Gabriel Zuñiga Ovalle
Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Zuñiga Ovalle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 2685/2021, que remite el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la queja 72/2021, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 2125/2021 que remite el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el proveído de veintiuno de abril del año en curso, emitido por el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional, del que se desprende que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos por el quejoso Gabriel Zúñiga Ovalle, el cual quedó registrado con el número de recurso de queja 72/2021, del índice de ese órgano colegiado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como lo solicita el Tribunal Colegiado, se pone a su disposición el expediente electrónico de este juzgado para que puedan ser vinculados, esto es, el 62/2021. Al respecto, se ordena a la encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en el sistema para ese fin. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, informa que se designa al Licenciado Juventino Rosas Aceves como defensor público del quejoso Gabriel Zúñiga Ovalle. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que se tuvo al referido defensor público apersonándose al presente asunto mediante escrito acordado en data veintiséis de marzo del año en curso. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al defensor público Defensor Público Federal adscrito Juventino Rosas Aceves a fin de que perfeccione jurídicamente el recurso de queja interpuesto por el quejoso directo, en contra del auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, sin que dicho representante lo haya realizado. En ese contexto, como se encuentra ordenado en auto de veintitrés de febrero del año en curso, ríndase el informe materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de mérito. Asimismo, al informe respectivo deberá acompañarse con copia certificada de todo lo actuado desde la demanda de amparo, hasta este proveído, como constancias que este Juzgado deberá remitir a la superioridad que conozca de la queja interpuesta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, NOTIFICO DE FORMA ELECTRONICA AL LICENCIADO JUVENTINO ROSAS ACEVES, EN SU CARÁCTER DE DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DEL QUEJOSO GABRIEL ZÚÑIZA OVALLE, LOS PROVEÍDOS DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, CUATRO Y VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VENTIUNO: Uruapan, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por el Defensor Público Federal adscrito ******************** atento a su contenido téngasele manifestando aceptar la encomienda encargada y protestar su legal desempeño como Defensor Público Federal del quejoso Gabriel Zúñiga Ovalle, de igual forma, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, esto es, el ubicado en calle Galeana, número 60, Colonia La Magdalena, en Uruapan, Michoacán, asimismo, autorizando para oír y recibir notificaciones al Licenciado ********************, lo anterior, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, el ocursante solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico en que se actúa y la práctica de notificaciones electrónicas; por tanto, como lo solicita la parte promovente, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE ABRE JUICIO EN LÍNEA, y se autoriza a la parte quejosa a través del Defensor Público Federal adscrito ******************** el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "juroace", donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas, conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 14, 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que todas las notificaciones se le harán en línea y solo se utilizará el domicilio físico antes citado, cuando se trate de notificaciones en las que se estime indispensable hacerlas por conducto de actuario, como una excepción, acorde al contenido del quinto párrafo de la fracción I, artículo 30 de la Ley de Amparo. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, por lo que ve a los correos electrónicos juventino.rosas.aceves@correo.cjf.gob.mx y nicolas.dimas.perez@correo.cjf.gob.mx, que señala Defensor Público Federal adscrito en su escrito de cuenta, se le tiene por indicados para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, a fin de establecer contacto en algún momento de la secuela procesal. Consecuentemente a lo anterior, comisiónese al actuario adscrito a este juzgado de distrito a fin de que notifique al Licenciado Defensor Público Federal adscrito ******************** los proveídos de cuatro y veintitrés de febrero de la anualidad que transcurre -en los cuales se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto y se tuvo al quejoso interponiendo queja en contra de dicho auto, respectivamente-, dictados en el presente juicio; lo anterior para que el defensor de referencia, perfeccione jurídicamente el recurso interpuesto, esto, de considerarlo adecuado al derecho de defensa del quejoso, para lo cual se le otorga el término de tres días, al final del cual se verificará la integración del recurso. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DESIGNADO EL PRESENTE PROVEÍDO ASÍ COMO LOS DIVERSOS DE CUATRO Y VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. PROVEÍDO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO:Uruapan, Michoacán, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo presentada por Gabriel Zuñiga Ovalle, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 62/2021. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: "1. La imposición arbitraria de exigir, requerir mensualmente el estudio de la prueba de sangre y de Isopo (Covid-19) por parte del Director General del "CPS 17 Michoacán" a quienes menos tenemos y eximir de ello a quienes más tienen lo cual es discriminativo (sic)." Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Determinado lo anterior, en el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza el análisis respectivo. Dicho numeral señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. ***** Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ***** Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tesis: 158 Apéndice de 1985 Quinta Época 395571 1 de 1 Pleno Parte VIII Pag. 262 Jurisprudencia(Común) "IMPROCEDENCIA. ****** En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ****** Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente a los actos reclamados consistentes en la imposición arbitraria de exigir y requerir mensualmente el estudio de la prueba de sangre y de Isopo (Covid-19) por parte del Director General del "CPS 17 Michoacán", ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se estima así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es la imposición arbitraria de exigir y requerir mensualmente el estudio de la prueba de sangre y de Isopo (Covid-19) por parte del Director General del "CPS 17 Michoacán"; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos entre otras a las autoridades directivas del centro de reclusión donde se encuentra interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en los mismos, como la imposición arbitraria de exigir y requerir mensualmente el estudio de la prueba de sangre y de Isopo (Covid-19) por parte del Director General del "CPS 17 Michoacán", es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serles favorable o no se les responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que les permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca DESECHAR DE PLANO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocada no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017822 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II Pag. 1701 Jurisprudencia(Común) "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. **** Tesis: XVI.1o.P.14 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016103 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Pag. 2214 Tesis Aislada(Penal) "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.******No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de Ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenará la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los que fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Finalmente, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Consecuentemente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán" y notifique el contenido del presente auto al quejoso Gabriel Zuñiga Ovalle. Asimismo, lo requiera para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre a un abogado que lo represente, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le designará uno de oficio; de igual forma, lo requiera para que en el mismo término indique si se encuentra privado de su libertad por delito federal o bien, por la comisión de un delito de fuero estatal. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. ****** Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto del quejoso como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo al quejoso, absteniéndose de recabar la firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación, al correo electrónico oficial 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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