Gabriela Neri Avila
Expediente 1306/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Gabriela Neri Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto por el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de septiembre de dos mil veintidós. No se amplió demanda de amparo- sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de once de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del contenido de la contestación que recayó a su petición, es decir, por el oficio DPSH/1073/2022 de ocho de agosto de dos mil veintidós. En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado personalmente a la parte quejosa el diecisiete de agosto de dos mil veintidós y surtió sus efectos el mismo día por ser notificación electrónica, el plazo para desahogar el citado requerimiento transcurrió del dieciocho de agosto al siete de septiembre, ambos de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna respecto a la vista ordenada; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de once de agosto de dos mil veintidós, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto del referido oficio DPSH/1073/2022. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Bajo esa perspectiva, resulta oportuno precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte la siguiente litis: Parte quejosa. ***, por propio derecho. Tercero interesado. No existe. Autoridad responsable. Titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla. Acto reclamado: La omisión de acordar la petición presentada el dos de marzo de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En ese entendido, es necesario reiterar que la parte quejosa reclama la omisión de acordar la petición presentada el dos de marzo del año en curso ante la autoridad responsable. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante oficio DPSH/1073/2022, de ocho de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación a la petición planteada por la parte quejosa. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de acordar la petición presentada por la parte quejosa el dos de marzo de dos mil veintidós, es claro que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Además, es preciso destacar que la parte quejosa optó por no controvertir vía ampliación de demanda el oficio DPSH/1073/2022, a pesar de que se le requirió expresamente para tal efecto. Bajo ese panorama, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Fenece plazo para ampliar cuestionario. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se concedido a las partes un plazo de tres días, a partir de la legal notificación de ese acuerdo para que de ser su deseo, ampliaran por escrito los puntos sobre los cuales versará la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa; sin que las partes lo hayan hecho, lo anterior para los efectos legales conducentes. Por tanto, tomando en consideración que ha transcurrido el referido plazo de tres días sin que hubieran realizado alguna manifestación a ese respecto, se tiene por perdido su derecho. Se ordena desahogo de la prueba de inspección judicial. En consecuencia, la prueba de inspección judicial se desahogará al tenor del cuestionario exhibido por la parte quejosa; por tanto, se fijan las ONCE HORAS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para el desahogo de la inspección judicial, por lo que, la parte oferente deberá presentarse en este Juzgado de Distrito con identificación oficial vigente, a fin de que se lleve a cabo la probanza de mérito en los términos del escrito de ofrecimiento, debiendo levantar acta pormenorizada de dicha diligencia. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para que si así lo desean, estén presentes e intervengan en la práctica de la diligencia mencionada. Diferimiento audiencia constitucional. En tal sentido, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia: Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). *** Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. *** Requerimiento de cumplimiento: Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo había causado ejecutoria, por lo cual, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable, su cumplimiento. Cumplimiento: Ahora, por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa Montserrat López Camarillo y Julián Noel Valencia Lozada, en representación de su menor hijo J.D.VL., informando que al menor quejoso le fue aplicada la vacuna en contra del virus denominado Sars-Cov-2. Luego, por acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informando que señaló nueva fecha y hora para que el menor quejoso se presente a ser vacunado con la segunda dosis de la vacuna PfizerBioNTech. Consec. El uno de agosto de dos mil veintidós, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla informó que el veintidós de julio de dos mil veintidós se aplicó la segunda dosis de la vacuna para inocular en contra del virus denominado Sars-Cov-2. Con lo cual la autoridad responsable dio cumplimiento con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, esto es, que se aplicara al menor J.D.V.L. el esquema completo de vacunación contra la COVID19 de la marca Pfizer-BioNtec. Cabe destacar que las constancias que remitió la responsable se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. En consecuencia, se aprecia que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, pues el veintidós de julio de dos mil veintidós aplicó al menor J.D.V.L. la segunda dosis de la vacuna para inocular en contra del virus denominado Sars-Cov-2, con lo cual completó el cuadro de vacunación en contra del virus denominado la COVID19, con la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNtec, Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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