Gabriela Langarica Luna
Expediente 942/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 942/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2017
Partes del expediente
- Gabriela Langarica Luna
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de cuenta, promovida por Gabriela Langarica Luna, por conducto de su defensor, contra el acto reclamado del Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penal en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 942/2017. Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: * El auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente SIPE 871/2017-II, en que con relación a la libertad anticipada que solicitó la quejosa, se estableció que la Ley de Ejecución Penal no tiene aplicación para los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio y Oral. Expuesto lo anterior, es menester puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Esto, con base en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que dispone: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, como en el caso se actualiza, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, si se toma en cuenta que la amparista está privada de su libertad personal en el interior de la Comisaría de Reinserción Femenil del Estado de Jalisco, purgando la pena de prisión impuesta en la causa 192/2009, del registro del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, respecto de la cual solicitó la libertad anticipada, es inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de Jalisco. En ese contexto, de conformidad con la fracción III del Punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecuta el acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, dado que no se opone a la ley de la materia vigente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales al juez que se estima competente para conocer del asunto, a quien se solicita acuse de recibo vía fax. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, así como autorizada(s) en los términos que se precisan a la(s) persona(s) mencionada(s).
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