Gabriela Ramirez Yañez

Expediente 359/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
359/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Gabriela Ramirez Yañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 359/2020-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diez de noviembre de dos mil veinte, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año que transcurre; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 359/2020-I, promovido por GABRIELA RAMÍREZ YAÑEZ, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por razón de turno, GABRIELA RAMÍREZ YAÑEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y otras autoridades. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte este Juzgado Federal radicó el expediente bajo el número 359/2020-I; se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Publico de la adscripción, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, por auto de veintiocho de agosto pasado se reanudó el procedimiento en este asunto, y se señaló nueva temporalidad para la celebración de la Audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto que se reclama. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos que reclama la parte quejosa de las autoridades responsables son: La orden de retención indefinida de pago de salarios a la quejosa generada por las responsables a partir de la segunda quincena de Febrero de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las demás autoridades responsables dependientes del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados; sin que la quejosa GABRIELA RAMÍREZ YAÑEZ hubiese aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas. En efecto, como se advierte de los informes rendidos por las responsables adscritas al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, la aquí quejosa tenía la calidad de asesor externo, es decir, personal externo no basificado que laboraba frente a grupo asesorando a los alumnos y alumnas de tercer grado de preescolar a sexto grado de primaria, así como brindando orientación y acompañamiento académico respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de inglés, de conformidad con el Acuerdo 23/12/19 que regula el Programa Nacional de Inglés (PRONI). Asimismo, en sus informes las responsables indicaron que el acto reclamado es inexistente en su totalidad pues el hecho de que no se haya generado el pago a la quejosa en la segunda quincena de Febrero y subsecuentes fue debido a que GABRIELA RAMÍREZ YAÑEZ no firmó el respectivo Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, motivo por el cual actualmente la quejosa no está prestando sus servicios profesionales para dicha dependencia, y por ende se interrumpieron sus depósitos. En tal virtud, toda vez que en el caso la quejosa reclama de las responsables la omisión de pagar su sueldo, pues refiere que éstas retuvieron su pago desde la segunda quincena de Febrero de este año; no puede soslayarse que para advertir la existencia del acto debe estar acreditado que las autoridades responsables están obligadas a dicho pago y/o sueldo, sin embargo, en el caso esto no está probado en autos pues como se desprende de lo informado por las responsables párrafos arriba, la quejosa a la fecha de presentación de la demanda no prestaba un servicio personal subordinado para dicha dependencia. Cierto, para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Por tanto, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva como el que aquí se combate, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, lo que en el particular no se satisfizo, habida cuenta que no se demostró el vínculo indispensable que se requiere para recibir una retribución por un trabajo desempeñado. En efecto, en el caso no se demostró fehacientemente que GABRIELA RAMÍREZ YÁÑEZ tuviera una relación laboral con las responsables, pues en el caso no se allegaron medios de prueba eficaces que permitan a este juzgado advertir que a la fecha de presentación de la demanda de amparo mantiene contrato vigente para desempeñar el cargo de profesora de inglés al servicio del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, como al respecto se ostentó. Cierto la impetrante ofreció como prueba el recibo original de honorarios asimilados a salarios de quince de noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo, con ello no acredita que su contrato se encuentra vigente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (doce de marzo de dos mil veinte); asimismo, tampoco quedó acreditado la permanencia o duración en el puesto que refiere por dedicarse a impartir educación en escuelas primarias en inglés con que se ostenta; circunstancia que debe quedar plenamente acreditada para desvirtuar la negativa invocada por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, página 53, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Por tanto, si la quejosa no acreditó con prueba idónea la existencia del acto reclamado ni mucho menos la relación laboral que guarda con las responsables, es inconcuso que no se acreditó que éstas estuvieran incumpliendo con la obligación constitucional de retribuir de manera proporcional el trabajo desempeñado que en esta vía se pretendió reclamar, de ahí que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de las mencionadas autoridades, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 359/2020-I, promovido por GABRIELA RAMÍREZ YÁÑEZ, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe. Razón. Esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada el día de hoy, diez de noviembre de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio de amparo 359/2020-I. Conste. Razón. Esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada el día de hoy, veintiuno de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio de amparo 359/2020-I. Conste.Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 359/2020-I, promovido por GABRIELA RAMÍREZ YAÑEZ, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por razón de turno, GABRIELA RAMÍREZ YAÑEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y otras autoridades. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte este Juzgado Federal radicó el expediente bajo el número 359/2020-I; se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Publico de la adscripción, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, por auto de veintiocho de agosto pasado se reanudó el procedimiento en este asunto, y se señaló nueva temporalidad para la celebración de la Audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto que se reclama. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos que reclama la parte quejosa de las autoridades responsables son: La orden de retención indefinida de pago de salarios a la quejosa generada por las responsables a partir de la segunda quincena de Febrero de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las demás autoridades responsables dependientes del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados; sin que la quejosa GABRIELA RAMÍREZ YAÑEZ hubiese aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas. En efecto, como se advierte de los informes rendidos por las responsables adscritas al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, la aquí quejosa tenía la calidad de asesor externo, es decir, personal externo no basificado que laboraba frente a grupo asesorando a los alumnos y alumnas de tercer grado de preescolar a sexto grado de primaria, así como brindando orientación y acompañamiento académico respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de inglés, de conformidad con el Acuerdo 23/12/19 que regula el Programa Nacional de Inglés (PRONI). Asimismo, en sus informes las responsables indicaron que el acto reclamado es inexistente en su totalidad pues el hecho de que no se haya generado el pago a la quejosa en la segunda quincena de Febrero y subsecuentes fue debido a que GABRIELA RAMÍREZ YAÑEZ no firmó el respectivo Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, motivo por el cual actualmente la quejosa no está prestando sus servicios profesionales para dicha dependencia, y por ende se interrumpieron sus depósitos. En tal virtud, toda vez que en el caso la quejosa reclama de las responsables la omisión de pagar su sueldo, pues refiere que éstas retuvieron su pago desde la segunda quincena de Febrero de este año; no puede soslayarse que para advertir la existencia del acto debe estar acreditado que las autoridades responsables están obligadas a dicho pago y/o sueldo, sin embargo, en el caso esto no está probado en autos pues como se desprende de lo informado por las responsables párrafos arriba, la quejosa a la fecha de presentación de la demanda no prestaba un servicio personal subordinado para dicha dependencia. Cierto, para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Por tanto, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva como el que aquí se combate, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, lo que en el particular no se satisfizo, habida cuenta que no se demostró el vínculo indispensable que se requiere para recibir una retribución por un trabajo desempeñado. En efecto, en el caso no se demostró fehacientemente que GABRIELA RAMÍREZ YÁÑEZ tuviera una relación laboral con las responsables, pues en el caso no se allegaron medios de prueba eficaces que permitan a este juzgado advertir que a la fecha de presentación de la demanda de amparo mantiene contrato vigente para desempeñar el cargo de profesora de inglés al servicio del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, como al respecto se ostentó. Cierto la impetrante ofreció como prueba el recibo original de honorarios asimilados a salarios de quince de noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo, con ello no acredita que su contrato se encuentra vigente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (doce de marzo de dos mil veinte); asimismo, tampoco quedó acreditado la permanencia o duración en el puesto que refiere por dedicarse a impartir educación en escuelas primarias en inglés con que se ostenta; circunstancia que debe quedar plenamente acreditada para desvirtuar la negativa invocada por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, página 53, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Por tanto, si la quejosa no acreditó con prueba idónea la existencia del acto reclamado ni mucho menos la relación laboral que guarda con las responsables, es inconcuso que no se acreditó que éstas estuvieran incumpliendo con la obligación constitucional de retribuir de manera proporcional el trabajo desempeñado que en esta vía se pretendió reclamar, de ahí que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de las mencionadas autoridades, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 359/2020-I, promovido por GABRIELA RAMÍREZ YÁÑEZ, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 359/2020-I y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda GABRIELA RAMÍREZ YÁÑEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA y otras autoridades, de quien reclama la orden de retención indefinida de pago de salarios. II.- COTEJO Y COMPULSA En términos de la jurisprudencia P./J. 71/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena oficiosamente el cotejo y compulsa de la documental exhibida por la parte quejosa y que obran en el expediente principal del cual deriva la presente cuerda incidental, con las copias simples de éstos que obra en los cuadernos incidentales. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 359/2020-I, se desprende que la parte quejosa exhibió el recibo original de honorarios asimilados a salarios de quince de noviembre de dos mil diecinueve, así como que las autoridades responsables Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Coordinador Estatal del Programa de Inglés, Octavio Fernando Suárez Treviño, así como Belén Montes de Oca Gómez, Directora de Educación Elemental del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, y el Director de Administración del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, ofrecieron copia de la demanda laboral radicada con el número 01/368/15-I en la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y el acuerdo de admisión de la referida demanda de fecha treinta de abril de dos mil quince las cuales se admitieron y desahogaron por su propia y especial naturaleza. IV.- INEXISTENCIA DEL ACTO. Las autoridades responsables Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de rendir su respectivo informe previo negaron los actos reclamados, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio idóneo parte de la quejosa, se tienen por inexistentes los actos reclamados a dichas autoridades. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." V.- CERTEZA DEL ACTO. Se tienen por ciertos los actos que se reclaman de las autoridades responsables dependientes del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, ya que si bien al rendir su correspondiente informe previo lo negaron, lo cierto es que de la lectura integral de los mismos se advierte la existencia de éstos, pues refieren que actualmente la quejosa no se encuentra prestando sus servicios profesionales, al no haber firmado su respectivo contrato, razón por la cual se interrumpieron sus depósitos y/o pagos de la segunda quincena de febrero y subsecuentes. VI. DETERMINACIÓN SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR De conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite la parte quejosa y cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se niega la suspensión definitiva, respecto de las consecuencias o ejecución que atribuye a los actos reclamados, toda vez que la quejosa no acredita el interés suspensional por los motivos que más adelante se precisan; hecho que puede ser analizado por este Juzgado aun de oficio, por tratarse de un elemento que se encuentra vinculado con el requisito de procedencia previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Para robustecer esta afirmación, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 101/2008, señaló que si el objeto de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es la de evitar perjuicios al agraviado con su ejecución, en tanto se resuelve la sentencia definitiva, la ley condiciona la concesión del beneficio a la voluntad del interesado. Esto es -se adujo- la petición de parte es un requisito de procedencia de la medida y su examen implica, generalmente, el de la apariencia del derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad de la quejosa para promover la medida. También se estableció en dicha ejecutoria que, tales hipótesis constituyen una clara aplicación del principio de la apariencia del buen derecho, que también se presenta en tratándose de terceros extraños a juicio que deban justificar, aunque sea de manera presuntiva, su interés en que se conceda la suspensión, lo que necesariamente lleva a un examen de la presunta existencia del derecho, sin que se anticipe apreciación alguna respecto del fondo del negocio. Asimismo, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. Los anteriores argumentos le dan origen a la jurisprudencia 1ª./J.4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Época: Novena Época Registro: 167346, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 4/2009, Página: 515, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Las anteriores consideraciones jurídicas son aplicables al caso, porque la pasada Ley de Amparo, preveía como requisito de procedencia de la suspensión del acto reclamado, que lo solicitara el quejoso (fracción I del artículo 124); mientras que, en la Ley de la Materia vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de igual forma se prevé como elemento sustancial para la procedencia de la medida cautelar, que sea a petición de parte, pues así se estatuye en la fracción I de su artículo 128, por tanto, al existir identidad de los supuestos normativos, por ende, la jurisprudencia en cita es perfectamente aplicable. Por tanto, como las consideraciones jurídicas inmersas en la ejecutoria constitucional antes descrita se dirigen a demostrar y evidenciar que el interés suspensional del solicitante se vincula con el elemento sustancial de procedencia, relativo a que la solicite el justiciable; se concluye que en el incidente de suspensión debe analizarse la procedencia de la suspensión, conforme el artículo 138 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, que se analice el interés suspensional de la parte quejosa. Entonces, se tiene que en el caso concreto la quejosa no acredita el interés suspensional para que se le conceda la medida cautelar, toda vez que al cuaderno incidental no se allegaron medios de prueba eficaces que permitan a este juzgado advertir de manera indiciaria que GABRIELA RAMÍREZ YÁÑEZ mantiene contrato vigente para desempeñar el cargo de profesor de inglés al servicio del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Efectivamente el impetrante ofreció como prueba el recibo original de honorarios asimilados a salarios de quince de noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo, con ello no acredita que su contrato se encuentra vigente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. Asimismo, tampoco acredita aún de manera indiciaria la permanencia o duración en el puesto que refiere por dedicarse a impartir educación en escuelas primarias en inglés con que se ostenta. Por el contrario, como se advierte de los informes rendidos por las responsables adscritas al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, la aquí quejosa tiene la calidad de asesor externo, es decir, personal externo no basificado que labora frente a grupo asesorando a los alumnos y alumnas de tercer grado de preescolar a sexto grado de primaria, así como brindando orientación y acompañamiento académico respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de inglés, de conformidad con el Acuerdo 23/12/19 que regula el Programa Nacional de Inglés (PRONI), lo que se corrobora con el recibo de pago de honorarios asimilados por asesoría externa de la primera quincena de noviembre de dos mil diecinueve que exhibió la quejosa, de lo que se confirma que únicamente se ostenta como asesor externo especializado en inglés. En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional asevera que la parte quejosa no acredita su interés suspensional; estimar lo contrario implicaría constituir derechos no acreditados en contravención al artículo 131 de la Ley de Amparo por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de las consecuencias jurídicas del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por GABRIELA RAMÍREZ YÁÑEZ, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Isaac Lagunes Leano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su correspondiente informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Asimismo, ténganse por hechas las designaciones que refiere. Finalmente, por cuanto hace al correo electrónico proporcionado para el efecto de recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicho medio es únicamente para comunicaciones no procesales, conforme con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo tanto, instrúyase al Actuario adscrito a este juzgado para que establezca contacto con la aludida parte procesal en caso de considerarlo necesario, cuyo contenido deberá ser registrado y en su caso, asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano