Gabriela Lisbeth Hernández Hernández
Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Gabriela Lisbeth Hernández Hernández
- Alejandro García León
- María Ruth Eusebio Martínez
- Ulises Barragán Cupido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: 1. Por sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Ruth Eusebio Martínez, Gabriela Lisbeth Hernández Hernández, José Benjamín Romero Álvarez, Alejandro García León, Ulises Barragán Cupido y Ady Lubia Montero Cornelio, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las doce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, como fecha para el desahogo de la continuación de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, en el expediente 1721/2018 de su índice. b) En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida diligencia observando el término máximo previsto en el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo aplicable." 2. El trece de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. 3. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el cuatro de agosto del presente año, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 1721/2018 de su índice. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, en proveído de cinco del mes y año en curso, se dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que se haya pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificada para ello. En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que por acuerdo de quince de julio del año que transcurre, la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, únicamente en lo que respecta, al señalamiento de la fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fijada para las doce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente 1721/2018, de su índice; en consecuencia, fijó las nueve horas del doce de agosto de dos mil veintiuno para la celebración de la referida audiencia, observando el plazo previsto en el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano de amparo, por acuerdo de trece de julio pasado, remite copia certificada del acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 1721/2018 del índice de la autoridad oficiante. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia en comento; y una vez que transcurra ese plazo, este juzgado federal efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a María Ruth Eusebio Martínez, Gabriela Lisbeth Hernández Hernández, José Benjamín Romero Álvarez, Alejandro García León, Ulises Barragán Cupido y Ady Lubia Montero Cornelio; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE. Ahora bien, en la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las doce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, como fecha para el desahogo de la continuación de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, en el expediente 1721/2018 de su índice. b) En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida diligencia observando el término máximo previsto en el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo aplicable." En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo último párrafo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 99/2021-9, promovido por promovido por María Ruth Eusebio Martínez, Gabriela Lisbeth Hernández Hernández, José Benjamín Romero Álvarez, Alejandro García León, Ulises Barragán Cupido y Ady Lubia Montero Cornelio a través de su apoderada legal María del Carmen Beltrán Hernández. A continuación, el Secretario certifica: que en cumplimiento al proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 14651/2021 se solicitó informe justificado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación Arbitraje residente en esta ciudad, quien recibió el treinta y uno de mayo siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del uno al veintiuno de junio de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que rindieran su informe respectivo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, a saber: 1. Documentales con sello original de los proveídos de diecisiete de enero de dos mil veinte y veintiuno de enero de dos mil veintiuno, relativo al expediente 1721/2018. [Fojas 6 a 12] 2. Instrumental de actuaciones relativa al expediente 1721/2018. 3. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 99/2021-9, promovido por María Ruth Eusebio Martínez, Gabriela Lisbeth Hernández Hernández, José Benjamín Romero Álvarez, Alejandro García León, Ulises Barragán Cupido y Ady Lubia Montero Cornelio a través de su apoderada legal María del Carmen Beltrán Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dos de febrero siguiente, María Ruth Eusebio Martínez, Gabriela Lisbeth Hernández Hernández, José Benjamín Romero Álvarez, Alejandro García León, Ulises Barragán Cupido y Ady Lubia Montero Cornelio a través de su apoderada legal María del Carmen Beltrán Hernández solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO EL PROVEIDO DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021, EN EL EXPEDIENTE LABORAL 1721/2018, POR MEDIO DEL CUAL, SEÑALA LA AUDIENCIA DE CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, PARA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2012 sic, HACIENDO NUGATORIO CON ELLO LAS REFORMAS LABORALES CUYA FINALIDAD ES LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS." AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. RADICACIÓN, PREVENCIÓN Y NO PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El tres de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el expediente 99/2021-9; se requirió a la apoderada legal de los impetrantes a efecto de que acreditase se personalidad, bajo el apercibimiento que de no atender lo anterior dentro del término de cinco días se tendría por no presentada la demanda. Luego, mediante proveído de veintitrés de febrero siguiente y tras no atender el requerimiento referido, se hizo efectivo el apercibimiento del auto de radicación, por lo que se tuvo por no presentada la demanda. TERCERO. RECURSO DE QUEJA. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que se admitió y radicó bajo el expediente 73/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Seguido la prosecución del recurso, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno se tuvo recibido el oficio PIII-458/2021 signado por la secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, por medio del cual remitió testimonio de la ejecutoria del recurso de queja 73/2021 de índice del citado órgano jurisdiccional, del cual se desprende que se declaró fundado el medio de impugnación. En mérito de lo anterior, se admitió a trámite el asunto; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza de la controversia, dada la naturaleza del acto reclamado, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Elo tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El acuerdo veintiuno de enero del dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente laboral 1721/2018 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por medio del cual señaló las DOCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO para el desahogo de la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta responsable fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que se les requirió el mismo mediante oficio 14651/2021, comunicación recibió el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del uno al veintiuno de junio de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que rindiera su informe respectivo. No obstante lo anterior, de las constancias que acompañó a parte quejosa a su demanda se desprende, se desprende la copia con firmas autógrafas del proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, derivado del expediente laboral 1721/2018, actuación que constituye la fuente del reclamo en la presente instancia. Documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Resulta aplicable el criterio de jurisprudencia 226 establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, tomo VI, Apéndice de 1995, materia común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia, tampoco se advierta de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa esencialmente reclama el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, derivado del expediente laboral 1721/2018, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, que señala fecha distante -veintitrés de agosto de dos mil veintiuno- para que tenga lugar el desahogo de la continuación de la audiencia en su etapa de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. Sobre el particular, aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la fecha establecida por la responsable para la aludida audiencia, se encuentra fuera del término previsto por la ley para ese efecto, lo que es contrario al derecho humano de acceso a la justicia, la cual debe ser pronta, completa e imparcial. Este juzgador de amparo estima que, suplido en su deficiencia, es fundado el precitado motivo de inconformidad, porque la fecha establecida en el acuerdo reclamado excede el plazo máximo de treinta días otorgado por el legislador en el segundo párrafo del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En consonancia con ese derecho fundamental, el segundo párrafo del citado numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo instituye que la obligación del órgano laboral de desahogar todas las probanzas que en la audiencia específica e incluso otorgar un término máximo de treinta días para el desahogo de aquellos medios de convicción que, por su naturaleza, reclamen de una tramitación especial. Asimismo, del ordinal 685 de la ley laboral en cita, se deduce que las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia I.1o.T. J/32 Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, página 724, Novena Época, materia laboral, registro 196706, de rubro y texto: "PRUEBAS. EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA REMOTA PARA SU RECEPCIÓN IMPLICA UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando los tribunales de trabajo señalan una fecha distante para la recepción de los medios de prueba que las partes proponen, tal proceder constituye un acto de imposible reparación que irroga, por sí solo, un perjuicio irreparable conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; no obstante que se trata de una violación adjetiva o procesal, afecta en forma directa e inmediata al oferente, vulnerándose el principio de celeridad contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial." Conforme a lo anterior, es claro que la determinación de la Junta responsable al señalar como fecha para el desahogo de la continuación de la audiencia en su etapa de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1721/2018, vulnera el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, en atención a que constituye una fecha que excede el plazo previsto para ese efecto en la legislación laboral precitada. Esto, si se toma en cuenta que entre la data del acuerdo reclamado y la programada para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas median más de siete meses, lo cual resulta evidentemente superior al término máximo de treinta días previsto en la norma que rige el procedimiento. Aunado a ello, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el -análisis global del procedimiento-, que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el caso particular, el legislador determinó un plazo máximo de treinta días para que la junta, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas y admitidas, pueda desahogarlas. Por tanto, la fecha señalada por la autoridad responsable para la diligencia de mérito, además de exceder el plazo establecido por el legislador para ese efecto, tampoco resulta razonable. Es de tomar en cuenta, lo expuesto en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es: PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos. Con base en las anteriores consideraciones, lo procedente es conceder a la parte impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco: a) Deje insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las doce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, como fecha para el desahogo de la continuación de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, en el expediente 1721/2018 de su índice. b) En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida diligencia observando el término máximo previsto en el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo aplicable. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Ruth Eusebio Martínez, Gabriela Lisbeth Hernández Hernández, José Benjamín Romero Álvarez, Alejandro García León, Ulises Barragán Cupido y Ady Lubia Montero Cornelio, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos quito y sexto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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