Gabriela Patiño Rodriguez
Expediente 1401/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1401/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriela Patiño Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1401/2023-II-B promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el once de octubre siguiente en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse la conducta omisiva de autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, como lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo anterior se constata del contenido de su informe justificado, así como de las documentales que lo apoyan, de las que se advierte que el quince de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha de la presentación del juicio constitucional (nueve de octubre de dos mil veintitrés), lo haya emitido. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, a la fecha de la presentación de la demanda la omisión existía. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.3/94, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." CUARTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por esta juzgadora, se procede al estudio de fondo del asunto. Resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en el concepto de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos principios destaca el relativo a justicia pronta que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Así, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, dicta en lo conducente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." Conforme a la citada porción legal, desahogadas las pruebas y formulados los alegatos, o bien, una vez fenecido el plazo otorgado a las partes para ello sin que lo hubieran hecho, el secretario certificará que en el expediente no hay pruebas pendientes por desahogar y se dará a las partes un término de tres días para que se impongan de la certificación, apercibidas que de no hacerlo y hubiere pruebas pendientes de desahogo, se les tendrá por desistidas de las mismas; pero si se acredita que hay pruebas pendientes por desahogar, esto se llevará a cabo dentro de un plazo de ocho días, a su conclusión, se otorgarán veinticuatro horas a las partes para alegar y entonces, procederá el cierre de instrucción y el turno de los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, el cual deberá formularse dentro de los diez días siguientes. Por su parte el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, ellos que los juicios que ante se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." El artículo citado impone a los presidentes de las Juntas y los auxiliares el deber de cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios en etapa de trámite no queden inactivos, proveyendo lo correspondiente hasta dictar laudo de conformidad a la ley, salvo disposición en contrario. Ahora bien, la parte quejosa presentó la demanda de amparo el nueve de octubre de dos mil veintitrés; en ese sentido, a la instauración del juicio de amparo, había una demora sin que la responsable se pronunciara respecto al dictado del laudo en el juicio laboral de origen, toda vez que desde el quince de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable cerró instrucción y turnó el expediente laboral en cita para elaborar el proyecto de laudo de ley, sin que a la presentación de la demanda de amparo se haya pronunciado al respecto, dejando inactivo el citado juicio. A lo anterior, se estima necesario mencionar que en la jurisprudencia 2a./J.48/2016, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", se estimó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. Lo que acontece en el caso, pues se actualiza una abierta dilación en el juicio laboral de origen al advertirse que no se ha elaborado el proyecto el lado, esto es así al considerar el plazo transcurrido desde la fecha en que se cerró instrucción y se turnó el expediente para la elaboración del laudo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Por lo expuesto, ante la falta injustificada de la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral de origen, debe considerarse que la autoridad responsable ha infringido el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo y, con ello, el derecho de la peticionaria a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para resarcir la violación, la autoridad debe cumplir lo que la norma exige, esto es, dictar el laudo respectivo. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.) de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por tanto, la sentencia tiene por efecto que la junta responsable dicte el laudo correspondiente, con independencia de su sentido; a más que presumir que incurrirá en actos de omisión posteriores, implica desconocer la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. No se soslaya haber celebrado la audiencia constitucional sin que transcurriera el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la celebración de la audiencia constitucional resulta de mayor beneficio a la parte quejosa que el plazo otorgado conforme al numeral citado; siendo obligación de todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, sin que lo anterior afecte la igualdad entre las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se exponen, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de rubro siguiente "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Nmtg.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil veintitrés. Admisión de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por Gabriela Patiño Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; fórmese el expediente 1401/2023-II-B, que por orden le corresponde; con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con los diversos 103, fracción I, 107, fracciones I y XV; 1, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Integración del expediente. Se precisa que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el presente asunto se integrará de la siguiente forma: Se prescindirá de imprimir y glosar al expediente físico todas las promociones allegadas de manera electrónica. Se glosarán únicamente al expediente físico todas las promociones exhibidas de forma impresa así como las actuaciones necesarias para el impulso procesal del juicio constitucional. Determinación sobre el incidente de suspensión. En términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, no se ordena el trámite del incidente de suspensión, pues no fue solicitado. Solicitud de informe. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados a partir de día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, en términos del numeral 31, fracción I, de la Ley de Amparo. En dicho informe tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer sus razones y fundamentos legales para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen; con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Si la documentación referida en el párrafo anterior contiene información clasificada como confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Presentación de informes y promociones. Hágase saber a las partes que para otorgar plena eficacia legal a los informes y promociones presentados por los medios electrónicos autorizados por los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, deberán contener firma electrónica (FIREL). Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las doce horas del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales exhibidas, la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria. Por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágaseles saber que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo cual deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegasen a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, en términos del párrafo último del artículo 2º transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber que las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los lineamientos ahí precisados. Notificaciones. Se instruye al Actuario judicial para que en los casos no previstos en las fracciones I, II y IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, practique las notificaciones a las partes por medio de lista, al actualizarle el supuesto previsto en la diversa fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada; por ende, los acuerdos de menor trascendencia incluyendo el diferimiento de la audiencia constitucional, deben notificarse por lista, y solo mediante oficio los acuerdos que se ajusten a los parámetros previstos en la fracción I del numeral 26 de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el capítulo primero de los Principios Rectores, del expediente electrónico y otras soluciones digitales del Título Séptimo de la Utilización de medios tecnológicos y soluciones digitales en el Trabajo contemplado en el artículo tercero del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se tienen por autorizados los medios no procesales de comunicación que las partes llegaren a proporcionar durante la tramitación del presente juicio. Medios electrónicos. Se hace del conocimiento a las partes del presente juicio de amparo que en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que desde este momento se autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; herramientas que deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción, en caso que llegaran a solicitarlo durante la substanciación del presente asunto. Asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que ello implique que la fe pública de la persona Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Recomendación para transitar hacia el esquema de juicios en línea y de presentación de promociones vía electrónica. Atendiendo al Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se invita a las partes para que utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, pues mediante dicho medio podrán presentar electrónicamente escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinentes a sus intereses. Asimismo, se exhorta para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Captura completa del expediente en los sistemas electrónicos del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento del nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Supervisión de registro diario. Finalmente, con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
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