Gabriela López Roman
Expediente 1800/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1800/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/03/2023
Partes del expediente
- Gabriela López Roman
- Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Visto lo de cuenta, y dado que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin haberse recurrido la sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio, lo conducente en el caso, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, es declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1800/2022; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, remitida al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional,***************** por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- a).-C. PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en [.]. En términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, como autoridades que tienen y deben tener intervención en el cumplimiento del laudo, se señalan: a) SÍNDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO DE Ensenada, Baja California.- con domicilio ubicado en Carretera Transpeninsular Número 6500-A, Ex Ejido Chapultepec de la Ciudad de Ensenada, Baja California. b) TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE Ensenada, Baja California. con domicilio ubicado en Carretera Transpeninsular Número 6500-A, Ex Ejido Chapultepec de la Ciudad de Ensenada, Baja California. c) OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE Ensenada, Baja California.- con domicilio ubicado en Carretera Transpeninsular Número 6500- A, Ex Ejido Chapultepec de la Ciudad de Ensenada, Baja California. d) PRESIDENTE MUINICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE Ensenada, Baja California.- con domicilio ubicado en Carretera Transpeninsular Número 6500-A, Ex Ejido Chapultepec de la Ciudad de Ensenada, Baja California. IV. ACTO RECLAMADO. La omisión de dictar las medidas necesarias y suficientes para lograr el cumplimiento del laudo dictado en fecha 27 de agosto de 2020, dentro de los autos del juicio laboral burocrático número 342/2013-1, del índice del TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad, promovido por la suscrita en contra de los hoy terceros interesados." SEGUNDO. Trámite. Los antecedentes más relevantes que integran el presente juicio de amparo indirecto son: La demanda se turnó a este juzgado federal el siete de noviembre del dos mil veintidós. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la demanda se radicó bajo el número 1800/2022 y se admitió a trámite. Finalmente, substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 33 fracción IV, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la ejecución de los actos reclamados tiene lugar dentro de la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: Se reclama la omisión genérica de dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente 342/2013-I. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje del Estado de Jalisco, al rendir el informe justificado, aceptó los actos reclamados; no obstante, en el caso queda desvirtuada dicha afirmación, en tanto que de las constancias remitidas y que obran en este juicio, se advierte claramente que aquella autoridad no ha incurrido en una inejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen. En efecto, de los anexos remitidos por la autoridad señalada como responsable, Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, se advierte la inexistencia del acto reclamado, atinente a la inejecución genérica de cumplimiento de laudo. Ante todo conviene precisar que el juicio de amparo es improcedente contra actos jurídicamente inexistentes a la fecha de presentación de demanda o bien aquellos futuros de realización incierta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a/J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso, como ya se estableció, la demanda de amparo se presentó el cuatro de noviembre de dos mil veintidós; mientras que el acto reclamado es la omisión genérica de dar cumplimiento de laudo condenatorio de veintisiete de agosto de dos mil veinte, pronunciado en autos del juicio laboral 342/2013-I. Por consiguiente, toda vez que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable la omisión genérica de inejecución de laudo, al no referirse a un acto concreto dentro del procedimiento de ejecución; al efecto, existe jurisprudencia -obligatoria- la cual establece que las omisiones en la etapa de ejecución forzosa del laudo deben limitarse en función de un acto reclamado específico y no respecto a toda la ejecución; de igual manera, conviene señalar que no es posible abarcar actos subsecuentes al reclamado, así como futuros e inciertos, pues ello contravendría los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo. Tales consideraciones se reflejan en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Incluso, para el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, la particularidad destacada es causa notoria e indudable para desechar de plano la demanda de amparo, tal como se lee enseguida: "Registro digital: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.VII.L. J/10 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Máxime, para corroborar la inexistencia del acto reclamado, basta remitirse a las constancias de autos, de las cuales se desprende que la autoridad responsable ha dictado los acuerdos necesarios encaminados a lograr el cumplimiento del laudo emitido en el juicio laboral de origen, con los apercibimientos para utilizar las medidas de apremio conducentes, cuyas documentales públicas se les otorga valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que establece: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cierto, en autos se aprecian los siguientes antecedentes del juicio laboral de origen, siguientes: 27 de agosto de 2020. Emisión del laudo. 21 de octubre de 2020. Se tuvo a la autoridad demandada interponiendo amparo directo contra el laudo. 13 de mayo de 2021. El Pleno del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, confirmó la resolución del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, dentro del juicio de amparo directo 205/2022. 8 de septiembre de 2021. El Tribunal (aquí responsable) procedió a requerir a la parte demandada por el término de tres día para efecto de dar cumplimiento con el laudo, apercibido de multa en el supuesto de incumplir, asimismo, le hizo saber a la parte actora la importancia de intervención en la prosecución del procedimiento de ejecución. 19 de octubre de 2021. Se tuvo al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, señalando las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la reinstalación de la hoy quejosa Gabriela López Román. 18 de noviembre de 2021. Se llevó a cabo la reinstalación de la parte actora hoy quejosa, por el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. 8 de diciembre de 2021. El Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ensenada, procedió a requerir a la responsable para el pago de $544,995.64 (quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 64/100), por concepto de salarios caídos generados y los que continúen venciendo hasta el cumplimiento del laudo con los incrementos que se den al salario. 21 de enero de 2022. La parte actora hoy quejosa, presento escrito mediante el cual realizo manifestaciones en torno a que no había sido reinstalada en los términos que se venía desarrollando su relación laboral, toda vez que esta fue reinstalada como prestadora de servicios, bajo el termino de honorarios profesionales. 18 de abril de 2022. Presidente del Tribunal laboral giró exhorto a la autoridad responsable Ayuntamiento de Ensenada Baja California, requiriéndolo a fin de que realizara el pago correspondiente por concepto de salarios caídos e informara la forma y términos en que reinstaló a la hoy quejosa. En la misma data citada en el apartado que antecede, se proveyó respecto de la apertura del incidente de liquidación, con el fin de cuantificar el moto de los incrementos que haya tenido el salario de la aquí accionante constitucional, desde la fecha de su despido. Incidente en el cual, la parte demandada en el juicio de origen, aportó los medios de convicción que a sus intereses ponderó conducentes. 12 de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia incidental relativa a la liquidación antes referida. 1 de agosto de dos mil veintidós. La autoridad responsable giró atento exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, a efecto de efectuar el requerimiento al Ayuntamiento Constitucional de esa ciudad Sin que de lo anterior se adviertan actos evasivos o ilegales para dilatar injustificadamente la ejecución del laudo respectivo por parte de la autoridad responsable, de todo lo cual se ha dado vista y ha tenido una partición activa la propia parte quejosa al promover constantemente, al ser innegable su intervención para el inicio y la prosecución de la ejecución forzosa. Orienta esa determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal que establece: "Registro digital: 2000025 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Ahora, en relación al tema de la "abierta dilación en la etapa de ejecución", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.) que la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior, dice la Segunda Sala, ya que a través de dicha jurisprudencia, simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Que dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de la Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales, tal como se lee enseguida: "Registro digital: 2024318 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 12/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, página 1927 Tipo: Jurisprudencia DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." Bajo ese contexto, y al existir un "principio de ejecución" por parte de la autoridad responsable, como se puede apreciar de las actuaciones desahogadas en la etapa de ejecución forzosa a partir del dictado del laudo -actividad procesal de las partes-; al efecto, la responsable ha actuado en consecuencia ante la prosecución de la parte actora, por lo que no ha permanecido inactiva en cuanto a la ejecución solicitada. Habida cuenta, la última actuación -previo a la presentación de la demanda de amparo, es de uno de agosto de dos mil veintidós, donde la autoridad responsable, atento a lo acordado en auto de dieciocho de abril de ese mismo año, gira exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, a efecto de efectuar el requerimiento al Ayuntamiento Constitucional de esa ciudad, y que la demanda de amparo se presentó el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, por tanto, se considera que no existe tal dilación y para ello se tiene en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, de donde se advierte que la hoy quejosa ha tenido intervención en esa etapa, empero desde su escrito de veintiuno de enero de dos mil veintidós, mediante el cual realizo manifestaciones en torno a que no había sido reinstalada en los términos que se venía desarrollando su relación laboral, toda vez que esta fue reinstalada como prestadora de servicios, bajo el termino de honorarios profesionales, no se advierte de autos que haya tenido alguna otra actividad ante la responsable instándola a actuar a fin de lograr la ejecución del laudo. De igual forma, para arribar a la anterior conclusión, se considera la conducta asumida por la autoridad judicial, misma que ante las peticiones de la hoy quejosa ha sido diligente en proveer lo que en derecho estima procedente; así mismo se tiene en consideración para esos mismos fines, la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada, es decir, de la quejosa, la que, como se advierte de los antecedentes reseñadas fue reinstalada desde el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. En suma, tampoco existe una abierta dilación en la etapa de ejecución del laudo, toda vez que la autoridad responsable ha realizado las gestiones necesarias para su cumplimiento En ese contexto, se decreta el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, concerniente a la inexistencia del acto reclamado. Fortifica esa determinación, la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al disponer: "Registro digital: 2010025 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: PC.I.L. J/10 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, página 844 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Y no puede ser de otra manera, toda vez que la experiencia demuestra que cuando se concede el amparo contra la omisión genérica de la autoridad laboral en proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo; al efecto, el cumplimiento del fallo federal se subordina a la conducta asumida por las partes del juicio de origen, así como aquellas autoridades que sean vinculadas, es decir, la ejecutoria de amparo se tiene por cumplida hasta se cumple todo el laudo, lo cual es desacertado. Sobre todo, no se logra el cumplimiento conforme al plazo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, sino deben transcurrir en la mayoría de los casos varios años, tal como lo ha detectado el Consejo de la Judicatura Federal en diversos asuntos de este órgano jurisdiccional, cuyas sentencias de amparo datan desde el año de dos mil quince; de ahí, que sin duda, el motivo de afectación debe limitarse en función de un acto reclamado específico y no respecto a toda la ejecución del laudo, tal como lo dispone la jurisprudencia obligatoria antes invocada. Precedentes. Similares consideraciones fueron materia de estudio en las ejecutorias dictadas el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión RT 124/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; y, el veinte de abril de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 53/2022 del índice del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito; resoluciones que se tiene a la vista a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Debe decirse que, las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se trae a la vista la referida resolución y los datos estadísticos que de dicho expediente aparecen en la citad red. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto que establecen: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Decisión. En las relatadas condiciones, deviene inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable en comento; y, por ende, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la reciente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2024448 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 13/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1630 Tipo: Jurisprudencia INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II, DE LA MISMA LEGISLACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron qué causal de sobreseimiento es de estudio preferente, si la relativa a la inexistencia del acto reclamado prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, o la contenida en el mismo precepto, pero en la fracción V, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la citada legislación, referente al carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, uno de ellos concluyó que en caso de acreditarse la inexistencia del acto reclamado, debe proceder el sobreseimiento del juicio sin analizar si asiste o no la calidad de responsable a la autoridad señalada como tal, mientras que los otros órganos jurisdiccionales indicaron que debe privilegiarse el estudio de tal calidad, sobre la existencia del acto reclamado. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que cuando se resuelve el juicio en audiencia constitucional, es de estudio preferente la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto, con relación a los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la misma ley, referente a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal para efectos del juicio de amparo. Justificación: Conforme a los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, para determinar si a una autoridad le asiste el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, debe analizarse la relación existente entre ella y el quejoso en función del acto que se le atribuye, de manera que si no existe el acto reclamado, no podrá realizarse dicho examen, puesto que la afirmación del promovente realizada en la demanda sobre su existencia, fue desvirtuada durante la tramitación del sumario. Por ende, la existencia del acto reclamado es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento permite estudiar las causales de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, por lo que al dictar sentencia debe privilegiarse el análisis de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues sólo en caso de acreditarse la existencia del acto reclamado, se podrá emprender el análisis de las causales de improcedencia, entre ellas, la relativa a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal, con base en las constancias procesales que obren en autos." Decisión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto omisivo antes precisado, a la data de presentación de la demanda de amparo; lo procedente en la especie es, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por consiguiente, no existe viabilidad técnica para estudiar los conceptos de violación de la demanda, al configurarse la citada causa de improcedencia que generó el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Nutre esa determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra indica: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese la sentencia en términos de ley. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa Gabriel Ríos Patricio, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Consulta electrónica. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a (A) ***************, con nombre de usuario (a) "GABRIELRIOS". Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró tal autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, agregadas mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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