Gabriel Zacarias Barajas

Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1002/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Zacarias Barajas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por desechada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que el apoderado legal la parte tercero interesado ni su abogado autorizado, compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el dos de enero de dos mil veintitrés, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el Juicio de Amparo 335/2021-V, del índice de esta Juzgado. "...Tijuana, Baja California, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1002/2022-VII. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" En ese contexto legal, resulta pertinente traer a colación además lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Luego, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación de la materia vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece la ley reglamentaria del Artículo 107 constitucional para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Es decir, para que un acto sea calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos; por lo que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma evidente el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ello con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración; esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentren en el juicio de amparo directo (contra la sentencia definitiva), que es donde esa violación puede producir una afectación. Precisado lo anterior, en el caso concreto, se advierte que el promovente señaló como acto reclamado el auto de dieciocho de noviembre de la presente anualidad, dictado por el Juez Segundo Penal, dentro de la causa penal 251/2017, mediante el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad, por el cual se ordenó la celebración de la audiencia de vista a través de los medios electrónicos. En esa intelección, es preciso destacar que el desechamiento de plano del recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad, dentro de la causa penal 251/2017 del índice del Juzgado Segundo Penal, tiene efectos meramente procesales en el juicio de origen, lo que implica que no se afecten derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de una determinación o resolución que pueda o no resultar favorable a los intereses del promovente del amparo. Por ende, dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente en el estado procesal del juicio, algún derecho sustantivo del impetrante, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, libertad, propiedad, posesión e integridad personal, de ahí que las consecuencias del acto reclamado son sólo intraprocesales. Máxime que se deduce conforme a lo expuesto, que el acto reclamado destacado, esto es, el desechamiento de plano del recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad, por el cual se ordenó la celebración de la audiencia de vista dentro de la causa penal 251/2017 del índice del Juzgado Segundo Penal, a través de los medios electrónicos, en ninguna medida actualiza una determinación final, o bien lo deja en estado de indefensión en el procedimiento del que es parte; ello pues, no existe un resultado que hasta el momento le cause perjuicio o beneficio al solicitante del amparo; lo que permite concluir que el acto que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional es un acto intraprocesal que no es de imposible reparación, en tanto no afecta materialmente sus derechos sustantivos. Si bien el quejoso se encuentra recluido con motivo de la tramitación de la causa penal, esto no implica que todos los actos que de ella derivan se consideren de imposible reparación, para que se haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues, cualquier violación procesal que no afecte derechos sustantivos, podrá hacerse valer en amparo directo. Por tanto, se reitera, si bien es verdad que la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que el amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación; también lo es, que agrega que esos actos son los que afectan materialmente derechos sustantivos. Hipótesis que como se dijo, no se surte en el presente caso, ya que como se indicó, el acto que aquí se reclama no se traduce en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación, expulsión o destierro, extradición, desaparición forzada de personas ni alguno de los actos a que se refiere el artículo 22 constitucional; ni la afectación a derechos patrimoniales como embargo, multa o algún otro que repercuta de forma directa e inmediata en la esfera jurídica de la parte quejosa. Conforme a lo anterior, se insiste el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación, ya que no afecta materialmente y de forma actual los derechos sustantivos reconocidos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Se invoca en sustento a la determinación tomada la jurisprudencia I.10 A.E. J/5 (10ª.), en materia común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Así, habida cuenta que el acto reclamado trata sobre un acto intraprocesal en el juicio natural que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, que sean de imposible reparación; no queda más que reiterar la improcedencia invocada; y, en vía de consecuencia, resulta conducente considerar que la causa de desechamiento debe prevalecer por notoria y manifiesta; al actualizarse la causal contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, razón por la cual, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por******************** Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, puesto que es clara la naturaleza y efectos que produce el acto reclamado, que no implica una afectación material a sus derechos sustantivos -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -para las partes como para el propio Estado-. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la legislación en consulta, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la constancia glosada en autos. Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico para consulta y envío de promociones por tal medio. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto de los usuarios "********************". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1002/2022-VII. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" En ese contexto legal, resulta pertinente traer a colación además lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Luego, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación de la materia vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece la ley reglamentaria del Artículo 107 constitucional para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Es decir, para que un acto sea calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos; por lo que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma evidente el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ello con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración; esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentren en el juicio de amparo directo (contra la sentencia definitiva), que es donde esa violación puede producir una afectación. Precisado lo anterior, en el caso concreto, se advierte que el promovente señaló como acto reclamado el auto de dieciocho de noviembre de la presente anualidad, dictado por el Juez Segundo Penal, dentro de la causa penal 251/2017, mediante el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad, por el cual se ordenó la celebración de la audiencia de vista a través de los medios electrónicos. En esa intelección, es preciso destacar que el desechamiento de plano del recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad, dentro de la causa penal 251/2017 del índice del Juzgado Segundo Penal, tiene efectos meramente procesales en el juicio de origen, lo que implica que no se afecten derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de una determinación o resolución que pueda o no resultar favorable a los intereses del promovente del amparo. Por ende, dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente en el estado procesal del juicio, algún derecho sustantivo del impetrante, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, libertad, propiedad, posesión e integridad personal, de ahí que las consecuencias del acto reclamado son sólo intraprocesales. Máxime que se deduce conforme a lo expuesto, que el acto reclamado destacado, esto es, el desechamiento de plano del recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad, por el cual se ordenó la celebración de la audiencia de vista dentro de la causa penal 251/2017 del índice del Juzgado Segundo Penal, a través de los medios electrónicos, en ninguna medida actualiza una determinación final, o bien lo deja en estado de indefensión en el procedimiento del que es parte; ello pues, no existe un resultado que hasta el momento le cause perjuicio o beneficio al solicitante del amparo; lo que permite concluir que el acto que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional es un acto intraprocesal que no es de imposible reparación, en tanto no afecta materialmente sus derechos sustantivos. Si bien el quejoso se encuentra recluido con motivo de la tramitación de la causa penal, esto no implica que todos los actos que de ella derivan se consideren de imposible reparación, para que se haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues, cualquier violación procesal que no afecte derechos sustantivos, podrá hacerse valer en amparo directo. Por tanto, se reitera, si bien es verdad que la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que el amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación; también lo es, que agrega que esos actos son los que afectan materialmente derechos sustantivos. Hipótesis que como se dijo, no se surte en el presente caso, ya que como se indicó, el acto que aquí se reclama no se traduce en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación, expulsión o destierro, extradición, desaparición forzada de personas ni alguno de los actos a que se refiere el artículo 22 constitucional; ni la afectación a derechos patrimoniales como embargo, multa o algún otro que repercuta de forma directa e inmediata en la esfera jurídica de la parte quejosa. Conforme a lo anterior, se insiste el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación, ya que no afecta materialmente y de forma actual los derechos sustantivos reconocidos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Se invoca en sustento a la determinación tomada la jurisprudencia I.10 A.E. J/5 (10ª.), en materia común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Así, habida cuenta que el acto reclamado trata sobre un acto intraprocesal en el juicio natural que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, que sean de imposible reparación; no queda más que reiterar la improcedencia invocada; y, en vía de consecuencia, resulta conducente considerar que la causa de desechamiento debe prevalecer por notoria y manifiesta; al actualizarse la causal contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, razón por la cual, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por******************** Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, puesto que es clara la naturaleza y efectos que produce el acto reclamado, que no implica una afectación material a sus derechos sustantivos -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -para las partes como para el propio Estado-. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la legislación en consulta, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la constancia glosada en autos. Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico para consulta y envío de promociones por tal medio. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto de los usuarios "********************". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente al promovente.

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