manifestando que no contaba con documento alguno para acreditar su dicho. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si existe o no imposibilidad manifestada en relación al cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado. Así, de las constancias se advierte que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declarada firme mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, por lo que en esa misma fecha se requirió el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en autos. Ahora bien, los efectos de la sentencia amparadora, fueron los siguientes: "La autoridad responsable, en el ámbito de sus respectiva competencia y en cuanto superior jerárquico del HOSPITAL GENERAL "DR. PEDRO DANIEL MARTÍNEZ", CON SEDE EN ESTA CIUDAD, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso Gamaliel Reynoso Gutiérrez, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere (eritroproyectina, hierro y multivitamínicos); además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en la localidad de Paracho, Michoacán de Ocampo, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo a la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en esta ciudad, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta "SAN JOSE", bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del quejoso. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración su padecimiento o padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializad. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud." Luego, como se advierte de la narrativa realizada con anterioridad, la imposibilidad Material con la que cuenta la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se debe al fallecimiento de la parte quejosa Gamaliel Reynoso Gutiérrez, lo anterior, atendiendo a las manifestaciones realizadas por su autorizada. Por lo tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en que las responsables continúen tratando y atendiendo de forma integral, completa y continua al quejoso Gamaliel Reynoso Gutiérrez, prestándole la atención médica requerida por el peticionario del amparo hasta lograr su total recuperación y/o un adecuado nivel de vida, atendiendo a las recomendaciones del médico tratante, lo cual no puede realizarse materialmente, toda vez que, se suscitó el fallecimiento de la parte quejosa, lo anterior, sin que obste que dentro del presente sumario no se haya exhibido documental alguna de la que se sustente dicha circunstancia, sin embargo, es de señalarse que tanto la doctrina y la jurisprudencia son acordes en señalar que el amparo es un juicio que parte de la buena fe de las partes, esto se pone de relieve, sobre todo, en el juicio de amparo indirecto, donde el quejoso narra los hechos, bajo protesta de decir verdad, a efecto de que el juez tenga elementos suficientes para resolver cuestiones sumamente importantes como lo son la admisión a trámite de la demanda y el otorgamiento de la suspensión, por lo que la buena fe en la narrativa de los hechos implica que el agraviado no falte a la verdad (señalando hechos falsos) u omita decir cosas verdaderas que le son adversas. Por lo que, si en el presente caso la autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ha manifestado en diversas ocasiones bajo protesta de decir verdad que ocurrió el fallecimiento de la parte quejosa, así como la imposibilidad material y jurídica para exhibir el acta de defunción correspondiente, este órgano jurisdiccional debe partir de que la narrativa de dichas circunstancias no representan faltas a la verdad. De ahí que esta autoridad declara la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin práctico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Tiene apoyo a lo anterior en lo conducente, la Tesis: XXIV.2o.2 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2019, página 2612, registro 2019824, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CONSIDERACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE DECRETÓ LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO DICHO RECURSO LO INTERPONGA LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA IMPUGNAR EXCLUSIVAMENTE LAS MULTAS IMPUESTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN RESPECTIVO." Así como la diversa 1a./J. 42/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Mayo de 2014, página 476, registro 2006470, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO RESULTEN INOPERANTES EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de noviembre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio firmado por la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, por medio del cual, en atención al requerimiento de trece de octubre de dos mil veintidós, informa que no se logró la localización del registro del acta defunción del aquí quejoso. REQUERIMIENTO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al autorizado de la parte quejosa a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de su legal notificación informe a este Juzgado Federal si cuenta con algún indicio del que se acredite la defunción del aquí quejoso, a fin de estar en aptitud de proveer lo correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en los autos del presente expediente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió al Director del Registro Civil del Estado, con residencia en esta Morelia, Michoacán, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de su legal notificación, remitiera copia certificada del acta de defunción del quejoso Gamaliel Reynoso Gutiérrez; lo anterior, sin que al día de la fecha haya dado contestación al citado requerimiento, máxime que la misma fue debidamente notificada del citado proveído en fecha veintidós de octubre de la presente anualidad, según se advierte del comprobante de entrega proporcionado por la empresa de mensajería "estafeta" REQUERIMIENTO. Por lo tanto, mediante oficio que derive del presente auto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Director del Registro Civil del Estado, con residencia en esta Morelia, Michoacán, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que reciba la notificación respectiva, remita copia certificada del acta de defunción del quejoso Gamaliel Reynoso Gutiérrez, a fin de estar en aptitud de proveer lo correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en los autos del presente expediente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de CIEN Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE.
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