Gabriela Ramirez Rodriguez

Expediente 2464/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2464/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Ramirez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta remitido por juicio en línea por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite testimonio de la resolución dictada en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja Q.A. 1624/2019, interpuesto en autos. Acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal que determinó: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de queja. NOTIFÍQUESE.". De lo anterior, se toma conocimiento, háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó suspender el procedimiento con motivo del recurso de queja interpuesto en autos hasta en tanto fuera resuelto dicho medio de impugnación, siendo que el Tribunal Colegiado remite testimonio de la resolución emitida, se ordena reanudar el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, en ese contexto, se levanta la reserva decretada en proveído de tres de septiembre del año en curso, por lo que, se tienen a la Congreso del Estado de México y del Estado de Baja California, autoridades responsables; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus informes justificados, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de su parte a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Ciudad de México, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó y niega el amparo en el juicio de amparo en que se actúa ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. SE RESERVA EL PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Ahora bien, dado que constituye un hecho notorio para este juzgado que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para la resolución de los recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, contra la resolución interlocutoria dictada en dicha incidencia y por razón de turno le correspondió conocer al Cuarto Tribunal de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, registrándolos bajo los números de toca recurso de revisión 2746/2019 y 2747/2019, respectivamente. En consecuencia, se reserva proveer lo conducente respecto del archivo de este asunto hasta en tanto hubiere sido devuelto el cuaderno original del incidente de suspensión de referencia. Atento a lo señalado en el párrafo que antecede, comuníquese lo anterior al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para su conocimiento y efectos legales que estime conducentes. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.

  3. Principal

    Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director de Procesos Judiciales y Administrativos, en ausencia del Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizado a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para acreditar dicha circunstancia exhibe copia certificada del oficio de veintinueve de octubre del año en curso, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Testimonio de resolución de queja Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada por el Pleno del citado Órgano Colegiado, en el recurso de queja número Q.A. 4/2019 de su índice. Acúsese el recibo vía interconexión. Hágase del conocimiento de las partes que el citado Tribunal Colegiado, en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, resolvió lo siguiente: "[.]Los agravios sintetizados son fundados.Con el objeto de verificar la ilegalidad de la determinación contenida en el auto recurrido, únicamente respecto de la admisión de la demanda en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal; así como sus artículos transitorios Primero a Quinto, se considera pertinente realizar algunas reflexiones en torno a la facultad que tiene el juez para desechar una demanda de amparo.[.] Por ende, en el caso es inconcuso que el juicio de amparo enderezado en contra de ese acto es improcedente acorde a lo previsto en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, al tratarse de un medio de control diverso y de equivalente jerarquía, lo cual refleja la causa de improcedencia que se invoca y, por ende, la actualiza de forma notoria e indudable de la vía de constitucionalidad.Debido a lo fundado de esos agravios, lo procedente es revocar el auto recurrido, solo en la parte conducente y así queda desechada la demanda respecto del acto que se hizo consistir en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como sus artículos transitorios Primero a Quinto. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.- Es parcialmente fundado este recurso, para los efectos precisados en la parte final del considerando último de la presente resolución. SEGUNDO. De conformidad con la circular SECNO/2/2019, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto de origen y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común que presta servicios a los Juzgados de Distrito Primero y Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, para efecto de que sea turnado al órgano jurisdiccional respectivo, e infórmese al Juzgado de origen para que notifique a las partes." Háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó suspender el procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto el Tribunal de Alzada correspondiente resolviera lo conducente al recurso de queja de que se trata, y toda vez que tal circunstancia acontece; se ordena reanudar el procedimiento en el presente sumario constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, tomando en cuenta que mediante proveídos de veintiséis, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, dos, tres, cuatro, ocho, diez, catorce, quince, dieciocho, veintitrés, veinticinco y veintinueve de enero, siete, doce, veintiuno y veintisiete de febrero, once de marzo, cinco de abril, diez y catorce de mayo, todos de dos mil diecinueve; así como, en los autos de cuatro, nueve y diecisiete de julio de dos mil diecinueve, dictados por este órgano jurisdiccional, se reservó el acuerdo relativo a diversas promociones para este momento procesal, al respecto se acuerda: Agréguese a los autos los oficios signados Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de la República, por medio del cual rinde su informe justificado, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, por lo que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la presente ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia se tienen como delegados a las personas que para tal efecto designa. Por otra parte, agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los diversos oficios signados en representación de las Legislaturas de los Estados de la República, mediante los cuales pretenden rendir su informe justificado; lo anterior, en razón por lo determinado por el Tribunal Colegiado en párrafos que anteceden. En otro orden de ideas, vistos el escrito registrado con el folio 13332, signado por la quejosa, a través del cual pretende ampliar la demanda de amparo, en relación a nuevos actos reclamados. Al respecto, se provee: DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: En razón de que la parte quejosa señala como autoridad responsable, entre otra, al Secretario de Gobernación, a quien le atribuye como acto reclamado el refrendo del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior, en razón de que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de amparo contra normas generales, la parte quejosa deberá señalar con el carácter de autoridades responsables a aquellas que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio respectivo, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que en el caso no acontece, en razón de que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no formuló conceptos de violación tendentes a controvertir vicios de constitucionalidad formal del refrendo de las normas reclamadas. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se determina desechar la demanda de amparo, respecto del Secretario de Gobernación. Por otra parte, por lo que hace a los actos que se reclaman de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana y al Congreso de la Ciudad de México, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la discusión y aprobación del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, específicamente los artículos contenidos en el Título Décimo y nominarlo como "Delitos por hechos de corrupción", esto es, los artículos 217 Ter y 217 Quáter del Código Penal Federal, así como 25 y 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe desecharse la demanda de amparo, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo texto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Las adiciones y reformas a la Constitución implican agregar o modificar los principios, reglas, disposiciones y decisiones fundamentales referidas al funcionamiento, atribuciones y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, así como las relaciones con los particulares. El procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene en el artículo 135, que establece:"Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." Dicho procedimiento se encuentra conferido exclusivamente al denominado poder reformador, que se conforma por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión además de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Asimismo, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, hace el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaratoria de aprobación de las adiciones o reformas.Apuntado qué es una reforma o adición a la Constitución General, corresponde determinar el fundamento constitucional de la causa de improcedencia contra adiciones y reformas a éste. Su fundamento se encontraba implícito en los artículos 103, fracción I y 133 que prevén:Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. La primera norma constitucional citada establece que los Tribunales de la Federación resolverán las controversias suscitadas por normas generales, acto u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo precepto, refiere que las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados deben ser acordes con la Constitución y emanar de ella.En ese sentido, las violaciones a derechos humanos pueden provenir de normas generales, actos u omisiones, no respecto de nuestro máximo ordenamiento aunado a que todos los ordenamientos deben ser acordes a la Constitución -denominado principio de supremacía constitucional-.La causa de improcedencia analizada, fue creación jurisprudencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Ley de Amparo abrogada el dos de abril de dos mil trece, no la previó. En principio, la Corte estimó que era procedente el juicio de amparo contra el proceso de reformas constitucionales. El criterio mencionado se estableció por el Tribunal Pleno, en el amparo en revisión 1334/1998, del que derivó la tesis aislada P. LXVI/99, con número de registro 193253, y rubro: "REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN.A raíz de la controversia constitucional 82/2001, el Alto Tribunal cambió el criterio, estableciendo que en vía jurisdiccional no podía analizarse el procedimiento de reformas y adiciones regulado en el artículo 135 constitucional, puesto que las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales que intervienen en ese proceso, no actuaban en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en su función extraordinaria de Órgano Reformador de la Constitución Federal, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes parciales. El criterio mencionado, se desprende de la jurisprudencia P/J. 39/2002, con número de registro 185941, de rubro siguiente:"PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL.Este criterio cambió nuevamente cuando el Pleno del Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 186/2008, en donde sostuvo que el órgano encargado de reformar la Constitución Federal, es limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, por lo cual, era jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado Constitucional debe prever medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales. Dicho criterio se estableció en las tesis aisladas P. LXXV/2009 y P. LXXVI/2009, con números de registro165713 y 165708; y de rubros: "PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL." "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA.Por su parte, la Segunda Sala de la Corte estableció la improcedencia de la impugnación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente contra el artículo 116, fracción IV, inciso E), -que regulaba disposiciones relativas a los partidos políticos y su derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargo de elección popular-; puesto que se permitiría registrar al quejoso como candidato a un cargo de elección popular, aun sin partido político; además se rompería con el principio de relatividad de las sentencias, pues la protección constitucional se extendería a personas extrañas. El criterio referido es la tesis aislada 2a. III/2013 (10a.), con registro 2002821 y rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR UN CIUDADANO SIN PARTIDO POLÍTICO CONTRA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.Si bien es cierto que la Suprema Corte funcionando en Pleno, resolvió que era procedente impugnar vía amparo los actos que reforman la Constitución Federal; lo cierto es que, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, expresamente incorporó el impedimento para ejercer el control constitucional vía amparo contra adiciones y reformas al Máximo ordenamiento del país. La Segunda Sala, ya abordó el estudio de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. En la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.), sostuvo que los artículos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. El criterio mencionado tiene el registro 2005466 y rubro siguiente:"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por otro lado, en el amparo directo en revisión 4267/2013, la Sala señaló que resultan inoperantes los conceptos de violación y agravios que impugnen el procedimiento de reformas a la Constitución Federal, toda vez que los derechos humanos previstos en tratados internacionales de la materia, se encuentran al mismo nivel de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, conformando en todo momento un mismo catálogo o cuerpo de derechos humanos sin hacer referencia a una cuestión jerárquica. Además, se precisó que cuando se está en presencia de un supuesto de restricción, excepción o limitación constitucional inmediatamente prevalece o tiene aplicación directa el texto constitucional, el cual constituye un esbozo y una manifestación clara del Constituyente Permanente, que no es susceptible de revisión constitucional, pues se trata de una decisión soberana del Estado Mexicano. El razonamiento se plasmó en la tesis aislada 2a. XXXI/2014 (10a.), de registro 2005939 y rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO Y AGRAVIOS EN SU REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNA UN PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN." La razón de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive sus procesos de reformas, resulta porque el órgano reformador ejerce una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía. Aunado a que dichas decisiones soberanas se refieren a principios, reglas, disposiciones y decisiones político fundamentales referidas a la organización, así como derechos fundamentales y garantías para su protección. Finalmente, importa resaltar que los artículos transitorios forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Corte al resolver el amparo en revisión 1238/2015. En ese asunto, se estableció si bien la vocación ordinaria de las disposiciones transitorias es precisar circunstancias de índole temporal relacionadas con la eficacia, vigencia, aplicación, aclaración, precisión, derogación y abrogación de las normas propiamente constitucionales; sin embargo, que no existía impedimento alguno para que en ellas se incorporan obligaciones de naturaleza sustantiva derivado del principio de unidad de la Constitución que obliga a interpretarla en su conjunto, sin que sus preceptos deban estar situados en determinada parte de su texto para adquirir la misma jerarquía que les caracteriza a la totalidad de ellos. El Pleno de la Corte en un diverso asunto, reiteró que las normas transitorias de una reforma a la Constitución Federal forman parte de la ley fundamental. Del asunto surgió la tesis aislada P. XLV/2004, de registro 180682 y rubro: "CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL PLANTEAMIENTO DE QUE UNA LEY SECUNDARIA CONTRADICE EL TEXTO DE LAS NORMAS TRANSITORIAS DE UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CONSTITUYE UN TEMA DE ESA NATURALEZA." Bajo esos razonamientos se estima que los artículos transitorios de la Constitución Federal son inimpugnables al constituir un único cuerpo normativo con el resto de los preceptos, que conformar el marco constitucional origen del orden jurídico nacional.El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, ya analizó el tema y decidió que es improcedente el juicio de amparo contra los artículos transitorios de la Constitución General. Ese criterio está en la tesis aislada I.2o.A.E.10 K (10a.), de registro 2013646 y rubro: "ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA." Una vez expuesta las anteriores consideraciones, procede analizar si el acto reclamado constituye una adición, reforma a la Constitución Federal, artículo transitorio o sus procesos de modificación o adición.En el caso, se reclama la reforma y adición del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el Decreto por el que lo declara reformado, en materia de prisión preventiva oficiosa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve.Luego entonces, resulta claro que en este juicio de amparo la parte quejosa está reclamando la reforma del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acto en contra del cual no procede el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con registro 2012958, con rubro y texto: "ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. El juicio de amparo es uno de los mecanismos a través de los cuales se hace efectiva la supremacía constitucional, la cual hace de la Ley Fundamental el referente de validez de la producción normativa que se somete a juicio; de ahí que, por ser auto referente, la Carta Magna no puede ser juzgada a la luz de ella misma. Luego, al ser la Constitución Federal la piedra angular del resto del sistema jurídico, rige en únicos e iguales términos para todos; y es justo en este punto donde se erige como el gran obstáculo que impide su análisis a través del juicio de amparo, ya que, en caso de dictarse una sentencia estimatoria, se producirían resultados inadmisibles dentro del sistema jurídico, pues no podría existir una Constitución para los quejosos amparados y otra para los demás gobernados. Por tanto, la improcedencia del juicio en contra de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una limitación natural impuesta por el diseño constitucional del propio juicio, cuya ingeniería lo repele, en virtud de que lo único que no puede ser inconstitucional es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aceptar la procedencia del juicio contra reformas constitucionales, sea en lo atinente a aspectos de procedimiento legislativo o de contenido normativo, trastocaría elementos centrales del sistema de división de poderes y trastornaría, a la vez, el del propio juicio constitucional".De igual forma, lo señalado con anterioridad es acorde a lo resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA.- 36/2019, en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, criterio que comparte y hace suyo este órgano jurisdiccional.Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se determina desechar la demanda de amparo, respecto al acto reclamado antes precisado y por los que hace a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana y Congreso de la Ciudad de México, a quienes esencialmente atribuye dicho acto. ADMISIÓN En esas condiciones, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 111, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda respecto de las demás autoridades responsables. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS Previamente a establecer los actos reclamados en este asunto, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Autoridad responsable Acto reclamado 1 Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a) La discusión y aprobación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a) La discusión y aprobación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a) La promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Hágase del conocimiento a las autoridades que la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional quedó precisada en párrafos precedentes. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS En términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, las cuales deberán hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas. De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron sus labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a las citadas autoridades que en caso de que omitan rendir su informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Ahora bien, del escrito de ampliación de demanda los quejosos solicitaron la suspensión; por lo que con copia certificada del presente acuerdo, provéase lo conducente en el cuaderno incidental respectivo. REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL De conformidad con lo preceptuado por los artículos 9 y 25 de la Ley de Amparo, en términos del artículo Tercero, fracción VI, numeral 39, del ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ LA REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TODOS LOS TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que se precisan las dependencias y entidades a las que se les otorga la representación presidencial en todos los trámites ahí referidos, y vista la naturaleza de los actos que se reclaman en este asunto, notifíquese este proveído, así como los subsecuentes que deban comunicarse por oficio, a la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO (HOY FISCAL EJECUTIVO TITULAR) Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (hoy Fiscal Ejecutivo Titular). Al respecto, siendo que en el presente asunto se reclaman normas generales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquense vía oficio las determinaciones de este expediente a la representación social. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA (OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente. JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. DOMICILIO DEL JUZGADO Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese; por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por oficio a las autoridades responsables, al Fiscal Ejecutivo Titular y al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

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