Gabriela González González
Expediente 364/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/07/2021
Partes del expediente
- Gabriela González González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia constitucional de de cinco de julio de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, glósese el cuaderno de suspensión respectivo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentre glosado el acuse por los que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que, de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del treinta de julio de dos mil veinticuatro. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el citado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, debiendo la Secretaria realizar el cómputo respectivo para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido de que el término de seis meses de que se habla, se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, razón por la cual la fecha probable para su destrucción, lo será a partir del día veintiocho de enero de dos mil veintidós.
- Principal
Vista la certificación secretaria de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, así como del proveído de once de junio de dos mil veintiuno, a través del cual se tuvo a la tercero interesada Alicia Yagues Ames también conocida como Alicia Yagues Ames de Lagos por conducto de su autorizado legal, interponiendo recurso de revisión en su contra. Por tanto, previo a ordenar la remisión de las constancias necesarias en formato digital para la substanciación del citado medio de impugnación, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la circular DGGJ/0012/2020, que suscribió la Maestra María Jacqueline Martínez Uriarte, Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, de la Coordinación de Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con los Acuerdos Generales 15/2020, 17/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese oficio mediante correo electrónico a la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para que le dé el turno correspondiente al recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesada, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el presente asunto, y una vez generada la boleta de turno respectiva, se solicita la envíe al correo electrónico 2jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx, para estar en aptitud de identificar el órgano al que fue turnado el asunto, realizar la remisión correspondiente y hacer disponible el expediente para su consulta.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en representación del Fiscal General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; así entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con lo anterior, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. De igual forma, se le tiene designando delegados en términos del artículo 9 de la legislación invocada, a los profesionistas que para tales efectos menciona. Ahora, visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera con relación a la inexistencia de la autoridad responsable que denominó como Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, sin que haya realizado manifestación al respecto, no obstante haber sido debidamente notificado desde el treinta y uno de mayo de este año. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de veinticinco de mayo del año en curso, y al efecto se tiene como inexistente a la autoridad responsable que el impetrante señaló como "Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad". En ese contexto, suspéndase toda comunicación en el presente juicio de amparo con la referida autoridad, la que no se tomará en consideración al resolver el fondo del asunto; por tanto, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a la quejosa Gabriela González González, la suspensión definitiva solicitada, en contra de la autoridad precisada en el considerando segundo por los motivos expuestos.
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