Gabriela González Pope
Expediente 239/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 46 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 15/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Gabriela González Pope
- Gabriela González Pope y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Causa Estado y Archivo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 478 a 484), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del citado acuerdo. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido. II. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III. Clasificación del incidente de suspensión. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, por lo que hace al duplicado del citado incidente, de conformidad con dicho Acuerdo General, procédase a su desintegración material en el término de seis meses.
- Principal
Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 11), ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables: Autoridad responsable: Titular del Juzgado Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Secretario del Juzgado Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México. Gerente de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, con residencia en esta ciudad. Por el acto reclamado siguiente: "...La orden verbal o por escrito girada para el efecto de que se me embargue, congele e inmovilice el monto por la cantidad de $751,445.09 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 09/DOLARES MONEDA EN CURSO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), de los fondos existentes en la cuenta individual número 0516713074 de la Institución Crediticia denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, mediante oficio número 1072/2018 de fecha 08 de marzo de 2018 dictado por las autoridades ordenadoras en los autos de un Expediente con numero estadístico 938/2017, del que nunca re me ha emplazado o enderezado juicio en mi contra.". II. Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 24 a 28), se registró en el Libro de Gobierno bajo el número estadístico número 239/2018, y se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente respecto a las autoridades responsables denominadas: Titular del Juzgado Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México. Gerente de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se reservó el emplazamiento de la tercera interesada ***; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante acuerdo de nueve de mayo del año próximo pasado (fojas 119 y 120), se ordenó emplazar mediante exhorto a la citada tercera interesada; comunicación oficial que se devolvió sin diligenciar; a su vez, a través de proveído de veintiuno de mayo siguiente (fojas 149 y 150), se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo, respecto a las autoridades responsables siguientes: Autoridad responsable: Titular del Juzgado Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Actuario adscrito al Juzgado Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Por el acto reclamado consistente en: ".La orden de embargo de fecha uno de marzo de 2018, practicada por el Lic. Alejandro Guzmán Blancas, en su carácter de Secretario Actuario adscrito al Juzgado Decimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, en los autos de un Expediente con numero estadístico 938/2017, actuación en la que se me embargó de manera indebida, el monto por la cantidad de $751,445.09 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 09/ DOLARES MONEDA EN CURSO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, de los fondos existentes en la cuenta individual número 0516713074 de la Institución Crediticia denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte), del que resulta ser la suscrita quejosa un TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, por no ser parte de dicho juicio pues no se me endereza en mi contra, como lo acreditare debidamente en el presente juicio de garantías.". III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la orden verbal o escrita emitida para el efecto de que se embargue, congele e inmovilice la cantidad de $751,445.09 (setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco 09/100 dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica), relativa a la cuenta bancaria número 0516713074, de la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ahora bien, del oficio 2630 de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 457 y 458), signado por la Juez Décimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, se desprende que anexo al mismo el comunicado 2671, de quince de noviembre de dos mil dieciocho (foja 464), dirigido al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través del cual, el Secretario Conciliador del Juzgado Décimo Primero de lo Civil, con residencia en la ciudad de México, le gira instrucciones para el efecto que descongele la cuenta bancaria 0516713074, por la cantidad de $$751,445.09 (setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco 09/100 dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica), aperturada a nombre de la aquí quejosa. Conviene digitalizar el citado documento: En atención a lo anterior, el Gerente Jurídico del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante comunicado 2671, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, le comunico a la autoridad responsable Juez Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que dejó sin efectos su oficio número 1072/2018, y como consecuencia levantó la retención aplicada sobre la cuenta bancaria número 0516713074, la cual se encuentra estatus normal y a disposición de la aquí quejosa. Cabe destacar el oficio de referencia: Asimismo, mediante proveído de seis de febrero del año en curso (foja 477), se tuvo al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su representante legal, informando que la cuenta bancaria número 0516713074, a nombre de la aquí quejosa ***, se encuentra en estatus normal; es decir, libre para su uso y manejo. Cabe destacar digitalizado el referido oficio: Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, analizado lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable Juez Décimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, mediante acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, decretó la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil número 938/2017, motivo por el cual, ordenó girar un oficio al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a fin de cancelar la inscripción del embargo trabado en la cuenta bancaria 0516713074 a nombre de la quejosa ***, lo que así sucedió. Sobre el tema se emitió, la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (foja 472 vuelta).
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la autoridad relacionada en el siguiente recuadro: Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada jurídica. Por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de veinticinco de enero del año en curso (foja 472), y al efecto informa que la cuenta bancaria número 0516713074, a nombre de la aquí quejosa Gabriela González Pope, se encuentra en estatus normal; es decir, libre para su uso y manejo; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes.
- Principal
Vista la cuenta, se advierte que mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 469), se tuvo al Juez Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, remitiendo copia certificada del acuerdo de diecinueve de octubre del año pasado, por el cual dicho juzgado determinó decretar la caducidad de la instancia del juicio ejecutivo mercantil 938/2017, del que deriva el acto reclamado, conforme a lo establecido en el artículo 1076, del Código de Comercio; motivo por el cual ordenó girar oficio al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a fin de que cancele la inscripción del embargo trabado en la cuenta bancaria 0516713074, a nombre de la aquí quejosa. Por consiguiente, requiérase al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, por conducto de su representante legal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, informe el estatus actual de la cuenta bancaria número 0516713074, a nombre de la aquí quejosa Gabriela González Pope, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término concedido, o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y en su lugar se señalan las once horas con veinte minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
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