Gabriela Flores Valdivia

Expediente 315/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
315/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Flores Valdivia
  • GABRIELA FLORES VALDIVIA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CÚMPLASE Puebla, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. REMITE CONSTANCIAS Agréguense a sus autos los oficios de cuenta de la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través de los cuales remite la carpeta judicial 1151/2020/PUEBLA del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro así como el oficio 3164/2022 del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. SE FORMA ANEXO Con los anexos antes referidos, fórmense por separado los anexos I y II, respetando folio, sello y rúbrica de las autoridades oficiantes, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, mismos que se ordena devolver una vez que cause estado el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ... Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en esta Ciudad de Puebla, al que anexa el expediente del juicio de amparo directo número D-34/2023 de su índice, promovido por Gabriela Flores Valdivia y Rufino Ortega Hernández por conducto de su asesor jurídico Gerardo Ángel Rodríguez Sánchez, en veintiocho fojas útiles, y un anexo consistente en el original del toca de apelación 45/2022 del índice de la Quinta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado Puebla. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad antes mencionada. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 315/2023. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que se provee, se advierte que los quejosos reclaman de la Quinta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la determinación de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación 45/2022 en la que dicha sala modificó la resolución emitida en audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, únicamente en la parte en la que la Jueza de Control de origen excluyó el testimonio de Magali Machorro González, Quirino Machorro Gómez y el experto en criminología, criminalista y mecánica a hechos Álvaro Segovia Cruz, el auto de apertura a juicio oral emitido dentro de la carpeta administrativa 1151/2020/PUEBLA, en el punto decimoquinto, relativo a los medios de prueba ofrecidos y admitidos por parte de la defensa del imputado; el auto de trece de febrero de este año dictado en esa carpeta administrativa que da cumplimiento a esa determinación; y el diverso auto de quince de febrero de dos mil veintitrés emitido en la carpeta administrativa 23/2023/JO/CENTRO, en el que se señala día y hora para la apertura del juicio oral. De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto de los actos que los quejosos reclaman, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.) Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender a algún derecho humano o sustantivo). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama de la Quinta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la determinación de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación 45/2022 en la que dicha sala modificó la resolución emitida en audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, únicamente en la parte en la que la Jueza de Control de origen excluyó el testimonio de Magali Machorro González, Quirino Machorro Gómez y el experto en criminología, criminalista y mecánica a hechos Álvaro Segovia Cruz, el auto de apertura a juicio oral emitido dentro de la carpeta administrativa 1151/2020/PUEBLA, en el punto decimoquinto, relativo a los medios de prueba ofrecidos y admitidos por parte de la defensa del imputado; y de las autoridades ejecutoras el auto de trece de febrero de este año dictado en esa carpeta administrativa que da cumplimiento a esa determinación; y el diverso auto de quince de febrero de dos mil veintitrés emitido en la carpeta administrativa 23/2023/JO/CENTRO, en el que se señala día y hora para la apertura del juicio oral. Actos reclamados que no constituyen un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, esto es, no son actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales o convenciones que el Estado Mexicano haya suscrito o ratificado, ya que el hecho de que la Sala haya ordenado la admisión de diversos medios de prueba ofrecidos por el imputado y, que se haya señalado día y hora para la audiencia de apertura de juicio, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del quejoso. En efecto, el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. Así, la investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. En ese tenor, el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, los actos reclamados sólo generan consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Sirve de apoyo la anterior, por analogía, la jurisprudencia con rubro y texto siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Máxime que, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la admisión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba del mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que aún con esos medios de prueba se cumple con el estándar de prueba requerido para dictar sentencia condenatoria. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Respecto a su solicitud de que se autorice la consulta del expediente electrónico a través del usuario "luicenciado", con fundamento en el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se comisiona a la analista jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así mismo, como lo solicitan los quejosos, se autoriza que se realicen vía electrónica las notificaciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene de manera personal, a través del usuario que precisa, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y, toda vez que se autorizó las notificaciones dirigidas al quejoso vía electrónica, no resulta procedente tenerlo señalando como domicilio físico para recibirlas el que indica en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere en su demanda de amparo, ello por encontrarse su nombre y cédula profesional en el Registro Nacional de profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada....

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