Gabriela Gonzalez Ortega

Expediente 878/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
878/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
05/11/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Gonzalez Ortega
  • GABRIELA GONZALEZ ORTEGA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA; por tanto, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en la tramitación del presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el auto admisorio.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************y******************** contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta de ISRAEL CALVA CORRO, profesionista autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por los quejosos GABRIELA GONZÁLEZ ORTEGA y JOSÉ BENITO MORALES TORRES, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción; por ende, el oficio tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce, por medio del cual pretende dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de dos de octubre de dos mil diecinueve, precisando la denominación de las autoridades que se dejaron de tener como responsables mediante proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve. Al respecto, no ha lugar a tener por cumplido dicho requerimiento, en razón de que las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, no incluyen la posibilidad de desahogar prevenciones dirigidas directamente a los quejosos; ya que si bien en términos del numeral 12 invocado, el autorizado con capacidad legal cuenta con facultades para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo es que dicha prerrogativa no es absoluta, sino que está limitada por aquellos supuestos en los que se exige la intervención personalísima de quien solicita la protección constitucional como, por ejemplo, ampliar la demanda de amparo o desahogar la prevención que se formula en el auto inicial, si ello implica manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado o hechos personalísimos. Además, el artículo 108, fracciones I y III, de la Ley de Amparo establecen que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresará la autoridad o autoridades responsables, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, lo que genera certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a la denominación de las autoridades responsables, pues al constituir la ampliación de demanda un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar los quejosos, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado sustituyera la voluntad de los quejosos equiparando la autorización prevista en el artículo 12 de la Ley de Amparo al de un mandato judicial, lo que es inadmisible, pues el citado numeral no tiene ese alcance. Por ello, la limitante para que el autorizado en términos amplios haga valer determinadas acciones -a pesar de que estén orientadas a la defensa de su autorizante-, está justificada, pues sólo el agraviado directo puede señalar las autoridades a quienes les reclama el acto reclamado. ...

  4. Principal

    Agréguese a los autos el alegato de cuenta de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en su momento procesal oportuno, esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Así mismo, como lo solicita la representación social de la adscripción, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución correspondiente en el presente juicio de amparo y se declare ejecutoriada, expídasele copia autorizada de la misma.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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