Gabriela Patricia Cuenca Vázquez
Expediente 522/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriela Patricia Cuenca Vázquez
- Gabriela Patricia Cuenca Vázquez y Otros.
- Rosa Leticia Gallegos Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Firme. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de la autoridad responsable, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración de los cuadernos. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las partes, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sean debidamente notificadas del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía por no haberse tramitado incidente de suspensión. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Firme. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de la autoridad responsable, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración de los cuadernos. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las partes, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sean debidamente notificadas del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía por no haberse tramitado incidente de suspensión. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-522/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Pedro Briseño Navarro, Ana Rosa Becerra Madrigal, Irma Flores Castro, J. Jesús Ramírez Alvarado, Juan Pablo Alvarado Cervantes e Ilda Espinoza Ortega, por su propio derecho, pidieron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en: IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo es la OMISIÓN DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, DE EMITIR EL ACUERDO SOLICITADO MEDIANTE PROMOCIÓN DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE NÚMERO 787/2015 DENTRO DEL TERMINO LEGAL ESTABLECIDO PARA ELLO EN LOS ARTÍCULO 114, 120 Y 121 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 950 DE LA SUPLETORIA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, transcurriendo con exceso el termino legal en que quedó firme el laudo dictado, y el día en que se presentó la solicitud de reinstalación y ejecución de laudo a la fecha en que se presenta este amparo dentro del juicio ordinario laboral con expediente número 787/2015, además de que hasta la fecha de la presentación de esta demanda de amparo la autoridad responsable no ha dictado el acuerdo respectivo señalando fecha para que se lleven a cabo las actuaciones solicitadas y por consiguiente mucho menos la autoridad responsable nos ha notificado el citado acuerdo. Acto que estimaron violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que previa prevención, se admitió a trámite mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, existe la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que atribuye a la autoridad responsable son: La omisión de emitir el acuerdo solicitado mediante promoción de once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 787/2015, en el término legal establecido para ello; promoción en la cual se solicitó la fijación de fecha para que se llevara a cabo la reinstalación de los quejosos en su fuente de trabajo, así como la diligencia de requerimiento de pago y en su caso, embargo de lo laudado. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto que se reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, lo anterior, no obstante que al rendir su informe justificado la autoridad responsable sostuviera lo siguiente: N° Autoridad Auto de recepción Sentido 1 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Catorce de octubre de dos mil veinte. Niega Negativa que se encuentra desvirtuada con el contenido de las constancias remitidas con el informe justificado, las cueles merecen valor probatorio en términos de de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Documentales de las que se desprende que, al momento en que fue presentada la demanda de amparo [veintisiete de agosto de dos mil veinte] el Tribunal responsable no había emitido acuerdo con respecto a la promoción de once de diciembre de dos mil diecinueve que presentaron los quejosos dentro del expediente laboral 787/2015, pues ello ocurrió hasta el auto dictado el siete de octubre de dos mil veinte, esto es un momento posterior. Por tal motivo, dado que al momento de ser presentada la demanda de amparo no existía pronunciamiento con respecto a la promoción que presentó la parte quejosa ante el Tribunal responsable, a fin de que fijara fecha para que se llevara a cabo la reinstalación de los ahora quejosos, así como la diligencia de requerimiento de pago y en su caso, embargo de lo laudado. Afirma lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava época, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la Litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causal de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Según la jurisprudencia, para la actualización de esta causa de improcedencia se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que sea semejante a que si el quejoso hubiera obtenido una sentencia de amparo favorable. En ese sentido, se entiende que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable anula el acto que se reclama o realiza el que debía, de manera que constituya una situación jurídica que destruya la que dio motivo al amparo y se restituya al quejoso en el goce del derecho humano violado. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto reclamado deje de afectar algún derecho sustantivo de aquél, lo cual debe entenderse que los sucesos impugnados deban desaparecer totalmente de la realidad, a modo que la situación del quejoso vuelva al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, como es el caso. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio toda vez que la autoridad responsable a la que se le atribuye la omisión reclamada, cumplió con el deber que la ley le exige. En efecto, con las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de siete de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable emitió acuerdo en el cual dictó pronunciamiento respecto a la promoción de once de diciembre de dos mil diecinueve dentro del expediente laboral 787/2015, por la cual los ahora quejosos solicitaban la fijación de fecha para que se llevara a cabo la reinstalación de éstos en su fuente de trabajo, así como la diligencia de requerimiento de pago y en su caso, embargo de lo laudado, Acuerdo en el que, los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, señalaron fecha para la reinstalación de los trabajadores actores (aquí quejosos) a su fuente de empleo, así como el requerimiento de pago por la cantidad de $4,133,397.60 (cuatro millones ciento treinta y tres mil trescientos noventa y siete pesos 97/100 M.N.) a la parte demanda del juicio natural. En ese contexto, si la parte quejosa lo que reclamó a la autoridad responsable fue la omisión de emitir acuerdo mediante promoción de once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 787/2015, en la cual se solicitó la fijación de fecha para que se llevara a cabo la reinstalación de los quejosos en su fuente de trabajo, así como la diligencia de requerimiento de pago y, en su caso, embargo de lo laudado, la cesación de los efectos se actualiza cuando ésta dictó pronunciamiento con respecto a dicha solicitud vertida en la promoción señalada. Lo que se evidencia de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en las que se desprende que en acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte, señaló fecha para la reinstalación de los trabajadores actores (aquí quejosos) a su fuente de empleo, así como el requerimiento de pago a la parte demandada del juicio natural. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de emitir el acuerdo solicitado mediante promoción de once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 787/2015, en el término legal establecido para ello; promoción en la cual se solicitó la fijación de fecha para que se llevara a cabo la reinstalación de los quejosos en su fuente de trabajo, así como la diligencia de requerimiento de pago y en su caso, embargo de lo laudado. Pues si bien ha quedado demostrada la existencia de dicha omisión la realidad es que, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que dicha omisión cesó mediante acuerdo de siete de octubre del presente año en el que señaló fecha para la reinstalación de los quejosos a su fuente de trabajo, así como el requerimiento de pago de su contraparte en juicio de origen. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por tanto, en el presente caso y como ya se dijo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Pedro Briseño Navarro, Ana Rosa Becerra Madrigal, Irma Flores Castro, J. Jesús Ramírez Alvarado, Juan Pablo Alvarado Cervantes e Ilda Espinoza Ortega, por su propio derecho, contra los actos que reclamaron de la autoridad responsable y por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Estado de autos y diferimiento. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de catorce de octubre de dos mil veinte se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; por tanto, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que aquéllas se encuentren en posibilidades de conocerlo a fin de estar en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda; ello es así, porque tal como se indicó en la certificación de cuenta tal informe se recibió en auto de catorce de octubre pasado, el que se notificó mediante lista publicada el día quince siguiente, misma que surtió efectos el dieciséis posterior, generando que el aludido plazo de ocho días comenzara en la data que nos ocupa, lo que implica que se encuentre vigente el aludido plazo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las catorce horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte para su celebración. Notificación por lista Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse personalmente a las partes, establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Integración al expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Gabriela Gómez Rodríguez1011/2021
- Gabriela Guadalupe Melgoza Gutierrez285/2019
- Gabriela Hernández Villegas12/2021
- Gabriela Jenny López Jiménez868/2019
- Gabriela Medina Mondragon1049/2017
- Gabriela Patricia Cuenca Vázquez1056/2021
- Gabriela Ruíz Guerrero213/2020
- Gabriela Valentina Tejedo Cota939/2021
- Gabriela Virginia Arriaga Leal1185/2021
- Gabriela Viviana Bravo Cazares872/2018
- Gabriela Viviana Cazares Pacheco281/2020
- Galicia Michelle Rodríguez Zetina164/2022