Gabriela Talledos Salazar

Expediente 150/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
150/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Talledos Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, promovido por ----------, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . En este sentido, SE ESTIMA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE PRINCIPAL, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, a través del cual rinde informe justificado el: Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Por otra parte, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que ofrece la responsable. Ahora bien, vistas las constancias del laudo emitido en el juicio laboral SAT761/2010, de oficio el suscrito advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho ordinal 61 en su fracción XXI, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto legal parcialmente trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. Para una mejor comprensión de la causa de improcedencia advertida de oficio por este Juzgador, resulta necesario tener presente lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese sentido, la cesación de los efectos del acto reclamado, se traduce en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate. Con el fin de verificar que se actualiza dicha causal, conviene precisar que el acto reclamado en el presente juicio constitucional es el siguiente: La omisión de dictar laudo. Ahora bien, de las constancias enviadas por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que el trece de abril de dos mil veintiuno, fue emitido el laudo dentro del expediente laboral SAT761/20210; circunstancia que se corrobora con las documentales que adjuntan a su ocurso de cuenta; constancias que merecen eficacia probatoria plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, por ser documentos públicos Por tanto, se estima que de concederse la protección en este juicio de amparo, existiría la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia; en la especie, el de obligar a la autoridad responsable a emitir el laudo en el expediente laboral SAT761/20210. En consecuencia, al haberse demostrado la cesación del acto que se combate, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el juicio, atento a lo establecido en el numeral 63, fracción V de la citada ley de la materia, y en cumplimiento del deber que impone la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, de estudiar las causales de improcedencia por ser de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causa de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento, sin necesidad de esperar la hora de la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de la justicia, que contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas trescientos ochenta y seis y trescientos ochenta y siete del Tomo XVII, marzo de dos mil tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III, y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de la causales de improcedencia previstas por el articulo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente lo que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo en retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competente e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, en razón de la presente determinación. Notifíquese personalmente a la quejosa por medio de lista en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de MéxicoCon fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Gabriela Talledos Salazar, a través del cual, desahoga la prevención formulada en auto de once de marzo de dos mil veintiuno. En tales circunstancias, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Gabriela Talledos Salazar, por su propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, con fundamento en los artículos 103, 107, fracción VII Constitucionales: 1°, fracción I, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ADMITE. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la legislación de la materia, pídase su respectivo informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, deberá remitir copia certificada, legible y completa, de las constancias que sirvieron de base, en su caso, para emitirlo, pues se estima serán necesarias para la resolución del asunto, con objeto de acatar el imperativo del artículo 17 de la Carta Magna, en el entendido que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, manifestando bajo protesta de decir verdad que constituyen su totalidad. Requiérase a la autoridad responsable para que en el momento de que cesen los efectos del acto reclamado, o bien ocurran otras causas notorias de sobreseimiento lo informe a este Juzgado Federal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención que legalmente le corresponde, siendo un hecho notorio para este Juzgado, que se cuenta con su correo electrónico, por lo cual, notifíquese por ese medio electrónico. Asimismo, en atención al contenido de la jurisprudencia 2a/J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1253, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo dos, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se informa a la autoridad responsable que únicamente se le notificará mediante oficio las determinaciones que sean de trascendencia y mediante lista de estrados el resto de los acuerdos que carezcan de tal relevancia. Hágase del conocimiento de las partes que se señalan las diez horas del veinte de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presentes en la audiencia constitucional de manera virtual, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia y proporcionen además una dirección de correo electrónico para que personal de este Juzgado realice el enlace correspondiente; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación. Si las partes asisten al desahogo de la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play En caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia, ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia, de manera física o en línea. Ahora bien, en términos del ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humana, así como la documental que exhibió a su escrito inicial, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia de ley; no así la instrumental de actuaciones, toda vez que es obligación de este juzgador tomar en cuenta todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, por lo que no es necesario que las partes la ofrezcan. Por otro lado, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Ahora bien, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo institucional electrónico luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial, así también, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de las nueve a quince horas, de lunes a viernes. Infórmese a las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, sin que se tramite el incidente de suspensión correspondiente, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, por medio de la cual la quejosa ********************, exhibe la tercera publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, así como la realizada en el periódico "Reforma", a efecto de emplazar a los terceros interesados ******************** y ********************, al presente juicio de amparo. En consecuencia, se tienen por exhibidas las publicaciones en mención, para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes por lista, en términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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