Gabriela López Villarreal
Expediente 326/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Gabriela López Villarreal
- Gabriela López Villarreal y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que a la fecha no obra la tarjeta postal acuse de recibo relativa al oficio 9319/2017-MP, en los que se le requirió a la autoridad responsable Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en San Pedro Garza García, Nuevo León, rendir su informe justificado. En consecuencia, requiérase al Administrador de Correos de México de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita a este Juzgado de Distrito la pieza postal acuse de recibo relativa al oficio 9319/2017-MP; o en su defecto, un duplicado de la misma, o bien informe si tiene algún impedimento para su remisión, en la inteligencia de que dicho oficio fue depositado en la oficina a su cargo, en factura de nueve de mayo del presente año, recibida en la misma fecha. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo . Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las doce horas con veinte del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, para su celebración.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente, no impugnó el auto de doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 52 a 58), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo , se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a la parte promovente; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y archívese el presente juicio, como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notifiquese personalmente
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte promovente, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio de amparo 326/2016-pf; lo anterior por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito, no obstante el citatorio que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: ""I. Se recibe exhorto. Vista la cuenta; agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 37987/2016, signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, y anexo; en atención a su contenido se provee: Téngase a dicha autoridad remitiendo debidamente diligenciado el exhorto 1008/2016, del que se advierte que quedó notificada la parte quejosa ***del proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis (fojas 22 a 25). Acúsese recibo del exhorto de cuenta, y dése de baja en Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes. II. Desahoga prevención. En cuanto a la promoción relacionada en la certificación de cuenta, consistente en el escrito aclaratorio signado por Gabriela López Villarreal, representante legal del *** y anexo; se acuerda: Téngase a dicha representante legal desahogando la prevención que se le formulo en proveído de diecisiete de mayo del año en curso (fojas 22 a 25). III. Desechamiento En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: *** En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar el contenido de los citados preceptos legales: *** Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio laboral promovido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza) el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, como regla general, que los actos procesales sólo tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, materia común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 205651, que dice: *** Asimismo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional estimó que de igual manera procedía el juicio de amparo indirecto, contra actos derivados durante procedimiento judicial, cuando afectaran en grado predominante o superior a las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006338, que a la letra dice: *** Así pues, la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos cometidos durante el procedimiento judicial, únicamente se actualiza cuando la violación afecta de manera material algún derecho sustantivo o fundamental, sin que actualmente conforme al criterio federal transcrito, para establecer la procedencia del amparo, pueda acudirse a la diversa opinión relativa a la violación procesal exorbitante a las partes, pues ello fue abandonado. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma tampoco implica una violación procesal en grado exorbitante o superior a la parte quejosa; pues las consecuencias de la resolución reclamada no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de garantías que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque el proveído de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en los autos del juicio laboral 17/2016, promovido por ***(aquí señalada como tercera interesada), en contra del ***, en el que la Junta ordenó la compulsa o cotejo de las pruebas que la parte actora ofreció en dicho expediente en copia simples, las cuales fueron objetadas por la aquí parte quejosa, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues es un auto que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicho proveído, puede quedar subsanada con posterioridad, si el laudo que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses de la parte quejosa, pero de no ser así, esta última podrá reclamarla en el amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que disponen en lo conducente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo, se consideran violaciones procesales, las determinaciones de los juicios tramitados ante tribunales del trabajo, cuando no se le reciban a la parte quejosa las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban con arreglo a derecho. Luego, el auto reclamado, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 104, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el precepto 172, fracción III de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal; habida cuenta que a la parte quejosa le reviste el carácter de parte demandada en el juicio laboral número 17/2016 de origen, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Sobre el tema se emitió la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y ocho, tomo II, segunda parte-2, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 230405, de rubro y texto siguientes: *** Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente, la tesis sostenida por la Sala Auxiliar, visible en la página cuatrocientos cincuenta y siete, volumen 175-180, Séptima Parte del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 245539, de contenido literal: **** Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la demanda de amparo. IV. Domicilio. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Prolongación Centenario número 1001, Colonia Nueva Creación, en esta ciudad. V. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al oficial administrativo correspondiente para realizar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones de sentencias y toda información relacionada con el expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VI. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente"".
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