Gabriela Gonzalez Martinez
Expediente 524/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriela Gonzalez Martinez
Actuaciones
- Principal
En razón de que la parte quejosa o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; veinticinco de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintitrés de noviembre dela actual, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓN.Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, mediante el cual remite la demanda de amparo presentada por Gabriel González Martínez, por su propio derecho, contra actos que atribuye al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 524/2020, en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: "el auto de fecha 5 cinco de octubre de 2020 dos mil Veinte, emitido dentro del Juicio Especial Oral sobre Alimentos registrado bajo el número de expediente 65/2020, promovido por Nélida Zúñiga Magaña frente a Gabriel González Martínez." DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Por otra parte, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. s aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA. Así como la diversa I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa expone que con fecha cinco de octubre de dos mil veinte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, emitió el acuerdo que se combate, en el que estableció, que el quejoso debería cubrir la cantidad equivalente al cuarenta por ciento de las percepciones que recibe en cuanto comunero beneficiario de las regalías de la renta de sus tierras con la empresa las encinas S.A. de C.V., en favor de la parte actora en el juicio de origen Nélida Zúñiga Magaña, determinación que tomó el juez de origen, a fin de garantizar los alimentos mediante el descuento que ordenó la responsable a la empresa de mérito tal y como fue ordenado por la autoridad responsable. Así las cosas, una vez hecho lo anterior se ordenó a la actuaria de ese tribunal se constituyera con la formalidades de ley en el domicilio de suscrito y con las copias de la demanda y anexos, se corriera traslado a fin de que compareciera a contestar fa demanda de pensión alimenticia planteada, bajo apercibimiento legal de preclusión de sus derechos en caso de omisión. Asimismo, el aquí quejoso refiere que dicho auto le fue notificado el dieciséis de octubre siguiente, mismo que causó estado el diecinueve de octubre del año en curso, y comenzó a correr el término el veinte siguiente. En esa virtud, el suscrito advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, que disponen: *****III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma:a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado;) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término pre-procesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, es de citar la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. ****Esta jurisprudencia se considera afín a la Ley de Amparo, al tratar un tópico que contempla de nueva cuenta el legislador, que pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda.En el caso, de la demanda se advierte que el peticionario de amparo señaló como acto reclamado destacado la el auto de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, emitido dentro del Juicio Especial Oral sobre Alimentos registrado bajo el número de expediente 65/2020, promovido por Nélida Zúñiga Magaña frente a Gabriel González Martínez, mismo que le fue notificado personalmente el dieciséis de octubre siguiente, causó estado el diecinueve siguiente. En ese contexto, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal; habida cuenta que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la determinación atribuida a la autoridad señalada como responsable, no es de aquellas que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (en el acto que se analiza), y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Bajo esta óptica, el término para presentar la demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día hábil siguiente al que surtió efectos la notificación del acto reclamado; es decir, el veinte de octubre de dos mil veinte y feneció el diez de noviembre del año en curso; descontándose de ese cómputo los días diecisiete, dieciocho veinticuatro, veinticinco, treinta y uno, primero y dos de noviembre del año que transcurre; por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo. í, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días, desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto reclamado de cinco de octubre de dos mil veinte, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Coahuayana, Michoacán, en el procedimiento especial oral familiar 65/2020, al en que se recibió la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para tramitarla en la vía indirecta, esto es, el veinte de noviembre del año en curso; lo que evidencia que acudió a esta instancia constitucional cuando había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo.No se soslaya que la demanda se promovió como amparo indirecto, ante la supuesta autoridad responsable, el nueve de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, dicha circunstancia no interrumpe el plazo para su presentación de la misma ante las oficinas de la autoridad correspondiente, habida cuenta que, en la especie, debe considerarse la fecha en que llegó al juzgado de distrito para su conocimiento. Lo anterior, máxime que en los términos del artículo 23 de la Ley de amparo, permite al quejoso, cuando reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio que la demanda la pueda presentar, dentro de los plazos legales, en las oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en las más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, lo que en el casa omitió hacer el quejoso. Esto se considera así, en virtud de que el aquí quejoso en sus antecedentes bajo protesta de decir verdad manifestó que dicho auto le fue notificado el dieciséis siguiente; En ese tenor, el ahora quejosa no pueda alegar el desconocimiento de la vía para reclamar el auto que ahora combate..Atento a lo expuesto, la presentación de la demanda ante la autoridad de origen no interrumpe el plazo para la promoción del juicio de amparo indirecto; pues, como se dijo, la fecha que se toma en cuenta para determinar la oportunidad del juicio es aquella en la que fue recibida la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para su conocimiento (veinte de noviembre del año en curso), y no en la que la recibió la autoridad del fuero común (nueve de noviembre de dos mil veinte). Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 13/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 275, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. *****De igual forma por las razones que contiene es aplicable la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. *****Por ello, al no encontrarse el acto reclamado materia del presente juicio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es inconcuso que la demanda origen de este juicio debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Gabriel González Martínez. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Claudia Elizabeth Carrillo Madrigal toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tiene registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos.A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes
- Gabriel Rico Rojas789/2023
- Gabriel Rodríguez Vargas107/2018
- Gabriel Sánchez Martínez768/2022
- Gabriel Zuñiga Ovalle62/2021
- Gabriela Alvarez V629/2018
- Gabriela Flores Reyes390/2018
- Gabriela Gonzalez Villaseñor643/2015
- Gabriela Orozco Mendoza y Otros.112/2018
- Gabriela Ruiz Calvillo725/2023
- Gabriela Ruiz Lopez815/2023
- Gamaliel Aguirre Tavira y Otros.653/2022
- Gamaliel Aguirre Tavira Y O Jose Sanchez Garcia392/2020