Gabriella Gandarillas Matus

Expediente 481/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
481/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Gabriella Gandarillas Matus

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 481/2020; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la Litis. En el caso que nos ocupa, la quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en la omisión por parte de la responsable en dar contestación a su escrito de nueve de junio de dos mil veinte. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo del contenido del mismo, se aprecia su existencia debido a que manifestó que mediante oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/00473/2020 emitió contestación al escrito de la quejosa. CUARTO. Causas de Improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, 1º y 5º, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como puede apreciarse del artículo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos reproducidos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conviene precisar que para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, debe tomarse en cuenta, acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en lo que no se oponga al nuevo marco constitucional y legal, la jurisprudencia integrada conforme a la ley de la materia abrogada. Para tal fin, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterio consultable en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza a foja 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, se estima que un particular podrá ser autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando: a) La existencia de un particular establezca una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota a un particular de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, los actos equivalentes a los de autoridad serán aquéllos que sean ejecutados por particulares, con las características apuntadas y además, sus funciones estén determinadas por una norma general. Luego, a contrario sensu, los particulares no serán autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando no cumplan con lo anterior. En otras palabras, del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubique en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese contexto, es evidente que el acto reclamado, consistente en la omisión por parte de la responsable para dar contestación al escrito de la quejosa de nueve de junio de dos mil veinte, deriva de la relación laboral que existe entre ellos; tal circunstancia se corrobora con el original del escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, del cual se desprende que la aquí quejosa se encuentra adscrita al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Bajo esa perspectiva, con dicho acto jurídico adquirieron derechos y obligaciones reciprocas, en un plano de igualdad; por lo que cualquier controversia que se suscite en esa relación (como sucede en el presente caso), respecto del acto que reclama el quejoso, no entraña una violación de derechos, sino simplemente es en su caso, una omisión de la responsable, en su calidad de superior jerárquico en la relación que sostienen. Bajo esas circunstancias, resulta procedente sobreseer el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, por actualizarse la causal de improcedencia estipulada en el artículo 61 fracción XXIII, 1º y 5º, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Respalda esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (.) , en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Dése vista a las partes con el referido informe por un término genérico de ocho días. Atento a lo anterior, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano