Gabriela Méndez Yoshino.

Expediente 731/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
731/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Méndez Yoshino.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta como apoderada legal de********************, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, párrafo primero, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del siete de junio de dos mil veintitrés); por tanto, es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales, ni se formó incidente de suspensión ni tomo de pruebas por separado. Notifíquese. JRL

  2. Principal

    MESA I.- Vista la demanda promovida por ***, quien se ostenta como apoderada legal de ***, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 731/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO [...] Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral ***. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Así, de acuerdo al principio de procedencia del Juicio de Amparo Indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por aquellos actos cuyas consecuencias necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Sobre la base expuesta, es evidente que los actos de procedimiento que pretende combatir la parte quejosa en esta instancia constitucional no se encuentran dentro de los presupuestos legales exigidos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que la promovente reclama actos que no le producen a su representada de manera directa una afectación a algún derecho fundamental, ya que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a sus derechos personales (propiedades, posesiones o derechos), lo anterior en virtud de que el acto reclamado en esencia consiste en la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral 1038/2019. Resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la citada Ley de Amparo. En la especie, el acto que se reclama, no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. [...] En los términos expresados, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo juicio laboral: la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral ***. Aunado a que no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; toda vez que la supuesta omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral ***, fue reclamada mediante amparo indirecto presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, de lo cual se advierte que únicamente han transcurrido cuarenta y cuatro días naturales de dilación, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de treinta y tres días que tiene la autoridad para dictar el laudo respectivo. En efecto, los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: [...] En razón de lo anterior, si de lo manifestado por la parte quejosa en su demanda se advierte que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se cerró instrucción en el expediente de origen y se turnó para la elaboración del proyecto de laudo respectivo, y a partir de esa fecha la autoridad responsable tenía un término de treinta y tres días hábiles conforme a los preceptos legales anteriormente transcritos, para emitir el laudo correspondiente; entonces, dicho término feneció el once de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior, tomando en consideración que los días veinte de marzo, cinco, seis y siete de abril de dos mil veintitrés, fueron inhábiles, de conformidad con el Aviso publicado en el Boletín Laboral de doce de diciembre de dos mil veintidós, emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por lo que a la fecha de la presentación de la demanda (veinticinco de mayo de dos mil veintitrés) sólo han transcurrido cuarenta y cuatro días naturales de dilación. Cabe agregar, que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido por lo menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que la junta responsable debió legalmente pronunciarse o realizar los actos procesales respectivos, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que se establece en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que un juicio permanezca inmóvil. Dicho precepto establece un lapso de cuarenta y cinco días naturales para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y además resulta un referente útil, en el presente caso, para determinar cuándo debe considerare que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, registro 2019400, Materias Común, Laboral, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: [...] En los términos expresados, se concluye que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo no denota una abierta dilación. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderada legal de ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que designa, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL De igual forma, se tiene el correo electrónico y números de teléfono proporcionados, como medios de comunicación no procesal con dicha parte. [...] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. HACM

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