Gabriela Marilu Torres Romay

Expediente 319/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
319/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Marilu Torres Romay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio el cual, el Juez Octavo Civil de Primera instancia del distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio 19095/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo del archivo definitivo de este juicio. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que fue conminada dicha autoridad, respecto del citado acuse. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar y toda vez que mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se determinó que el fallo protector había quedado cumplido, sin que las partes hicieran manifestación alguna al respecto, en el término de quince días que concede el artículo 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación y con fundamento en el artículo 196 del ordenamiento legal antes invocado, se ordena el archivo definitivo del presente expediente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; capítulo séptimo, numeral 18 inciso b), y, capítulo octavo, numeral 20 fracción II, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ." En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y la sentencia definitiva dictada en el expediente principal, de las cuales se ordena el desglose en su oportunidad; asimismo, se ordena se realice la copia digitalizada de las mismas. Respecto de los cuadernos incidentales derivados del presente asunto al haberse negado la suspensión provisional y la suspensión definitiva, ambos cuadernillos son susceptibles de destrucción. De igual manera, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. En ese orden, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas relativas al expediente 574/2014, constantes en cinco tomos, que remitió el Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, como complemento a su informe justificado; por tanto, se ordena su devolución, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que en el término de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le envían. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los que obran en copia certificada; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, correrán igual suerte que el presente expediente. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que puedan acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado para poder agendar la citada solicitada. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y constancias enviadas por el Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad; sin que a la fecha hayan hecho manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabriela Marilu Torres Romay, en su calidad de Albacea única y universal heredera de la sucesión de Victoria Amalia Celorio y Reyna, en contra del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos y fundamentos expresados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia." Resolución en la que se especificaron los efectos para los que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, esto es, para que la autoridad responsable Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 574/2014, en el que inadmitió el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintinueve de octubre del citado año; y, 2. Atento a las consideraciones que anteceden, emita otro debidamente fundado y motivado, en el que de no existir diverso motivo de improcedencia admita el medio de impugnación de que se trata." Luego, mediante auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y en dicho auto se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable en los términos antes precisados. Posteriormente, por proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, para lo cual remitió copias certificadas del auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 574/2014, del que se advierte que dejó insubsistente el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, y determinó admitir el recurso de revocación interpuesto por la quejosa Gabriela Marilu Torres Romay, en su calidad de albacea única y universal heredera de la sucesión de Victoria Amalia Celorio y Reyna, en contra el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Constancias descritas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por tanto, en concepto de este juzgador, fueron satisfechos los lineamientos expuestos en la sentencia de amparo, que le fueron señalados a la responsable en la ejecutoria correspondiente, ya que el Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 574/2014, dejó insubsistente el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, y admitió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa Gabriela Marilu Torres Romay, en su calidad de albacea única y universal heredera de la sucesión de Victoria Amalia Celorio y Reyna, en contra el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Por lo que debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, al haberse agotado la obligación que emanó de la concesoria, debido a que la autoridad responsable cumplió con las directrices a que constriño la protección constitucional, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Hágase del conocimiento de la partes el presente acuerdo para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y exhibe las constancias que corroboran su dicho. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio de cuenta y con copia de las documentales que se adjuntan al mismo; para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que en caso de ser omisas se determinará respecto del cumplimiento de la ejecutoria, basándose en las constancias remitidas por la responsable a los presentes autos. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, quien actúa con María del Rosario García Lara, Secretaria que da fe.

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