Gabriela Quintana Escobedo

Expediente 569/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
569/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Gabriela Quintana Escobedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada Diego Olea Ortega, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 833), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto siguiente: ".deje insubsistente el proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 792/2016, y en su lugar, pronuncie otro, con libertad de jurisdicción, en el cual no incurra nuevamente en el vicio de inconstitucionalidad que ameritó la concesión del amparo Además, deberá ordenar a la actuaria responsable deje insubsistentes las diligencias practicadas con motivo de dicho auto de exequendo, es decir, las relativas al requerimiento de pago y embargo de veintisiete de enero, siete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete y procurar que las subsecuentes no se practiquen en el domicilio de la parte quejosa.." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió al Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Judicial del Estado de Morelos, el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, la autoridad responsable allegó a este Juzgado Federal el oficio 17/2018-2 de diez de enero del año en curso (fojas 747 a 750 de los presentes autos), mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, en la cual dejó insubsistente el proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis y en su lugar, pronunció otro, con libertad de jurisdicción, del cual se advierte, no incurrió de nueva cuenta en los vicios señalados, además, ordenó a la actuaria responsable que dejara insubsistentes las diligencias practicadas con motivo del acuerdo antes mencionado es decir, las relativas al requerimiento de pago y embargo de veintisiete de enero, siete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete y procurar que las subsecuentes no se practicaran en el domicilio de la parte quejosa, todo lo anterior dentro del juicio ejecutivo mercantil 792/2016, de su índice administrativo, así también, mediante oficio diverso de número 255/2018-2 de quince de febrero del año en curso (fojas 788 a 797 de los presentes autos), anexó copia certificada de la diligencia de entrega de los bienes embargados a la quejosa, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la cual se llevó a cabo el doce de febrero del año en curso; con lo anterior se dio vista a la parte quejosa. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su garantía violada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó insubsistente el proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis y en su lugar, pronunció otro, con libertad de jurisdicción, del cual se advierte, no incurrió de nueva cuenta en el vicio de inconstitucionalidad, además, ordenó a la actuaria responsable que dejara insubsistentes las diligencias practicadas con motivo del acuerdo antes mencionado es decir, las relativas al requerimiento de pago y embargo de veintisiete de enero, siete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete y procurar que las subsecuentes no se practicaran en el domicilio de la parte quejosa, todo lo anterior dentro del juicio ejecutivo mercantil 792/2016, de su índice administrativo y realizó la diligencia de entrega de los bienes embargados a la quejosa, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la cual se llevó a cabo el doce de febrero del año en curso, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente dejara insubsistente el proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis y en su lugar, pronunciara otro, con libertad de jurisdicción, en el cual no incurriera nuevamente en el vicio de inconstitucionalidad, además, debía ordenar a la actuaria responsable que dejara insubsistentes las diligencias practicadas con motivo del acuerdo antes mencionado, es decir, las relativas al requerimiento de pago y embargo de veintisiete de enero, siete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete y procurar que las subsecuentes no se practicaran en el domicilio de la parte quejosa, todo lo anterior dentro del juicio ejecutivo mercantil 792/2016, de su índice administrativo. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, dejó insubsistente el proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis y en su lugar, pronunció otro, con libertad de jurisdicción, del cual se advierte, no incurrió de nueva cuenta en el vicio de inconstitucionalidad, además, ordenó a la actuaria responsable que dejara insubsistentes las diligencias practicadas con motivo del acuerdo antes mencionado es decir, las relativas al requerimiento de pago y embargo de veintisiete de enero, siete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete y procurar que las subsecuentes no se practicaran en el domicilio de la parte quejosa, todo lo anterior dentro del juicio ejecutivo mercantil 792/2016, de su índice administrativo y el doce de febrero del año en curso se entregaron a la quejosa los bienes embargados en la diligencia de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Sin que se pase desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la parte quejosa mediante los escritos de veintiuno de febrero y once de abril, ambos de dos mil dieciocho, donde la antes citada manifiesta que los bienes que le fueron entregados en la diligencia de doce de febrero del año en curso, presentan señales de uso y daño, por parte del depositario judicial; sin embargo ello no es materia del fondo del asunto, siendo lo correcto, que la autoridad responsable dejara insubsistente el proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, y en su lugar, pronunciara otro, con libertad de jurisdicción, en el cual no incurriera de nueva cuenta en el vicio de inconstitucionalidad, así también, debía ordenar a la actuaria responsable que dejara insubsistentes las diligencias practicadas con motivo del auto de exequendo, es decir, las relativas al requerimiento de pago y embargo de veintisiete de enero, siete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete y procurar que las subsecuentes no se practicaran en el domicilio de la parte quejosa, por lo tanto, tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que proceda, en atención que el núcleo esencial del amparo ya fue cumplido en sus términos Así también, atendiendo a las manifestaciones que vierte la parte tercera interesada, mediante escrito de doce de abril del año en curso, dígasele que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que proceda, en atención que sobre los bienes embargados ya no es materia de estudio, por no ser parte del núcleo de la ejecutoria, por tanto, esté a lo acordado en párrafos anteriores. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III Y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del original y duplicado, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    se ordena agregar a los autos el escrito de la parte tercera interesada, por medio del cual realiza diversas manifestaciones. Al respecto se tienen por hechas las mismas, las cuales se podrán tomar en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    se ordena agregar a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones. Al respecto se tienen por hechas las mismas, las cuales se podrán tomar en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, por medio del cual, informa los actos que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído, remita copia certificada de la diligencia actuarial de veintidós de marzo del año en curso, misma donde el actuario adscrito a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos da fe del estado que guardan actualmente los bienes que le fueron embargados a la parte quejosa y en su momento devueltos en la diligencia de doce de febrero del año actual, dentro del juicio mercantil 792/2016. NOTIFÍQUESE.

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