Gabriela Sánchez Morales

Expediente 1070/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1070/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Sánchez Morales
  • Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1070/2023, promovido por ***, en su carácter de apoderado de ********************, contra el acto dilatorio de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. ANTECEDENTES De la información que se tiene acreditada en el expediente, consta que ******************** presentó una demanda laboral en contra de AFORE XXI Banorte, sociedad anónima de capital variable (parte demandada en el juicio natural). Dicha demanda le correspondió conocer a la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, quien la radicó bajo el número********************/********************. Seguida la secuela del juicio, por audiencia incidental de diecinueve de junio de dos mil veintitrés (programada para el desahogo de pruebas y alegatos en incidencia respectiva) a la que únicamente compareció la parte actora, se tuvo a esta última ofreciendo pruebas, produciendo alegatos, desahogándose los medios de convicción que ofreció y se ordenó turnar los autos para la elaboración la interlocutoria correspondiente, siendo esto el último dato que se tiene en relación el expediente natural. Sin que a la fecha se haya emitido la resolución incidental correspondiente en el aludido asunto; circunstancia que constituye el acto reclamado en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se recibió vía electrónica el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, la que por cuestión de turno fue remitida a este Juzgado Federal en la misma fecha. En proveído de treinta de octubre siguiente, se: i) radicó bajo el consecutivo 1070/2023, ii) admitió a trámite, iii) solicitó informe justificado a la autoridad responsable, iv) otorgó intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito y v) señaló fecha para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la presidenta de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de dictar la interlocutoria correspondiente en el incidente de liquidación relativo al expediente laboral********************/********************. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La presidenta de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto reclamado; por tanto, se le tiene como plenamente probado. Lo que se corroboró con la constancia que allegó la junta responsable a su informe, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y del que se advierte la existencia del acto reclamado. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". CAUSALES DE IMPROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DEL ASUNTO Ahora bien, respecto al acto reclamado, son sustancialmente fundados los conceptos de violación invocados por la parte quejosa y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Así, una vez que se ha precisado que el motivo de inconformidad trasciende a la garantía de debido acceso a la justicia, a fin de abordar el fondo del asunto, deben conocerse los alcances de dicha garantía: En el artículo 17 constitucional se establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2ª L/2002, que indica: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia P/J 113/2001 emitida por el aludido Tribunal Pleno, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto de la garantía de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija plazos y términos para el dictado de la resolución de cuya ausencia de su emisión se duele la parte peticionaria. Así, el acto que por esta vía se combate consistente en la omisión de resolver el incidente de liquidación correspondiente en el juicio laboral********************/******************** del índice de la Junta responsable, se encuentra regulado en los numerales 761, 762, 763, 838 y 843 de la Ley Federal de Trabajo que rigen el acto reclamado, establecen lo siguiente: "Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley." "Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad; Competencia; Personalidad; Acumulación; y Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." "Artículo 838.- El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." "Artículo 843.- En las sentencias, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalará las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación." De los preceptos anteriores se advierte que los Tribunales cuentan con veinticuatro horas para la celebración de la audiencia incidental, en que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva dicho incidente o tratándose de incidente de previo y especial pronunciamiento, emitir la resolución correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas después de la referida diligencia. Partiendo de lo expuesto, es claro que asiste razón a la quejosa, en cuanto a que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos, lo anterior es así, ya que desde el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca celebró la audiencia incidental de liquidación promovido por la parte actora ordenando turnar los autos para la elaboración del resolución correspondiente, esto es, hace más de cuatro meses aproximadamente, incumpliendo con ello el término previsto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual tiene en consecuencia la paralización del juicio laboral, lo que es violatorio a los derechos fundamentales de la quejosa al no ajustarse a los términos que establece la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, permite arribar a la conclusión de que la inobservancia a los términos y plazos legales en que ha incurrido la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, se traducen en una franca violación al derecho de justicia pronta y expedita tutelada por el precepto 17 Constitucional en cita, en la que se establece el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; derecho que la junta laboral responsable está obligada a garantizar; es así, porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la Junta señalará día y hora para la audiencia incidental de liquidación, que deberá efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes y resolverse en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley; atento a los principios que rigen el proceso laboral, como el de celeridad, economía, concentración y sencillez en el proceso. Circunstancia que en el caso particular hasta el momento en que se emite la presente sentencia, es patente que se ha excedido ese plazo, puesto que han transcurrido poco más de cuatro meses aproximadamente; de ahí, que sea inconcusa la dilación procesal reclamada en esta instancia. Robustece lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Décimo Circuito, con Registro digital: 2025350, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN EN EJECUCIÓN DE LAUDO. NO BASTA QUE LA JUNTA LABORAL HAYA SEÑALADO FECHA PARA SU DESAHOGO PARA CONSIDERAR QUE CESARON LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PUES AL QUEDAR DEMOSTRADA LA DILACIÓN RECURRIDA ES MENESTER QUE, ADEMÁS DE ORDENAR TAL DESAHOGO, TAMBIÉN SE EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN BREVE TÉRMINO, PUES SÓLO ASÍ, EN ESA FASE DEL JUICIO, PODRÁ CONSIDERARSE QUE DESAPARECIERON EN FORMA TOTAL LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO." DECISIÓN Este juzgador estima procedente otorgar la protección constitucional solicitada, debido que la omisión reclamada transgrede en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el informe justificado de la presidenta de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, no haya sido rendido al menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, puesto que, como ya se adujo, de las constancias de autos y la que adjuntó la responsable a su informe de ley, permiten resolver el presente asunto sin mayor demora; máxime que a ningún fin práctico conduciría diferir la audiencia constitucional para que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, puesto que el sentido de la sentencia sería el mismo; además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. Tampoco pasa inadvertido por este órgano jurisdiccional el hecho que no se haya emplazado a quien le resultara el carácter de tercero interesado; lo anterior, atendiendo al sentido de la presente resolución, la cual no le causa agravio alguno. Además, debe atenderse a los numerales 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contemplan los derechos sustantivos consistentes en las garantías y la protección judicial, que esencialmente versan sobre el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo e implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos, como lo es el juicio de amparo, sean efectivos. Lo anterior, atendiendo a lo sustentado por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de observancia obligatoria, según dispone el diverso 192 de la Ley de Amparo, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA" (visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 531, página 349), así como el criterio aislado del Pleno del Supremo Tribunal del País, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." (consultable en la página 45 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, del mes de febrero de 1998, tesis P. V/98, Novena Época) criterios en los que si bien se reconoció que el tercero, como parte en el juicio constitucional, tiene derecho a ser oído en el juicio de amparo; lo cierto es que, también se estimó que la finalidad medular de su intervención, es lograr la subsistencia del acto reclamado, traducida en una negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En consecuencia, para restituir el goce del derecho fundamental violado, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se conceda a ******************** el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de inmediato proceda a dictar la resolución que en derecho corresponda, en el incidente de liquidación relativo al expediente laboral********************/********************. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis 2a. CV/2013 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 732, diciembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Se precisa que la responsable cuenta con un plazo máximo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo donde se le requiera el cumplimiento de la presente decisión. Asimismo, se conmina a la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que en lo subsecuente imparta justicia conforme a lo establecido en el precepto 17 de la Carta Magna y cumpla con las actuaciones en los términos señalados por la Ley Federal del Trabajo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado a la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dictar la interlocutoria correspondiente en el juicio laboral de origen, por los motivos y fundamentos expuesto en el apartado VIII de este fallo y para los efectos precisados en el último apartado del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la presidenta de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y ténganse como prueba de su parte, las documentales que aporta; con lo anterior, dese vista a las partes. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha transcurre el plazo de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias rendidas por la autoridad responsable. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano