Gabriela Hilerio Jiménez
Expediente 885/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2022
Partes del expediente
- Gabriela Hilerio Jiménez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I, inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte promovente haya recurrido el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó por improcedente la demanda que generó el presente juicio; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido...
- Principal
Se notifica a la parte quejosa Gabriela Hilerio Jiménez, el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, que se fija en los estrados de este organo jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la ley de amparo, que dice: Visto el escrito inicial de demanda presentada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este Órgano de Control Constitucional por Gabriela Hilerio Jiménez, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente con el número 885/2022-A1. Cabe señalar que del contenido de la certificación de cuenta se desprende que en el proemio y al calce de la demanda de amparo que se atiende, la parte quejosa lo es Gabriela Hilerio Jiménez; sin embargo, la evidencia criptográfica (firma electrónica) corresponde al diverso Consultoría en Migración Internacional, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente, resulta pertinente establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, el numeral 62 de la citada Ley, dispone: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligación de este Juzgado, ante la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo se adentre a su estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego es ineludible precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro seguro y evidente que es. En esos términos para los efectos del desechamiento de la demanda un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En tal contexto se advierte que en el presente asunto, sobreviene una causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 3 y 6, de dicha normatividad, que disponen en la parte conducente: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa como opción para enviar y recibir promociones, documentos comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Asimismo, es menester citar los artículos 1, 2 fracción XVI, 3 fracción V, 10, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establecen lo siguiente:Artículo 1. El presente Acuerdo General tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias. El objeto antes descrito comprende también la necesidad de establecer los lineamientos que deberán seguir los órganos jurisdiccionales federales para la óptima implementación de la videoconferencia como herramienta para el desahogo de las audiencias, sesiones y diligencias judiciales, de conformidad con la normatividad aplicable a su ámbito de actuación y en términos de lo dispuesto en el Anexo Técnico de este Acuerdo, para lo cual, se dispondrá de la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura Federal." "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada y FIEL), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del ³Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico." "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa." "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." De los referidos numerales se desprende que es optativo para la parte promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Así, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Cabe acotar que en términos del artículo 2 fracción XVI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se comprenden en el concepto de la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada y FIEL), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. De modo que, si las promociones enviadas a través del Portal de Servicios en Línea no cuentan con la firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, no producen alguna consecuencia jurídica, salvo que se trate de los supuestos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, la demanda que nos ocupa, fue recibida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este Órgano de Control Constitucional, sin firma electrónica (FIREL) de la promovente, sino con diversa a nombre de Consultoría en Migración Internacional, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por lo cual se impone declarar que carece de una formalidad indispensable para dar curso a la misma, ya que la ausencia de la firma autógrafa o electrónica de las personas que promueven el juicio de amparo equivale a la falta de voluntad de las mismas, con lo cual se incumple uno de los principios que rigen el juicio de amparo, a saber, el principio de instancia de parte agraviada regulado en el artículo 3o. de la ley de Amparo. Deficiencia que no puede ser corregida a instancia del suscrito mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de la Materia, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el diverso numeral 108 del mismo ordenamiento legal, como sucede ante la falta de firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Lo anterior permite apreciar, aun de manera análoga, que el uso de cualquier medio electrónico, atribuye al usuario consecuencias desde el punto de vista de la legitimación del promovente, y los recursos que se presentan utilizando esta herramienta no escapan de tal formalidad, porque también se rigen por el principio de instancia de parte agraviada, que permea todo el procedimiento, ya que en este caso, los medios de impugnación permiten a la parte quejosa la verificación sobre las determinaciones que asumen los Jueces de Distrito, siendo la firma el elemento fundamental con el que reconoce y da intervención al quejoso al constituirse como la expresión máxima de su voluntad. De ahí que, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que tratándose de la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, procede desecharla de plano cuando carece de la firma electrónica del quejoso, entonces el indicado requisito debe cumplirse para sustentar la legitimación del promovente, por lo que es preciso verificar si proviene del medio electrónico autorizado para su presentación y desde luego, si se encuentra firmada por su suscriptor. Cabe destacar que el presente proveído no implica restringir a las partes sus derechos de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, contrario a ello, se propicia en cumplimiento del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y la efectividad de la ley para garantizar los principios de igualdad y seguridad jurídica en el juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, al no existir voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Del mismo modo, la Jurisprudencia P./J. 8/20191 , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder 1 Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del libro 65, tomo I, abril de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2019715. Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Así como, la Jurisprudencia P./J.11/20222 , de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN 2 Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, registro 2025488. CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre la falta de la firma electrónica en la demanda de amparo indirecto presentada durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y arribaron a posturas contrarias, pues para un Tribunal debía desecharse de plano, en virtud de que existían otros medios para instar el juicio constitucional, esto es, por escrito, mientras que el diverso Tribunal estimó que era dable su admisión porque la vía electrónica constituía la única opción para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico: Aun en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que carezca de la firma electrónica del promovente, salvo que se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el juicio se promueva con fundamento en el diverso 15 del mismo ordenamiento legal.Justificación: Durante la pandemia por el virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la normativa para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales para la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, procurando la atención de casos urgentes bajo el estricto distanciamiento social y el trabajo a distancia. Por tal razón, a fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos como a las personas justiciables, se emitió un catálogo enunciativo y no limitativo de los asuntos considerados como urgentes, respecto de los cuales podría promoverse indistintamente el juicio constitucional por medios impresos o electrónicos, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En ese tenor, no se advierte una razón suficiente para que, en la contingencia sanitaria, se dispensara de la firma electrónica para presentar la demanda de amparo mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al juicio constitucional, ya que la forma impresa también se garantizó para presentar demandas de amparo. No se desconoce, como hecho notorio, que en la crisis sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran ante las autoridades competentes a realizar los trámites respectivos para obtener su firma electrónica y promover el juicio de amparo por esa vía; sin embargo, tal requisito no puede considerarse como una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, en la medida en que la presentación por medios electrónicos de la demanda integraba una de las opciones para instar el juicio constitucional, ya que los justiciables estuvieron en aptitud de presentar el escrito inicial por cualquiera de las vías disponibles (electrónica o por escrito), de tal manera que el requisito de firmar electrónicamente la demanda en el esquema de contingencia para evitar la concentración de personas y la propagación del virus en los órganos jurisdiccionales, no puede catalogarse como una exigencia que imposibilitara la promoción del juicio de amparo en detrimento del derecho de acceso a la justicia". Por otra parte, con apoyo en las razones esgrimidas en los párrafos que anteceden, esto es ante la ausencia de la expresión de voluntad de la promovente, no ha lugar a tenerle designando como autorizados legales de su parte a las profesionistas que precisa en el escrito que se atiende, ni el domicilio procesal que indica. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
- Principal
Consecuentemente, con fundamento en los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, al no existir voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata.
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