Gabriela Olmedo Alvarez

Expediente 2692/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2692/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Olmedo Alvarez y Otros.
  • Gabriela Olmedo Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este expediente corresponde. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído dictado el veintisiete de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifieste si a su interés legal conviene atribuirle como acto reclamado al Presidente de la República la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; debiendo, en el caso, acompañar en las copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a las partes; bajo el apercibimiento, que de no hacerlo así dentro del plazo concedido, se actualizará la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los diversos 5, fracción ll y 108 fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, al no encontrarse debidamente integrada la litis. Ahora bien, atento a la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído dictado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; en esas condiciones, a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes y evitar alguna violación al procedimiento que rige el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento a la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que en términos del artículo 88 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este juzgado lo resuelto en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, deducido del juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que regularice su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, no así el de cinco días previsto en el numeral 114, en relación con el 108, ambos del citado ordenamiento; criterio que fue adoptado en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno y comunicado a este órgano jurisdiccional vía interconexión el treinta de junio siguiente. Asimismo, se advierte que por auto dictado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se advierte que, entre otras cuestiones, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si a su interés legal convenía atribuirle como acto reclamado al Presidente de la República la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; bajo el apercibimiento, que de no hacerlo así dentro del plazo concedido, se tendrían únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda; y al no haber atendido dicho requerimiento, en diverso acuerdo dictado el veintiuno de enero de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado; sin embargo, el plazo concedido resulta menor al que, con posterioridad, el propio tribunal revisor consideró aplicable en diversa ejecutoria que constituye un precedente vertical de carácter obligatorio para este juzgado de Distrito en el expediente en el que fue dictado, y un precedente -si no obligatorio- de carácter persuasivo en los demás asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. De manera que, la decisión adoptada en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, misma que se ha reiterado sistemáticamente en otros precedentes posteriores, puede orientar el criterio de este juzgado, ello a fin de evitar futuras reposiciones del procedimiento de amparo; siendo que, en términos del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sólo corresponde al Primer y al Cuarto Tribunal Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, resolver la temática que se desprende de dicho acuerdo. Así, al ser solamente dos tribunales los que revisan las decisiones de este órgano jurisdiccional en vía de alzada, se estima adecuado seguir las directrices establecidas a fin de contribuir a la generación de certeza y seguridad jurídica en beneficio del justiciable; máxime que, en el caso, la ampliación del plazo, en sí misma, no se estima atentatoria contra las reglas del procedimiento sino que, por el contrario, posibilita la creación de un estado de cosas que favorece la debida defensa de la parte gobernada sin alterar la equidad en la contienda constitucional en desequilibrio de las demás partes, puesto que, como es de explorado derecho, la extensión de los plazos judiciales en el juicio de amparo en favor del justiciable no es un aspecto que incida indebidamente en la integración de los expedientes, pero sí que lo es su restricción o acortamiento. Es aplicable, por el criterio que la informa, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 22/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 273, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE." El precepto citado prevé el plazo de 15 días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, el cual no puede ser reducido por el juzgador de amparo ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita. Lo anterior es así, porque la ampliación de plazos en la Ley de Amparo permite otorgar el tiempo necesario para que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones y, con ello se eleva la calidad del juicio constitucional. Por tanto, no es posible que el juzgador de amparo, bajo su arbitrio, reduzca el plazo en el que la autoridad responsable debe rendir su informe justificado, porque en lugar de favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva, atenta contra la impartición de justicia completa, pronta e imparcial y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo al conceder un plazo menor al establecido en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mediante su regulación resguarda las bases constitucionales con las que ha de tramitarse el juicio de amparo." También, es aplicable, por similitud de razón, la tesis I.9o.P.19 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3022, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dispone: "PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." El juzgador de amparo al celebrar la audiencia constitucional determinó sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, aun cuando no había transcurrido en su integridad el plazo señalado en el artículo 117, párrafo segundo, de la propia ley, bajo el argumento de que la sentencia se emitía acorde con los principios fundamentales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de resolver el asunto de manera pronta y expedita, con el objeto de evitar dilaciones innecesarias; además de que no se dejaba en estado de indefensión al quejoso, toda vez que contaba con los medios de defensa respectivos; sobreseimiento que fue recurrido mediante el recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si aún no transcurre en su integridad el plazo de ocho días que como mínimo debe mediar entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito no tiene facultad para sobreseer en el juicio, ni siquiera con base en los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el artículo 117, párrafo segundo, mencionado establece que entre la notificación de la vista de los informes justificados y la celebración de la audiencia constitucional debe mediar un plazo no menor al de ocho días, a fin de que las partes tengan oportunidad de conocer con la anticipación necesaria el informe y la documentación proporcionados por la responsable para, en su caso, debatir su contenido. De ahí que el Juez de amparo no esté facultado para disminuirlo, ni aun bajo la justificación de los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita, previstos en el artículo 17 de la Constitución General, ni el argumento de que el quejoso cuenta con el recurso correspondiente, en virtud de que tratándose de plazos, debe sujetarse a ellos, por encontrarse establecido en la ley de la materia y no existir facultad para que los juzgadores lo reduzcan, pues éstos se relacionan con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma, y fijar términos diversos contraviene los derechos a una defensa adecuada y a un recurso efectivo que, si bien ninguno está por encima del otro, deben armonizarse." Atento a la narración de hechos que antecede y con fundamento en los criterios invocados, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que obliga a este órgano jurisdiccional a impartir justifica sin formalismos excesivos e injustificados, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo para el solo efecto de otorgar a la parte quejosa un nuevo plazo de quince días, en observancia y seguimiento de lo dispuesto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 3051/2019, deducido del diverso juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que aclare su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo; así como para el efecto de atender el principio de seguridad jurídica y generar certeza sobre las consecuencias jurídicas que se producirán si no se desahoga el requerimiento formulado en autos. Lo anterior, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Así las cosas, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 111 y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, atienda lo siguiente: 1. Manifieste si a su interés legal conviene atribuirle como acto reclamado al Presidente de la República la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Bajo el apercibimiento, que de no hacerlo así dentro del plazo concedido, se actualizará la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los diversos 5, fracción ll y 108 fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, al no encontrarse debidamente integrada la litis. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Asimismo, son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LALEY DE AMPARO." De igual forma cobra aplicación, la Jurisprudencia 2ª./J. 11/2020 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 28 de febrero de 2020, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, de rubro: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA." Al respecto, es preciso aclarar que en caso de que el promovente desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de quince días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." En mérito de lo anterior, a efecto de dar margen a lo anterior y no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por medio de lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo dictado el veintiuno de enero de dos mil veinte.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se está en condiciones de reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto. En esas condiciones, agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, relativo al testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 1108/2020 de su índice; acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de queja." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó suspender el procedimiento y se dejó sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto fuera resuelto el medio de impugnación de que se trata, lo cual a la fecha ha acontecido; por tanto, se ordena reanudar el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distritos), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL; que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal www.firel.pjf.gob.mx para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por medio de lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo dictado el veintiuno de enero de dos mil veinte.

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