Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño

Expediente 1084/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1084/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 10 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las once horas con veinte minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1084/2020-10, promovido por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada A. P. B. B. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las que ofreció la parte quejosa en su libelo inicial, consistentes en: 1. La instrumental de actuaciones referente a las actuaciones del expediente 113/2018, relativo al juicio de reconocimiento de paternidad y del incidente de cumplimiento de convenio deducido de dicho expediente; 2. Presuncional legal y humana; así como las que remitió la autoridad responsable, referente a: 3. Copias certificadas relativas al expediente 113/2018, relativo al juicio ordinario civil de reconocimiento de la paternidad y 4. Copias certificadas del incidente de incumplimiento de convenio deducido del mencionado expediente, mismas que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1084/2020-10, promovido por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada A. P. B. B., contra actos del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado en el buzón judicial el tres de agosto de dos mil veinte, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el cinco siguiente y ante la Oficialía de Partes del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, el seis del mismo mes y año, Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada A. P. B. B., demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 Resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, pronunciada por la Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, que resolvió el recurso de reconsideración que hizo valer Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, en contra del punto décimo del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitido en el incidente de incumplimiento de convenio derivado del expediente 113/2018, relativo al juicio ordinario civil de reconocimiento de la paternidad. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, registró la demanda bajo el expediente 634/2020-III y ordenó prevenirla, para que la quejosa precisara bajo protesta de decir verdad sí promovía el juicio por propio derecho o también en representación de la menor de edad de iniciales A. P. B. B. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, previa aclaración, admitió la demanda de que se trata, ordenó solicitar el informe justificado, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. CUARTO. IMPEDIMENTO DEL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. En acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, se declaró impedido para conocer de la demanda de amparo promovida por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada A. P. B. B., al actualizarse la causa prevista en la fracción VII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene amistad estrecha con la autorizada de la quejosa Lucy Osiris Cerino Marcín, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para resolver sobre el impedimento planteado. QUINTO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante oficio 375-Pl, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, remitió la demanda y sus anexos, el informe justificado y las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación a su informe, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en virtud de que mediante resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el impedimento civil 8/2020, se declaró fundado dicho impedimento, la cual fue presentada a través del buzón judicial el diez de diciembre de dos mil veinte, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnada a este juzgado por razón de turno, en esa misma fecha. SEXTO. AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El once de diciembre de dos mil veinte, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1084/2020-10, se ordenó la notificación a las partes del auto de radicación; requerir a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio del tercero interesado para emplazarlo a juicio, sin requerir informe justificado, en virtud de que ya obraba en autos; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SÉPTIMO. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. OCTAVO. REANUDACIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES. Por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el trámite del expediente, se requirió a la quejosa proporcionara el domicilio del tercero interesado y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional. NOVENO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Mediante diligencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, practicada por la actuaria judicial adscrita a este órgano judicial de amparo, se emplazó al presente juicio al tercero interesado Jonathan Isaí Bosquez Hidalgo, en el domicilio ubicado en calle dos, esquina calle tres, lote tres, carretera principal a Anacleto Canabal, primera sección, número 101, manzana 4 Buenavista Río Nuevo, primera sección, Centro, Tabasco (foja 111). La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, pronunciada por la Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, que resolvió el recurso de reconsideración que hizo valer Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, en contra del punto décimo del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitido en el incidente de incumplimiento de convenio derivado del expediente 113/2018, relativo al juicio ordinario civil de reconocimiento de la paternidad que promovió en contra de Jonathan Isaí Bosquez Hidalgo. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias que remitió consistentes en copia certificada del expediente 113/2018, relativo al juicio ordinario civil de reconocimiento de la paternidad, promovido por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada A. P. B. C., en contra de Jonathan Isaí Bosquez Hidalgo e incidente de incumplimiento de convenio derivado del citado expediente, las cuales obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, es pertinente sintetizar las constancias más relevantes que constituyen el acto reclamado, de las que se advierte: Por auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, la Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dio entrada a la demanda interpuesta por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada A. P. B. C., en la vía ordinaria civil, juicio de reconocimiento de la paternidad en contra de Jonathan Isaí del Bosque Hidalgo, bajo el expediente 113/2018, por lo que ordenó emplazar al demandado (fojas 41 a la 43 del tomo de pruebas I). El quince de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia previa y de conciliación, en la que no fue posible llevar cabo un arreglo conciliatorio, en virtud de que no compareció la parte actora, por lo que se hizo del conocimiento de las partes que el período de ofrecimiento de pruebas era de diez días (fojas 160 y 161 del tomo de pruebas I). Por auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, se calificaron las pruebas y se señaló hora y fecha para la audiencia de pruebas y alegatos (fojas 177 a 185 del tomo de pruebas I). En la audiencia de pruebas y alegatos de tres de diciembre de dos mil dieciocho, las partes contendientes celebraron convenio, precisando el reconocimiento de la menor, la guarda y custodia de ésta, hora, día y lugar de convivencia y pensión alimenticia y en virtud de que la representante social no hizo objeción alguna, la autoridad responsable aprobó provisionalmente el convenio, reservando su aprobación en definitiva hasta en tanto se exhibiera el acta de reconocimiento de la menor de edad (fojas 246 a 250 del tomo de pruebas I). Por auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, la juez del conocimiento dio entrada al incidente de cumplimiento de convenio promovido por Jonathan Isaì Bosquez Hidalgo, por lo que se ordenó correr traslado a la incidentada Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño (foja 14 del incidente). El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable ordenó de oficio se practicaran las pruebas siguientes: 1.Trabajo social y 2. Valoración psicológica. En el mismo auto, tuvo a la incidentada contestando la demanda incidental dentro del término legal, calificó las pruebas ofrecidas, señaló hora y fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos; desechó de plano por improcedente la reconvención planteada por la incidentada y en cuanto a la suspensión de convivencias le manifestó que debería estarse a lo acordado en el convenio provisional de tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 50 a la 54). Inconforme con el punto décimo del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, interpuso recurso de reconsideración, el que fue admitido por auto de doce de agosto de dos mil diecinueve (foja 75 del incidente). El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas en el incidente de cumplimiento de convenio (fojas 104 a la 109 del incidente). Mediante sentencia interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, la juez natural declaró improcedente el recurso de reconsideración que hizo valer Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, en contra del punto décimo del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve y lo declaró firme para todos los efectos legales (fojas 119 y 120 del incidente). Determinación que constituye el acto reclamado. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, la parte quejosa Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada A. P. B. B., refiere como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: Que la resolución reclamada le causa perjuicios porque la a-quo dejó de observar el interés superior de la menor, pues a pesar de que no se encontraba registrada con los apellidos de Jonathan Isaí Bosquez Hildago, la obligó a cumplir un convenio con relación a las convivencias. Por lo que la responsable no tomó las medidas necesarias para que la menor se adaptara a las convivencias con su progenitor, ya que resulta una persona extraña al no tener contacto con él, esto es, debió apoyarse en especialistas y terapias para que la menor fuera conociendo a su progenitor, puesto que aun cuando terminó el juicio de reconocimiento de paternidad por convenio, debió ordenar las convivencias de manera paulatina y asesorarse de un psicólogo a fin de evitar cualquier daño psico-emocional de la menor de identidad reservada. Que le causa perjuicios la determinación de la responsable al no suspender las convivencias de la menor de identidad reservada con su progenitor, toda vez que en el convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada no se tomó en cuenta la opinión de la menor a fin de determinar las convivencias, lo que resulta violatorio de sus derechos, ya que debió ser escuchada para fijar hora y día de convivencia. Que la autoridad responsable no tomó en consideración que el tercero interesado ha demostrado tener actitudes violentas de manera física y verbal hacía su persona, lo que provoca temor e inseguridad en la menor, mismas actitudes que se generaron después de celebrado el convenio, precisamente durante el régimen de convivencia. Que la menor no ha tenido ningún tipo de relación con su progenitor, por lo tanto es un extraño para ella, y lo único que recuerda es que es violento, es por esa razón que la quejosa se ha presentado al Centro de Convivencia en el momento de llevarse a cabo la convivencia y el hecho de que la Coordinadora del Centro citado, haya accedido a la queja del progenitor de la menor, no tomó en cuenta los acontecimientos de agresiones que profirió Jonathan Isaí Bosquez Hidalgo, dejando a la menor en estado de vulnerabilidad. Asimismo, la responsable toma en menor escala el delito de violencia familiar seguido en contra del tercero interesado, el cual no afecta solo a la víctima directa del delito sino a su esfera familiar. Por lo que no es posible que la juez natural determine que la carpeta de investigación CI-FGEN-1303/2018, sobre el delito de violencia familiar no afectan a la menor de identidad reservada A.O. B. B., pues hay que diferenciar el delito de lesiones. Por lo que al ser víctima de un delito de violencia familiar, es inexcusable que la menor no corra el riesgo de ser revictimizada. Del análisis de las constancias de autos, así como de las manifestaciones que aduce la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que los conceptos de violación que esgrime resultan inoperante uno, infundados otros y fundado pero inoperante el último de ellos, sin que haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Conviene precisar el contenido del considerando III, de la resolución reclamada: "III. Del estudio a los agravios vertidos por la ciudadana Gabriela del Guadalupe Bayona Coutiño, en contra del punto décimo del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, quien resuelve estima declarar improcedente el recurso de reconsideración planteado, veamos por qué. El punto décimo del proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, motivo de este recurso de reconsideración, textualmente dice: "DÉCIMO. Asimismo y en cuanto a la suspensión de convivencias que solicita la demandada incidentada, dígasele que deberá de estarse al convenio provisional formulado con fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, en la que las partes establecieron convivencias supervisadas ante el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del estado de Tabasco.." En esencia la recurrente se inconforma con lo antes transcrito, ya que substancialmente refiere que la menor de edad de iniciales A.O.B.B., no quiere convivir con su padre en razón de la violencia que ejerce sobre la personas e su progenitora por lo que es una persona muy violenta; en tal virtud expone que deben suspender las convivencias ordenadas entre el progenitor y su menor hija, ya que se debe evitar la revictimización de su hija. De ahí que, se advierta que los agravios vertidos por la recurrente, se encuentran encaminados a combatir a la forma en la que fue pactada la Convivencia de su hija menor de edad con su progenitor, establecidas en la cláusula tercera del convenio provisional del tres de diciembre de dos mil de dieciocho, realizado por las partes en el juicio principal. En tal virtud, su agravio resulta inoperante, ya que no combatió lo pactado por las partes en el convenio provisional, sin que tenga cabida los argumentos que hoy relata en contra del mismo, pues si bien alega que la menor de edad de iniciales A.O.B.B., no quiere convivir con su progenitor, en razón que al momento de la convivencia llora, dicha circunstancia debería estar corroborada con el informe rendido por la licenciada Olga Lidia Santamaría Castellanos, Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, que obra a folio 268 del expediente principal, donde contrario a lo alegado por incidentada, hace constar lo referido por el ciudadano Jonathan lsaí Bosquez Hidalgo, en el sentido que la ciudadana Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, quiere estar presente al momento de la convivencia entre padre e hija, así como posteriormente al no permitírsele estar presente no lleva a la menor al Centro de Convivencia Familiar, por lo que a partir del dos de febrero de dos mil diecinueve, ya no comparece la menor al Centro de Convivencia Familiar a dar cumplimiento al convenio provisional realizado en el expediente principal. Sin embargo, cabe precisar que la carpeta de investigación número FGEN-1303/2018, de la cual exhibe en copia simple el acuerdo de medidas de protección, se advierte que aparece como persona agraviada Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño y no la menor de edad de iniciales A.O.B.B., de ahí que la violencia que hace alusión es sobre ella y no sobre la menor, para tener algún argumento válido para los efectos de suspender la convivencia. Por tanto en las controversias sobre el derecho familiar, el juzgador tiene la facultad de actuar de forma más activa y versátil, por la trascendencia social de las relaciones familiares involucradas y del principio del interés superior del menor, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que resulta legítimo que, en aras del interés superior del menor, esta juzgadora está obligada a velar por el interés superior del menor, para lo cual debe atender a la interpretación normativa más favorable a ese fin. De modo que, con la una única finalidad de asegurar el bienestar y estabilidad emocional de la menor de edad y sus necesidades, así como asegurar la continuidad de las relaciones personales entre la menor y su progenitor de modo regular, estima benéfico dejar la convivencias provisional pactada en tres de diciembre de dos mil dieciocho, establecidas en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado. Lo que es más, al tratarse de un juicio de orden familiar, como lo es la Convivencia Familiar, no puede demorarse y si se estima benéfico, puede ser modificada cuando cambien las circunstancias o esta juzgadora tenga mayores datos, tal y como lo refiere el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Por todo lo expuesto, al resultar inoperante el motivo de agravio formulado por la recurrente, se declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, en contra del punto décimo del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mismo que se declara firme para todos los efectos legales procedentes" (fojas 119 vuelta y 120 frente del incidente). Por cuestión de método, se analiza en primer término el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, precisado con el punto dos, respecto a lo que aduce que la juez responsable al aprobar el convenio no tomó en cuenta la opinión de la menor a fin de determinar las convivencias con su progenitor. Al respecto, dicho motivo de disenso, resulta inoperante, toda vez que la parte quejosa introduce cuestiones novedosas que no fueron sometidas a la consideración de la autoridad responsable, puesto que en el escrito de nueve de julio de dos diecinueve (fojas 67 a 69 del tomo de pruebas relativo al incidente), mediante el cual interpuso el recurso de reconsideración en contra del punto décimo del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, no se advierte que haya realizado manifestación alguna respecto de la escucha de la menor al momento de aprobar provisionalmente el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, entre las partes contendientes y, por ende, resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como se dijo, en los agravios vertidos nada dijo al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXXII.4 C (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 3479, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, Materia(s): Común, Civil, Décima Época, Registro: 2020832, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. SON INOPERANTES SI LA QUEJOSA HACE VALER ARGUMENTOS QUE NO PLANTEÓ ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA, QUIEN DICTÓ EL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). El recurso de apelación es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio natural del que deriva, así como el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, a la luz de los agravios expuestos por el recurrente. En ese cariz, el análisis en el recurso de apelación debe atender inexorablemente a lo planteado oportunamente por las partes en los escritos en que se fija la litis ante el Juez natural y lo expresado ante el tribunal en el escrito de agravios, pues la segunda instancia no constituye una renovación de la primera. Lo anterior es así, pues de la interpretación de los artículos 81 y 711, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima se colige que, en materia civil, rige el principio de congruencia para el dictado de las sentencias judiciales y, por ende, se trata de una impartición de justicia rogada; en ese sentido, es dable concluir que la norma adjetiva no impone al tribunal de alzada el deber de estudiar de oficio los elementos de la acción que no son materia de los agravios respectivos. Ahora, si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, la quejosa hace valer argumentos que no planteó ante el tribunal de alzada, quien dictó el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable". Por otro lado, respecto a lo que aduce la parte quejosa en el concepto de violación precisado con el punto uno, en el sentido de que la autoridad responsable no tomó las medidas necesarias al elevar el convenio de tres de diciembre de dos mil dieciocho, a la categoría de cosa juzgada, respecto a la adaptación de la menor a las convivencias con su progenitor, ya que debió ordenarlas de manera paulatina y asesorarse de un psicólogo, para evitar daño psico-emocional a dicha menor. Es de decir que resulta infundado, toda vez que como lo determinó la juez responsable en la resolución reclamada, dichas manifestaciones se encuentran encaminadas a combatir la forma en que fue pactada la convivencia de la menor de identidad reserva A. P. B. B., con su progenitor establecidas en la cláusula tercera del convenio de tres de diciembre de dos mil dieciocho; por lo tanto, como lo precisó la juez natural, el agravio alegado respecto de la forma en que se determinó la convivencia antes referida, resultó inoperante, puesto que en su oportunidad procesal no combatió lo pactado y no es el momento de hacerlo valer al interponer el recurso de reconsideración. Por otro lado, en cuanto a lo aducido por la quejosa en los conceptos de violación precisados con los números tres y cuatro, es de decir que resultan infundados, toda vez que de la revisión practicada a las constancias procesales, así como de la resolución que constituye el acto reclamado, se desprende que si bien es cierto que al realizar la petición especial al dar contestación a la demanda incidental manifiesta que la menor de edad de iniciales A. P. B. B. no quiere convivir con su progenitor, en virtud de que en el momento de la convivencia llora ante la presencia de Jonathan Isaí Bosquez Hidalgo, también lo es, que como lo determinó la autoridad responsable esa circunstancia no se encuentra corroborada en autos, pues del informe rendido por Olga Lidia Santamaría Castellanos, Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tabasco, visible a foja 268 del tomo de prueba I, no se hace constar esa situación, por el contrario, la servidora pública refiere que la quejosa quiere estar presente en la convivencia, oponiéndose el progenitor a tal hecho, argumentando que la convivencia es solo con la menor, razón por la cual la quejosa manifiesta que no dejará a la niña si ella no está presente, retirándose de ese Centro, sin dejar a la menor; por lo tanto, no se lleva a cabo la convivencia programada; sin que con posterioridad acudiera al Centro a presentar a la menor antes aludida, para llevar a cabo las convivencias que están aprobadas en el convenio de tres de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, en lo que aduce la impetrante que Jonathan Asaí Bosquez Hidalgo, es un extraño para la menor, razón por la cual ella se ha presentado en el Centro de Convivencia en el momento de llevarse a cabo la convivencia y que la Coordinadora del Centro de Convivencia, atendió la queja del progenitor, sin que la juez responsable tomara en cuenta las agresiones que profirió a la quejosa, dejando a la menor en estado de vulnerabilidad, es de decir que tampoco le asiste razón, toda vez que el artículo 4º establece que el interés superior de la niñez se traduce en buscar el bienestar y óptimo desarrollo de los menores de edad y tiene por objeto la protección, estabilidad personal y emocional del menor, lo cual es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado., y no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres a esas convivencias. Por lo tanto, la decisión de la juzgadora, es ajustada a derecho, pues para el desarrollo integral de la menor, es necesaria la convivencia de ésta con su progenitor, razón por la cual la autoridad jurisdiccional determinó lo que más convino al interés preponderante de la menor. Por último, en cuanto a lo que manifiesta la quejosa, en el sentido de que la juez natural para declarar improcedente el recurso aludido, determinó que los hechos denunciados en la carpeta de investigación CI-FGEN-1303/2018, no afectan a la menor de identidad reservada A.P. B.B., sino a su progenitora, por lo que al ser víctima de un delito de violencia familiar la menor corre riesgo de ser revictimizada. Es de decir, que le asiste razón a la quejosa, puesto que la juez de la causa al emitir el acto reclamado determinó que en la carpeta de investigación aludida, se advierte que aparece como persona agraviada Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño y no de la menor de edad de iniciales A. O. B. B., de ahí que la violencia que hace alusión es sobre ella y no de la menor, para tener un argumento válido y suspender la convivencia; pues es de tomar en cuenta que la violencia familiar no solo afecta a la persona que sufre el daño físico, piscológico y emocional, sino al núcleo familiar. Sin embargo, a ningún fin práctico conduciría conceder la protección constitucional, porque de la copia simple del acuerdo de medidas de protección, emitido por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía de Violencia de Género, el doce de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación CI-FGEN-1303/2018, se observa que éstas medidas se decretaron con anterioridad a la aprobación provisional del convenio de tres de diciembre de dos mil dieciocho. Por lo tanto, no puede decirse que hayan cambiado la circunstancias para modificar o suspender las convivencias. Máxime que para la salvaguarda de la menor de identidad reservada A. P. B. B., en la cláusula tercera del convenio de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se aprobó provisionalmente que las convivencias con su progenitor se llevarían a cabo en la fecha y horario establecido, dentro del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Cabe citar la tesis I.3o.C.1062 C (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1387, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Registro digital: 159876, Décima Época, Materias(s): Civil, bajo el siguiente rubro y texto: "MENORES DE EDAD. VIOLENCIA FAMILIAR. BASTA LA EXISTENCIA DE DUDA PARA QUE LAS CONVIVENCIAS PROVISIONALES CON SUS PROGENITORES SE LLEVEN A CABO EN UN CENTRO DE SUPERVISIÓN. El artículo 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce como derecho de los progenitores el convivir con sus menores hijos y viceversa, con el objeto de continuar con el sano desarrollo del menor, aun ante la disolución de la familia. Por excepción, ante la sola manifestación por cualquiera de las partes de la existencia de violencia familiar, ante la duda generada con dicha declaración el Juez, a efecto de continuar con la salvaguarda de los hijos menores de edad o incapaces, debe ordenar que las convivencias de los menores con sus progenitores se realicen en los centros e instituciones destinados para tal efecto, únicamente durante el procedimiento". En es ese contexto, el derecho del menor a convivir con su progenitor, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, y por tanto es necesario que exista el contacto afectivo para lograrlo y a su vez a los padres les permite estar al corriente de su vida y educación y sobre todo de participar activamente en la toma de las decisiones inherentes a su mejor desarrollo integral, que se traduce en el derecho que tienen los niños y las niñas para la satisfacción de sus necesidades. Máxime como lo determinó la juez responsable, conforme lo establece el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, las convivencias aprobadas en el convenio de tres de diciembre de dos mil dieciocho, pueden ser modificadas cuando cambien las circunstancias o tenga mayores datos. Con motivo de lo anterior, cabe decir a la promovente del amparo, que no resultan aplicables al presente caso, los criterios que invoca, bajo los siguientes rubros: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE"; "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES"; "CONVIVENCIA Y CUSTODIA COMPARTIDA. EN ARAS DE PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ALLEGARSE DE OFICIO DE PRUEBAS PERICIALES EN PSICOLOGÍA Y DE TRABAJO SOCIAL, RESPECTO A LOS PROGENITORES Y ASCENDIENTES QUE DEMANDAN AQUÉLLA Y DESTACADAMENTE LA QUE TENGA EN CUENTA EL SENTIR DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)"; "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS"; "RÉGIMEN DE VISITA Y CONVIVENCIAS. ANTES DE FIJARLO EL JUZGADOR DEBE LLAMAR AL MENOR PARA SER ESCUCHADO, INCLUSO DE MANERA OFICIOSA"; "DERECHOS PREFERENTES DEL MENOR"; "INTERES SUPERIOR DEL MENOR, SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS"; "MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE"; "CONVIVENCIA. LA AFECTACIÓN A SU INTERÉSSÓLO SE JUSTIFICA EN ARAS DE TUTELAR SU INTEGRIDAD Y CORRECTA FORMACIÓN"; "LESIONES Y VIOLENCIA FAMILIAR. ALSER DELITOS AUTÓNOMOS PUEDEN ACTUALIZARSE EN EL MISMO EVENTO, SIN QUE ELLO CONSTITUYA UN DOBLE REPROCHE O UNA RECALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL)" y "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PRUEBAS PISOLÓGICAS PARA EVALUAR LA IDONEIDAD DE LOS PADRES PARA EJERCERLA, PUEDE EXTENDERSE A LAS PERSONAS CON LAS QUE VAN A CONVIVIR QUE SON AJENAS AL NÚCLEO FAMILIAR PRIMARIO (ABUELOS, PRIMOS Y TÍOS)". En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada A. P. B. B. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de once de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada A. P. B. B., en contra del acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero; por los motivos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, parte quejosa en este asunto, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, señala como domicilio del tercero interesado Jonathan Isau Bosquez Hidalgo, el ubicado en la calle dos esquina calle tres, lote tres, carretera principal a Anacleto Canabal Primera Sección, numero 101 manzana 4, Buenavista Río Nuevo, primera Sección de esta ciudad. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al citado tercero interesado al presente juicio de amparo, en el domicilio señalado con anterioridad, por conducto de la Actuaria de este Juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable y le haga saber que en caso de que lo estime conveniente se apersone al presente juicio, a hacer valer sus derechos; así también, le informe que se señalaron las once horas con veinte minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.

  3. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuentan, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente cuaderno de antecedentes. Asimismo, que en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la quejosa Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales A.P.B.B., para que dentro del término cinco días hábiles proporcione el domicilio actual y correcto en donde pueda ser emplazado a juicio el tercero interesado Jonathan Isaí Bosquez Hidalgo, el cual fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno; por lo que el plazo para tal efecto, transcurre del veinte al veintiséis del mes y año que transcurre. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. TRAMITACION DE LA DEMANDA Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite: Testimonio de la ejecutoria dictada en los autos del impedimento 8/2020. Original del juicio de amparo 634/2020-III, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales A.P.B.B. Original y duplicado de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 634/2020-III. Copia certificada del expediente 113/2018, así como copia certificada del cuadernillo de incidente de incumplimiento. Lo anterior, en virtud de que por ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se declaró fundado el impedimento planteado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, para conocer del juicio de amparo, promovido por Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales A.P.B.B y ordenó la remisión del expediente relativo al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, para la substanciación del juicio; tocando conocer del mismo a este Juzgado Tercero de Distrito. Acúsese recibo. Por tanto, con apoyo en el artículo 49 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto. Por lo anterior, téngase a Gabriela Guadalupe Bayona Coutiño, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales A.P.B.B., solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1°, 4 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1084/2020-10. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Se le hace saber a las partes que el Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, dictará la sentencia en el presente juicio de amparo, lo anterior a fin de que de estimarse necesario, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, hagan valer alguna causa de impedimento. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Sin que sea necesario requerir informe justificado a la autoridad señalada como responsable, en virtud de que éste ya obra agregados en autos, y con el cual se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. CONSTANCIAS POR CUERDA SEPARADA Ahora bien, en virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por el Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, consistentes en copia certificada del expediente 113/2018, así como copia certificada del cuadernillo de incidente de incumplimiento, en apoyo a su informe justificado, se procede a dejar éstas por cuerda separada, constante de dos tomos, quedando para consulta de las partes en esta secretaría. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos y cuarenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 5 de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO. Ahora, de una revisión minuciosa del expediente se advierte que no se ha logrado emplazar al tercero interesado Jonathan Isaí Bosquez Hidalgo, en los siguientes domicilios: Calle Framboyanes, edificio I, departamento 3 sin número fraccionamiento Tercer Milenio 3ra etapa, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Calle Teapa, número 15, esquina Andador Tacotalpa, colonia Andrés Sánchez Magallanes de la Ciudad de Villahermosa. Carretera Villahermosa-Frontera, sin número, kilómetro 19, Villa Macultepec, Centro, Tabasco. Empresa Coppel, ubicada en la calle Benito Juárez, número 418, Colonia Centro de Villahermosa, Tabasco. Sin que en ninguno de los domicilios antes mencionados, se haya logrado el emplazamiento de dicho tercero; en ese contexto, para una pronta impartición de justicia, tal como lo establece el artículo 17 de la Carta Magna, con apoyo en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con relación en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos legales la notificación de este acuerdo, proporcione el domicilio actual y correcto en donde pueda ser emplazado a juicio el precitado tercero interesado, debiendo ser específica y con referencias del domicilio que en su caso proporcione. En el entendido que de no hacerlo en el plazo concedido, este órgano jurisdiccional procederá a la investigación del domicilio de dicha parte, y una vez agotado este recurso, y de no lograrse su localización, en términos de la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos que correrán a su costa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538, Tomo XIV, julio de 2004, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a las personas que menciona en la misma en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud, de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Téngase al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, remitiendo los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 634/2020-III de su índice, por lo que de la revisión practicada a los aludidos cuadernos se advierte que éstos se encuentran debidamente fallados, se ordena colocar las carátulas respectivas, para su debida identificación, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a las partes.

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