Gabriela Lizeth Rosas Corral

Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
949/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Lizeth Rosas Corral

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se remitió el juicio de amparo ***; asimismo, informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Infórmese lo anterior a las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Ahora, en proveído de quince del mes en curso, se reservó proveer respecto del oficio remitido . remítase el original de la misma y su anexo, al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente que en la constancia de notificación respectiva se asiente tal circunstancia. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Vistos el oficio y anexo de cuenta, se reserva proveer respecto de su contenido, virtud a que el siete de noviembre pasado, este juzgado se declaró legalmente incompetente por razón de la materia, para conocer del presente controvertido. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos... se estima que esta autoridad judicial carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer del presente juicio, pues el acto reclamado no es de naturaleza penal... remítase el expediente original al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa misma materia y residencia, solicitándole al juez correspondiente el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Finalmente, glósese a los autos el escrito de cuenta, enviado por el autorizado de la parte quejosa, sin que se realice pronunciamiento al respecto, dado lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dos de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta remitida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por ***, contra el acto que reclama del "Director del Hospital General Regional 2 ** del Instituto Mexicano del Seguro Social"; de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 949/2022; y dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. I. A. En principio, se considera necesario precisar si al particular se le dará el trámite regular que para la substanciación de los amparos indirectos prevé la ley de la materia; o bien, la especial que señala el artículo 15 de dicho ordenamiento, en relación con el 22 de la Constitución General de la República, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. - En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. - Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas (.)". "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado (.)". Conforme al primer precepto transcrito, resulta evidente que la substanciación del juicio de control constitucional en los términos ahí previstos, está supeditada a que los actos señalados como reclamados se traten de aquellos que importen: Peligro de privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c) Incomunicación. d) Deportación. e) Expulsión. f) Proscripción. g) Destierro. h) Extradición. i) Desaparición forzada de personas. j) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. k) Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De modo que, si del contenido de la demanda presentada se obtiene que mediante la acción de amparo se pretende impugnar alguno de estos actos, procederá conceder la suspensión de oficio y de plano en el auto admisorio, en términos del numeral 126 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento (...)". Lo anterior, aún en caso de que no se admita la demanda y en el auto inicial se prevenga a la parte quejosa para que subsane alguna irregularidad u omisión. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 827 del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido". Lo anterior es relevante, ya que como el propio criterio invocado señala, el objetivo de conceder la suspensión en esos términos, no sólo es preservar la materia del juicio, sino impedir la ejecución de actos que pudieran ser lesivos a la parte quejosa. De modo que, es imprescindible que en la demanda se indique que la parte peticionaria de amparo está siendo víctima o en su caso, que inminentemente lo será, de alguno de los actos vejatorios antes referidos. En otras palabras, la tramitación especial del juicio de amparo indirecto a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, única y exclusivamente opera en caso de que la parte quejosa sea víctima de aquéllos; de lo contrario, el procedimiento deberá sustanciarse de forma regular, lo que evidentemente implica, que no se conceda la suspensión de plano y de oficio señalada en el segundo párrafo de dicho precepto. B. En el caso, la promovente señala como acto reclamado en el escrito de demanda: "(.) Poner en riesgo la salud y la vida de la quejosa ante la cancelación de intervención quirúrgica en meniscos por cuestiones administrativas (.)". Además, en el apartado de antecedentes, expone lo siguiente: "(.) II. Ahora bien, el diagnóstico que se me da es desgarro o ruptura de meniscos, en atención de lo anterior y dado la gravedad de la lesión y de que me limita la funcionalidad motora, así mismo, dado que me puede generar complicaciones a futuro en mi salud en general así como en el trabajo, es que se me programó una cirugía para el día siete de noviembre de dos mil veintidós a trece horas, como se advierte de los anexos que acompaño. Se me dieron indicaciones, se me hicieron laboratorios con la duración suficiente para la operación y se realizó toda la preparación correspondiente. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la suscrita tengo mucho dolor, mi padecimiento ha acrecentado y mi funcionalidad se ha afectado como se advierte de los propios anexos. III.- Es el caso que el día 1° de noviembre de 2022 recibí una llamada de la responsable en donde se me informa que se cancelaba mi operación dado que habían sobre agendado para ese día, que debía acudir para re iniciar todo el proceso y que se me agendaría para dentro de varios meses más, y repetir todos los estudios preoperatorios porque ya no serían útiles (.)". C. En ese contexto, al ponderar las manifestaciones vertidas en el escrito que se atiende, y dado que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que con motivo de la cancelación de la cirugía que se reclama, se pone en riesgo su salud y su vida, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano, para que el "Director del Hospital General Regional 2 ** del Instituto Mexicano del Seguro Social", ordene a quien corresponda se realicen las gestiones necesarias y conducentes a efecto de que se brinde la atención médica que requiera la quejosa ***, y no se ponga en peligro su vida. En consecuencia, requiérase al citado director, que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgador sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada, además, deberá manifestar si con motivo de la cancelación de la cirugía que se hace referencia en la demanda, se puso en peligro la vida de la quejosa; en el entendido de que dicho comunicado podrá ser enviado de manera preferente al correo electrónico 13jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. Apercibido que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la citada ley. II. Resérvese proveer lo conducente en relación con los demás aspectos de la demanda de amparo, hasta en tanto se reciba el informe requerido a la autoridad responsable. Como lo solicita, las notificaciones deberán realizarse vía electrónica; asimismo, permítase la consulta por ese medio del presente expediente, ya que proporcionó usuario autenticado para tal efecto. Se tiene por autorizada en los términos que precisa a la persona que refiere -de la que proporciona cédula profesional-, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes con que se acredite que está legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en el entendido que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte respectiva, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada. En relación con el correo electrónico y número telefónico que señala, ténganse como medios de contacto, en términos del artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Téngase por realizada la manifestación de la quejosa para que se tramite el presente juicio de amparo en línea. Asimismo, se exhorta a las demás partes continúen este asunto bajo el esquema de "juicio en línea", para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se esté en posibilidad de actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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