Gael de Jesus Gonzalez
Expediente 1168/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Gael de Jesus Gonzalez
- Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal En Tijuana, Baja California, En Funciones de Juez de Control
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Certificación de relación de constancias. Asimismo, la Secretaria certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. De igual manera, la secretaria certifica que las promociones y determinaciones judiciales relativas a este expediente físico concuerdan con las correspondientes al electrónico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto del requerimiento efectuado el veintisiete de septiembre del año en curso, ya que del informe justificado rendido por la autoridad responsable se desprende que el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, José Juan Salinas Paredes aceptó y protestó el cargo conferido por ******************** como su defensor público. Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria hace constar que se ofrecieron las siguientes pruebas: Partes Pruebas Fojas Admitidas y desahogadas Autoridad responsable Causa penal de origen Vinculado electrónicamente 27 de septiembre de 2023 Asimismo, la Secretaria hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno tómense en consideración las probanzas relatadas y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acuerdo. Se tiene por precluído ese derecho para las partes procesales, con lo que se da por concluida la etapa de alegatos de esta audiencia. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1168/2023-I; y, Resultando: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, recibida el veinte de septiembre siguiente en este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de su defensor público federal, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, respecto del acto y autoridad siguiente: "III.- Autoridades responsables: Ordenadora 1. C. Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de juez de Control, quien presidio la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el proceso penal ********************. IV.- Actos reclamados. 1.- De la autoridad ordenadora, se reclama. El acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés en la que se determinó: Desechar de plano la solicitud de la defensa, consistente en fijar fecha para la celebración de la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que le fue impuesta a ******************** en la causa penal ********************, en audiencia inicial de veintiuno de febrero del dos mil veintitrés y que dejo subsistente en la continuación de audiencia inicial de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintitrés; lo que significa una negativa para señalar audiencia para la revisión de la medida cautelar y desaplicar o dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa por otro diversa, argumentado el juez que no advierte que hayan variado de manera objetiva las condiciones que sirvieron de base para la imposición de la medida cautelar y que si bien la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada inconvencional, no tiene las facultades para declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y su inaplicación." SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo expediente 1168/2023-I, y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesada a la representación social que tuvo intervención en la causa penal de origen, la cual fue debidamente emplazada a juicio. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y,Considerando: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Justificación. En virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado se emitió por autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado y sus consecuencias tienen efectos en la misma. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: Autoridad responsable Acto reclamado Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control La determinación que desechó de plano la solicitud de revocación o modificación a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************que se instruye en su contra. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: Autoridad responsable Sentido del Informe Página Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, con funciones de Juez de Control. Cierto 29 Del recuadro que precede se advierte que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se desprende de la aceptación formulada al rendir su informe justificado. Tal aseveración se encuentra corroborada con las documentales remitidas por el juez responsable como anexo a su informe justificado, que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. A su vez, debe decirse que goza de valor probatorio el expediente electrónico que se encuentra vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que contiene, entre otros, el archivo digital relativo a la audiencia en la cual se tomó la determinación aquí reclamada, pues el mismo posee el carácter de documental públicas, como al efecto estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la certeza del acto reclamado y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. Como en la especie no se advierte que se actualice alguna causa de improcedencia que conlleve el sobreseimiento en el juicio, se continuará con el análisis de la cuestión planteada conforme al concepto de violación expuesto en la demanda de amparo. QUINTO. Concepto de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán el concepto de violación que se enderece en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deberán contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su trascripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, ya que se dará respuesta íntegra a sus inconformidades. SEXTO. Estudio del asunto. Los motivos de inconformidad resultan, fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes más relevantes de la causa penal de origen que se obtienen de la consulta del expediente electrónico que se encuentra vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: El veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se recibió el oficio remitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-5, Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual solicitó que se fijara día y hora para la celebración de la audiencia inicial con control de detención al ejercer acción penal en contra de ********************, con lo que se ordenó formar la causa penal correspondiente, y se registró bajo partida ********************. El veintiuno de febrero siguiente, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se calificó de legal la detención de ********************, se formuló imputación y se le impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; asimismo, se señalaron las once horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, para su continuación. El veinticuatro de febrero del año en curso, se reprogramó la continuación de la audiencia inicial para el veintiséis de ese mismo mes y año. En la audiencia referida, en lo que interesa, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, por el hecho considerado en la ley como el delito denominado contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato fentanil, con fines de comercio, en la variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, en relación con los numerales 193 y 194 fracción I, todos del Código Penal Federal, así´ como 234, ambos de la Ley General de Salud, y se indicó que subsistía la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El dos de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la representación social formulando acusación en contra de ******************** y se señalaron las once horas del veintidós de agosto del año en curso para que tuviera verificativo la audiencia intermedia, la cual se reprogramó para el veintisiete de noviembre del año que transcurre. El veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el defensor privado de ******************** solicitó se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia de revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar impuesta a su defendido. En esa misma fecha, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control desechó de plano la solicitud de la defensa, en razón de que no se actualizaba alguna variación en las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar impuesta al aquí quejoso ********************. Por su parte, el quejoso, en el único concepto de violación, refiere que el juez responsable vulnera los principios rectores del proceso porque dejó de cumplir la finalidad de asegurar el acceso a la justicia, ya que le impidió exponer vía oral en la audiencia las razones, motivos y fundamentos del por qué se pide la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, transgrediendo con ello los artículos 4, 6, 12, 13, 16, 19, 44 y 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Indica, que la determinación reclamada vulnera en su perjuicio el derecho de la libertad, presunción de inocencia, debido proceso y seguridad jurídica ya que no le permitió ejercer su derecho de defensa a través de la contradicción, como principio rector del sistema penal acusatorio y por ende, trastoca el debido proceso y la seguridad jurídica del imputado, ya que tal resolución debe someterse a los lineamientos legales que rigen al acto, para que se cristalice fehacientemente la justicia pronta y expedita. Considera, que los argumentos expuestos por la autoridad responsable no se ajustan a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en concordancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la responsable incumple con la obligación de observar los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se establecen en la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA", la cual excluye la aplicación de la diversa P./J. 20/2014 (10a.), de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.". Analizado el contenido de la determinación reclamada, se aprecia que la autoridad responsable desechó de plano la solicitud de audiencia de revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa elevada por el defensor público del quejoso, porque en el escrito respectivo no expresó las razones que justificaran su petición, y del mismo no se desprendía una variación objetiva en las condiciones por las que se impuso la prisión preventiva oficiosa. Indicó, que no soslayaba lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de la medida de prisión preventiva oficiosa; no obstante, puntualizó que tampoco podía dejar de observar que existe criterio obligatorio de nuestro máximo tribunal (293/2011) respecto a que cuando exista una restricción constitucional deberá estarse a lo que establece el propio texto constitucional. Determinación que apoyó en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." Como se indicó previamente, los argumentos que conforma el concepto de violación es sustancialmente fundado aunque suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Estructura y estudio de la sentencia. Para justificar la conclusión apuntada, el desarrollo del estudio de esta sentencia se estructurará de la siguiente manera: I. En el estudio respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la contestación al concepto de violación en que se controvierta ésta. I.I. Estudio de la imposición de la medida cautelar. Una vez resuelto lo anterior, se procede a analizar el diverso acto reclamado por la parte quejosa, esto es, el relativo a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra. En ese sentido, en el primer concepto de violación, la parte quejosa sostiene, en esencia, que la solicitud de audiencia de revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, fue elevada por el defensor particular del quejoso, en razón de que derivado de los avances jurídicos y técnicos en contra de tal figura desde una perspectiva convencional, tenía visualizado un cambio en la condición jurídica que en su momento fue considerada para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y que tal petición tendría como finalidad encaminar los criterios de la Corte Interamericana y evitar con ello la vigencia de una figura contraria al sistema interamericano donde México es parte, y en que el debate respectivo el juez efectuara una valoración a tales criterios y aplicara un contraste entre la medida cautelar controvertida y el parámetro interamericano bajo el principio pro-persona. Calificativa. Los argumentos indicados son esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia conforme lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Estructura del estudio. Para justificar la conclusión apuntada, el desarrollo del estudio de esta sentencia se estructurará de la siguiente manera: I. Primeramente, se expondrá el marco constitucional que rige el control de convencionalidad y el principio pro persona (artículo 1), así como la prisión preventiva oficiosa (artículo 19). II. Posteriormente, se analizará la interpretación aislada que actualmente existe en torno a la prisión preventiva oficiosa derivado de lo dispuesto por el artículo 19 constitucional. III. Se justificará por qué se considera que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional atendiendo al principio pro persona y a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México; además del porqué lo decidido en la contradicción de tesis 293/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es impedimento para arribar a tal conclusión. IV. Finalmente, se analizará el caso concreto y se reforzará la argumentación con relación al impedimento que contiene la contradicción de tesis 293/2011 aludida. I. Marco constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, dispone lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. [.]". Por su parte, el numeral 19 de la constitución federal, a lo que el caso interesa, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. [.]". II. Interpretación textual y aislada del artículo 19 constitucional en relación con la prisión preventiva oficiosa. En primer lugar, es importante establecer que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, por consiguiente, deben emplear los medios necesarios para luchar contra los fenómenos de delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. En ese sentido, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se creó, en específico, para los delitos considerados como "graves" y para el de delincuencia organizada, estableciéndose directamente en el artículo 19 constitucional, como un régimen especial de manera que no quedara su aplicación en manos del legislador ordinario. Consecuentemente, en la actualidad en el artículo 19 constitucional se amplió el catálogo de delitos que ameritan la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, incluyéndose los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En ese contexto, al determinar la oficiosidad de la medida, el poder legislativo ordenó que fuera el juez de control quien impusiera la prisión preventiva en forma oficiosa a una persona a quien se le impute la probable comisión de uno o varios de los delitos que el mismo artículo 19 constitucional prevé. Bajo esta perspectiva y partiendo de una interpretación literal y aislada, la prisión preventiva oficiosa sería una medida que operaría en forma automática cuando el delito del que se acusa a una persona se encuentra dentro del catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En consecuencia, la norma aludida se refiere únicamente a la concurrencia de los presupuestos materiales, es decir al hecho punible y a la participación del imputado, así como a la gravedad del delito que se le está atribuyendo. Por tal motivo, la norma no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría evitar, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación de la libertad. Consecuentemente, la prisión preventiva oficiosa -tal y como está concebida- no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. Lo anterior se considera así, dado que el artículo 19 -en lo relativo a la prisión preventiva oficiosa- limita el rol del juez afectando su independencia, porque carece de margen de decisión, y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Por ende, aplicar la interpretación literal y aislada del artículo 19 constitucional, generaría concluir -a criterio de este órgano de control constitucional- que la forma de imposición automática de la prisión preventiva sería la más restrictiva para los derechos fundamentales y entraría en tensión con otros derechos y principios expresamente contemplados en la constitución federal; por ejemplo, el de la libertad personal, la presunción de inocencia, así como la obligación del juez penal de fundar y motivar exhaustivamente la imposición de las medidas cautelares, lo que conlleva a que no se cuente con un control judicial previo. Asimismo, el artículo 7.3 de la Convención Americana, establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Por ende la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México consideró que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la convención. III. Inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa con base en el principio pro persona. En las reformas de dos mil once y en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, así como en la contradicción de criterios 293/2011, se perfiló el actual modelo de control constitucional, en el que con base en el artículo 1° de la carta magna se concluyó que las normas de derechos humanos constituyen el parámetro de regularidad constitucional que deben atender todas las autoridades del Estado mexicano, en el sentido de que los actos que emitan con motivo de su función deben ser coherentes con el contenido de esas normas. Por tal motivo, se determinó que el catálogo de derechos humanos comprende tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en la constitución, como aquéllos contemplados en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Lo anterior significa que los derechos humanos de fuente internacional también son parte de la constitución, por mandato expreso de la misma. De igual modo, se sostuvo, que la supremacía constitucional se encuentra integrada en este modelo, ya que todos los derechos humanos están incorporados al ordenamiento mexicano, en tanto forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo. Por ende, las relaciones entre los derechos humanos que integran este parámetro de validez deben resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos -lo que excluye la jerarquía entre unos y otros- así como del principio pro persona, entendido como herramienta armonizadora y dinámica que permite la funcionalidad del catálogo constitucional de derechos humanos. Así, los derechos humanos son interdependientes en tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos, y son indivisibles en la medida en que no deben tomarse como elementos aislados o separados, sino como un conjunto. Desde esta perspectiva, el principio pro persona funge como un criterio interpretativo que permite compatibilizar la multiplicidad de derechos involucrados en cada actuación del Estado en lo particular; además de que brinda coherencia y armonía en la labor de interpretar el texto constitucional permitiendo que el escrutinio de las normas y actos se ejecute a través de una aplicación del texto constitucional que sea fiel a sus principios y valores. El texto constitucional, en su carácter de norma fundamental del Estado mexicano, solo puede comprenderse a cabalidad como un todo que se orienta por un principio armónico: todas sus partes y componentes se guían con el mismo propósito, con los mismos fines y en función de la vigencia de un Estado constitucional, cuyo principal pilar es la protección más amplia de los derechos humanos. Así, un órgano de control constitucional también podría advertir la existencia de tensiones o antinomias entre normas de rango constitucional. Estos conflictos normativos deben tomarse en cuenta para poder delimitar cuál es la interpretación que debe realizarse; por lo que, para ese fin, se considera adecuado llevar a cabo ese ejercicio de análisis hermenéutico de normas y de preferencia interpretativa a partir del principio pro persona que se encuentra reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución, las normas de derechos humanos se interpretarán y aplicarán "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Ello implica que el principio pro persona opera como un criterio que rige la selección, primero, entre dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que no sea posible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; y segundo, dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquélla que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Lo anterior, como se observa de los precedentes siguientes: I. Jurisprudencia 1a./J. 107/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano". II. Jurisprudencia 1a./J. 37/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma". Esto significa que el principio pro persona funciona, en estos casos, como un criterio de preferencia normativa para solucionar antinomias entre las normas que integran un parámetro de control -con independencia de la fuente de origen de los derechos fundamentales-. A través de este criterio de preferencia normativa, los órganos jurisdiccionales que realicen el control constitucional deberán utilizar el enunciado normativo o la interpretación más protectora para los derechos humanos. Estas pautas de preferencia normativa parten de una premisa básica: las normas de rango constitucional no pueden leerse de forma aislada, ya que conforman un cuerpo normativo supremo, único y coherente a su interior. Por ese motivo, los órganos jurisdiccionales, al establecer el parámetro de regularidad constitucional, deben identificar, integrar y armonizar sistemáticamente todos los elementos normativos relacionados con un derecho fundamental, con miras a establecer el estándar de validez en la forma más protectora de los derechos humanos. II.I. Precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1. Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el siete de noviembre de dos mil veintidós, condenó al Estado Mexicano respecto de la aplicación de la prisión preventiva en el marco del sistema penal tradicional. En esa determinación, entre otras cosas, se precisó que para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es necesario que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los requisitos exigidos por la convención. Lo anterior, dado que de proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho ampliamente reconocidos, entre ellos, el referido derecho a la presunción de inocencia. En ese sentido, la corte dispuso -en el apartado "B.2. Sobre la compatibilidad de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva con la Convención Americana"- que el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la convención. Por ello, la corte interamericana precisó que ese deber implicaba la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades o porque su ejercicio se ve obstaculizado. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Así, la corte dispuso que las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines debían de ser efectivas (principio del effet utile), lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. Esto, por la corte indicó que era acorde con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad. Bajo ese contexto, la corte al analizar la figura de la prisión preventiva regulada en el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales (sistema tradicional), en sus párrafos 163 al 165, recordó que la jurisprudencia de ese tribunal ha sido clara y consistente en reconocer únicamente dos finalidades legítimas a la prisión preventiva (el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia) y que "la prevención general" de ciertos delitos, por más graves que sean, o el "efecto disuasivo" no son una de esas finalidades ni deberían serlo. Además, la corte indicó que de la lectura del artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de mil novecientos noventa y nueve, cuando se trata de un proceso penal por un delito que conlleva sanciones privativas a la libertad, pareciera que una vez comprobados los supuestos materiales, basta con verificar que se le tomó la declaración a la persona procesada (o que conste que se rehusó a declarar) para que se aplique la prisión preventiva. Es decir, que dicho numeral establecía preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Situación que -la corte precisó-permitía establecer que la norma analizada contenía cláusulas que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, como lo son el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), y a la presunción de inocencia (art. 8.2). Es importante mencionar que en la codena decretada al Estado Mexicano -específicamente al momento de establecerse las garantías de no repetición- la corte expuso lo siguiente: "[.] 218. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 219. De acuerdo con lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que -en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana". De lo expuesto, se observa que la corte interamericana estableció puntualmente que debía recordar a las autoridades judiciales que tenemos la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la convención americana, y en esta tarea, se deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la corte interamericana, intérprete última. 2. Caso García Rodríguez y otro vs. México. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la corte interamericana nuevamente condenó al Estado Mexicano al analizar el caso García Rodríguez y otro vs. México. Este precedente es sumamente importante, porque de manera frontal se analiza la figura de la prisión preventiva oficiosa regulada en el sistema penal acusatorio vigente. Así, debe destacarse que en el apartado de la sentencia denominado: "La prisión preventiva en el artículo 19 de la Constitución mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000", la corte interamericana recordó que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: 1. Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho. 2. Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y 3. La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Además, que la prisión preventiva debe entenderse como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, se determinó que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Por tal motivo, la corte indicó que el numeral 19 constitucional al establecer la prisión preventiva oficiosa, adolecía de la misma problemática que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año dos mil; puesto que, no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Por lo tanto, tal como está concebida la prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. Tan es así, que limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Por esos motivos y algunos diversos, la corte concluyó que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año dos mil y el numeral 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en dos mil ocho, contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. En particular, a los derechos siguientes: 1. A no ser privado de la libertad arbitrariamente (artículo 7.3); 2. Al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5); 3. A la presunción de inocencia (artículo 8.2), y 4. A la igualdad y no discriminación (artículo 24). Posteriormente, la corte indicó que a pesar de la inconvencionalidad de los artículos en cita, existía una problemática respecto de su inaplicación debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la contradicción de tesis 293/2011, aceptó que las restricciones expresas contenidas en la propia constitución desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentran las de la convención americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, la corte interamericana indicó que de conformidad con esa interpretación, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la convención americana y las decisiones de la corte interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. Por tal motivo, la corte estimó necesario recordar que las distintas autoridades estatales tienen la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la convención americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Por tanto, para llevar a cabo esa tarea las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la corte, como última intérprete de la convención. Esto último quedó plasmado expresamente en el párrafo 300 de la sentencia en análisis, que textualmente indica: "300. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana" II.II. Conclusiones. 1. Inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. De lo expuesto, se tiene que para la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que su imposición de forma "automática" viola diversos derechos, específicamente: a. A no ser privado de la libertad arbitrariamente (artículo 7.3); b. Al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5); c. A la presunción de inocencia (artículo 8.2), y d. A la igualdad y no discriminación (artículo 24). 2. Contradicción de tesis 293/2011 y la obligación de ejercer un control de convencionalidad ex officio. Es importante recalcar, que la corte interamericana no desconoció lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas consideraciones son las que comúnmente se utilizan para concluir que las personas juzgadoras no podemos ordenar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, con motivo de su inconvencionalidad. Al contrario, reconoció su contenido expresamente, indicando que la interpretación que se acogió en ésta genera que el Estado mexicano pueda estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la convención americana y las decisiones de la corte interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. Por tal motivo, la corte categóricamente nos recordó a las autoridades estatales la obligación que tenemos de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la convención americana. En el párrafo 300 de la sentencia emitida en el caso García Rodríguez y otro vs. México, la corte interamericana reiteró que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, estamos sometidos a aquél, lo cual nos obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal. Esto último cobra puntual relevancia, dado que la corte claramente especificó que la obligación de ejercer el control de convencionalidad se genera con independencia de que las normas contrarias a la convención y su interpretación sean de naturaleza constitucional o legal. IV. Caso concreto Como se precisó, en esta instancia constitucional la parte quejosa reclama la determinación de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ********************, a través de la cual se desechó de plano de la solicitud de audiencia de revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al hoy quejoso ********************. En ese sentido, del análisis de la aludida determinación, se observa que el juez responsable, desechó de plano la solicitud de audiencia de revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa elevada por el defensor público del quejoso, porque en el escrito respectivo no expresó las razones que justificaran su petición, y del mismo no se desprendía una variación objetiva en las condiciones por las que se impuso la prisión preventiva oficiosa. Indicó, que no soslayaba lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de la medida de prisión preventiva oficiosa; no obstante, puntualizó que tampoco podía dejar de observar que existe criterio obligatorio de nuestro máximo tribunal (293/2011) respecto a que cuando exista una restricción constitucional deberá estarse a lo que establece el propio texto constitucional. Determinación que apoyó en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." De lo expuesto, se observa que el juez responsable desechó de plano la solicitud de audiencia de revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de ********************, bajo el argumento de que se aplicaba una restricción ya establecida en la constitución y de las cuales se encuentran aún vigentes, por lo que impedía proceder en la modificación de la prisión preventiva oficiosa. Conclusión. Sin embargo, con base a lo expuesto en esta ejecutoria, la prisión preventiva oficiosa resulta inconvencional, al ser incompatible con los derechos de libertad personal, presunción de inocencia, igualdad y no discriminación, tal y como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México. Por tanto, el juez de control responsable incumplió su obligación de ejercer, ex officio, un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas con la convención americana y su interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (última intérprete de ésta). Obligación que, como se indicó, la corte interamericana lo específico en el párrafo 300 de la sentencia emitida en el caso García Rodríguez y otro vs. México, en el que reiteró a las autoridades que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, estamos sometidos a aquél, lo cual nos obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal. Finalmente, se insiste, no es obstáculo a lo anterior lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del cual se ha asumido que las restricciones expresas contenidas en la constitución federal desplazan a las normas internacionales, entre las cuales se encuentran las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De ahí que, con base en ello, se haya resuelto en algunos asuntos que la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 19 constitucional, como una restricción constitucional, debe mantenerse sobre la convención americana y las sentencias de la corte interamericana que la desarrollan. Sin embargo, hacer prevalecer a la restricción constitucional aludida implicaría, en primer término, elegir la interpretación menos favorable y más restrictiva hacia las personas que están siendo sujetas a prisión preventiva oficiosa, pues un órgano supranacional ya concluyó sin lugar a dudas que esa medida es inconvencional, por lesionar múltiples derechos de las personas. En segundo término, la corte interamericana vuelve a reiterarnos -a todas las autoridades incluidas las personas juzgadoras- que el control de convencionalidad debe realizarse incluso si se deben inaplicar disposiciones constitucionales, pues en todo momento debe atenderse a la mayor protección de los justiciables; ello, sin que deba esperarse a que se deje sin efectos la contradicción de tesis 293/2011 o se reforme la constitución. Lo anterior, dado que, como se indicó, la propia corte interamericana reconoció el contenido de lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y determinó que la interpretación a la que se llegó en ésta genera que el Estado mexicano pueda estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar. Incluso, debe recordarse que ya existen tres sentencias interamericanas de condena contra México (en las dos últimas se indicó expresamente al Estado que debía adecuar la norma constitucional a la convencional), las cuales, en términos del artículo 1° constitucional son vinculantes para los juzgadores mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, como se reconoció en la propia contradicción de tesis 293/2011. Lo cual se vio reflejado en la jurisprudencia P./J. 21/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 293/2011, que dice: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos". Lo expuesto, se robustece con el hecho de que en la propia contradicción de tesis 293/2011 se reconoció que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 1° constitucional, existe un verdadero bloque de constitucionalidad, definido como parámetro de control de regularidad constitucional, que se conforma por el conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. De ahí que, las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos; lo que se traduce en que las normas internacionales en materia de derechos humanos se convierten en constitución. Y, en ese sentido, es posible que en cada caso concreto, bajo el principio pro persona, se opte por la norma que más favorezca al gobernado, con independencia del instrumento en el que se contenga, pues, en realidad existe un solo bloque de derechos humanos. Aunado a ello, se considera hacer mención a lo expuesto por el perito del Estado Mexicano Rogelio Arturo Bárcena Zubieta, durante la audiencia pública del caso García Rodríguez y otro vs México, en la que indicó que si bien la contradicción de tesis 293/2011 introdujo las "restricciones constitucionales expresas", lo cierto es que no existió un pronunciamiento específico al respecto y no se dotó de contenido a esa expresión, como tampoco se clarificaron sus eventuales condiciones de aplicación frente a los derechos humanos de fuente convencional. Por ello, las consideraciones plasmadas en la referida contradicción podrían entenderse en realidad como obiter dicta; es decir, un criterio no vinculante u obligatorio para las y los operadores jurídicos del país. Decisión. Consecuentemente, al considerarse sustancialmente fundado el concepto de violación hecho valer respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, suplidos en su deficiencia, se concede el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En atención a que con motivo de la suspensión concedida en el incidente derivado de este juicio de amparo, mediante resolución de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el juez responsable modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso la prisión preventiva justificada, en términos del artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales al advertir una necesidad de cautela alta, en términos de lo señalado en la fracción I del artículo 168 del dicho código adjetivo, con fundamento en lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, realice lo siguiente: No aplique, en lo presente ni en lo futuro, dentro de la causa penal ********************de su índice, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado, aquí quejoso, ********************. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, consistente en la determinación de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se desechó de plano de la solicitud de audiencia de revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la causa penal ********************, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando sexto; así como para los efectos establecidos en el séptimo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el informe que remite la autoridad responsable; sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, ya se acordó respecto de su contenido. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, refiere que dentro de la causa penal 175/2023, el licenciado José Juan Salinas Paredes, aceptó y protestó el cargo como defensor Público Federal del aquí quejoso Gael de Jesús González, de lo que se toma nota para debido conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante avisos de diecinueve y veinticinco del mes y año en curso, la Coordinación de Jueces de Distrito en Tijuana, Baja California, declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre, así como del veinticinco al veintinueve de octubre, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, con motivo del paro nacional de labores convocado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales; lo anterior, de conformidad con los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que en dichas datas no corrieron términos ni plazos procesales. Diferimiento de audiencia. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las doce horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, misma que se señala hasta esa fecha atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional. Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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