Gabriela Patricia Cuenca Vázquez

Expediente 1056/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1056/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Patricia Cuenca Vázquez
  • Pedro Briseño Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, dado que no se tramitó, como se desprende el auto de catorce de julio pasado.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido del secretario Javier Ivan Contreras Osorio, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1056/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, el secretario relaciona las principales constancias del expediente y da cuenta al juez: con la demanda de amparo y auto de admisión. En la fecha el secretario da cuenta al Juez con un oficio recibido en este juzgado en esta fecha, registrado con el folio 18115, mediante el cual el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, rinde informe justificado y remite copia certificada de las constancias de donde mana el acto reclamado. A lo anterior el Juez acuerda: Se tiene por rendido el informe justificado; y de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la oficiante las documentales que exhibe, las cuales serán tomadas en cuenta en la etapa correspondiente. Sin que en el caso se considere que tengan el carácter de terceros interesados a la contraparte del quejoso, toda vez la dilación procesal reclamada, también les afecta, por lo cual no tienen un interés contrario a éste. Por otra parte, el Secretario certifica: que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, sin embargo, procédase a resolver el presente sumario, toda vez que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y la responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por la responsable. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y el secretario hace constar que las partes no los formularon; a lo que el juez acuerda: ténganse a las partes por perdido su derecho a alegar. Con lo que se finaliza esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo y se procede a dictar la siguiente SENTENCIA Visto, para resolver los autos del juicio de amparo 1056/2021, promovido por Gabriela Patricia Cuenca Vázquez, Pedro Briseño Navarro, Rosa Leticia Gallegos Becerra, Erika Mercedes Corza Gallegos, Ana Rosa Becerra Madrigal, Lilith Elena Benítez García, Edgar Arnaldo Flores Flores, Irma Flores Castro, J. Jesús Ramírez Alvarado, Sabino Guzmán Dueñas, Moisés Alvarado Tinoco, Juan Pablo Alvarado Cervantes e Hilda Espinoza Ortega, por conducto de su apoderado Jorge Martínez Juárez, por alegada violación de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: La omisión de emitir acuerdo a la promoción que presentó el once de diciembre de dos mil diecinueve y, La omisión de acordar el diverso ocurso que presentó el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la omisión puede tener ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó los actos reclamados. Lo anterior, bajo el argumento de que dio respuesta a los ocursos que le fueron presentados por parte de los quejosos. En ese orden, respecto de la omisión de emitir acuerdo a la promoción que presentó el once de diciembre de dos mil diecinueve es inexistente el acto, ya que como se advierte de las documentales que adjuntó la responsable, las que adquieren valor probatorio conforme lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, le dio respuesta el siete de octubre de dos mil veinte; por tanto, ante la inexistencia de los actos atribuidos con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Mientras que respecto del diverso acto, consistente en La omisión de acordar el diverso ocurso que presentó el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación que se realiza de la fracción citada, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Puntualizado lo anterior, tenemos que en el segundo supuesto se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. Entonces, es factible considerar que en el caso, se actualiza la hipótesis referida, puesto que se reemplazó el acto reclamado en comento por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, razón por la cual éste deja de surtir sus efectos como tal. Luego, si de las constancias que allegó la responsable, las cuales fueron valoradas con antelación, se desprenden que el tribunal dio respuesta a la petición el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en comento, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados, porque durante la substanciación de este juicio, el tribunal responsable, dio respuesta a la petición que le fue formulada; restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos vulnerados y, por lo tanto, resultaría ocioso realizar un estudio sobre la constitucionalidad de actos que han dejado de surtir efectos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gabriela Patricia Cuenca Vázquez, Pedro Briseño Navarro, Rosa Leticia Gallegos Becerra, Erika Mercedes Corza Gallegos, Ana Rosa Becerra Madrigal, Lilith Elena Benítez García, Edgar Arnaldo Flores Flores, Irma Flores Castro, J. Jesús Ramírez Alvarado, Sabino Guzmán Dueñas, Moisés Alvarado Tinoco, Juan Pablo Alvarado Cervantes e Hilda Espinoza Ortega, respecto de las omisiones atribuidas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1 Recepción de escrito. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Gabriela Patricia Cuenca Vázquez, Pedro Briseño Navarro, Rosa Leticia Gallegos Becerra, Erika Mercedes Corza Gallegos, Ana Rosa Becerra Madrigal, Lilith Elena Benítez García, Edgar Arnaldo Flores Flores, Irma Flores Castro, J. Jesús Ramírez Alvarado, Sabino Guzmán Dueñas, Moisés Alvarado Tinoco, Juan Pablo Alvarado Cervantes e Hilda Espinoza Ortega, por conducto de su apoderado Jorge Martínez Juárez, personalidad que tiene acreditada ante la autoridad responsable y se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata, contra el acto atribuyen al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. 1.2. Registro. Se ordena formar y registrar el expediente respectivo con el número 1056/2021, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 1.3. No ha lugar a tramitar incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar por duplicado y separado incidente de suspensión, dado que no lo solicitó de manera expresa por la parte quejosa. 1.4. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 1.5. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 1.5.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, 1.5.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que evidencien que ha cesado la omisión reclamada. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, a cada una, equivalente a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 1.6. Ministerio público. Dese al Fiscal de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.7. Tercero interesado. Resérvese emplazar a persona alguna con tal carácter, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rindan las autoridades responsables. 1.8. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 1.9. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, así como designando autorizados a las personas que indican únicamente para oír y recibir notificaciones, dado que no solicitan de manera expresa que sea en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.. 1.10. Pruebas. e tienen por ofertadas las pruebas, documental, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que indica la parte quejosa en el libelo constitucional, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y publicarse en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que en la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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