Gabriela Gonzalez Silva

Expediente 514/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
514/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Gonzalez Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriela González Silva, contra actos del Titular de la Subdelegación Uruapan, órgano operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 514/2021-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: ". a las autoridades señaladas en los incisos a), b) y c) del apartado II correspondiente a las autoridades responsables, se les reclama la orden de inmovilización, bloqueo y/o suspensión de las cuentas bancarias números 0101701495 y 1562729148 de la institución financiera BBVA y 20-00763666-9 del banco Santander, así como del impedimento de disponer de los recursos que existen en las mismas; mientras que a las instituciones financieras y sucursales de las mismas, señaladas en los restantes incisos e), f), g) y h) del mencionado apartado II, se les reclama la ejecución de la referida orden; lo que provoca que la quejosa no pueda disponer de los recursos depositados en dichas cuentas y, por ende, continuar con mi actividad económica, dar cumplimiento a mis compromisos de pago a trabajadores, de contribuciones que deberán realizarse a través del sistema financiero, etcétera." DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con las fracción XIX del precepto legal 61, en vinculación con el numeral 107 fracción VIII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." El precepto mencionado busca evitar la coexistencia del medio ordinario de defensa con la instancia constitucional en contra de un mismo acto, pues de ser así, traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto al mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias, en este caso, ante autoridad judicial, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Para que se actualice la causa de improcedencia en comento, se deben satisfacer los requisitos siguientes: a) Que se haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual el quejoso solicitó el amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de control constitucional. c) Que el recurso o medio de defensa legal propuesto que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, como se dijo, la quejosa se duele de la orden de inmovilización, bloqueo y/o suspensión de las cuentas bancarias números 0101701495 y 1562729148 de la institución financiera BBVA y 20-00763666-9 del banco Santander, así como del impedimento de disponer de los recursos que existen en las mismas. Ahora del escrito de demanda, principalmente del apartado relativo a los hechos y abstenciones, se advierte que la quejosa refiere que por su actividad laboral tiene la necesidad de contar con una cuenta bancaria y para tal fin, aperturó la cuenta número 0101701495 en el banco BBVA; además de que, por su trabajo y actividades escolares, también es titular de las cuentas personales 1562729148 de la institución financiera BBVA y 20-00763666-9 del banco Santander. Derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, la Subdelegación Uruapan, del Instituto Mexicano del Seguro Social, le determinó diversos créditos fiscales contenidos en las siguientes resoluciones: Oficio número 1709/0567/9500/2021/2468, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por un importe total de $1,245,692.68 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos 68/100 M.N.), por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; Oficio número 1709/0567/9500/2021/2492, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por un importe total de $1,474,435.71 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 71/100 M.N.), por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Por lo anterior, la responsable Subdelegación Uruapan, por conducto de su Oficina para Cobros, con fecha veintitrés de junio del presente año practicó las diligencias de requerimiento de pago y embargo sobre los depósitos de mis cuentas bancarias existentes en todo el Sistema Financiero Mexicano, a fin de hacer efectivos tales adeudos separándolos en cuotas obrero patronales (COP) y en cuotas de los seguros de retiro, cesantía y vejez (RCV), ello en base a los mandamientos de ejecución de fecha veinte de junio de dos mil veintiuno, emitidos por la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Uruapan del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal y como se advierte de los mandamientos de ejecución, actas de requerimiento de pago y embargo que se adjuntan. Asimismo refiere que los citados adeudos se encuentran impugnados, pues el oficio número 1709/0567/9500/2021/2492, por el que se determinaron los créditos fiscales correspondientes al ejercicio de dos mil diecisiete, se controvirtió, previo a la diligencia de cobro, mediante el recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que recayó el número de expediente CC.MICH.: 231/2021. Por su parte, el oficio 1709/0567/9500/2021/2468, que determina los créditos fiscales por el ejercicio de dos mil dieciséis, se controvirtió mediante juicio contencioso administrativo al que recayó el número de expediente 1084/21-21-01-7-ST de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior se acredita con los acuerdos de admisión correspondientes. Por identidad jurídica, la tesis aislada (I Región) 4o.11 A (10a.), de la décima época, con número de registro 2006919, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página: 1162 de texto y rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Ahora, a partir de los datos y documentos aportados por la promovente del amparo, se advierte que, en efecto, los depósitos de sus cuentas bancarias existentes en todo el Sistema Financiero Mexicano, se encuentra bloqueadas, debido a los adeudos que refiere tener; mismos que se encuentran impugnados mediante el recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social; como se desprende específicamente de los antecedentes cinco, seis y siete de su escrito de demanda, ya que aduce lo siguiente. "5. Toda vez que el oficio número 1709/0567/9500/2021/2492, por el que se determinaron los créditos fiscales correspondientes al ejercicio de 2017, fue controvertido mediante el recurso de inconformidad, no tengo obligación de garantizar dicho adeudo, ello conforme al artículo 144, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por lo que la diligencia de requerimiento de pago y embargo para hacerlos efectivos era ilegal desde su inicio al no tener obligación de garantizados y por ello, mediante escrito presentado el día 23 de junio de 2021, ante las responsables Subdelegación Uruapan, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y su Oficina para Cobros, se solicitó se suspendiera el procedimiento de cobro. Adjunto escrito presentado. Anexo 9. 6. Ahora bien, respecto del oficio 1709/0567/9500/2021/2468, que determina los créditos fiscales por el ejercicio de 2016, se controvirtió en un primer momento mediante recurso de inconformidad, pero desistí del mismo para impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo, por lo que si bien con fecha 23 de junio de 2021 se llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo sobre los depósitos de todas mis cuentas bancarias, ello a fin de hacer efectivos estos adeudos, también es cierto que con posterioridad ofrecí garantía de los referidos créditos fiscales y la misma fue aceptada, tal y como se advierte del oficio 179102/920000/0C/209/2021/003910, emito por la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Uruapan del Instituto Mexicano del Seguro social, relativo a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y aceptación de la garantía correspondiente. Anexo 10. Lo anterior, en virtud de que con fecha del 13 de agosto de 2021 se levantaron las actas de constitución de garantía de los indicados adeudos correspondientes al ejercicio de 2016, procediendo la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Uruapan del Instituto Mexicano del Seguro Social, a embargar administrativamente el bien inmueble ofrecido en garantía, ello al ser el mismo suficiente para tal efecto, tal y como se demuestra con las actas respectivas tanto por cuotas obrero patronales (COP) como por las de retiro, cesantía y vejez (RCV). Anexos 11 y 12. 7. Es el caso, que desde el día 29 de julio del presente año, fueron bloqueadas, inmovilizadas y/o suspendidas todas mis cuentas bancarias y no pude disponer de los depósitos existentes en las mismas, por lo que al acudir a las instituciones bancarias BBVA y Santander a preguntar la razón de ello, solo me dijeron que era por orden del Instituto Mexicano del Seguro Social y que ellos solo acataban la orden que les enviaba esa dependencia así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo que del único embargo de mis cuentas bancarias del que tengo conocimiento, fue el practicado por las responsables el día 23 de junio del presente año." Lo que es incuestionable que dicho aseguramiento de cuentas se encuentran en trámite y pendientes de resolver, mediante los recursos o medios de defensa que quedaron asentados en párrafos precedentes Lo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Bajo ese contexto, se encuentran actualizados los requisitos marcados con los incisos a), b) y c) referidos, puesto que se encuentra interpuesto un recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual la quejosa solicitó el amparo, y estos se han admitido y se están tramitando a la fecha de la presentación de la demanda. En consecuencia, se encuentran actualizados los elementos constitutivos de la causa de improcedencia contenida en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la calle Nicolás Bravo número 7, interior 2-A, colonia Centro, de esta ciudad. Asimismo, téngase como su autorizado, en los amplios términos que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Reyes Águila, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta. Y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, a Jorge Alberto Mendoza Reyes y/o Daniel Reyes Magaña, toda vez que no cumplen condicho requisito. PRECISIÓN. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el aviso de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de diecisiete de septiembre del año en curso, que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriela González Silva, contra actos del Titular de la Subdelegación Uruapan, órgano operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 514/2021-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: ". a las autoridades señaladas en los incisos a), b) y c) del apartado II correspondiente a las autoridades responsables, se les reclama la orden de inmovilización, bloqueo y/o suspensión de las cuentas bancarias números 0101701495 y 1562729148 de la institución financiera BBVA y 20-00763666-9 del banco Santander, así como del impedimento de disponer de los recursos que existen en las mismas; mientras que a las instituciones financieras y sucursales de las mismas, señaladas en los restantes incisos e), f), g) y h) del mencionado apartado II, se les reclama la ejecución de la referida orden; lo que provoca que la quejosa no pueda disponer de los recursos depositados en dichas cuentas y, por ende, continuar con mi actividad económica, dar cumplimiento a mis compromisos de pago a trabajadores, de contribuciones que deberán realizarse a través del sistema financiero, etcétera." DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con las fracción XIX del precepto legal 61, en vinculación con el numeral 107 fracción VIII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." El precepto mencionado busca evitar la coexistencia del medio ordinario de defensa con la instancia constitucional en contra de un mismo acto, pues de ser así, traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto al mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias, en este caso, ante autoridad judicial, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Para que se actualice la causa de improcedencia en comento, se deben satisfacer los requisitos siguientes: a) Que se haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual el quejoso solicitó el amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de control constitucional. c) Que el recurso o medio de defensa legal propuesto que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, como se dijo, la quejosa se duele de la orden de inmovilización, bloqueo y/o suspensión de las cuentas bancarias números 0101701495 y 1562729148 de la institución financiera BBVA y 20-00763666-9 del banco Santander, así como del impedimento de disponer de los recursos que existen en las mismas. Ahora del escrito de demanda, principalmente del apartado relativo a los hechos y abstenciones, se advierte que la quejosa refiere que por su actividad laboral tiene la necesidad de contar con una cuenta bancaria y para tal fin, aperturó la cuenta número 0101701495 en el banco BBVA; además de que, por su trabajo y actividades escolares, también es titular de las cuentas personales 1562729148 de la institución financiera BBVA y 20-00763666-9 del banco Santander. Derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, la Subdelegación Uruapan, del Instituto Mexicano del Seguro Social, le determinó diversos créditos fiscales contenidos en las siguientes resoluciones: Oficio número 1709/0567/9500/2021/2468, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por un importe total de $1,245,692.68 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos 68/100 M.N.), por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; Oficio número 1709/0567/9500/2021/2492, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por un importe total de $1,474,435.71 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 71/100 M.N.), por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Por lo anterior, la responsable Subdelegación Uruapan, por conducto de su Oficina para Cobros, con fecha veintitrés de junio del presente año practicó las diligencias de requerimiento de pago y embargo sobre los depósitos de mis cuentas bancarias existentes en todo el Sistema Financiero Mexicano, a fin de hacer efectivos tales adeudos separándolos en cuotas obrero patronales (COP) y en cuotas de los seguros de retiro, cesantía y vejez (RCV), ello en base a los mandamientos de ejecución de fecha veinte de junio de dos mil veintiuno, emitidos por la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Uruapan del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal y como se advierte de los mandamientos de ejecución, actas de requerimiento de pago y embargo que se adjuntan. Asimismo refiere que los citados adeudos se encuentran impugnados, pues el oficio número 1709/0567/9500/2021/2492, por el que se determinaron los créditos fiscales correspondientes al ejercicio de dos mil diecisiete, se controvirtió, previo a la diligencia de cobro, mediante el recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que recayó el número de expediente CC.MICH.: 231/2021. Por su parte, el oficio 1709/0567/9500/2021/2468, que determina los créditos fiscales por el ejercicio de dos mil dieciséis, se controvirtió mediante juicio contencioso administrativo al que recayó el número de expediente 1084/21-21-01-7-ST de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior se acredita con los acuerdos de admisión correspondientes. Por identidad jurídica, la tesis aislada (I Región) 4o.11 A (10a.), de la décima época, con número de registro 2006919, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página: 1162 de texto y rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Ahora, a partir de los datos y documentos aportados por la promovente del amparo, se advierte que, en efecto, los depósitos de sus cuentas bancarias existentes en todo el Sistema Financiero Mexicano, se encuentra bloqueadas, debido a los adeudos que refiere tener; mismos que se encuentran impugnados mediante el recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social; como se desprende específicamente de los antecedentes cinco, seis y siete de su escrito de demanda, ya que aduce lo siguiente. "5. Toda vez que el oficio número 1709/0567/9500/2021/2492, por el que se determinaron los créditos fiscales correspondientes al ejercicio de 2017, fue controvertido mediante el recurso de inconformidad, no tengo obligación de garantizar dicho adeudo, ello conforme al artículo 144, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por lo que la diligencia de requerimiento de pago y embargo para hacerlos efectivos era ilegal desde su inicio al no tener obligación de garantizados y por ello, mediante escrito presentado el día 23 de junio de 2021, ante las responsables Subdelegación Uruapan, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y su Oficina para Cobros, se solicitó se suspendiera el procedimiento de cobro. Adjunto escrito presentado. Anexo 9. 6. Ahora bien, respecto del oficio 1709/0567/9500/2021/2468, que determina los créditos fiscales por el ejercicio de 2016, se controvirtió en un primer momento mediante recurso de inconformidad, pero desistí del mismo para impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo, por lo que si bien con fecha 23 de junio de 2021 se llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo sobre los depósitos de todas mis cuentas bancarias, ello a fin de hacer efectivos estos adeudos, también es cierto que con posterioridad ofrecí garantía de los referidos créditos fiscales y la misma fue aceptada, tal y como se advierte del oficio 179102/920000/0C/209/2021/003910, emito por la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Uruapan del Instituto Mexicano del Seguro social, relativo a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y aceptación de la garantía correspondiente. Anexo 10. Lo anterior, en virtud de que con fecha del 13 de agosto de 2021 se levantaron las actas de constitución de garantía de los indicados adeudos correspondientes al ejercicio de 2016, procediendo la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Uruapan del Instituto Mexicano del Seguro Social, a embargar administrativamente el bien inmueble ofrecido en garantía, ello al ser el mismo suficiente para tal efecto, tal y como se demuestra con las actas respectivas tanto por cuotas obrero patronales (COP) como por las de retiro, cesantía y vejez (RCV). Anexos 11 y 12. 7. Es el caso, que desde el día 29 de julio del presente año, fueron bloqueadas, inmovilizadas y/o suspendidas todas mis cuentas bancarias y no pude disponer de los depósitos existentes en las mismas, por lo que al acudir a las instituciones bancarias BBVA y Santander a preguntar la razón de ello, solo me dijeron que era por orden del Instituto Mexicano del Seguro Social y que ellos solo acataban la orden que les enviaba esa dependencia así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo que del único embargo de mis cuentas bancarias del que tengo conocimiento, fue el practicado por las responsables el día 23 de junio del presente año." Lo que es incuestionable que dicho aseguramiento de cuentas se encuentran en trámite y pendientes de resolver, mediante los recursos o medios de defensa que quedaron asentados en párrafos precedentes Lo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Bajo ese contexto, se encuentran actualizados los requisitos marcados con los incisos a), b) y c) referidos, puesto que se encuentra interpuesto un recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual la quejosa solicitó el amparo, y estos se han admitido y se están tramitando a la fecha de la presentación de la demanda. En consecuencia, se encuentran actualizados los elementos constitutivos de la causa de improcedencia contenida en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la calle Nicolás Bravo número 7, interior 2-A, colonia Centro, de esta ciudad. Asimismo, téngase como su autorizado, en los amplios términos que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Reyes Águila, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta. Y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, a Jorge Alberto Mendoza Reyes y/o Daniel Reyes Magaña, toda vez que no cumplen condicho requisito. PRECISIÓN. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a las autoridades responsables.

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