Gabriela Gavito Velázquez
Expediente 586/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2018
Partes del expediente
- Gabriela Gavito Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales vigente, sin que haya sido recurrido el auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que fue desechado; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente asunto se trata de un desechamiento de la demanda, no ha lugar a proveer respecto del incidente de suspensión. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos y tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por +++ por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Comitán de Domínguez, Chiapas; se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número 586/2018-I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa, reclama por esta vía, el desechamiento de las pruebas que ofreció en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral J/O/132/2017, por parte de la responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Comitán de Domínguez, Chipas. En razón de lo anterior, quien ahora resuelve estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Dicha aseveración obedece a que la anterior determinación, tiene su origen en un acto intraprocesal, esto es, un acto dentro de juicio que puede repararse a través de un laudo favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. Es decir, para efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria, de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Así, conforme a lo dispuesto por los artículos en cita, por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es esta vía la idónea para impugnar violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, entre otros, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales reclamables en amparo indirecto, tal como se advierte de la fracción V, del artículo 107, de la Ley Amparo, entendiéndose por ellos los cuales afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo texto es el siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De lo anterior, queda claro que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar al dictado de la resolución definitiva en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aun cuando el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Así las cosas, al examinar los actos que dentro de juicio puedan tener una ejecución de imposible reparación, debe tomarse en cuenta también el efecto que dichos actos puedan tener para dar por terminado el juicio, esto es, cuando se devastan los elementos integrantes de la acción que en el caso, impedirían se llegara al dictado de la resolución correspondiente. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son exclusivamente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo cual, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Política del país, sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado de la sentencia. Por tanto, si lo transcrito con antelación trascendiera al resultado de la sentencia; entonces, la parte quejosa podría reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promoviera contra la resolución definitiva, en términos de la fracción III, del artículo 172, de la Ley de Amparo; asimismo, tampoco se está en el caso de afectarse de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de un acto que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, haga imposible reparar la violación reclamada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo definitivo para, en su caso, poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado de un eventual fallo adverso y hayan sido impugnados durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias cuyo rubro texto es el siguiente: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Por no contrariar las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del presente año, es aplicable la jurisprudencia del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sostiene: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Se tiene como autorizados en los términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a Luis Antelmo Morales Galindo, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y para oír y recibir notificaciones a Rosa Gabriela Ovando Galindo, por así haberlo solicitado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68, y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:....Vista la demanda de amparo promovida por +++ por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Comitán de Domínguez, Chiapas; se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número 586/2018-I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa, reclama por esta vía, el desechamiento de las pruebas que ofreció en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral J/O/132/2017, por parte de la responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Comitán de Domínguez, Chipas. En razón de lo anterior, quien ahora resuelve estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Dicha aseveración obedece a que la anterior determinación, tiene su origen en un acto intraprocesal, esto es, un acto dentro de juicio que puede repararse a través de un laudo favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. Es decir, para efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria, de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Así, conforme a lo dispuesto por los artículos en cita, por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es esta vía la idónea para impugnar violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, entre otros, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales reclamables en amparo indirecto, tal como se advierte de la fracción V, del artículo 107, de la Ley Amparo, entendiéndose por ellos los cuales afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo texto es el siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De lo anterior, queda claro que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar al dictado de la resolución definitiva en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aun cuando el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Así las cosas, al examinar los actos que dentro de juicio puedan tener una ejecución de imposible reparación, debe tomarse en cuenta también el efecto que dichos actos puedan tener para dar por terminado el juicio, esto es, cuando se devastan los elementos integrantes de la acción que en el caso, impedirían se llegara al dictado de la resolución correspondiente. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son exclusivamente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo cual, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Política del país, sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado de la sentencia. Por tanto, si lo transcrito con antelación trascendiera al resultado de la sentencia; entonces, la parte quejosa podría reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promoviera contra la resolución definitiva, en términos de la fracción III, del artículo 172, de la Ley de Amparo; asimismo, tampoco se está en el caso de afectarse de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de un acto que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, haga imposible reparar la violación reclamada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo definitivo para, en su caso, poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado de un eventual fallo adverso y hayan sido impugnados durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias cuyo rubro texto es el siguiente: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Por no contrariar las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del presente año, es aplicable la jurisprudencia del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sostiene: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Se tiene como autorizados en los términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a Luis Antelmo Morales Galindo, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y para oír y recibir notificaciones a Rosa Gabriela Ovando Galindo, por así haberlo solicitado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68, y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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