Gabriela Mendoza García

Expediente 543/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
543/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Mendoza García

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de dieciocho de mayo en curso, se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 543/2021. Aspectos preliminares. De la certificación de cuenta se advierte que el escrito inicial fue presentado originariamente como una ampliación de la demanda de amparo en el juicio constitucional 219/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, porque se trata de un asunto que corresponde a la estadística de este Tribunal Constitucional; y, b) en el auto de doce de mayo del año en curso, dictado en ese juicio de amparo, este órgano jurisdiccional determinó que respecto del citado libelo no se actualizó el requisito de procedencia de la ampliación de la demanda previsto por el ordinal 111, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, dispuso no tramitar la citada ampliación que Gabriela Mendoza García formuló y ordenó remitir el escrito relativo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, para que se diera el trámite de una nueva demanda, por tal motivo el ocurso inicial fue turnado a este Juzgado Federal. En otro punto, debe señalarse que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme Gabriela Mendoza García reclama los actos siguientes: Del Presidente, del Síndico y del Alcalde, todos de San Antonio Nanahuatipam, Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, combate: Las órdenes de suspensión, cancelación y bloqueo de uso de servidumbre de paso del canal de agua del ejido La Playa de Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, ejecutadas el siete de marzo de dos mil veintiuno, mediante las cuales impiden el riego de su parcela dieciséis ubicado en el ejido Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, no obstante que tiene el título de concesión para uso de agua emitido en el expediente OAX-0.1095-12-09-08, bajo la resolución BOO.00.R10.04.1.2591 expedida a favor de la Unidad de Riego La Playa Ejido Teotitlan de Flores Magón, Asociación Civil, de la cual asevera que es integrante y socia. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Gabriela Mendoza García, porque en relación con los actos reclamados al Presidente, al Síndico y al Alcalde, todos de San Antonio Nanahuatipam, Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, consistentes en las órdenes de suspensión, cancelación y bloqueo de uso de servidumbre de paso del canal de agua del ejido La Playa de Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, ejecutadas el siete de marzo de dos mil veintiuno, mediante las cuales impiden el riego de su parcela dieciséis ubicado en el ejido Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, no obstante que tiene el título de concesión para uso de agua emitido en el expediente OAX-0.1095-12-09-08, bajo la resolución BOO.00.R10.04.1.2591 expedida a favor de la Unidad de Riego La Playa Ejido Teotitlan de Flores Magón, Asociación Civil, de la cual asevera que es integrante y socia, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 de la propia legislación, que disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." De los normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo y que el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del ordinal 5 de la citada legislación; en ese sentido, el quejoso puede ejercer la acción de amparo por sí, por conducto de su representante legal o por su apoderado. De igual manera, se colige que uno de los principios rectores del juicio de amparo consiste en que debe promoverse a instancia de parte agraviada, por ello la legitimación de quien acude al amparo es un presupuesto procesal que debe acreditarse para que válidamente pueda iniciarse el proceso. En el caso, la quejosa Gabriela Mendoza García se ostenta como integrante y socia del colectivo Unidad de Riego La Playa Ejido Teotitlan de Flores Magón, Asociación Civil, a quien señala que se expidió el título de concesión para el uso de agua del canal ubicado en el ejido La Playa de Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, el cual precisa que se emitió en el expediente OAX-0.1095-12-09-08, bajo la resolución BOO.00.R10.04.1.2591. La justiciable aduce tener el derecho para explotar el título de concesión indicado, porque indica que es una integrante y socia de esa persona moral; también afirma que los actos impugnados impiden el riego de su parcela dieciséis ubicado en el ejido Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, aun cuando asevera tener el título de concesión señalado para el uso de agua del canal ubicado en el ejido La Playa de Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, porque forma parte del referido colectivo. Las situaciones anteriores se destacan, porque la justiciable sustenta la prerrogativa que defiende para atacar por su propio derecho las órdenes de suspensión, cancelación y bloqueo de uso de servidumbre de paso del canal de agua del ejido La Playa de Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, ejecutadas el siete de marzo de dos mil veintiuno, mediante las cuales se impide el riego de su parcela dieciséis ubicado en el ejido Teotitlan de Flores Magón, Oaxaca, en el título de concesión para uso de agua emitido en el expediente OAX-0.1095-12-09-08, bajo la resolución BOO.00.R10.04.1.2591 expedida a favor de la Unidad de Riego La Playa Ejido Teotitlan de Flores Magón, Asociación Civil, ya que afirma que es una integrante y socia de esa persona jurídica. Sin embargo, el título de concesión para uso de agua emitido en el expediente OAX-0.1095-12-09-08, bajo la resolución BOO.00.R10.04.1.2591, no se expidió a favor de la disidente, sino que la titularidad de esa autorización corresponde en exclusiva a la Unidad de Riego La Playa Ejido Teotitlan de Flores Magón, Asociación Civil, como una persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios distinto a sus integrantes o agremiados. En ese contexto, es a ese colectivo, por conducto de su representante legal o apoderado, a quien le asiste la legitimación procesal activa para ejercer la acción constitucional en contra de tales actuaciones y no a la disidente por sí, porque el hecho de que forme parte de ese colectivo, como lo afirma, no implica que la disconforme pueda combatir los actos de las autoridades que incidan en los derechos que derivan de ese título de concesión, como persona física, sino que deberá hacerlo a través de quien tenga la representación legal o convencional de la referida asociación civil. Es así, porque la legitimación activa en el proceso se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, porque se ostente como titular de esa prerrogativa, o bien, porque cuente con la representación legal o convencional de dicho titular; de ahí que el juicio de amparo sólo puede promoverlo la parte que resiente la afectación en sus derechos, conforme a lo estatuido por los normativos 5, fracción I, y 6 de la ley de la materia. En esa línea, se considera que la quejosa carece de legitimación procesal activa para acudir al juicio de amparo, ya que aun cuando su parcela pudiera estar relacionada con los actos reclamados y éstos eventualmente tengan alguna repercusión en su esfera jurídica, como integrante del mencionado colectivo, lo cierto es que la titularidad del derecho que defiende no corresponde a la quejosa, como persona física, sino que a la Unidad de Riego La Playa Ejido Teotitlan de Flores Magón, Asociación Civil, como una persona jurídica con personalidad jurídica y patrimonio propios distinto a sus integrantes o agremiados; por tanto, es ese colectivo quien en todo caso tendrá la legitimación procesal activa para impugnar los actos de los entes responsables, por conducto de sus representantes legal o convencional. Sobre el particular resulta conveniente invocar la tesis, visible en la página 318, Tomo: II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que informa: "LEGITIMACION ACTIVA. EN QUE CONSISTE. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie un juicio y ésta procede cuando el derecho que se cuestione se ejercita por quien tiene aptitud de hacerlo, por lo que si los actos reclamados pudieran afectar a los integrantes de una sociedad, tal afectación es indirecta y por ende no tienen legitimación procesal activa para impugnar, son actos por su propio derecho, toda vez que quien directamente sufre las consecuencias de los mismos es la sociedad y por consiguiente es la única capacitada para impugnarlos en el juicio de amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 del propio ordenamiento, respecto de los actos combatidos a las autoridades responsables, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Gabriela Mendoza García, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación. Domicilio de la parte quejosa. Del juicio constitucional 219/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, porque se trata de un asunto que corresponde a la estadística de este Tribunal Constitucional, se advierte que la disidente señaló como domicilio procesal el despacho jurídico ubicado en calle La Sierra doscientos siete, del Fraccionamiento San José La Noria, Centro, Oaxaca, por lo que téngase por señalado ese domicilio para oír notificaciones a nombre de la inconforme. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)

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