Gabriela Priego Orueta

Expediente 1153/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1153/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Priego Orueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, la suspensión definitiva se determinó concederla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos: Finalmente, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad señalada como responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Zacatepec, Morelos, cinco anexos que acompañaron al informe justificado, sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en el entendido que el sello de recepción de los citados anexos harán las veces de acuse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que a la fecha no obra constancia legal alguna de la que se desprenda que el tercero interesado Jorge Ernesto Alba Jimenez, haya sido notificado de la sentencia definitiva dictada en el juicio citado al rubro. En tales condiciones, se comisiona al Actuario adscrito que le corresponde conocer del presente asunto, para efectos de que a la brevedad remita la constancia de notificación personal practicada a la parte tercero interesada, en el que se aprecie haber sido notificada de la sentencia de referencia, asimismo la vincule al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, cabe precisar que la sentencia fue dictada el doce de noviembre del dos mil veintiuno. Notifíquese; y se comisiona al Actuario para que remita la constancia de notificación personal a la parte tercero interesada, relativa a la sentencia. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica al tercero interesado Jorge Ernesto Alba Jiménez, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós y doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que a la fecha no obra constancia legal alguna de la que se desprenda que el tercero interesado Jorge Ernesto Alba Jimenez, haya sido notificado de la sentencia definitiva dictada en el juicio citado al rubro. En tales condiciones, se comisiona al Actuario adscrito que le corresponde conocer del presente asunto, para efectos de que a la brevedad remita la constancia de notificación personal practicada a la parte tercero interesada, en el que se aprecie haber sido notificada de la sentencia de referencia, asimismo la vincule al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, cabe precisar que la sentencia fue dictada el doce de noviembre del dos mil veintiuno. Notifíquese; y se comisiona al Actuario para que remita la constancia de notificación personal a la parte tercero interesada, relativa a la sentencia. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe. R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, vía electrónica ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida por esta autoridad en su fecha, Gabriela Priego Orueta, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".el acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno,.. Pues se apartó de los plazos y términos ordenados en los artículos 1348 y 1353 del Código de Comercio Vigente.". SEGUNDO. En dieciséis de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 1153/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable:  El acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 314/2017, que señala data para desahogar las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por el demandado perdedor, de manera lejana. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y remitieron copia certificada de constancias relativas al juicio 314/2017, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Como apoyo a las consideraciones precisadas, es adecuado citar el criterio Jurisprudencial 278 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 231, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad." Así como la Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, esta autoridad advierte se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". En efecto, deviene improcedente el juicio de amparo, por conceder la ley ordinaria un recurso dentro del procedimiento por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. En la especie, este Juzgado considera que la parte quejosa antes acudir al juicio de amparo, debió haber impugnado la resolución reclamada a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, como a continuación se verá. El marco normativo aplicable al caso, deducido del Código de Comercio, es el siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)" Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Del contenido de los preceptos 1339 y 1340 del Código de Comercio deriva la regla de procedencia del recurso de apelación para impugnar sentencias, interlocutorias y autos en los juicios de naturaleza mercantil, relativa al monto de la cuantía que sea objeto de la suerte principal reclamada, la cual, conforme a la disposición vigente, debe ser de $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional moneda nacional) o superior a tal monto para que dicho medio de impugnación sea procedente, ya que el legislador estableció que si la cantidad reclamada es menor a esa cantidad no es factible interponer recurso de apelación. Luego, en concordancia con la regla consignada en el numeral 1334 de la legislación mercantil invocada, los autos y decretos que no sean apelables serán impugnables a través del recurso de revocación. El punto materia de divergencia se centra en dilucidar si de acuerdo con el contenido del artículo 1334 del Código de Comercio, las interlocutorias que no sean apelables (por razón de la cuantía) dictadas en juicios de naturaleza mercantil, son impugnables a través del recurso de revocación, como el acuerdo que se analiza, porque el legislador en la referida norma jurídica únicamente se refirió a "autos y decretos". Al respecto, este órgano de control constitucional determina que sí es procedente el recurso de revocación para impugnar el acuerdo reclamado que el juez responsable determina fijar data para el desahogo de la confesional y testimonial ofertadas por la demandada en lo principal demasiado lejana, dentro del incidente de liquidación de interés moratorios, cuando no procede recurso de apelación, porque el recurso de revocación es un medio de impugnación ordinario y horizontal, dado que el mismo juez que dictó la resolución impugnada lo resuelve, pudiendo confirmar su decisión si estima que está ajustada a derecho, o bien modificar parcialmente o revocar totalmente su propia determinación; de manera que constituye un medio de defensa idóneo, al tener por efecto modificar, revocar o nulificar los autos e interlocutorias no apelables en juicio. Ciertamente, del análisis armónico y sistemático de los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y de apelación, es dable establecer que en aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación es procedente contra todo tipo de resoluciones, pues el legislador en el artículo 1334 del Código de Comercio no distinguió entre autos preparatorios, provisionales o definitivos. Por tanto, cuando la sentencia en razón de la cuantía es apelable como en el caso, empero, al tratarse el acto impugnado de un acuerdo de trámite dentro del incidente de liquidación de interés moratorios, que no se ubica en los supuestos para ser impugnado mediante el recurso de apelación, la revocación será procedente contra todo tipo de acuerdos o resoluciones con excepción de la sentencia definitiva; en términos de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, así es procedente el recurso de revocación en contra del acuerdo que señala fecha para desahogar pruebas dentro de un incidente de liquidación de intereses moratorios, la cual fue emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. Luego, si en el caso la parte quejosa, reclama precisamente el acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, que señala data para desahogar la confesional y testimonial ofertadas por el demandado perdedor, re refiere fuera del término legal para ello, dentro del incidente liquidación de interés, promovido en el juicio ejecutivo mercantil 314/2017, entonces, de conformidad con el artículo 1334, del Código de Comercio, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revocación correspondiente, mediante el cual podía haberse modificado, revocado o confirmado la resolución apelada. Por las razones que la informan, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 70/2013, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 401, registro: 2005047, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido establece: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno).". Asimismo, es aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia la Jurisprudencia número II.2o.C. J/5, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 678, que a la letra dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN. Conforme a la actual redacción del artículo 1348 del Código de Comercio, la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación es apelable en el efecto devolutivo. Ahora, si se exige en la vía mercantil ejecutiva y en ejercicio de la acción cambiaria directa el cobro de un pagaré y accesorios, no se trata de créditos otorgados mediante algún contrato celebrado con anterioridad a las reformas del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y por consiguiente, en esos casos no se aplican tales reformas, pues la acción ejercitada fue por el incumplimiento del pago de un título de crédito, no surtiéndose la hipótesis del artículo 1o. transitorio invocado. Así, el juicio de amparo resulta improcedente acorde a lo establecido por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que debió intentarse el recurso de apelación a través del cual podía obtenerse su modificación o revocación, y al no hacerlo, se inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo." De igual manera, el criterio jurídico número XXI.1o.83, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 693, que dispone lo siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE (LEGISLACIÓN MERCANTIL). En términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; por tanto, en contra de la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación, debe agotarse el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1348 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, al disponerlo así expresamente dicho precepto, a diferencia del anterior, que no lo establecía. En este orden de ideas, debe concluirse que al no agotarse dicho medio ordinario de defensa se incurre en la inobservancia del principio de definitividad." Y la Jurisprudencia 1a./J. 17/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, la cual puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, página 143, que expresa: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES. Las causas que originan la liquidación de intereses simples y moratorios y la condena de gastos y costas son diversas, pues una deriva de la acción misma y la otra del resultado del proceso; contra de la condena a pago de intereses simples y moratorios no procede recurso alguno y contra la condena de gastos y costas procede el recurso de apelación. En consecuencia, cuando en una misma sentencia documento el Juez resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples y moratorios (que no es recurrible) el afectado estará en el deber de agotar apelación en contra de la liquidación de gastos y costas, antes de acudir al juicio de garantías, pues de lo contrario, la acción resultará improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque si bien, la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento; de ahí que si el documento que representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico contiene no uno, sino diversos pronunciamientos independientes; es decir, tratándose de diversos actos jurídicos, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes." Lo anterior, porque se insiste, el juicio de amparo es considerado un medio extraordinario de defensa, al cual se debe acudir una vez que se hayan agotado todos los medios de defensa ordinarios que establece la ley que regula el acto reclamado, para de esta manera acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, máxime que en la especie como se dijo, no se actualiza alguna de la excepciones a dicho principio, pues el acto reclamado no se relaciona con los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco incide en la libertad personal del quejoso, ni se trata de un tercero extraño al procedimiento. En apoyo a los anteriores argumentos, se cita la tesis VII.3o.C.25 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1182, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO EXISTE EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, EN TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. La Ley de Amparo no prevé excepción respecto a la obligación de agotar el recurso o medio de defensa que proceda antes de intentar la acción constitucional en tratándose de procedimientos judiciales, aun cuando no suspendan el acto reclamado, pues ello sólo es dable cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Además, en el caso, la parte quejosa no hace valer únicamente violaciones directas a la constitución, pues incluso refiere que el acto reclamado inobserva diversas disposiciones del Código de Comercio. En consecuencia, al actualizarse la causal de sobreseimiento analizada, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, no es obstáculo que las tesis y jurisprudencias invocadas, se hayan integrado conforme a la ley anterior, toda vez que conforme en lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Nueva Ley de Amparo, continúan en vigor, en tanto no se opongan a la Ley de Amparo vigente. Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo respecto de ese acto, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que literalmente expresa: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No sobra decir que las causas de improcedencia y de sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". Ahora, cabe señalar que el estimar actualizada la causa de improcedencia sujeta estudio, no implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues si bien es cierto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa; sin embargo, corresponde a la parte quejosa cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.C.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, del tomo 3, Enero de 2013, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos y autoridad mencionada, en términos de lo previsto por fracción V, del diverso numeral 63, del ordenamiento legal en cita. Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy doce de noviembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza en el expediente 1352/2019, de su índice, para el efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la audiencia de ley, señalada en el expediente laboral 1352/2019, de su índice, se encuentra debidamente integrada, debiendo remitir las constancias conducentes que acrediten su dicho. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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