Gabriela Quiroz Barroso

Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
854/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Quiroz Barroso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL ACUERDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Irapuato, Guanajuato, catorce de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la promovente, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveídos de veintiuno de junio y seis de julio del año en curso; pues amplía los antecedentes del acto reclamado. En esas condiciones, se provee: ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, de la lectura integra de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente reclama la privación de la posesión del inmueble ubicado en calle ********, derivado, derivado del auto de catorce de junio de dos mil veintidós que, haciendo efectivo un previo apercibimiento, ordenó poner a la parte actora en posesión del inmueble materia de litis en un juicio civil en el cual él tiene el carácter de parte demandada, compareció y fue condenado. Al efecto, este Juzgado Federal advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con la disposición legal transcrita, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, siendo que solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será aquélla que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; en que también deberán ser alegadas todas las transgresiones sufridas por el gobernado en la respectiva etapa. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene asentar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en sus escritos de demanda y aclaratorio, consisten en los siguientes: 1.- La parte quejosa es parte demandada en el expediente *** del índice del Juzgado de Partido Cuarto Civil de esta ciudad, en que le fue reclamado el interdicto para recuperar la posesión sobre el inmueble ubicado en ****, así como el pago de gastos y costas procesales, juicio en el que fue emplazada y el dos de octubre de dos mil veinte contestó la demanda instaurada en su contra. 2.- Seguido el juicio en sus trámites legales, el diez de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria contra la quejosa y diversos codemandados. 3.- Inconforme con esa resolución, la quejosa interpuso recurso de apelación que, previa substanciación, la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó la resolución recurrida. 4.- Con motivo de lo anterior, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a lo que la Justicia de la Unión no amparó a la quejosa. 5.- El catorce de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable determinó que la sentencia había causado ejecutoria y ordenó poner en posesión física y material a la parte actora el bien inmueble materia de la litis. De lo expuesto se desprende que respecto del acto en estudio, se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la solicitante del amparo fue llamada a juicio como demandada, por lo que es parte formal y material en el juicio de origen, y el acto fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia. En este orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, como en el caso que se analiza, el amparo indirecto solo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, lo que se traduce en aquella resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien aquella que ordene el archivo del expediente; lo que en el caso no es así, pues como se precisó, a través del acto reclamado, el juez del conocimiento ordenó poner en posesión física y material a la parte actora, del bien inmueble en atención a una sentencia ejecutoriada dictada en su contra, esto es, el acto que en esta vía reclama es una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional dictada en el juicio natural en el que precisamente se reclamó el interdicto de recuperar la posesión y que ahora se pretende ejecutar, al haberse resuelto en su contra y que adquirió firmeza legal. De ahí que esa determinación de ningún modo constituyen alguna de las que la ley establece como la última en fase de ejecución, sino que es uno intermedio, cuyo objeto directo es ejecutar una determinación jurisdiccional que ya fue previamente analizada. Por consiguiente, si a la quejosa le causa agravio un acto procesal dictado en dicha etapa, como lo es el acuerdo reclamado, en el que se ordena poner en posesión física y material a la parte actora, del bien inmueble, deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo. Tampoco se está en el caso de que lo reclamado constituya un acto que goce de autonomía destacada en relación con la emisión y ejecución del acto reclamado, lo que torna la improcedencia del amparo, de forma manifiesta. Esto porque los actos de autonomía propia y destacada en la fase ejecutiva, son aquellos que resuelven cuestiones accesorias a la propia ejecución, dictados con independencia del resultado final con que concluya dicha ejecución, esto es, no son aquellos que pueden estimarse reparables en la última resolución que se pronuncie; mientras que, en el caso, como ya se anticipó, el acto que se impugna guarda relación con la ejecución de la sentencia ejecutoriada en la que precisamente se ordenó la entrega de la posesión del inmueble al ser ésta la acción ejercitada en su contra, por lo que en su cumplimiento se ordenó poner en posesión física y material a la parte actora, del bien inmueble que aquí defiende la quejosa, con ello lo que se pretende es lograr su cumplimiento, sin que esté dotado de autonomía destacada. Entonces, será hasta que mediante resolución definitiva se provea lo concerniente a la conclusión de la fase ejecutiva, es decir, hasta 1) la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, 2) se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o 3) se ordene el archivo definitivo del expediente; cuando se pueda activar el amparo y reclamar, en su caso, las violaciones cometidas por la autoridad responsable. Sostiene lo anterior, el contenido y consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022499, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Por otra parte, se tiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontece cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del quejoso, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso no se actualiza el supuesto de excepción de que el acto reclamado, parte de un procedimiento de ejecución, produzca efectos de imposible reparación ajenos a la sentencia que se ejecuta, dado que la sentencia dictada en el juicio de origen es cosa juzgada y el acto reclamado es precisamente su consecuencia. Aun cuando pudiera considerarse que sí trasciende a derechos sustantivos, lo importante es que esos efectos coinciden exactamente con lo resuelto y ejecutable. Lo resuelto por la responsable en la determinación reclamada no es ajeno a lo decidido en la sentencia, esto es, la supuesta o posible afectación no es autónoma a la cosa juzgada, sino precisamente materializando la ejecución de la condena. De modo que, la ejecución de sentencia no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el segundo párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, sino que deberá culminar ese procedimiento hasta que se emita la última resolución en esa etapa, en que tendrá la oportunidad de hacer valer las violaciones que considera se cometieron en dicha fase y que lo hayan dejado sin defensa. Por los motivos que informan, tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". (énfasis añadido) Por lo expuesto, el acto reclamado descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen sino uno intermedio, por lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial pues, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquélla como la que, en su caso, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, de manera manifiesta e indudable; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, seis de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la promovente, mediante el cual, refiere dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiuno de junio del año en curso; Ahora bien, para realizar el pronunciamiento correspondiente, se precisa que dicho requerimiento consistió en lo siguiente: "(.) PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con los numerales 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y, consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio: Amplíe los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, toda vez que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que si bien es verdad que la parte promovente narra los hechos del acto, lo cierto es que no se advierte de forma clara el origen del acto reclamado, el estado actual del juicio y su desarrollo. De modo que, tendrá que exponer los hechos que precedieron a los actos que señala como reclamados de manera clara, precisa y cronológica, así como estado procesal del juicio del que emana el acto reclamado, los cuales deberá expresar con sujeción a la verdad. Lo antes expuesto, por ser datos que resultan necesarios para fijar la litis constitucional y estar en condiciones de proveer lo conducente respecto de la demanda planteada, siendo que esa información corresponde a los antecedentes del acto reclamado, los cuales, constituyen un requisito formal del citado libelo actio. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que en caso de no atender lo requerido en este acuerdo en los puntos que anteceden, dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. (.)" De lo anterior, se tiene que la parte promovente no cumple debidamente la citada prevención, toda vez que, si bien amplía los antecedentes del acto reclamado, lo cierto es que pese al desarrollo de los antecedentes que expuso, de la narrativa no se advierte la acción reclamada que dio origen al juicio natural así como el tipo de juicio, ni mayores elementos de éste, los que resultan indispensables para conocer la pretensión que tiene la parte quejosa. En tales condiciones, toda vez que la parte promovente no dio cumplimiento a la prevención efectuada en auto de veintiuno de junio del año en curso, requiérasele de nueva cuenta para que cumpla con dicha cuestión. Se informa a la parte promovente que cuenta con el término de dos días a efecto que atienda lo requerido en el presente acuerdo, que se contará a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de prevención para el caso de no hacerlo; lo anterior, en atención a que su ocurso aclaratorio fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el cuatro de los corrientes, es decir, el cuarto día del término de cinco que se concedieron para que desahogara esa carga procesal, por lo que tal circunstancia interrumpe dicho plazo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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