Gabriela Gonzalez Garcia

Expediente 515/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
515/2018
Año
2018
Actuaciones
36
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Gabriela Gonzalez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente para que obren como constancia el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa de recibo de los cuadernos incidentales y billete de depósito número -, dado que en acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio número 11278/2018, por el que se le remitió el cuaderno de incompetencia declinada a su favor, e informa que aceptó el conocimiento del asunto planteado. De igual forma, como lo solicita remítasele los cuadernos incidentales; así como el billete de depósito número N816344, valioso por la cantidad de $8,000.00, que exhibió la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión provisional. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado Federal se declaró legamente incompetente para conocer el presente asunto, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... y tercero interesado... del acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho...Como del estado de los autos, así como del análisis integral de la demanda, anexos y constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la orden de escrituración dictada dentro del juicio sumario civil hipotecario número 513/2015, el cinco de junio del dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta Distrito Judicial, respecto del inmueble ubicado en el Lote número 5, Manzana 18, Zona 01, Ejido Toreo El Bajo y su anexo El Alto II, Municipio de Uruapan, Michoacán, en cuanto parte tercero extraña al juicio de origen. En ese sentido, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si el acto reclamado por la impetrante de garantías, se hace consistir en la orden de escrituración dictada dentro del juicio sumario civil hipotecario número 513/2015, el cinco de junio del dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta Distrito Judicial, respecto del inmueble ubicado en el -, que aduce tener los derechos de propiedad y posesión, lo que evidentemente lleva implícita una ejecución material, la cual se materializara en el domicilio que bajo protesta de decir verdad precisó. De tal forma, que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gabriela González García, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevará a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. Resulta aplicable al caso particular, la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." La diversa emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como por identidad jurídica la Jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, Septiembre de 2018, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita. Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gabriela González García, a un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevara a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se declara carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido...

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Como del estado de los autos, así como del análisis integral de la demanda, anexos y constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la orden de escrituración dictada dentro del juicio sumario civil hipotecario número 513/2015, el cinco de junio del dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta Distrito Judicial, respecto del inmueble ubicado en el Lote número 5, Manzana 18, Zona 01, Ejido Toreo El Bajo y su anexo El Alto II, Municipio de Uruapan, Michoacán, en cuanto parte tercero extraña al juicio de origen. En ese sentido, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si el acto reclamado por la impetrante de garantías, se hace consistir en la orden de escrituración dictada dentro del juicio sumario civil hipotecario número 513/2015, el cinco de junio del dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta Distrito Judicial, respecto del inmueble ubicado en el -, que aduce tener los derechos de propiedad y posesión, lo que evidentemente lleva implícita una ejecución material, la cual se materializara en el domicilio que bajo protesta de decir verdad precisó. De tal forma, que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gabriela González García, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevará a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. Resulta aplicable al caso particular, la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." La diversa emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como por identidad jurídica la Jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, Septiembre de 2018, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita. Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gabriela González García, a un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevara a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se declara carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

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