Gabriela Pérez Molina

Expediente 1123/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1123/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Pérez Molina

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio procedente del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por ********************, el cual fue registrado bajo el número 80/2023, de su índice. En mérito de lo anterior, llévense a cabo las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y hágase del conocimiento a las partes que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes. [...] Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III.- Vista la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Distrito asignada para fungir como Juez de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1123/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal por razón de grado y jerarquía, para conocer de la misma, ya que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictada por los Magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito, en los autos del toca penal ***, que confirma la diversa de dieciocho de abril del año en curso, emitida por la Jueza de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, en el expediente relativo al traslado voluntario ***. En tanto que los artículos 36 y 48 de la Ley de Amparo prevén que: [...] Así como el diverso arábigo 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: [...] Como se puede observar, los numerales transcritos determinan, entre otros aspectos, la competencia por grado y jerarquía de los Tribunales Colegiados de Apelación, cuando se presente una demanda de amparo indirecto contra actos de otros Tribunales Colegiados de Apelación. Así mismo, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se deduce que contra las resoluciones emitidas por un Tribunal Colegiado de Apelación, que no pongan fin al juicio de origen y se promueva amparo indirecto en su contra, es competencia de otro tribunal de la misma naturaleza del mismo circuito si lo hubiera; o bien, el más cercano al que haya emitido la resolución reclamada. De lo anterior se sigue que en caso de que en una demanda de amparo se reclamen alguno de los actos en análisis, esto es, una resolución que no pone fin al juicio, pero ésta se presente ante un juez de distrito, dicho juzgador deberá declararse legalmente incompetente y remitir la demanda a la autoridad correspondiente, a saber, a diverso tribunal colegiado de apelación. Del mismo modo, como lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2015, de los arábigos citados se desprende que el legislador secundario, acorde a lo previsto en el artículo 107 constitucional, determinó que de los juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, ahora Tribunales Colegiados de Apelación, conocerá otro tribunal de la misma naturaleza, indicándose expresa y limitativamente, que la competencia recaerá en uno del mismo Circuito, si lo hubiera; y a falta de éste, en el más próximo a la residencia del que resultare responsable, con lo cual quedó claramente delimitada la citada competencia, con base en dos criterios: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad. [...] En el caso, como ya se dijo, la peticionaria de amparo reclama al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, la resolución emitida el veinte de julio de dos mil veintitrés, en el toca penal ***. Luego, como el acto reclamado se atribuye a un Tribunal Colegiado de Apelación y no constituye una sentencia definitiva, la competencia para conocer del presente juicio de amparo indirecto se surte a favor de otro Tribunal Colegiado de Apelación, atendiendo al criterio de jerarquía. Ahora, para identificar qué Tribunal Colegiado de Apelación es legalmente competente para conocer de este asunto, se tienen presentes los artículos 2 y 3 del Acuerdo General 62/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito, los cuales establecen: [...] Como se puede apreciar, en tales preceptos se determinó, en lo que interesa, el inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, que tendrá competencia mixta y que ejercerá jurisdicción para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito, que comprende el estado de Morelos, al tratarse del Tribunal más cercano. Atento a lo anterior y tomando en consideración que en este Circuito Judicial no existe otro Tribunal Colegiado de Apelación, la competencia se finca a favor del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero. Por tanto, con fundamento en los artículos 36 y 48 de la Ley de Amparo; 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, vigentes; así como en la jurisprudencia 1a./J. 14/2017(10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y el Acuerdo General 38/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, al que respetuosamente se solicita acusar el recibo correspondiente e informar la decisión que adopte al respecto. Fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE OFICION Y DE PLANO Sin perjuicio de lo anterior y ya que la parte quejosa solicita la apertura del incidente de suspensión, así como que "se decrete la suspensión de plano y en su momento la definitiva", a continuación se realiza el pronunciamiento respectivo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, a reserva de lo que al respecto determine el Tribunal competente y salvo su mejor criterio. Respecto a la concesión de la suspensión de plano solicitada, debe decirse que de conformidad con los artículos 125, 127 y 128 de la Ley de Amparo, dicha medida cautelar, por regla general, se concede mediante la sustanciación del incidente correspondiente, ya sea que su apertura se ordene de oficio o a petición de parte. No obstante, en términos del diverso 126 de la Ley de Amparo, los juzgadores se encuentran facultados para intervenir de oficio y otorgar la suspensión de plano a los promoventes, sin la necesidad de abrir el incidente relativo, en los supuestos específicamente delimitados por el legislador, cuyas consecuencias permearán hasta la emisión de la sentencia correspondiente. Concretamente, esa atribución tiene lugar cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Como se evidencia, el legislador circunscribió las hipótesis en que el juez de distrito se encuentra conminado a otorgar la suspensión de oficio y de plano, lo que cobra sentido si se considera que la sustracción de los derechos que tales supuestos tutelan podría generar un perjuicio de imposible reparación, lo que habilita la inmediata intervención del juzgador. En ese contexto, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, el juez de distrito proveerá la medida cautelar de oficio y de plano solamente cuando advierta que las consecuencias inminentes de los actos reclamados pueden generar peligro de privación de la vida o de la libertad personal o poner en riesgo la integridad física de los gobernados. En el caso, la parte quejosa reclama, en esencia, la resolución de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictada por los Magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito, en los autos del toca penal ***, que confirma la diversa de dieciocho de abril del año en curso, emitida por la Jueza de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, en el expediente relativo al traslado voluntario ***. Sin embargo, a criterio del suscrito, no se satisface alguno de los supuestos contenidos en los artículo 126 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, que haga procedente la concesión de la suspensión de oficio y de plano, toda vez que el acto que en esencia se reclama, no encuadra en lo dispuesto por dichos preceptos, pues no se encuentra ahí prevista expresamente y tampoco pone en peligro la vida de la promovente, ni afecta su libertad personal y mucho menos pone en peligro su integridad física; ya que nos encontramos ante una resolución sobre la procedencia o no de la solicitud de traslado de la quejosa de un centro federal de rehabilitación a otro, sin que ello, per se, encuadre en los supuestos contemplados en los preceptos legales antes citados, como lo informa la siguiente tesis: [...] En consecuencia, a juicio de este órgano de control constitucional y salvo mejor criterio del Tribunal legalmente competente, dicha medida cautelar no es procedente en virtud de que dada la naturaleza del acto que señala como reclamado, no es posible llegar a la conclusión de que encuadre en los supuestos establecidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que en todo caso este juzgado considera que la medida cautelar solicitada es menester atenderla en incidente de suspensión que para el caso se aperture en el momento procesal oportuno. Empero, será el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, quien conforme a las facultades que la ley le confiere provea lo que en derecho corresponda respecto a la suspensión que solicita la parte quejosa. DOMICILIO Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. [...] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión.

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