Gabriela Gómez Melgar
Expediente 561/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2020
Partes del expediente
- Gabriela Gómez Melgar
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. I. Causa estado. Visto el contenido de la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto que desechó la demanda amparo en este expediente; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80 y 97, fracción I de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto. II. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. III. Destrucción o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 21, fracción d) del invocado Acuerdo, en razón de que con el desechamiento de la demanda amparo, se dio por concluido el juicio sin haber decidido el mismo en lo principal. IV. Relevancia y documentos. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Plenario en cita y no obran documentos originales de alguna de las partes. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de octubre de dos mil veinte. DESECHA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista; la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Magistrado titular de la ponencia "D", del Tribunal del Trabajo Burocrático. Al efecto, se acuerda: I. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 561/2020-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo dispone que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º. A.J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo." En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios en el derecho que el quejoso estima violado en su perjuicio. Lo anterior, toda vez que de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la dilación procesal en el juicio número 110/D/2019. Por otra parte, como hecho notorio se advierte que aún se encuentran suspendidas las labores de los Juzgados Especializados en Materia Burocrática - antes Tribunal del Trabajo Burocrático-, tal como se aprecia del contenido del Acuerdo General 15/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en cuyo artículo 3°,1 se establece la ampliación de suspensión de labores Jurisdiccionales hasta el dos de noviembre del año que transcurre, con motivo de la contingencia de salud derivada del virus SARS-Cov2 (COVID-19), restableciéndose las actividades a partir del tres del referido mes y año, por lo que durante ese lapso, continúan suspendidos los términos y plazos procesales. De ahí que, es inconcuso que la Juzgados Especializados en Materia Burocrática -antes Tribunal del Trabajo Burocrático-, no se encuentran en funciones, aunado a que los términos procesales de todos los expedientes de su índice están suspendidos para dar cumplimiento a la ampliación de la suspensión de labores jurisdiccionales de mérito, por lo que se colige que los funcionarios adscritos, no se encuentran actualmente desempeñando sus funciones para rendir informes, remitir constancias, dar seguimiento y resolución de los asuntos de su conocimiento, máxime que el artículo 11,2 del Acuerdo General de referencia, establece que cuando los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado, sean señalados como autoridades responsables para atender requerimientos o apercibimientos, no se tendrá materializada dicha exigencia, en virtud de que continúan suspendidos los plazos procesales y hasta en tanto no se reanuden las actividades presenciales. Por lo tanto, en el hipotético caso de que se llegara a conceder el amparo y protección de la justicia federal, la restitución en el goce del derecho humano violado resultaría inalcanzable, ya que, por el momento, no existe autoridad responsable que pudiera, en su caso, dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, de ahí que, en el caso concreto, sea improcedente el juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo. Además, en la parte considerativa del Acuerdo General de referencia, se alude a que la reanudación de labores está supeditada a las determinaciones que emitan las autoridades sanitarias correspondientes,3 en el sentido de establecer el color del semáforo epidemiológico para el Estado de Chiapas, para la fecha en que termina la suspensión determinada por las autoridades laborales, por lo que será hasta ese momento cuando se esté en posibilidad de saber si dicha autoridad ya regresó a laborar, y por consiguiente, este órgano jurisdiccional pueda allegarse de elementos indispensables para determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado conforme lo exige la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J.90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo que, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo. Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que tan pronto entre en funciones la autoridad a quien se le pueda atribuir la omisión que reclama la parte quejosa, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no es una causal de improcedencia definitiva y las omisiones se generan a lo largo del tiempo. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Téngase como autorizado en término amplios, de conformidad con el citado numeral 12, a Rodolfo García Pimentel, y en base al mismo numeral en su párrafo segundo en razón con el 24, de la ley de la materia para oír y recibir notificaciones a ***, por así haberlo solicitado la parte quejosa y por tratarse de la parte trabajadora. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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