GABRIELA ZEPEDA ZARAGAZA y Otros.

Expediente 330/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
330/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • GABRIELA ZEPEDA ZARAGAZA y Otros.
  • Santa Norma Finkenthal Rios

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de ese asunto, el cual quedó registrado bajo el número 1822/2021 de su estadística. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. ? VALORACIÓN: No es de relevancia documental. ? DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 20, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del expediente y el estampado de los sellos pertinentes en su carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    ... Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, todos por derecho propio, contra actos que reclaman al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, que consideran violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 6, parte A, 16, 20 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 330/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. REPRESENTANTE COMÚN Como lo solicita la parte promovente, téngase como representante común a *** en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA Toda vez que la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal, que debe ser examinado al proveerse sobre la demanda, se procede a su estudio. De la lectura integral del ocurso de demanda, se evidencia que la promovente reclama: "IV. ACTOS RECLAMADOS Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras (Cámara de Diputados; Cámara de Senadores), el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación del 16 de abril del 2021; y Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por el Decreto por la publicación y entrada de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como al Diario Oficial de la Federación por la publicación del mismo en la página oficial: https://dofmobnix/notadetalle.php?codido=56161658Jecha=16/04/2021 Se reclama de la Secretaria de Gobernación, por la rúbrica de visto bueno por el que se expidió el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del 2021; y Se reclama del Secretario de Comunicaciones y Transportes, la ejecución de lo dispuesto en la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del año 2021." Ahora, a fin de verificar si suscrita cuenta legalmente con competencia para conocer de la demanda que nos ocupa, es necesario establecer lo siguiente. De los artículos 28 y 94, párrafo sexto de la Constitución, se advierte que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación se creó una subespecialidad en materia administrativa vinculada con temas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo conocimiento, corresponde a los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Para tal fin, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región", emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, el siete del mismo mes y año, cuyos artículos segundo, sexto, octavo y décimo segundo, prevén la creación, atribuciones e inicio de funciones de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, a partir del diez de agosto de dos trece. De lo anterior se advierte que a partir de la reforma constitucional de junio de dos mil trece, se creó en el ámbito jurisdiccional de los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, una subespecialidad inmersa en la materia administrativa, vinculada con temas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo conocimiento, corresponde a los referidos órganos jurisdiccionales especializados. Conforme a este marco normativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios relacionados con actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales. Uno de ellos es la jurisprudencia 2a./J. 44/2018 (10a.): "LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LAS TRANSMISIONES RADIODIFUNDIDAS Y DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE DEMANDA SU INCONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. De acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 119/2015 (10a.), corresponde a los Juzgados de Distrito y a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa conocer de los juicios de amparo y de los recursos respectivos cuando el asunto de que se trata verse sobre cuestiones relacionadas con los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones, que no entrañen el análisis de aspectos técnicos de su regulación, como acontece con los lineamientos referidos, que emite el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, quien tiene el carácter de autoridad administrativa, pues si bien tienen incidencia en la prestación de tales servicios y, por ende, forman parte del marco normativo que regula los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cierto es que no comprenden aspectos técnicos que por su complejidad requieran ser analizados por los órganos especializados, pues únicamente establecen los criterios que deben observar los concesionarios y los prestadores de los servicios públicos citados para clasificar los contenidos de los materiales grabados para efecto de su transmisión, de lo que se sigue que corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo en el que se reclame la inconstitucionalidad de los lineamientos mencionados." En la contradicción de tesis 348/2017, de la cual derivó el anterior criterio jurisprudencial, la Segunda Sala determinó lo siguiente: .debe tenerse en cuenta que, al resolver la diversa contradicción de tesis 49/2015, esta Segunda Sala determinó que corresponde a los Juzgados de Distrito y a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones conocer de los juicios de amparo y los recursos respectivos cuando el asunto de que se trata entraña el análisis de aspectos técnicos de la regulación de las materias de su especialidad, con independencia de la naturaleza del derecho que se aduce violado; tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.), que se lee bajo el rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN."(2). Para arribar a tal conclusión, se precisó que, de acuerdo con la diversa jurisprudencia 2a./J. 24/2009,(3) la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la cual se puede establecer "mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda y, en todo caso, prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes." Asimismo, se estableció que "el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; materia que, al ser sumamente amplia, requirió la creación de subespecialidades, como los son el derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, entre otras, respecto de las cuales se requieren conocimientos técnicos del juzgador para efecto de dilucidar la controversia." En ese contexto, se tomó en consideración que el objeto fundamental de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, acaecida en el mes de junio de dos mil trece, estriba en reglamentar el derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de las telecomunicaciones, dejándose su aplicación a cargo de órganos autónomos, cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto, destacándose la necesidad de que el conocimiento de esos asuntos corresponda a órganos jurisdiccionales especializados en la materia, "con el objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica", lo que también "permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad." Así, se sostuvo que las razones que motivaron la creación de los referidos órganos jurisdiccionales, son: a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos. b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación. c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas. d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social. e) decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad. . Otro de ellos es la jurisprudencia 2a./J. 45/2018 (10a.): "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LA VERIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando en un juicio de amparo se reclaman cuestiones concernientes a la verificación de la regularidad constitucional de los artículos que establecen las funciones de las autoridades respecto de la planeación, regulación, administración, control y supervisión del servicio público y privado de transporte, incluyendo la operación de las empresas de redes de transportes y aun cuando dicho análisis se proponga a la luz del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que deberá resolver la temática propuesta, es necesario atender a la naturaleza de las normas reclamadas; al respecto, las pertenecientes al derecho administrativo están vinculadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración, mientras que las de naturaleza administrativa especializada en competencia económica, regulan las características estructurales del mercado, previendo hechos o actos de los agentes económicos que tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para contender en los mercados. Por tanto, en virtud de que la naturaleza de las normas combatidas no se relaciona con la permisión o prohibición de conductas anticompetitivas, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, la competencia para conocer de los juicios de amparo recae en los órganos jurisdiccionales en materia administrativa." En la contradicción de tesis 3/2018, de la cual deriva este criterio jurisprudencial, se concluyó: .en cuanto a la especialización en competencia económica, esta Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), que derivó de los conflictos competenciales 1/2014, 84/2014, 265/2015, 9/2016 y 27/2016 dispuso que en atención a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, conforme el contenido del numeral 28 constitucional. Apuntó que se entiende por la primera la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. La jurisprudencia en comento es visible en la Décima Época, «Gaceta del» Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, materia común, página 1092, de rubro: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser analizados, estudiados y dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de los aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. En ese sentido, en atención a la finalidad con la que se crearon dichos órganos especializados, para la resolución de esta contradicción de tesis se requiere determinar centralmente, la naturaleza de los actos reclamados, es decir, esclarecer si el análisis de la normatividad de tránsito mediante la que se regula el acceso y operación de las empresas de redes de transporte (ERT'S) al mercado de servicios de esa naturaleza, requiere conocimientos técnicos especializados en materia de competencia económica; al implicar en forma directa temas de libre concurrencia y competencia. En la ejecutoria que resolvió el conflicto competencial 27/2016, en sesión de cuatro de abril de dos mil dieciséis, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado Especializado, fue puntual en cuanto a que, para que se actualice la competencia de un tribunal especializado, se requiere que el acto se vincule con aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En los asuntos que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES", determinó que para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto y de la autoridad responsable, de modo que se surte la competencia en favor del tribunal especializado, cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En cambio, cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Posteriormente, al resolver los conflictos competenciales 110/2016, 111/2016, 177/2016 y 323/2017 en sesiones de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, uno de marzo y veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, con apoyo en la citada jurisprudencia 2a./J. 84/2016, que si la resolución reclamada no se vincula con las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y fue emitida por una autoridad administrativa en aplicación de disposiciones que regulan procedimientos administrativos, entonces la competencia se surte en favor de los tribunales administrativos genéricos. También interesa señalar que el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver la contradicción de tesis 5/2014, sustentó el criterio jurisprudencial PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO" en el que se estableció que debe ponderarse la naturaleza del acto reclamado y, a partir de su objetiva constatación, podrá determinarse qué órgano jurisdiccional deberá conocer del asunto. Bajo el contexto descrito, se procede a analizar si la reforma impugnada, encuadra en los asuntos de competencia exclusiva de los Juzgados Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Del contenido de dicho Decreto, se advierte que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en los artículos 180 quater, 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 septimus. La reforma a los citados preceptos establece: "Artículo 180 quater.- El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto.... Artículo 15.-... fracción XLII bis. Instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes, así como establecer los procedimientos para validar la información que deba incorporarse al mismo conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que establezca para tal efecto; Artículo 176.- El Instituto llevará el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará integrado por el Registro Público de Concesiones, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones aplicables que se emitan. Artículo 180 bis.- El Instituto expedirá las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual es una base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que cuenten con número del Plan Técnico Fundamental de Numeración y cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil presume, con independencia de lo previsto en las leyes aplicables, la existencia de la misma, su pertenencia a la persona que aparece en aquél como titular o propietaria, así como la validez de los actos jurídicos que se relacionan con el respectivo contrato de prestación de servicios en sus diferentes modalidades y que obran en el Padrón salvo prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 180 Ter. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá, sobre cada línea telefónica móvil, la información siguiente: I. Número de línea telefónica móvil; II. Fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM; III. Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario; IV. Nacionalidad; V. Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea; VI. Datos Biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto; VII. Domicilio del usuario; VIII. Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados; IX. Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago, y X. Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo. Para efectos de este artículo, se entenderá como tarjeta SIM al dispositivo inteligente desmontable utilizado en los equipos móviles, con objeto de almacenar de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante determinada red. Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto. Artículo 180 Quintes. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, deberán recabar e ingresar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Para efectos de lo anterior se utilizarán medios digitales y se permitirán medios remotos, siempre que se garantice la veracidad e integridad de la información, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que emita el Instituto. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, registrarán la información relativa a altas, bajas, y demás movimientos asociados a la línea telefónica móvil, que permitan mantener actualizado el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Los avisos a que se refiere el artículo 180 Ter, fracción X, de esta Ley se presentarán por los medios y en los plazos que se establezcan en las disposiciones administrativas de carácter general que emita el Instituto, considerando las tecnologías y métodos más modernos y de fácil utilización. En caso de que el aviso contenga datos equívocos o incongruentes con los asientos que obren en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Instituto prevendrá al concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, al autorizado que haya presentado el aviso para que realice las aclaraciones respectivas, de conformidad con las disposiciones administrativas aplicables. El usuario titular del servicio que no reconozca como propio un número de línea telefónica móvil vinculado a su nombre o denominación social, podrá solicitar al Instituto, al concesionario de telefonía o, en su caso, al autorizado, la actualización de la información correspondiente o su baja del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de conformidad con lo establecido en las disposiciones administrativas aplicables. La baja de un número de línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no implica la eliminación del registro correspondiente, el registro del número asociado a dicha persona se mantendrá por un plazo de seis meses. Artículo 180 Sextus. El Instituto validará y corroborará la información del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil conforme a los sistemas y procedimientos informáticos que resulten aplicables y, en su caso, podrá solicitar a los concesionarios las aclaraciones pertinentes sobre los datos registrados. Artículo 180 Septimus. El Instituto habilitará los mecanismos de consulta para que cualquier persona física o moral que acredite fehacientemente su personalidad pueda consultar únicamente los números telefónicos que le están asociados. La información contenida en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil a que se refiere el artículo 180 Bis será confidencial y reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Las autoridades de seguridad de procuración y administración de justicia, que conforme a las atribuciones previstas en sus leyes aplicables cuenten con la facultad expresa para requerir al Instituto los datos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, podrán acceder a la información correspondiente de acuerdo con lo establecido en los artículos 189 y 190 de esta Ley y demás disposiciones relativas. Dada la naturaleza de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional estima que el análisis constitucional, debe realizarlo un Juzgado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. En efecto, de acuerdo con los criterios antes descritos, se concluye que la competencia en favor de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones se surte en aquellos asuntos que entrañan el análisis de aspectos técnicos de la regulación de las materias de su especialidad (competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones), con independencia de la naturaleza del derecho que se aduce violado. Esto es, debe atenderse centralmente a la naturaleza del acto reclamado, dado que la creación de los órganos jurisdiccionales especializados obedeció, entre otras cosas, a la necesidad de la existencia de órganos jurisdiccionales que conocieran los aspectos técnicos de alta complejidad que existen en estas sub-materias para lograr la aplicación efectiva de la normatividad de las mismas. Así, considerando por una parte que la materia de competencia económica tiene relación con las características estructurales del mercado, los hechos o actos de los agentes económicos o de las autoridades que tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar la capacidad de los agentes económicos para contender en los mercados y, por otra parte, que las medidas impugnadas inciden directamente en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, este tribunal considera que el presente asunto corresponde a la materia de competencia económica, ya que para su resolución se requieren conocimientos técnicos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones. De ahí la incompetencia legal de la suscrita para conocer de la demanda de amparo, pues en el caso, existen Juzgados de Distrito especializados que tienen esos conocimientos técnicos. Por tanto, remítase al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, el original del presente juicio de amparo 330/2021, solicitando atentamente informe si acepta o no la competencia planteada. CUADERNO DE ANTECEDENTES Con impresión de la demanda de amparo, así como la papeleta de turno fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN PERSONAL En virtud de la resolución adoptada, se considera innecesario ordenar la notificación personal del presente acuerdo a la parte quejosa, dado que este juzgado consideró carecer de competencia legal para el conocimiento del asunto y, en consecuencia, corresponderá al juez que se considera competente efectuar el respectivo pronunciamiento por ser el facultado para resolver lo que en derecho proceda sobre la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS, Asimismo, a ***, se le tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y a las demás personas que menciona en su ocurso de cuenta, se les tiene como sus autorizados en términos restringidos del citado numeral; en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Por otra parte, el correo electrónico que se proporcionó con la etiqueta con la que presentó la demanda, constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se le invita a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese.

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