Gadiel Ruiz Sotomayor

Expediente 562/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
562/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Gadiel Ruiz Sotomayor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    MESA V ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 del Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió y negó la suspensión definitiva, el cuaderno incidental original es depurable después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 562/2020; y, (...) C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo;48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdos Generales Número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Materia del juicio. En atención a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el incumplimiento dado por parte de las autoridades responsables al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinticuatro de marzo .de dos mil veinte, por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), mediante el cual se determina como medida preventiva "Evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerable". Omisión que, a decir del quejoso, pone en riesgo su salud y su vida. Así como también los diversos acuerdos publicados en fecha 31 de marzo, 21 de abril y 29 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, mediante los cuales se amplía el periodo de contingencia. De igual forma la omisión de considerar que el quejoso padece de ASMA PREDOMINANTE ALÉRGICA PERSISTENTE, y que por tanto pertenece a la categoría de grupo vulnerable y la aplicación de las medidas de prevención derivadas del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a fin de proteger su derecho de salud y la vida, así como también los diversos acuerdos publicados en fecha 31 de marzo, 21 de abril publicados en el Diario Oficial de la Federación y 29 mayo de 2020, publicados en el diario oficial de la federación, mediante los cuales se amplía el periodo de contingencia. TERCERO. Negativa de los actos reclamados. La Titular de la Coordinación laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la ciudad de México, en representación de dicho Instituto; la Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativo Desconcentrado Estatal en Oaxaca y el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, negaron los actos que se les atribuyeron, sin que el quejoso hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, razón por la cual, por inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, es procedente sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice dos mil, bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Director del Hospital General de Zona No. 1 en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, no obstante que niega el acto reclamado, manifestó lo siguiente: ".En la especie el quejoso me atribuye la omisión consistente inobservar los acuerdos emitidos por la Secretaría de salud y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de marzo, 21 de abril y 29 de mayo, todos del 2020. Sin embargo, la omisión que me atribuye el quejoso, es inexistente, toda vez que contrario a sus argumentos, el quejoso estuvo en resguardo domiciliario desde el 27 de marzo hasta el día 31 de julio de 2020, lo cual se acredita con el "Formato de personas con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del COVID-19 para el personal del IMSS. Ahora, precisamente observando las medidas implementadas por la Secretaría de Salud específicamente los acuerdos publicados el 29 de mayo de 2020, así como los lineamientos internos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del 03 de agosto de 2020, se procedió a revalorar médicamente a los trabajadores y en su caso establecer el regreso escalonado del personal conforme al semáforo epidemiológico que haya en cada entidad federativa. De esta manera, se citó al quejoso para el día 21 de julio de 2020, para su valoración en el servicio de Prevención y promoción a la salud de los trabajadores del IMSS, sin que el quejoso haya acudido, no obstante fue citado vía correo electrónico y mensajes de texto vía celular. Se adjunta, el correo electrónico. Por lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2020, se le informó al quejoso que debía presentarse a laborar, caso contrario se harían valer los procedimientos administrativos correspondientes, lo anterior, de acuerdo al semáforo epidemiológico. Con base en lo expuesto, se puede conocer que los actos reclamados que me atribuye el quejoso es inexistente, por lo que el presente juicio debe sobreseerse." Sin embargo hace manifestaciones que evidencian su certeza, razón por la cual, se tienen como ciertos los actos que el quejoso le atribuyó. (..) Por su parte, la autoridad responsable señalada como Jefe del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, no rindió su informe justificado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyeron. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En efecto, no se estudiarán los conceptos de violación expresados por la parte quejosa respecto de los actos que reclama, dado que en el caso, se actualiza diversa causal a la que hace valer la autoridad responsable; esto es, la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5º, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el numeral 1° y 5° fracción II de la Ley de Amparo establecen: "ARTÍCULO 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como puede apreciarse del artículo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos reproducidos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. (.) En tal circunstancia, y bajo la interpretación anotada, será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y dada la circunstancia de que los actos aquí reclamados por el quejoso como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativos a la omisión de éste, de otorgarle el resguardo domiciliario por ser persona vulnerable, son actos relacionados propiamente con la relación laboral que sostiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, resulta concluyente establecer que ante la evidencia que entre el solicitante del amparo y el Estado, subyace un vínculo empleado-patrón, y no gobierno-gobernado. Ello, se desprende de lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda y la autoridad responsable, en su informe justificado. Además de su relación se rige por los lineamientos internos del Instituto, como así lo destacó la responsable. ".Ahora, precisamente observando las medidas implementadas por la Secretaría de Salud específicamente los acuerdos publicados el 29 de mayo de 2020, así como los lineamientos internos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del 03 de agosto de 2020, se procedió a revalorar médicamente a los trabajadores y en su caso establecer el regreso escalonado del personal conforme al semáforo epidemiológico que haya en cada entidad federativa. De esta manera, se citó al quejoso para el día 21 de julio de 2020, para su valoración en el servicio de Prevención y promoción a la salud de los trabajadores del IMSS, sin que el quejoso haya acudido, no obstante fue citado vía correo electrónico y mensajes de texto vía celular. Se adjunta, el correo electrónico. Por lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2020, se le informó al quejoso que debía presentarse a laborar, caso contrario se harían valer los procedimientos administrativos correspondientes, lo anterior, de acuerdo al semáforo epidemiológico." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, sostuvo el criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora bien, el acto jurídico a través del cual se realiza la contratación de personal no queda comprendido dentro de aquellas actividades inherentes al objeto o funciones del instituto antes descritas (organismo fiscal autónomo o como ente asegurador), ya que aun cuando el aludido instituto puede actuar como ente público, social o particular, en los casos en que contrata a una persona para trabajar en dicha dependencia, la actuación del titular de dicho instituto, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad entre el Instituto como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio personal subordinado ya sea material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de nómina de los trabajadores. Por ello debe de considerarse que las relaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, al expedir nombramientos o contratos individuales de trabajo, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal jurídico, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A. Por tanto, acorde con ese precepto constitucional, cualquier cuestión que surja con motivo del nombramiento del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe ser ventilado ante los tribunales laborales competentes a través del juicio laboral ordinario pues, se reitera, en este específico caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio del juicio de amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.97/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 152, con registro 182820, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las elaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto". De ello se sigue que el carácter de autoridad, para efectos del juicio de amparo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, deriva del carácter con el que se actúe, ya sea como patrón, como ente asegurador u organismo fiscal autónomo. Ahora en el presente caso, el quejoso en esencia refiere que lo están requiriendo para se reincorpore a laborar, sin tomar en cuenta que pertenece a grupo vulnerable, con lo cual según el quejoso pone en riesgo su salud y su vida, en virtud de que padece de ASMA PREDOMINANTE ALÉRGICA PERSISTENTE; luego el acto reclamado por el quejoso no es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, al ordenarle su reincorporación a sus labores, actuó en un plano de coordinación con el impetrante, derivado precisamente del contrato laboral existente entre ellos. Ello es así, porque la posición de la parte quejosa frente a la responsable no es la de un gobernado, toda vez que éstas no actúan con imperio de su soberanía, sino en un plano de igualdad, es decir, de coordinación y no de supra a subordinación, por motivo que el quejoso les reclama un acto que tiene que ver con la situación contractual que el quejoso ha desempeñado, la cual no puede transformarse por el hecho de que el impetrante de amparo refiera que con ese acto se viola su derecho por considerar estar en uno de los supuestos de personas vulnerables a los que se refiere el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19)", pues las consecuencias que deriven del acto y, si éste es violatorio o no de derechos humanos, no cambian el hecho de que derivan de una relación contractual existente entre la parte quejosa y autoridades dependientes del Instituto del Seguro Social Así, al derivar los actos reclamados de una relación contractual entre la impetrante de amparo y las autoridades responsables, es que dicho acto se trata de un conflicto entre particulares en un plano de igualdad, en cuyo caso, las partes involucradas pueden acudir a los tribunales ordinarios para que, coercitivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, donde existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con Registro digital: 169684, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 77/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Mayo de 2008, página 72, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL COMPARECER AL JUICIO LABORAL COMO PATRÓN QUEDA DESPROVISTO DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD. De los artículos 2, 3, 4, 5, 5 A, 251, 256, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y además de tener la función de ente asegurador y autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de patrón, cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, cuando en un procedimiento laboral el Instituto referido es demandado por sus trabajadores debe comparecer al juicio desprovisto de imperio, quedando sujeto a las reglas del procedimiento laboral como cualquier patrón." Sin que resulte un obstáculo a lo anterior, que el quejoso acuda a través de la acción constitucional reclamando a su empleador una omisión que, desde su perspectiva, pone en riesgo su salud y transgrede su derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cabe aclarar que no por el sólo hecho que se aduzcan violaciones al derecho a la protección de la salud, los actos reclamados constituyen necesariamente un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, debido a que la salud como bien jurídico y en el contexto actual, no se encuentra únicamente tutelada en normas de carácter administrativo y que toda omisión en garantizarla deba ser considerada como un acto de autoridad, pues la protección de dicho derecho corresponde tanto al Estado como a los empleadores. Al margen de lo anterior, respecto de su padecimiento ASMA PREDOMINANTE ALÉRGICA PERSISTENTE, la autoridad responsable expuso que no se encuentra dentro de las contempladas por la Secretaría de Salud, para considerarlo como persona vulnerable, pues solo se refiere a mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, adultas mayores de sesenta años, personas con diabetes o hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo, epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula. Sin que el quejoso ofreciera prueba para desvirtuar lo expuesto por dicha responsable. En tales circunstancias, dada la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por(.) SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA PARA SU PUBLICACIÓN EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO)

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veinte se ordenó notificar al quejoso para que manifestara si ampliaba o no su demanda, respecto del oficio número 210101200200/DIR/053/2020 de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, puntualizado en el informe justificado del Director del Hospital General de Zona No. 1 en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que a la fecha obre la constancia respectiva. Sin embargo, tomando en consideración que en el presente asunto se reclama el incumplimiento dado al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24/03/2020, por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID19), mediante el cual se determina como medida preventiva "evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerables; omisión que pone en riesgo su salud y su vida, por lo cual encuadra en la hipótesis del artículo 4º, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 13/2020, instrúyase al actuario para que a la brevedad, realice la notificación correspondiente. En tal virtud, para dar margen a la recepción del informe en cita, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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