Gabriela Morales Escalante

Expediente 1275/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 43 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1275/2021
Año
2021
Actuaciones
43
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Morales Escalante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de julio de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de ocho de junio de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva) Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de junio de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia. Visto el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió el escrito de Gabriela Morales Escalante madre del menor quejoso R.C.M., por medio del cual manifestó su deseo de desistir del juicio de amparo en que se actúa, al haberse logrado la vacunación de su menor hijo, el cual fue ratificado en diligencia que antecede en la que la parte quejosa manifestó que era su deseo dar por concluido el juicio, en virtud de que ya se había cumplido la sentencia debido a que su menor hijo ya cuenta con el esquema de vacunación que solicitó a través de este juicio de amparo, por lo que se provee lo siguiente: Al respecto, es oportuno recordar que el acto que se reclamó en el presente juicio de amparo consistió en: La negativa u omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS CoV-2, al menor R.C.M., como consecuencia de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México En ese sentido, se precisa que mediante sentencia del quince de febrero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN (.) 103. Por otra parte, respecto del quejoso R.C.M respecto de los actos reclamados al Secretario de Salud del Gobierno Federal, dado lo fundado de los argumentos propuestos, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada para el efecto de que: A. Que la autoridad responsable [Secretario de Salud del Gobierno Federal] gestione y ordene que le sea aplicado al menor R.C.M. el esquema completo de vacunación contra la COVID19 de la marca Pfizer-BioNtec, en las fechas respectivas de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna o, de ser el caso, de cualquier otro biológico, siempre y cuando cuente en ese momento con autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para su aplicación al grupo etario al que pertenece la solicitante del amparo; en el entendido que el sitio designado deberá contar con todas las medidas sanitarias que sean necesarias para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2. B. Lo anterior, previo consentimiento informado sobre la existencia de algún riesgo colateral que eventualmente pudiera derivar de la aplicación de la vacuna, los cuales deberán ser informados por la autoridad sanitaria que corresponda; todo lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de quien promovió en favor del menor la demanda de amparo. C. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio." Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria, asimismo, se requirió el cumplimiento al Secretario de Salud del Gobierno Federal. Ahora bien, como se precisó con anterioridad, mediante escrito presentado el veintiséis de mayo del año en curso, la madre del quejoso solicitó se tuviera por cumplida la sentencia de amparo, dado que el menor quejoso ya cuenta con el esquema completo de vacunación. Fallo cumplido. En ese sentido, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en el escrito de referencia, que su menor hijo cuenta con el esquema completo de vacunación, situación que en diligencia de ratificación reiteró, bajo protesta de decir verdad. A partir de lo anterior, se aprecia que aun cuando la autoridad responsable fue omisa en informar las gestiones y cumplimiento a lo solicitado en la sentencia de amparo, a la presente fecha, al menor quejoso le fue aplicado el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Por tanto, con la información que proporcionó la quejosa en torno a la aplicación de vacuna [efectos de la sentencia protectora], se considera que se cumplió con lo pretendido en la sentencia definitiva, es decir, se aplicó el esquema de vacunación [primer y segunda dosis respectiva de la vacuna marca Pfizer] contra el virus SARS CoV-2. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Finalmente, hágase del conocimiento a la quejosa que no es dable acordar de conformidad el desistimiento del juicio en virtud de que ese derecho lo puede ejercitar hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoriada, y el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público por lo que tampoco se estimaría procedente acordar de conformidad el desistimiento de la ejecución del presente juicio; sin embargo, una vez que cause estado la presente determinación, se ordenará el archivo del asunto como concluido. Sirve de apoyo a lo anterior por las consideraciones que contiene la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. UNA VEZ DICTADA LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉL, POR LO QUE DEBE REMITIR LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE, DE SER PROCEDENTE, REVOQUE LA SENTENCIA Y DECRETE EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cuál es la situación jurídica que prevalece cuando una vez dictada la sentencia por el Juez de Distrito, la parte quejosa presenta escrito de desistimiento, previo a la interposición del recurso de revisión correspondiente, siendo que un Tribunal Colegiado consideró correcto que el juzgado sobreseyera fuera de audiencia, mientras que el otro órgano colegiado estimó que precluye la facultad del juzgador para pronunciarse y, por tanto, no puede emitir pronunciamiento alguno. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que una vez dictada la sentencia, el Juez de Distrito carece de facultades para pronunciarse sobre el desistimiento de la parte quejosa y, por ende, lo procedente es remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, junto con el escrito de desistimiento y la ratificación respectiva, para que éste, previo al estudio de los agravios, analice el desistimiento y, de ser procedente, revoque la sentencia del juzgador federal y sobresea en el juicio. Justificación: El desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Así, una vez dictada la sentencia en el juicio de amparo, el Juez de Distrito consuma la facultad que tenía para resolver y pronunciarse sobre el asunto, pues las diversas etapas del proceso se desarrollan de forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, de manera que imposibilita el regreso a etapas y momentos procesales ya consumados. En ese sentido, si una vez emitida la sentencia se presentara el desistimiento de la parte quejosa, el juzgador federal se encuentra imposibilitado para dictar el sobreseimiento, pues aún se encuentra transcurriendo el plazo para la interposición del recurso de revisión y, en caso de que se interponga, el Juez de Distrito únicamente deberá remitir al Tribunal Colegiado en turno todas las constancias de autos, incluyendo el escrito de desistimiento y su ratificación, para que éste proceda conforme a su competencia. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Se ordena ratificar desistimiento. Agréguese a los autos el escrito signado por ****-madre de los menores quejosos- por medio del cual manifiesta que se tenga por cumplida la sentencia, en virtud de que se ya se vacunaron a sus menores hijos, por lo que solicita se tenga por concluido el trámite del juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, atento a la naturaleza de su pretensión y de las consecuencias que acarrea, y en razón de que éste contraviene los intereses que pudiera tener la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su numeral 2°, requiérase a la parte quejosa a fin de que comparezca en forma personal ante este órgano federal con identificación oficial, a efecto de que ratifique su escrito de tener por concluido el juicio; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se continuará con el procedimiento del presente juicio. ( Códigos QR para ratificar desistimiento por COVID-19. Por lo anterior, se señalan las ONCE HORAS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a fin de que en diligencia formal la quejosa Gabriela Morales Escalante, -madre de los menores quejosos- ratifique el escrito de cuenta. No obstante, se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, deberá atender los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal para el desahogo de la referida diligencia. Para lo cual se le brindan los siguientes códigos QR a fin de que en la fecha y hora señaladas pueda acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, en lo personal y, en su caso, asistido de su abogado: En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que en la hora y fecha indicada, se presente en el local de este Juzgado Federal con identificación oficial vigente (y una copia de la misma), a fin de que ante la presencia judicial ratifique el escrito y firma del desistimiento; con el apercibimiento que en caso de ser omisa, se le tendrá por no desistida y se continuará el trámite del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, visible en la página 295, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Se le hace del conocimiento que de considerar pertinente programar una fecha previa a la antes señalada por este órgano jurisdiccional, se encuentra en aptitud de generar su propio código y acudir a las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Sentencia definitiva causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Salud del Gobierno Federal, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN (.) 103. Por otra parte, respecto al quejoso R.C.M respecto de los actos reclamados al Secretario de Salud del Gobierno Federal, dado lo fundado de los argumentos propuestos, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada para el efecto de que: A. Que la autoridad responsable [Secretario de Salud del Gobierno Federal] gestione y ordene que le sea aplicado al menor R.C.M el esquema completo de vacunación contra la COVID19 de la marca Pfizer-BioNtec, en las fechas respectivas de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna o, de ser el caso, de cualquier otro biológico, siempre y cuando cuente en ese momento con autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para su aplicación al grupo etario al que pertenece la solicitante del amparo; en el entendido que el sitio designado deberá contar con todas las medidas sanitarias que sean necesarias para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2. B. Lo anterior, previo consentimiento informado sobre la existencia de algún riesgo colateral que eventualmente pudiera derivar de la aplicación de la vacuna, los cuales deberán ser informados por la autoridad sanitaria que corresponda; todo lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de quien promovió en favor del menor la demanda de amparo. C. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio. (.)" Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Requerimiento a la parte quejosa Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se advierte que resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que el Gobierno de Puebla, informó que del once al trece de mayo de este año, se llevó a cabo la vacunación contra COVID-19 para menores de doce años cumplidos a catorce años de edad, como se advierte del siguiente boletín: Asimismo, se advierte que en la página oficial de https://mivacuna.salud.gob.mx, se encuentra habilitado el pre-registro para las personas de este sector de la población Ahora, como se observa de lo anterior, para llevar a cabo el pre-registro, a fin de facilitar el proceso se requiere la siguiente información: 1. Clave Única de Registro de Población (CURP) de la menor. 2. Estado y Municipio de residencia. 3. Código Postal. 4. Teléfonos y correos electrónicos de contacto. En ese contexto, toda vez que de las actas de nacimiento que anexó la parte quejosa a su demanda, se aprecia que a la fecha tienen catorce años de edad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a Gabriela Morales Escalante, en representación de sus menores hijos M.C.M. y R.C.M., para que en el plazo improrrogable de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe lo siguiente: Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si ya se inscribió a los menores en el pre-registro del Gobierno Federal, para la aplicación de la vacuna del virus denominado SARS-CoV-2 para las personas de doce a catorce años; En caso de ser afirmativa su manifestación respecto al punto anterior, exhiba la documentación que lo acredite, incluso, informe si, con motivo de su registro, ya cuenta con alguna fecha para la aplicación de la vacuna en comento. En el supuesto de que no se haya registrado, manifieste las razones de dicha omisión o la imposibilidad para hacerlo. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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