Gabriela Perez Zetina

Expediente 1046/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1046/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Perez Zetina

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Como según la certificación secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de agosto último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME, para todos los efectos procedentes. De igual forma, como de la constancia secretarial de cuenta, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; asimismo, se realiza su valoración documental como DESTRUÍBLE, en un plazo de tres años, toda vez que se desechó la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en cita, ni este Juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial que antecede, no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Finalmente, háganse las anotaciones del caso, en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, la razón actuarial de cuenta, mediante la cual, la actuaria judicial adscrita, hace constar la imposibilidad que tuvo para notificarle personalmente a la quejosa -, el proveído de veintidós de agosto en curso, toda vez que en el diverso de nueve del mismo mes, se ordenó practicarle las notificaciones personales, por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional; en tal virtud, a fin de que sea legalmente notificada y no dejarla en estado de indefensión, se comisiona a dicha actuaria, para que proceda a realizar la notificación de que se trata, y las subsecuentes, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacan, a veintidos de agosto de dos mil veintitres. Agréguese a sus autos, el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, por medio del cual, cumple con la prevención formulada en auto de nueve de agosto en curso. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución interlocutoria dictada el veintisiete de enero del año en curso, por el Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la notificación, promovido por la aquí quejosa, dentro del expediente -; juicio en el que se señaló fecha para la audiencia pública de remate en su primer almoneda, en su etapa de ejecución. Acto, respecto del cual, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, este a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la Tesis de Jjurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior..." Ahora, si en la especie, la quejosa pretende combatir la resolución interlocutoria dictada el veintisiete de enero del año en curso, por el Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la notificación, promovido por la aquí quejosa, dentro del expediente -; juicio en el que se señaló fecha para la audiencia pública de remate en su primer almoneda, en su etapa de ejecución, siendo evidente que esta determinación, no constituye el acto definitivo en el procedimiento de ejecución, para que resulte procedente el juicio constitucional, al no constituir aquella, que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la Materia, para la procedencia del juicio constitucional; ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, supuestos que darían a la impetrante la posibilidad de promover el amparo en contra de esa resolución dictada en el respectivo procedimiento, en cuyo caso podrá hacer valer las demás violaciones cometidas que lo hubieren dejado sin defensa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la Tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010, para aplicar por analogía, lo dispuesto por la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la resolución interlocutoria dictada el veintisiete de enero del año en curso, por el Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la notificación, promovido por la aquí quejosa, dentro del expediente -; juicio en el que se señaló fecha para la audiencia pública de remate en su primer almoneda, en su etapa de ejecución, no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Al respecto, es de citarse la Jurisprudencia con número de registro 163152, publicada en la página 6, Tomo XXXII, Enero de 2011, sustentadas por el Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, este a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por..., por su propio derecho; en tal virtud, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, con el número VII-1046/2023-2; ahora bien, previo a proveer lo que en derecho proceda, y atendiendo a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda De tal forma, a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente, en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 Constitucional, y además, con fundamento en los numerales 108 fracción IV, 112 y 114 de la Ley de la Materia, toda vez que dicha quejosa, es muy genérica en la narrativa de los actos reclamados que señala en su libelo constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise y cumpla con lo siguiente: De la lectura del libelo constitucional, se desprende que la quejosa, en su capítulo de acto reclamado, señala como tal, la sentencia interlocutoria de veintisiete de enero del presente año, dictada por el Juez Primero Civil de este Distrito Judicial, dentro del expediente número ..., y en su apartado de antecedentes, se refiere al auto de veintiocho de junio último, en el que la autoridad que señala como responsable, determinó no acordar favorablemente su petición ahí acordada; además de que no manifiesta la etapa procesal en la que se encuentra el expediente de que se trata. Por tanto, se le requiere para que precise el acto que realmente reclama en esta instancia, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente; para ello, deberá exhibir copia del mismo, o bien transcribir sus puntos resolutivos, y precisar la fecha en que le fue notificado, exhibiendo copia de la notificación respectiva, y finalmente, manifieste la etapa procesal en la que se encuentra dicho expediente. Además, deberá anexar las copias de su libelo aclaratorio para correr traslado con ellas a todas y cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar la omisión anotada, por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, ya que ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la Tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Bajo apercibimiento, que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada su demanda de garantías. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Igualmente, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales, se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente, previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Asimismo, se le tiene como autorizado para recibir notificaciones, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., toda vez que se encuentra inscrito en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a...como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Por otra parte, como lo solicita la promovente, se ordena a la Analista Jurídico (SISE), dar de alta al usuario ..., en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo. De igual forma, se le tiene proporcionando un correo electrónico para contacto, en caso de que este Órgano Jurisdiccional lo considere necesario. Finalmente, toda vez que la parte quejosa, no señala domicilio para recibir notificaciones; en tal virtud, a fin de no dejarla en estado de indefensión, se ordena realizarlas por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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