Gabriela Martínez Casas

Expediente 42/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
42/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Gabriela Martínez Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de junio de dos mil dieciocho. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo promovida por Gabriela Martínez Casas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ATENCION A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL CITATORIO DE 25 DE MAYO DE 2018 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE 22 DE MAYO DE 2018 EN EL QUE: Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el que informa en proveído de catorce del presente mes y año, se declaró firme el auto de veinte de abril del año en curso, mediante el cual se declaró incompetente para conocer respecto de los actos de ejecución reclamados en la demanda de amparo, correspondiéndole conocer a este Órgano Jurisdiccional, por las razones que en su oficio informa. Acuse de recibo. Sin que sea el caso acusar recibo de los autos originales a que hace mención, toda vez que los mismos no se anexaron a su oficio. Competencia. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; por consiguiente, comuníquese tal circunstancia al Tribunal Colegiado oficiante; con fundamento en los artículos 1°, 4°, 114, 116, 147 y 149, de la Ley de Amparo. Se desecha de plano. Una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor; lo anterior por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [. . .]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Énfasis añadido) Como se advierte, conforme a la naturaleza jurídica del acto reclamado, la demanda de amparo debió promoverse dentro del plazo de quince días, conforme a las reglas instituidas en los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, del contenido de los mencionados preceptos, se advierte que para el cómputo del plazo de quince días, el legislador previó tres supuestos excluyentes entre sí, a saber: a) Un primer supuesto que se refiere al de la notificación formal del acto reclamado, en cuyo caso el plazo se computará a partir del día siguiente de aquél al en que surta efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, para lo cual se atenderá a la ley que rigió el procedimiento del juicio natural y que se encontraba vigente al momento de la notificación; b) Un segundo supuesto relativo a que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento completo de la resolución o acuerdo que reclame por un diverso medio al de su notificación formal, para lo cual el plazo referido se contará a partir del día siguiente al en que ello ocurra; o bien, c) Un tercer supuesto que podrá actualizarse cuando el quejoso se ostente sabedor de la resolución o acuerdo reclamados, o de su ejecución, en cuyo caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquél al en que manifieste haber conocido el acto reclamado. De igual forma, del último de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa reclama la inscripción de embargo ordenada el nueve de julio de dos mil quince, por el Juez responsable ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, respecto del bien inmueble materia de litigio en el juicio 0692/2011, seguido contra la quejosa por la institución de crédito Banamex, Sociedad Anónima; que posterior a ello, en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, procedió el actuario adscrito a dicho juzgado a poner en posesión del bien inmueble en mención con el uso de la fuerza pública; sin embargo, respecto a dichos actos reclamados la demanda de amparo se presentó en esta instancia constitucional hasta el veintidós de enero de dos mil dieciocho. Dicha afirmación de la promovente del amparo, en cuanto a la fecha en que manifestó haber conocido del acto reclamado, constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Tiene aplicación al presente asunto, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J. 27/96, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en la página 57, del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200094, del rubro y texto (subrayado añadido): "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Cabe señalar que dicho criterio es aplicable en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Aunado a lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado, así como de lo constatado por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al desechar el amparo directo civil 59/2018-I, en el que justamente tuvo a la vista los autos originales, tanto del Toca Civil 589/2014, como del juicio de primer grado 692/2011, se advierte que en todo momento fue notificada la aquí quejosa de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia; lo que corrobora que dentro del procedimiento de origen no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio; y con lo cual, se desvirtúa que tuvo conocimiento de dicho acto reclamado desde el quince de enero de dos mil dieciocho, tal y como lo señaló "bajo protesta de decir verdad" en su escrito aclaratorio presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho. Incluso, en su demanda señala que la actuaria descargó el expediente hasta el diez de enero de dos mil dieciocho, para luego expresar en su escrito aclaratorio que tuvo conocimiento el día quince de enero de dos mil dieciocho; lo que resulta incongruente, ya que en momento alguno señaló como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil, respecto a dicha actuación, ni tampoco endereza conceptos de violación en ese sentido, por lo que esa actuación no se puede tener como parámetro de la fecha en que tuvo conocimiento la quejosa, respecto al acto que sí reclama, y que en el caso se advierte es la inscripción del gravamen respecto al acreedor Banamex, el cual dice, excluye al diverso ordenado a favor de sus trabajadores, en el laudo fallado a su favor. Esto último por cierto, seria de interés legal de los citados trabajadores, y no de la aquí quejosa, puesto que en ambos juicios la garantía lo constituyó el bien inmueble en disputa, y respecto al cual no le repara perjuicio alguno, puesto que, en un supuesto u otro -laboral o civil- dicho bien ya había salido de su haber patrimonial, en todo caso correspondería a los trabajadores que menciona en su demanda defender ese derecho por la vía que consideren pertinente; por lo que tampoco se acredita su interés jurídico respecto al acto que en esta vía constitucional pretende combatir. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que se ostentó sabedora del acto reclamado, esto es, dicho plazo inició el día veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis y concluyó diecinueve de diciembre de ese mismo año, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y "ACUERDO GENERAL 18/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL DIVERSO ACUERDO GENERAL 10/2006, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS INHÁBILES Y LOS DE DESCANSO; ASÍ COMO EL QUE REGLAMENTA LA CARRERA JUDICIAL Y LAS CONDICIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES.". En el caso, de la boleta de turno se desprende que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, siendo recibida por este juzgado de distrito en la misma fecha. En consecuencia, es incuestionable que el juicio de amparo fue instaurado extemporáneamente, pues la parte quejosa tenía hasta la fecha antes mencionada, para presentar su demanda de amparo, y no obstante, la presentó el veintidós de enero de dos mil dieciocho, por lo que sin duda, transcurrió con exceso el término de quince días con que se contaba para la presentación de la demanda relativa, a partir de que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia ley. Sustenta lo anterior, por ilustrativa, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Página 5, registro 163172, aplicable en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Consecuentemente, lo procedente desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguese aoficio signado por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de veinte del presente mes y año, por una parte desechó la demanda de amparo directo civil *******, promovida por la aquí quejosa ********y por otra se declaró incompetente para conocer respecto de los actos de ejecución reclamados en la demanda de amparo, toda vez que carece de competencia para emitir pronunciamiento al respecto. Por tanto, una vez que la superioridad informe sobre la firmeza de dicho proveído y remita los autos originales del juicio de amparo, se acordará lo que legalmente corresponda,

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